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viernes, 30 de junio de 2023

La Policía Nacional y la Guardia Civil amplían su plantilla con 40.000 agentes más en 18 años

 Revista de prensa. Cadena Ser. Los datos oficiales del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas - dependiente del Ministerio de Hacienda- confirman este récord de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Desde 2006 –primer año de la serie histórica-, la Guardia Civil y la Policía Nacional han incorporado 40.034 agentes más a sus plantillas, mejorando así las cifras que se registraron años atrás, por ejemplo, en 2006, cuando la Policía Nacional tuvo el nivel de efectivos más bajo de su historia (50.460). Ese año, la Guardia Civil también tuvo la menor cantidad de agentes de la serie histórica (65.919).

Según ese portal estadístico, en el caso de la Guardia Civil, el mayor recorte de su plantilla se produjo con Fernando Grande-Marlaska como ministro de lnterior, fue en 2022, ese año la benemérita experimentó una caída de 1.593 Guardias Civiles, aunque esa situación ha dado un giro de 180 grados, tras la convocatoria de las nuevas oposiciones que permitirá al Instituto Armado alcanzar una cifra récord.

viernes, 10 de agosto de 2018

Los sindicatos se levantan contra Sánchez por avalar la ley vasca de abusos policiales

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil prevén reunirse en septiembre para estudiar medidas contra la retirada del recurso por parte del Gobierno

Revista de prensa. Por Diego Molpeceres. VozPopuli.- En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales. 

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se reunirán en septiembre para marcar una nueva hoja de ruta y estudiar posibles medidas contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se lo advertimos públicamente y no descartamos que podamos tomar alguna acción judicial en contra de esa decisión que, a todas luces, nos parece una prevaricación", afirma en declaraciones a Vozpópuli, Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Euskadi. Tampoco descartan posibles movilizaciones.

El PSOE acordó hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes llega sin que esas modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con indemnizaciones. Según explicó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, afirmó el pasado viernes que "en ningún momento se pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales".

El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la conservadora UGC (Unión de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una manipulación de lo que ha sucedido", apostilla. 

Carta a los ministerios
Hace dos semanas hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interiorcomo al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de "violencia de motivación política". 

Además de recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo "sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en la moción de censura contra Rajoy. "Es una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo recibido para llegar al Gobierno. Pero a los guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata Rodríguez Prendes. 

Hay un recurso contra la ya creada comisión de expertos para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la ya creada comisión de expertos (que contemplaba la propia ley) para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera, podría paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo. El Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial porque preveía investigar y esclarecer los casos. Un informe del Instituto Vasco de Criminología cifra en 4.113 el número de torturas y abusos llevados a cabo por agentes de policía, de los que sólo 202 han sido investigados.

La llegada del nuevo Ejecutivo socialista ha generado tensiones con los mandos de ambos cuerpos. Hace una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió destituir al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida de confianza", después de que se filtrase una orden de Manuel Sánchez Corbí que mandaba paralizar investigaciones ante la falta de fondos reservados.

En la mesa de trabajo que se reunirá tras el verano se encuentran el SUP, CEP, UFP y SPP, además de AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC. También está la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) y Covite.



domingo, 23 de agosto de 2015

Oferta de Empleo Público: Vuelven las oposiciones masivas y el 100 por cien de reposición de efectivos

La Guardia Civil ha pasado de los 82.692 efectivos que tenía hace cuatro a años a los 78.379 de ahora.
 
Revista de prensa. El Confidencial.- Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno esta semana en el Congreso van a propiciar la vuelta de las grandes convocatorias de plazas para el ingreso en los Cuerpos de Seguridad tras un largo paréntesis de restricciones en el gasto público.
 
El Ejecutivo de Rajoy ha accedido en el cuarto año de legislatura y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina a elevar el número de vacantes al 100% de la tasa de reposición, el doble de lo que había autorizado para el actual ejercicio.

