José Ramón Chaves: Interinos. Donde dije Diego, dije digo

También interesante: Francisco Longo, en El País: Función Pública y Política no mezclan bien

Por José Ramón Chaves.-Blog DelaJusticia.com .- El Independiente se hace eco de la recientísima propuesta de la Abogada General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que matiza la doctrina del caso Diego Porras, (Sentencia del TJUE de 14 de Septiembre de 2016 en aplicación del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999, anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo).

Tal sentencia reconocía una indemnización equivalente a los trabajadores indefinidos en caso de despido procedente, que conducía a reconocer la de 20 días por año de servicio para el trabajador que viese extinguido su contrato de interinidad pese a su extensa prolongación ( en comparación con la indemnización prevista para el despido por causas objetivas).

 Ahora, el Abogado General plantea, nunca mejor dicho, lo de donde “dije Diego, dije digo”(¡¡ Porras!!), de manera que de asumirse su postura, estaríamos ante una regla general y una regla especial. Veamos.

1.- Escuchemos el novedoso planteamiento del Abogado General.

La regla general sería que el trabajador con contrato de interinidad en la administración, normalmente el que cubre una vacante hasta su provisión definitiva mediante concurso u oposición, no tendría derecho a indemnización alguna porque la indemnización es el “precio de la frustración”, esto es, de verse sorprendido por la extinción de su contrato. De ahí que como el trabajador laboral de la administración con contrato de interinidad, “sabe” que algún día se cubrirá reglamentariamente su plaza, o que se extinguirá al expirar el plazo pactado o realizarse la obra o servicio, pues no hay espacio para la sorpresa ni debe indemnizarse la frustración de expectativa legítima alguna.

 Por tanto, según el abogado general, esta situación no merecería conceder indemnización alguna al trabajador afectado, aunque para evitar la sangrante situación de discriminación respecto de la extinción que afecta al trabajador temporal por servicio u obra determinado, debería asignársele benévolamente y bajo ostensibles razones de equidad, al menos una indemnización de al menos 12 días por año trabajado.

 La regla especial ( mas bien excepcional) sería la del contrato de interinidad de la administración en que se aprecie – no la mera extinción de la relación laboral- sino una encadenación abusiva o fraude por la administración, lo que debe apoyarse en un análisis de la casuística, en que fruto de tanto tiempo de “comodín” o “estabilizado” se generaría una lógica expectativa de consolidación, que sí merecería una indemnización o compensación, o sea, una medida para frenar el abuso con doble finalidad: penalizar a la administración abusadora y compensar al abusado.

2.- Recordemos el esfuerzo de la Sala Social del Tribunal Supremo mediante el auto de 25 de octubre de 2017 (rec. 3970/2016), planteando una nueva cuestión prejudicial en relación al caso “de Diego Porras” para evitar enojosas diferencias que convierten el cuadro indemnizatorio laboral de la administración en un cuadro cubista.

3.- En este escenario hay que tener presente:

-1º Que el abogado general propone y el Tribunal de Justicia europeo dispone, aunque lo natural es que asuma sus propuestas ( 80%). Así que, hay que esperar.

-2º Que la doctrina que siente el Tribunal de Justicia habrá que ponerla en contexto con las restantes sentencias comunitarias sobre la materia, para formar una doctrina unitaria, porque se trata de que el mosaico de indemnizaciones sea comprensible para la administración-patronal y para los trabajadores.

3-º Que esa doctrina por sus habituales términos genéricos, admitirá distinta respuesta según la riqueza de las situaciones contractuales de la administración española, con figuras polivalentes y trasiego de trabajadores y usos inconfesables del interino. Y ante tamaño cúmulo de singularidades habrá que ver las decisiones complementarias de la Sala Social del Supremo.

-4º Que así y todo, no está de más que el legislador estatal coja el toro indemnizatorio por los cuernos y propiciando un mínimo acuerdo con los sindicatos, regule de una vez por todas, tan kafkiana situación.

