La calidad de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog

Introducción

Aunque no cotice políticamente al alza, al menos en nuestro país, nadie mínimamente informado duda de que la calidad institucional es uno de los factores que facilita el desarrollo económico, la cohesión social y la mejora de la vida de la ciudadanía. Ahogados en nuestras cuitas inmediatas o huidos hacia un horizonte temporal de largo plazo, con frecuencia nuestros gobiernos olvidan que los deberes políticos-institucionales son para hacer aquí y ahora con la mirada puesta en el medio plazo. El reto de la Agenda 2030, entreverado con la recuperación, está encima; y nada o poco se logrará sin una apuesta decidida por fortalecer las instituciones, también los respectivos gobiernos y el propio sector público (administración) entre ellas. Siempre es necesario hacer prospectiva de lo que será la sociedad española, pero lo realmente importante es diseñar bien modelos de transición a corto y medio plazo. Sin unas instituciones sólidas no habrá Estado, ni menos aún sociedad que se precie.  

Fiel a su cita periódica, hace unos días se ha difundido el prestigioso Índice sobre Calidad de los Gobiernos subnacionales en los países de la Unión Europea que elabora -con el apoyo de la Comisión Europea- el Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Sub-national Quality of Government in EU Member States). Se trata del cuarto índice, pues los tres anteriores fueron difundidos en 2010, 2013 y 2017. Un material valioso e imprescindible para el análisis institucional comparado. El informe actual incorpora como novedad que, al haber sido elaborado en plena pandemia, contiene elementos de análisis sobre el papel de tales estructuras gubernamentales intermedias en esa crisis. Esta reseña, salvo aspectos muy puntuales, prescindirá de abordar tal extremo.

El índice de calidad de los gobiernos 2021 se asienta, como los anteriores (aunque con algunos cambios metodológicos) sobre la percepción que la ciudadanía tiene de sus respectivos gobiernos, pero también -como es obvio- de sus Administraciones territoriales. Sus ámbitos de análisis son principalmente tres: imparcialidad, corrupción y calidad de los servicios públicos (aunque solo reducida a tres esferas: salud, educación y cumplimiento de la ley).

Dejando ahora de lado que se trata de un índice de percepción ciudadana con los problemas que puede representar su traslado a la realidad efectiva, así como de las limitaciones de los ámbitos analizados en lo que a calidad de servicios públicos respecta, los informes de la Universidad de Gotemburgo son elaborados por los profesores Nicholas Charron y Víctor Lapuente, acompañados en esta ocasión por Monika Bauhr, y gozan de un reconocido y ganado prestigio a lo largo de estos más de diez años de ejecución de este proyecto, por lo que sus resultados marcan importantes tendencias para poder identificar, al menos, dónde la ciudadanía percibe que hay buen, regular o mal gobierno y administración en su respectivo territorio. Dato nada menor.

Algunos datos: la posición de las distintas Comunidades Autónomas en el índice de Calidad de los Gobiernos

Lo que interesa resaltar en estos momentos es exclusivamente cómo han salido retratadas las distintas Comunidades Autónomas en este prestigioso Índice de 2021, y tras esa mera descripción de algunos de los datos (la información completa se puede consultar en el documento íntegro antes citado) se pretenden extraer algunas conclusiones a modo de hipótesis de trabajo o de elementos para el debate. Veamos:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	EQI_21	CALIDAD SERVICIOS	IMPARCIALIDAD	CORRUPCIÓN
1.- País Vasco	0.969	1.042	1.17	0.586
2.- La Rioja	0.845	1.374	0.632	0.435
3.- Navarra	0.712	1.032	0.775	0.251
4.- Asturias	0.617	0.544	0.853	0.375
5.Extremadura	0.442	0.549	0.5	0.229
6.- Comunidad Valenciana	0.283	0.274	0.623	– 0.079
7.- Castilla-La Mancha	0.274	0.323	0.334	0.124
8. Illes Balears	0.178	0.039	0.374	0.102
9. Cantabria	0.107	0.114	0.197	– 0.003
10. Murcia	– 0.046	0.024	0.351	– 0.507
11.- Aragón	– 0.192	0.009	– 0.254	– 0.309
12. Castilla y León	– 0.221	–0.308	– 0.08	– 0.251
13.- C. Madrid	– 0.227	0.328	– 0.45	– 0.533
14.- Galicia	– 0.304	– 0.097	– 0.354	– 0.428
15.- Canarias	– 0.515	– 0.226	– 0.464	– 0.797
16.- Andalucía	– 0537	– 0.431	– 0.565	– 0.555
17.- Cataluña	– 0.7	– 0.484	– 0.526	– 1.011
RESULTADOS CCAA	9/8	12/5	10/7	7/10

Doce interpretaciones a modo de hipótesis sobre el Índice de QoG 2021

Y, una vez expuestos algunos datos, es momento de hacer una sucinta valoración:

1.- En este Índice 2021 son más las CCAA que aprueban que las que se quedan globalmente en negativo (9 frente a 8), lo cual mejora los estándares de 2017. Algunas de esas Comunidades Autónomas, como son las primeras, se encuadran en una zona medio/alta de las regiones europeas en términos comparativos, algo que es una buena noticia. Pero, como bien señala el documento, las diferencias entre CCAA son muy amplias, y ello en sí mismo ya nos da algunas señales de alarma de una profunda heterogeneidad con percepciones muy distintas en la ciudadanía (la geografía del descontento).

