a) Potenciar las capacidades institucionales analíticas: Es
usual que las administraciones públicas posean unidades sectoriales de análisis
de datos. Estos ámbitos sectoriales suelen poseer unidades con ciertas
capacidades analíticas para estudiar estos datos. Pero se trata de una
capacidad analítica fragmentada y sin una visión integrada y transversal de
toda la información manejada por la institución. La propuesta concreta consiste
en que cada Administración pública diseñe e implante una unidad central de
análisis de datos que integre, coordine y analice de manera integrada todos los
datos generados por los diversos ámbitos sectoriales. Esta unidad central
debería poseer un equipo profesional con habilidades de análisis y, además, los
dispositivos y procesos asociados a adquirir y procesar datos e información,
así como su posterior difusión. Los sistemas de información vinculados tanto a
la recopilación y tratamiento de los datos, su análisis y su preparación para
que puedan llegar en el formato y presentación adecuados a los diferentes
destinatarios constituyen un soporte clave para sustentar la capacidad
analítica. La existencia de repositorios de datos y experiencias para conocer y
compartir, la gestión de la memoria organizativa (más allá de los aportes puntuales
de los diferentes profesionales) o el surgimiento de nuevas respuestas a partir
del contraste de experiencias conocidas y experimentadas pueden ser algunas de
las concreciones de este tipo de recursos del nivel organizativo que
contribuyen a la capacidad analítica. En el nivel de sistema se destacan como
factores clave los modelos de relación con los actores del entorno, ya sean
otras organizaciones públicas, entidades privadas, asociaciones y la propia
ciudadanía. En lo referente a las capacidades analíticas, en este nivel se
consideran las estrategias de recopilación de datos generados por los
diferentes actores vinculados a la política pública y su posterior
procesamiento para generar nuevos aprendizajes. Ello se concreta en la
disponibilidad, agilidad y facilidad de acceso a los datos y evidencias, y la
generación de dinámicas conjuntas para convertirlos en información y
conocimiento. Para ello es necesario que se combinen la existencia de recursos
con la voluntad de compartirlos y consensuar tanto análisis como diagnósticos y
eventuales propuestas asociadas.
b) El enfoque de la gobernanza de datos es complementario al
punto anterior y se sustenta en tres ideas: (1) poner en valor los datos como
un activo de la organización que debe gestionarse, (2) establecer
responsabilidades en la toma de decisiones (derechos) y las tareas asociadas
(deberes) y (3) establecer pautas y normas para velar por la calidad de los
datos y su uso adecuado. La propuesta consiste en que cada Administración
pública posea una unidad de dirección de datos (Chief Data Officer o CDO)
que se correspondería con la unidad propuesta en el punto anterior. Destacar
que no es recomendable ubicar esta responsabilidad en el ámbito tecnológico de
la Administración (departamentos de informática o similares) ya que es
importante distinguir la tecnología de la gobernanza de datos. La figura de una
unidad de dirección de datos debe ir asociada a factores de éxito como la
capacidad para identificar problemas y ofrecer soluciones, el cambio cultural
asociado a la denominada “alfabetización de datos” (en su recopilación,
tratamiento y utilización) y el desarrollo de proyectos de alto impacto
(interno y externo). La gobernanza de datos se asocia a los procesos
organizativos que permiten especificar la asignación de responsabilidades y
decisiones, alineadas con los objetivos de la organización, para impulsar un
comportamiento deseable en el tratamiento de los datos como un activo de la
organización. Para ello hay que prestar atención a dos dimensiones
organizativas, una referida a los objetivos y otra a la estructura. Sobre los
objetivos, se distinguen las metas formales asociadas a la mejora de los
sistemas de obtención y gestión de datos y las metas funcionales asociadas a
las decisiones sobre su uso (y asignación de derechos para ello). La segunda
dimensión, la referida a la estructura, incluye la designación de la autoridad
formal responsable del ámbito, la división del trabajo y las configuraciones
organizativas resultantes y la asignación de tareas a órganos y a puestos de
trabajo.
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