4.- El  penoso resultado para trabajadores y funcionarios ( por el efecto reflejo en el interino de la doctrina social) es un inadmisible panorama de inseguridad jurídica.

 Tal inseguridad jurídica se abre:

-Ante el trabajador que no sabe su derecho al término de su relación.

-Ante la administración que no sabe el coste de sus medidas de movilidad o extinción laboral.

-Ante los tribunales de lo social que no saben a qué atenerse.

-Ante los académicos cuyos trabajos quedan en papel mojado al ser superado por cambiante doctrina.

-Ante la masa de afectados por los Planes de Consolidación de empleo temporal.

A ver si conseguimos frenar a lo que calificamos de expansión desbocada del derecho laboral en la administración.

En suma, que Papa Noel Abogado General anuncia carbón, aunque quizá los Reyes Magos del Tribunal de Justicia traigan algo que nos haga alegrarnos, al menos en términos de seguridad jurídica.


Revista de prensa. El Independiente: Los interinos, a la casilla de salida: la UE rectifica y les niega ahora una indemnización

La remuneración de los funcionarios españoles, por encima de la media de países de la OCDE

"El estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público es que no dispone de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad  de los cargos de alta dirección"

Revista de prensa. Expansión.- Entre 1999 y 2008 los salarios de los empleados públicos crecieron sensiblemente por encima de las del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de éstos,según el último estudio del Esade.

Los empleados públicos españoles se encuentra, en relación con el PIB, ligeramente por encima de la media OCDE. Así lo señala el último estudio de Esade titulado "El empleo público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz".

Del mismo se desprende que entre los años 1999 y 2008 los salarios de este sector crecieron sensiblemente por encima de los del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de los mismos.

Si se analiza por categorías, este diferencial es inversamente proporcional a la cualificación del trabajo: favorece a los segmentos de inferior cualificación, pero sitúa, en cambio, muy por debajo de las retribuciones del sector privado a las categorías técnicas de alta cualificación y a los puestos de carácter directivo.

El número de trabajadores públicos se duplica en la crisis

El estudio también refleja que el número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 25 años. "Incluso en plena crisis, en 2008, cuando el país ya destruía masivamente empleo, los tres niveles de Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos", ha dicho Francisco Longo, director general adjunto de Esade.

El responsable explica que la recesión impuso dos años de reducción, "pero se trató de un paréntesis" y la recuperación económica,ha supuesto un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008. "La peculiaridad apunta, por tanto, más que a un tamaño hipertrofiado, a una fuerte tendencia expansiva, difícil de controlar por las Administraciones", dice Longo.

Más de la mitad del coste de producción del Gobierno

De hecho, el empleo público en España representa más de la mitad de los costes de producción del Gobierno central, proporción sensiblemente superior a la de los países centrales de la Unión. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos, es decir, externalizaciones, es considerablemente inferior al de estos países.

"Este dato hace pensar que el desarrollo de la colaboración público-privada podría permitir, a condición de diseñarse con rigor, equilibrar los riesgos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", ha sugerido Longo.

Bajo índice de cualificación

En cuanto a las características del capital humano del sector público, el estudio destaca ciertas deficiencias respecto al resto de países de la OCDE. Así, estos trabajadores en España presentan un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, circunstancia que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno.

En la Administración General del Estado (AGE), cuyas funciones son básicamente reguladoras y planificadoras, los puestos para los que no se exige titulación superior rondan el 70%. En cambio, las posiciones directivas ocupan a un número de personas claramente inferior al de la media de la UE. "Paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria", ha dicho Longo.

Este fenómeno de excesiva cualificación (nivel de educación formal que sobrepasa la exigida para la tarea) "implica, entre otros problemas, un serio desperdicio de talento", apunta el director general de Esade.

Envejecimiento y la temporalidad

"El déficit de cualificación del capital humano del sector público, preocupante en un contexto de complejidad creciente, se ve agravado por dos factores: el envejecimiento y la temporalidad", ha señalado Longo. En 2014 el número de empleados de más de 60 años superó al de los menores de 30. Y en dos años, el diferencial ha aumentado ya tres puntos porcentuales.