2.- En términos generales, la percepción ciudadana sobre la calidad de la prestación de los servicios públicos objeto de encuesta es buena e incluso muy buena en algún caso. Son 12 las Comunidades Autónomas que superan la media. Y, por tanto, parece indicar que, pese al constante desgaste que la imagen de las CCAA ha padecido incluso en pandemia, los resultados son razonablemente satisfactorios, más cuando han sido estos niveles de gobierno los que a partir de mayo de 2020 han debido cargar con la gestión de la crisis (lo que en algunos casos habrá pasado factura, sin duda).

3.- Lo mismo ocurre con la imparcialidad o la objetividad que la Administración muestra en relación con la ciudadanía, un aspecto que en pandemia ha tenido más sombras que luces. Sin embargo, la mayor parte de las CCAA superan esta exigencia, aunque hay 7 que no lo hacen. Sorprende en todo caso que haya en algunos casos percepciones razonables en imparcialidad y malas o muy malas (o mucho más bajas) en corrupción.

4.- Los peores indicadores se producen en el ámbito de la percepción sobre la corrupción. Aunque los autores del informe parten de la tesis –probablemente correcta- de que la situación Covid19, al reducir las interacciones, ha podido incidir en la menor presencia de la corrupción, no cabe duda que de los datos aportados este es el principal déficit que tienen los gobiernos/administraciones de las CCAA para alcanzar estándares más elevados de calidad institucional. Es, por tanto, en este punto donde tales niveles de gobierno debieran intervenir, porque en todos los casos los resultados en términos comparativos con otros ítems son muy deficientes o, incluso, pésimos. La construcción de políticas de integridad y de sistemas institucionales que tienda a prevenir las malas prácticas, el fraude o la corrupción, es una necesidad inmediata.

5.- A diferencia del índice de 2017, donde los gobiernos autonómicos con mejores resultados se situaban en la España septentrional, pero especialmente en parte del Cantábrico y valle del Ebro, con la excepción de Extremadura, ahora se suman a ese grupo aventajado la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha e Islas Baleares, lo que cambia la geografía de la calidad institucional territorial, con interesantes aportaciones.

6.- La geografía política de este índice nos constata que no deja de ser importante que, al menos en los momentos en los que las encuestas se hicieron, las percepciones ciudadanas sean mejores en aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista o en coalición con otros partidos. Un caso singular es el de Euskadi, donde el gobierno es de coalición, si bien el liderazgo ejecutivo es del PNV, aunque los socialistas tienen importantes responsabilidades (pero que no se despliegan sobre los ámbitos objeto de este Informe). También otro caso específico es el del Gobierno de Cantabria, liderado por un partido regionalista. No deja de ser un factor de preocupación que las Comunidades Autónomas gobernadas por el centro-derecha no obtengan buenos resultados globales. La Región de Murcia se aproxima a la media. Pero otras están más alejadas o bastante alejadas. Singular es el caso de Cataluña. La quiebra política y social que ha representado el procés, con una fractura letal de la sociedad, así como la parálisis gubernamental vivida, han dado esta vez unos resultados que son muy malos o pésimos. Tal vez ello muestre, aparte de otras cuestiones, que los costes del no gobierno son elevados en términos de calidad institucional. 

7.- Como ya expuse en algunos análisis del índice de 2017, no deja de ser curioso que sean las CCAA de menor tamaño y menos población, inclusive las de carácter uniprovincial, las que saquen mejores resultados. Tal vez la proximidad pueda ser una explicación. Hay alguna excepción, pero esa es la regla. Cuanto mayores son las dimensiones territoriales y la población de una Comunidad Autónoma, los resultados, con excepciones, tienden a ser peores.

8.- Una vez más, el País Vasco se sitúa en el vértice de calidad del gobierno, donde ya lleva situado los dos últimos índices, seguida esta vez por La Rioja, que supera a la Comunidad Foral de Navarra, y esa posición discute tal vez la creencia que la impronta del régimen financiero especial podía actuar como elemento discriminador en sentido positivo en algunos casos (servicios públicos). La percepción sobre la calidad de los servicios en La Rioja es, curiosamente, la más elevada de todas las CCAA.

