La ley exige a las formaciones contar con un sistema de prevención de delitos, pero ninguna cuenta con un plan desarrollado y actualizado
Revista de prensa. Cinco Días.- No es solo una percepción ciudadana. El compromiso de los partidos políticos en la lucha contra la corrupción dista mucho de ser, no ya solo el deseable, sino además el exigible legalmente. La obligación es poco conocida, pero desde 2015 el artículo 9 bis de la ley de partidos impone a las formaciones contar con un programa de prevención de delitos (o de compliance penal). Sin embargo, según un estudio elaborado por los abogados y ex miembros de UPyD Andrés Herzog y Jorge Alexandre, cinco años después, pocos han hecho los deberes.
El gran problema, explican, es que la mencionada norma contiene una obligación que no va acompañada de mecanismos de control ni de sanción en caso de incumplimiento. "A las empresas se les ha puesto una presión terrible para que se impliquen en la prevención de delitos, pero los partidos no se han aplicado la misma vara de medir", reflexiona Herzog.
La figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en el Código Penal en 2010 y perfeccionada en 2015. Desde entonces, han sido imputados el PP, por la destrucción de los discos duros del ordenador de Luis Bárcenas (proceso en el que resultó absuelto), y, recientemente, Podemos, por su presunta caja b.
Tras analizar la documentación pública de las ocho formaciones con mayor representación en el Congreso de los Diputados, estos son los principales resultados del estudio.
Más País y JxCat: no presentado
La peor nota la obtienen dos partidos de reciente creación, Más País y JxCat, que "demuestran un absoluto desdén por la transparencia en sus portales, no solo ya en materia de compliance, sino por cualquier tipo de información pública sobre su estructura, funcionamiento, normativa interna, etc.".
Podemos y Vox: suspenso
Podemos y Vox, aunque sí incluyen alguna referencia a sus normas éticas, "son tan básicas y generales" que, en la práctica, "resultan inaplicables", describe el estudio. Según el informe, ambos partidos no informan si cuentan con planes de compliance o quiénes conforman sus órganos de supervisión de los mismos (organismos que exige el Código Penal). "Intuimos que Podemos sí ha debido implementar algo, porque los medios recogieron problemas con su responsable de cumplimiento", relata Alexandre; "en todo caso, es evidente que la transparencia no es su mejor atributo".
PSOE y PP: aprobado
La situación de PSOE y PP es, según el estudio, "esperanzadora". La razón es que ambos, en su reglamentación interna, cuentan con menciones explícitas a la necesidad de implementar planes de compliance y se dotan de una estructura normativa a tal efecto. También han designado un órgano encargado de la supervisión del modelo (en el PSOE, el comité de cumplimiento normativo; en el PP, el comité de derechos y garantías). En todo caso, "poco sabemos sobre la implementación real de sus protocolos", objeta el documento.
Cs, ERC y PNV: progresan adecuadamente
Las tres organizaciones que obtienen mejor calificación son Ciudadanos, ERC y el PNV, "aunque todas tienen margen de mejora", indican los letrados.
De los nacionalistas vascos destacan la publicación íntegra de su plan de compliance, aunque, señalan, no está actualizado de acuerdo con las últimas reformas del Código Penal. Los republicanos, por su parte, cuentan con información muy detallada sobre su estructura de gobierno corporativo, cuestión clave para el establecimiento de mecanismos de control y responsabilidad. Finalmente, Ciudadanos menciona la necesidad de adaptarse a las certificaciones sobre compliance, la ISO 19600 y la UNE 19601, aunque se desconoce si se ha adecuado efectivamente a las mismas.
Según concluye el texto, "el mayor reproche que puede hacerse a las formaciones es la ausencia de información real sobre el grado de implementación de sus modelos". Y "sin transparencia, no hay rendición de cuentas a la ciudadanía", completa Alexandre.
Propuestas de mejora
Auditorías. Junto con el estudio de los planes de compliance, Andrés Herzog y Jorge Alexandre presentan dos propuestas para empujar a las formaciones a mejorar su compromiso contra la corrupción. La primera es que se les obligue a someter sus planes de prevención de delitos a una auditoría externa, ya sea a través de organismos públicos, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (para lo cual, apuntan, habría que dotarlo de medios), o de certificadoras privadas. "Lo ideal sería que se ocuparan entidades públicas porque se ganaría en independencia", subraya Herzog. Reflexión que completa Alexandre: "Una auditoría serviría para homologar las características de los planes y, además, permitiría garantizar la transparencia y la rendición de cuentas".
Cambio cultural. La segunda propuesta es un cambio cultural para evitar la trampa de la transparencia. "No podemos ignorar que hacer públicas las irregularidades casi siempre es munición para los medios y los adversarios políticos, dándose la paradoja de que se penaliza más a quien mejora sus procesos y su rendición de cuentas", explica Herzog, que pide hacer pedagogía para lograr auténticos avances en la regeneración del sistema de partidos.
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