El empleo público temporal presenta en España las cifras más altas entre los países de la UE, con la única excepción de Polonia. En este sentido, el informe presentado hoy subraya que, en general, el acceso al empleo temporal presenta en las administraciones españolas requerimientos de mérito y capacidad inferiores a los del empleo estable.

Una función directiva desregulada

"La uniformidad y la rigidez son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español", dice Francisco Longo. El estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican funciones de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios (ciencia, I+D+i, educación, salud, servicios sociales, etc.) que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público.

En este contexto, desde Esade creen que habría que desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos.

Además, el estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público español es que no dispone, ni en la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o a escala local, de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección.

El futuro del sector público: El elefante en la sabana digital

"Podría decirse que los mercados se ocupan con éxito de un sinfín de problemas complicados, pero dejan cada vez más para el estado los problemas complejos"

"La construcción de entornos avanzados de gobernanza colaborativa se dibuja como la condición para afrontar con éxito los grandes problemas colectivos de nuestro tiempo"

"El sector público del futuro tendrá que ser, probablemente, más inteligente, más diverso y descentralizado, y más colaborativo"

Francisco Longo. Blog Agenda Pública.- Como un viejo elefante que contempla de lejos las luchas de los depredadores, el sector público vive a distancia los procesos de destrucción creativa que acompañan a la innovación en los mercados. 

Alejado de la competencia y protegido así de la amenaza schumpeteriana, los ritmos de cambio de sus organizaciones son mucho menos dependientes del entorno que los de las empresas. Esto no quiere decir que no cambien. Se van adaptando de forma gradual a la innovación tecnológica, pero lo hacen habitualmente sin alterar sus patrones básicos de funcionamiento ni sus estructuras de poder. Sólo en raras ocasiones los gobiernos emprenden reformas de amplio alcance, obligados por la crisis fiscal que es siempre la condición necesaria -aunque no suficiente, como muestra el caso de nuestro país- de esas transformaciones.

Y sin embargo, se hace difícil creer que el huracán de cambios disruptivos que en esta segunda década del siglo sacude y desestabiliza las economías y las sociedades de la era global/digital no acabe por afectar también a las organizaciones públicas y a quienes trabajan en ellas. Al menos, cuatro grandes tendencias de fondo parecen llamadas a alterar en profundidad la configuración y los modos de hacer del sector público.

Crece la complejidad y dificultad de los problemas sociales. El economista Ernst Schumacher llamó “divergentes” a aquellos problemas que, cuanto mayor es la dotación de inteligencia con que se analizan, más probable es que susciten soluciones contrapuestas. En un sentido análogo, Ronald Heifetz, de Harvard, denomina “adaptativos” a los problemas que carecen de soluciones técnicas protocolizadas por el conocimiento disponible. Pues bien, un número creciente de los problemas colectivos contemporáneos responden al tipo divergente y adaptativo. Asuntos como el calentamiento global, el crecimiento de las desigualdades, la congestión de las megalópolis o el fracaso escolar, por citar algunos ejemplos de alcance universal, reúnen alta complejidad y alta incertidumbre. Son escenarios poco propicios para la intervención de los actores económicos en condiciones de mercado. Podría decirse que los mercados se ocupan con éxito de un sinfín de problemas complicados, pero dejan cada vez más para el estado los problemas complejos. Esos que los anglosajones han dado en llamar wicked (terribles), y  cuya insidiosa multicausalidad hace difícil relacionar los síntomas con las intervenciones, y estas con los impactos.