La medida no va a paliar la sangría de efectivos que han sufrido durante la crisis tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Desde 2011, ambos cuerpos han visto como su plantilla perdía en total más de 9.500 agentes. La Policía Nacional ha pasado de los 72.593 funcionarios con los que cerró 2011 a los 67.350 que tenía disponibles con fecha de 31 de mayo, según confirmó el propio Gobierno en la Cámara Baja. Por su parte, la Guardia Civil ha pasado de los 82.692 que tenía hace cuatro a años a 78.379. En los dos cuerpos, las bajas han superado durante este periodo holgadamente los escasos ingresos que registraban.
 
Tasas de reposición
El 100% de la tasa de reposición no va a servir para aumentar las plantillas pero va a paliar una tendencia que estaba empezando a generar graves problemas de funcionamiento en algunas demarcaciones, aunque la efectividad de los cuerpos no ha dejado de aumentar en los años de recortes. En algunas provincias, por ejemplo, la edad media de los agentes de Policía excede ya los 50 años por la limitación de las incorporaciones. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria en el Instituto Armado, también ha denunciado recientemente que la falta de efectivos estaba obligando a patrullar en solitario.
 
La relajación de las restricciones también va a suponer un soplo de aire fresco para los opositores, que en 2008 vieron como se terminaban las convocatorias multitudinarias de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2010 comenzaba un periodo de auténtica sequía en el que cada nueva plaza llegó a tener más de 200 solicitantes.
 
El número de vacantes que saldrán a concurso en 2016 aún no se ha anunciado oficialmente, pero según fuentes de la Dirección General de la Policía consultadas por El Confidencial, el nuevo escenario va a permitir que el próximo año se doblen las 1.374 incorporaciones que van a realizarse este ejercicio. La convocatoria volvería por tanto a los niveles de 2009 y se quedaría a mitad de camino del periodo 2005-2007, cuando el Ejecutivo de Zapatero tiró la casa por la venta y autorizó tres ofertas seguidas de 5.500 plazas.
 
Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil vaticinan un panorama similar. En 2015 ingresarán en el Instituto Armado 820 nuevos efectivos, de los que 328 llegarán por la vía del acceso libre, otros 328 procedentes de las Fuerzas Armadas y, por último, 164 del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. El objetivo de la Guardia Civil es que la convocatoria de 2016 saque a concurso más de 1.600 plazas, una cifra similar a la del año 2009 aunque alejada de la oferta récord de 2007, que alcanzó las 5.500.
 
Instituciones Penitenciarias y CNI
Las perspectivas también han cambiado con los Presupuestos de 2016 para Instituciones Penitenciarias, uno de los cuerpos de seguridad más castigados por los recortes de gasto. Este año se incorporarán a su plantilla 320 funcionarios después de dos ejercicios sin una sola alta (2012 y 2013) y tras sumar tan sólo 90 el pasado. Si los compromisos del Ministerio del Interior se cumplen, Instituciones Penitenciarias ofertará el próximo año más de 600 vacantes para acceso libre.
 
Los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tienen otro estatus pero las cuentas nacionales también recogen una leve mejora en recursos humanos. Los gastos de personal presupuestados para el organismo en 2016 ascenderán a 174,9 millones de euros, frente a los 167,7 millones del balance de 2015. Descontando el 1% que va a subir el salario para todos los funcionarios públicos, al general Félix Sanz Roldán aún le quedará margen para aumentar en 100 nuevos agentes su plantilla de alrededor de 3.000 efectivos.

martes, 24 de marzo de 2015

El BOE del lunes 23 de marzo publica y detalla la OEP de la AGE para 2015 que alcanza las 11.250 plazas

Entre la oferta ordinaria y extraordinaria incluirán 11.250 plazas, de las que 7.416 serán para el turno libre y 3.834, para promoción interna

Post relacionado. J.R. Chaves. Blog contencioso.es.- Lo que hay que saber de las oposiciones en la Oferta de Empleo de 2015
 
Las 11.250 plazas para 2015 son 8.351 plazas más que en 2014, cuando se convocaron 2.899. En turno libre, las 7.416 nuevas plazas para este año, frente a las 1.211 plazas de 2014, representan un 340 por 100 más.
 
En promoción interna, las 3.834 plazas que se convocan este año, frente a las 1.688 de 2014, suponen un 44,2 por 100 más.
 
BOE 23.3.15.- Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.