9.- Tampoco hay una correlación necesaria entre Comunidades Autónomas más ricas y mejor calidad de su gobierno/administración. La presencia de Extremadura, por lo demás continua en los índices anteriores, así lo confirma. Esta vez, mejorando posiciones y situándose en quinto lugar. También lo constata la presencia del Principado de Asturias, que esta vez se sitúa en un excelente cuarto puesto del ranking (ascendiendo un nivel frente al índice de 2017). Cantabria ha bajado algunas posiciones, pero sigue en la zona alta (en todo caso estas oscilaciones son algunas veces frecuentes: consúltense los índices anteriores en la figura 5, página 18 del Informe).

10.- La mejora de la Comunidad Valenciana en relación con el índice de 2017 es evidente, dejando la zona negativa y pasando a un digno sexto lugar, solo empañado por los datos negativos (pero muy leves) en materia de corrupción. Lo mismo cabe decir de Castilla-La Mancha y de las Islas Baleares, que ocupan respectivamente el séptimo y octavo puesto en lo que a España respecta. Estas dos últimas se han incorporado también a las que mejores resultados tienen.

11.- No deja de ser llamativo que las Comunidades Autónomas más pobladas sean precisamente las que peores resultados saquen. La Comunidad de Madrid es, sobre ellas, las que obtiene mejores estándares, aun así negativos. Sorprende en este caso que la calidad de los servicios sea bien valorada, mientras que los estándares de imparcialidad y, sobre todo, corrupción, son los que hunden sus resultados. Andalucía está en la posición penúltima (con lo que mejora algo sus resultados de 2017) y Cataluña ocupa, como ya se ha dicho, el furgón de cola. Tal vez, y lo formulo como mera hipótesis, la construcción de sistemas de Buena Gobernanza y de Calidad Institucional es más factible en aquellas estructuras gubernamentales y administrativas dotadas de menor complejidad; pero ello no impide que todas deban optar por esa mejora continua.

12.- En fin, en otras Comunidades Autónomas que se encuentran en el corte inferior, sorprende la inclusión esta vez de Aragón, que en 2017 estaba en la zona alta (tal vez la fuerte ola de pandemia en los momentos en los que se realizó la encuesta haya podido oscurecer el resultado). Castilla y León sigue en unos estándares parecidos a los existentes en índices anteriores, pero más penalizada en servicios públicos (tal vez por la dispersión territorial de la población). Galicia sale algo perjudicada por los resultados de percepción de imparcialidad y de corrupción, aunque obtiene resultados razonables en calidad de servicios públicos. Deberá invertir en mejorar aquellos puntos débiles. Y, finalmente, cabe referirse al caso de Canarias que en esta ocasión mejora los resultados, pero aun así se encuentra en la zona más baja. Sin duda su condición insular ultraperiférica puede lastrar sus resultados en muchos de estos campos, pero se debe constatar que en servicios públicos, a pesar de la dispersión territorial, sus resultados son bastante mejores que en imparcialidad y corrupción.

A modo de cierre

Estos resultados sumariamente analizados no deben conducir en ningún caso a los respectivos gobiernos y administraciones públicas hacia la autocomplacencia o a la autoflagelación, según los casos, sino a plantear recorridos de mejora para fortalecer las instituciones autonómicas en línea con lo establecido en el ODS 16 de la Agenda 2030. No cabe duda que queda mucho trabajo por hacer, pero este estudio de percepciones sobre la calidad de los gobierno y administraciones de las CCAA, con un total de 129.000 respuestas en toda la UE y 10.409 en España, puede dar a los gobiernos autonómicos una fuente fiable para analizar dónde pueden estar sus debilidades institucionales y cómo reforzarlas a medio plazo. Hay algunas Comunidades Autónomas que han invertido –siquiera sea parcialmente en ello, mientras que hay otras que tal vez han descuidado algunos de los ejes que en esta encuesta se analizan. Y se están pagando las consecuencias de tales decisiones o falta de ellas.

No se trata de magnificar estos datos, sino aprender de ellos. La contribución a la mejora de la calidad institucional por parte de este Índice del citado Instituto de la Universidad de Gotemburgo, es sin duda importante. Ahora que se inicia el arduo camino de la tan aireada recuperación económica, debe quedar claro que –como señala el Informe- la calidad del gobierno es un concepto multidimensional que se manifiesta fehacientemente en aquellos casos en que existen niveles elevados de imparcialidad (objetividad) y, asimismo,  de calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía, pero todo ello directamente relacionado con una baja corrupción. Así que nuestros gobernantes y políticos ya tienen la guía para alcanzar esa ansiada calidad gubernamental. Solo basta ponerse manos a la obra. Siempre es más fácil anunciar que hacer. En este último verbo está la llave que abrirá la puerta. Utilícenla.