Hiperpluralismo

El poder se difumina. Como ha escrito Moisés Naím (“El fin del Poder“), el poder ya no es lo que era. Atribuido tradicionalmente a las burocracias jerarquizadas –privadas o públicas- de gran tamaño, hoy lo encontramos disperso en una multiplicidad de “micro-poderes” que contrarrestan y minimizan la capacidad de aquéllas. La globalización ha vuelto ilusoria la pretensión de preservar la hegemonía defendiendo los feudos territoriales, por mucho que los gobiernos invoquen nostálgicamente la soberanía sobre esto o lo otro. Para el autor venezolano, el acceso –o la ambición de acceder- de miles de millones de habitantes del planeta a una vida más plena, móvil e interconnectada, está cuestionando todas las fuentes tradicionales del poder y creando, al mismo tiempo, múltiples focos de poder alternativo. Vivimos en el mundo de lo que Donald Kettl ha llamado “hiperpluralismo”, o Francis Fukuyama “vetocracia”, en el que los gobiernos ejercen una influencia necesariamente compartida y sometida a contrapesos cada día mayores.

La innovación tecnológica se vuelve exponencial. Los cambios tecnológicos que los sistemas públicos han ido metabolizando en las últimas décadas no son comparables en trascendencia con los que, en el horizonte inmediato, apuntan ya en inteligencia artificial, neurociencias, robótica, biomedicina, big data, nanotecnologías y otras áreas del conocimiento humano. En “The Second Machine Age”, Brynjolfson y McAffee han bautizado como “exponencial” la impresionante aceleración producida por el avance cruzado en todos estos campos.  La disrupción tecnológica alterará drásticamente los requerimientos que la sociedad dirige a las organizaciones públicas en lo que afecta a sus sistemas de producción (ya se trate de seguridad, salud, educación, ciencia, promoción económica, ordenación del territorio u otros ámbitos) a las competencias y perfiles profesionales necesarios, a las formas de organizar sus procesos y actividades y a los modos de relacionarse con los ciudadanos.

Las personas son cada vez más capaces y autónomas. La acción combinada de la globalización y la revolución digital ha creado imparables dinámicas de desintermediación que dotan a los individuos de capacidades nuevas para actuar por sí mismos en múltiples campos. En casi todos los sectores de actividad económica –del turismo al audiovisual, del transporte a la banca-, este fenómeno está produciendo macro-procesos adaptativos y cambiando los modelos de negocio de las empresas. Parece improbable que esta “revolución de la plataforma”, en expresión de Geoffrey Parker, no acabe por alcanzar a los gobiernos y sus organizaciones. Los servicios públicos son intensivos en mediaciones -piénsese en el trabajo de profesores, médicos, orientadores laborales, gestores de infraestructuras o transportes- que tendrán que reformularse en muchos casos de forma radical.

El futuro del sector público

¿Será el elefante sensible a estos movimientos de fondo en el ecosistema? Micklethwait y Wooldridge, periodistas de The Economist, sugieren en un libro reciente (“The Fourth Revolution”) que algunos cambios han comenzado. Aventuraremos un pronóstico: el sector público del futuro tendrá que ser, probablemente, más inteligente, más diverso y descentralizado, y más colaborativo.

El primer reto es reducir el déficit cognitivo. La brecha actual entre lo que los gobiernos y sus organizaciones saben y los desafíos que afrontan es descomunal y no para de crecer. En tiempos complejos e inciertos, la creación de valor público se relaciona más con el conocer, aprender y liderar procesos sociales que con el producir. En esa dirección, la tecnología -la revolución de los grandes datos, especialmente- ofrece una oportunidad para diseñar políticas e intervenciones mucho mejor focalizadas y basadas en la evidencia. El salto tecnológico exige, eso sí, una fortísima inversión en conocimiento. En un  sector público dedicado hasta ahora a hacer cosas, más que a conseguir que las cosas pasen, y poblado todavía por extensos contingentes de trabajo de cualificación media y media-baja, serán inevitables sustanciales reconversiones de capital humano. Internalizar inteligencia y externalizar trámite parece el modo lógico de orientarlas.