BOE 23.3.15.- Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
 
BOE 23.3.2015.-Real Decreto 194/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2015
 
 
 

viernes, 27 de febrero de 2015

Contencioso.es- Evaluación del desempeño de los funcionarios: milonga y necesidad

"Solo evaluando el rendimiento podrán desterrarse los prejuicios contra los funcionarios y su leyenda negra"

J.R. Chaves. Blog Contencioso.es.- Si hay una cantinela que se agita por cada reforma del estatuto de los funcionarios desde que se implantó la democracia, tanto en el ámbito estatal como autonómico o local es aquello de “que cobren mas quienes más trabajen” y esgrimir lo de los “sistemas de evaluación de rendimiento”.

Sin embargo, aunque las Administraciones son muchas y muchos los años de vuelo, no conozco ningún sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos en ninguna Administración pública que no haya incurrido en alguno de estos tres defectos.

1.- El “café para todos”. La paz social lleva a asignar complementos y presumir el buen rendimiento para todos, o por grupos homogéneos vinculados a cuerpos o escalas o criterio objetivo similar.

2.- El “ que tiene padrino se bautiza”. O sea, será el superior jerárquico quien de manera informal informe y propicie una valoración del desempeño del puesto de trabajo (con pocas luces y ningún taquígrafo) y que determinaba el abono del complemento de productividad o era el pasaporte que influía en decidir la adjudicación de uno u otro puesto de trabajo.

3.- El “tenemos un sistema de evaluación de desempeño tan bueno como irreal” pues está elaborado por una consultora externa, bajo ítems y criterios tan académicos y/o técnicos que permite a la Administración justificar la existencia de una evaluación de desempeño, aunque no sirva para nada.

La Guardia Civil, pionera
Pero el BOE me ha enseñado que puede haber luces en el túnel.  En efecto, el BOE del pasado 20 de Febrero publica la Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil.

Vaya por delante que se trata de una evaluación de desempeño en un ámbito muy especializado (la guardia civil), donde reina la disciplina castrense y donde existe algo crucial: un riguroso  respeto a la jerarquía y el ejercicio responsable del mando, o lo que es lo mismo, que se produce la evaluación de los inferiores con esfuerzo de auténtica objetividad (como regla general, pues supongo que el factor humano determinará en ocasiones la subjetividad propia de los pecados capitales: envidia, ira, etc).

En el ámbito de la Administración, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, impulsó en gran medida la evaluación del desempeño de los empleados del sector público, como herramienta al servicio de los distintos procesos de gestión de recursos humanos de la Administración, tales como la promoción profesional, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incluso para la determinación de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. Esta evaluación, basada en procedimientos fundamentados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia, ha de suponer, no sólo una herramienta de control interno, sino también un factor de motivación personal.”
(…) el verdadero impulsor de la reforma que ahora se introduce mediante esta orden ministerial, al contemplar la consideración de los informes personales de calificación para la asignación de puestos de trabajo en la modalidad de concurso de méritos.(…) se establece el modelo de Informe Personal de Calificación para el Cuerpo de la Guardia Civil (IPECGUCI) y se aprueban las normas para su cumplimentación, así como en el propio modelo de informe, con el objetivo último de garantizar la transparencia del proceso, y actualizar las competencias profesionales y personales objeto de evaluación, así como la valoración del prestigio profesional, tras un largo periodo desde su última regulación;”.
(…) las nuevas garantías previstas, destacando el acceso al contenido del informe por parte de los interesados en todo momento, al tiempo que se protege la información que contienen, y arbitrando un procedimiento más preciso para la formulación de alegaciones por el calificado y su reflejo en el resultado de la calificación. Entre estas nuevas garantías, también es oportuno resaltar la previsión de una mayor tutela institucional para la cumplimentación de los informes, en cuanto a la formación de los calificadores, poniendo a su disposición una guía metodológica que permita una evaluación más objetiva y que contribuya a la mejora continua de los evaluados. Al mismo tiempo, se refuerza el papel del superior jerárquico para corregir cualquier desviación que pudiera producirse en las calificaciones, otorgándole un mayor protagonismo a la hora de establecer la calificación final.
Cuatro patas
3. A mi juicio, y mas allá de los problema de diseño normativo del marco de evaluación de los empleados públicos que ya comenté en un anterior post, el problema en las Administraciones Públicas de la evaluación del rendimiento de los funcionarios, tiene cuatro patas que la hacen cojear.
Primero. A los políticos que gobiernan las Administraciones no les importa la evaluación seria y objetiva del rendimiento de los funcionarios pues prefieren premiar la lealtad política que el buen servicio a la legalidad y objetividad.´
Segundo. Nadie quiere “ponerle el cascabel al gato” pues una evaluación de rendimiento de los funcionarios provocará aplausos en los bien valorados y ácidas quejas en los postergados.
Y ello a nivel institucional ni personal. A nivel institucional no se quiere políticamente lidiar seriamente este miura. Y a nivel personal porque los jefes que deberían informar sobre el rendimiento de los subordinados, salvo excepciones, tienden a ser benévolos e incluso a luchar por el bloque de su “pelotón” frente a otros equipos, pese a que cuente tanto con purasangres como mulas y algún que otro pollino. Es mas cómodo valorar generosamente a todos los subordinados que enfrentarse a ellos, porque además puede darse la paradoja de ser mas quejoso quien menos rinde y mas paciente quien mas trabaja.
Tercero. Es impronosticable el peso de factores colaterales en la evaluación final del desempeño de su trabajo por cada funcionario. Por ejemplo, el peso de las fuerzas e intereses sindicales, o el de los grupos de presión corporativos dentro de cada Administración.
Cuarto. El factor azar (y situación de partida) influye en cómo trabaja el funcionario. No es lo mismo una labor donde se otorgan subvenciones que donde se gestionan sanciones, ni donde hay mucho personal que donde hay condiciones precarias de material o número de empleados. También depende tu valoración de cómo sea tu jefe, y la Administración tiene una variada fauna de talantes directivos.
Y es que no hay un pistoletazo de salida para la evaluación por igual de todos los funcionarios, sino que unos parten de posiciones mas cómodas que otros.
En fin, lo interesante es que se debe evaluar el rendimiento de los empleados públicos y se puede. Y ello al margen de que la crisis no permita alegrías retributivas o compensaciones: el trabajo bien hecho depende de las personas y no de la zanahoria ni del palo. Creo que el sendero abierto por  la Orden ministerial comentada, con las enormes adaptaciones que requiere exportarlo a otros ámbitos,  es por donde debiera avanzarse.
Ya sé, ya sé: soy un soñador.
Solo evaluando el rendimiento podrán desterrarse los prejuicios contra los funcionarios y su leyenda negra. Ya traté en clave de áspero humor las leyes del rendimiento funcionarial. 

miércoles, 7 de mayo de 2014

El MHAP ultima el sistema ISPA, que permitirá comparar salarios de emplead@s públic@s de todas las AA.PP

El Ministerio de Hacienda y AA.PP ha constatado que existen diferencias significativas entre administraciones para puestos de competencias semejantes.

Revista de prensa.-  6 May.2014 (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prevé tener listo para su puesta en marcha este año el denominado sistema de Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA) que permitirá recoger y comparar las retribuciones que percibe el personal de todas las administraciones públicas, incluidos los funcionarios, los cargos electos o los de confianza.

La web 060.es permite hacer trámites con la AGE
Según han explicado fuentes del Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, el proyecto, en el que llevan trabajando dos años y que califican de "novedad histórica" en España en materia de transparencia, se encuentra ya en fase "muy avanzada de desarrollo" y podría estar finalizado para este año 2014.

Así, Hacienda ha confirmado que todas las administraciones, entre las que se incluyen las corporaciones locales, las comunidades autónomas y otros órganos dependientes como las Universidades, ya ha remitido sus datos al Ministerio, si bien todavía no se ha analizado el 100% de la información recibida.


Tal y como ha defendido el Ministerio, el trabajo de análisis de la información remitida por las más de 10.000 administraciones que existen en España para configurar la base de datos debe ser muy minucioso para que no haya posibilidad de malinterpretar dichos datos.No obstante, con los datos analizados hasta el momento, el departamento dirigido por Montoro ya ha podido comprobar que existe una "buena dispersión" en cuanto a los niveles retributivos en las diferentes administraciones para puestos que desarrollan competencias semejantes. Precisamente, el proceso de "afinamiento" resulta, según Hacienda, fundamental en estos casos, para determinar si dichas diferencias salarias están o no justificadas.Asimismo, las mismas fuentes de Hacienda han matizado que el proceso de puesta en marcha de este sistema también es complicado en lo que tiene que ver con la protección de los datos. Es por esto por lo que todavía no se ha definido qué nivel de acceso y de detalle que se dará a la información.Esta es una de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, para avanzar en el proceso de desarrollo de la Administración Electrónica, y entre las que también se encuentran, entre otras, la reducción de cargas administrativas o la plataforma de intermediación de datos.
e-administración: Ahorro en 2013 de  16.600 millones de €
 Según fuentes del Ministerio, el ahorro total para ciudadanos y empresas que se consiguió en 2013 por el uso de servicios telemáticos fue de 16.602,4 millones de euros, más de 800 millones que en el año 2012. Según Administraciones Públicas, el coste medio de un trámite administrativo se reduce de los 80 euros que supone hacerlo de modo presencial a sólo 5 si se hace a través de la administración electrónica.

En concreto, la reducción de cargas administrativas supuso en 2013 un ahorro de 2.246 millones de euros; la plataforma de intermediación de datos 88 millones para los ciudadanos y 24 para la Administración en 2013; y la plataforma de firma electrónica y sellado de tiempo, 152 millones de euros de ahorro para la Administración en 2013.

 Asimismo, las notificaciones administrativas electrónicas, que ya suponen unas 850.000 al mes, supusieron un ahorro para ciudadanos y empresas el año pasado de 88 millones y de 24,5 millones para la Administración.
 Además, Hacienda estima que el punto general de entrada de facturas electrónicas, operativo desde enero de 2013, consiga un ahorro en 2014 de un millón de euros, ya que cada factura electrónica supone un ahorro de 3,48 euros.

En cuanto al proyecto de fomento del emprendimiento, denominado Emprende en 3, cuyo objetivo es la simplificación administrativa para ayudar a la creación de empresas y que supone reducir de 41 a 3 días lo que se tarda el tramitar el inicio de la actividad de una empresa, el Ministerio ha reconocido que todavía se encuentra en una "fase incipiente", ya que sólo 100 ayuntamientos se han sumado al plan desde su puesta en marcha.

 No obstante, fuentes de Hacienda han anunciado que el Ministerio tiene previsto desarrollar próximamente una norma específica para incentivar a las administraciones públicas a poner en marcha tanto ésta como otras medidas de eficiencia propuestas por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

 Con la citada normativa, que Montoro anunciará próximamente, según han confirmado fuentes del Ministerio, y que ofrecerá "contrapartidas" a las administraciones que se sumen, se espera conseguir un "salto cuantitativo" en la implantación de esta y otras medidas de eficiencia.

El 70% de los trámites de la AGE, por internet
Asimismo, el Ministerio ha informado de que más del 95% de los procedimientos administrativos y servicios públicos de la Administración General del Estado, unos 2.500, ya pueden hacerse por medios telemáticos a través de Internet mediante cualquier dispositivo electrónico.

En cuanto al uso que hacen los ciudadanos y las empresas de estos servicios, Hacienda ha cifrado en 370 millones el número de trámites iniciados telemáticamente en 2013, lo que supone un 70% del total. Su objetivo ahora, según el Ministerio, es conseguir que el 30% restante se haga también telemáticamente.

 Así, por ejemplo, si trámites como la petición de cita previa para la renovación del pasaporte, la consulta de prestaciones al Servicio Público de Empleo Estatal o la petición de informes de vida laboral, ya se hacen prácticamente en su totalidad a través de Internet, otros como la petición de cita previa en el SEPE para la prestación por desempleo o la presentación del borrador de la declaración de la renta todavía no sobrepasan el 70%.

Otras noticias:
Guardia Civil y Policía han perdido 5.504 efectivos en los dos últimos años:  España tenía a finales de 2013 un total de 149.781 policías y guardias civiles. EP