Esa inyección de inteligencia, aplicada en un conglomerado público que es ya extraordinariamente diverso, será incompatible con los diseños homogéneos, rígidos, verticales y centralizados de las burocracias. El conocimiento, en especial cuando se halla sometido a dinámicas permanentes de actualización y aprendizaje, es poco compatible con la unidad de mando y el uniforme. Los sistemas públicos del futuro tendrán que parecerse a constelaciones de núcleos de conocimiento más pequeños, diversos y autónomos, regidos por reglas mucho más flexibles. Serán, en expresión de Clayton Christensen, redes de “mutantes” adaptados a cada uno de los entornos especializados en que operen. Estarán fuertemente profesionalizados y abiertos a interacciones múltiples que en buena medida se desarrollarán en espacios digitales y tendrán un alcance global.

Y todo ello exige que el estado renuncie al mito de la autosuficiencia y asuma la pérdida del monopolio que en otro tiempo mantuvo en la creación de valor público. El sector público del futuro tendrá que profundizar la reinvención de sus modelos de relación y colaboración con una amplia diversidad de actores (individuos, academia, grupos de investigación, organizaciones sociales, empresas) situados extramuros de la fortaleza estatal. La colaboración público-privada, pese a los ejemplos de mala práctica y los ataques fuertemente ideologizados que ha sufrido en España en los últimos años, formará parte del paisaje. Como escribía hace poco en Financial Times Mariana Mazzucato, no son momentos para disyuntivas falsas o ideológicas entre estado y mercado. Por el contrario, la construcción de entornos avanzados de gobernanza colaborativa se dibuja como la condición para afrontar con éxito los grandes problemas colectivos de nuestro tiempo.

Post relacionado: El País. César Cantalapiedra y J.Antonio Herce.  Las Administraciones Públicas que vienen
Blog Es público. Carles Ramió. El incierto futuro del Estado

La escuela de negocios Esade y la consultora Pwc crean un observatorio para mejorar el sector público

Otra noticia de interés: INAP.  Los días 20 y 21 de octubre de se celebrará en el INAP el “IV Congreso sobre innovación tecnológica y Administración Pública”. Ver programa

Revista de prensa. La Vanguardia.- La escuela de negocios Esade y la consultora Pwc  han firmado un acuerdo para poner en marcha un Observatorio del Sector Público que impulsará la transformación de la administración y de las empresas públicas mediante la formación y la investigación, informó hoy Esade.

La empresas públicas también estarán en el radar del nuevo Observatorio

La firma del acuerdo ha contado con la participación del director general adjunto de Esade, Francisco Longo, y del presidente de la Fundación PwC, Jesús Díaz de la Hoz.

Tres áreas

El Observatorio del Sector Público Esade-PwC se estructura en tres grandes pilares: la formación de profesionales que trabajen en el sector público o se relacionen con las instituciones; el impulso de debates sobre lo público; y la generación de conocimiento que permita mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Presentación del libro "Administración pública con valores. Instrumentos para una gobernanza ética"

Otro post de interés: Víctor Almonacid. Blog NosoloAytos- ¿Por qué los Ayuntamientos son la administración del futuro?

El jueves 10 de septiembre se presentará en el Aula Magna del INAP de Madrid, el libro "Administración pública con valores. Instrumentos para una gobernanza ética", de Francisco Longo y Adrià Albareda.

Además de los autores del libro editado por el INAP, el acto contará con la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y  la intervención del filósofo, Javier Gomá, también director de la Fundación Juan March.

 

Lugar. Aula Magna del INAP. Calle Atocha (Madrid)

 

Hora: 19,30

 

 

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Novedad editorial: Administración Pública y Valores

Novedad editorial. INAP. 2015. Francisco Longo y Adrià Albareda: Administración Pública y Valores: Instrumentos para una gobernanza ética

Comentarios al libro por Rafael Jiménez Asensio


Portada  del libro editado por INAP

ÍNDICE
Presentación

Capítulo I. El estado de la cuestión
1. Introducción
2. Los conceptos: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética y de valores en la Administración pública?
3. La corrupción y sus efectos
4. Los valores en la Administración pública: una mirada al mundo
 4.1. Las Naciones Unidas
 4.2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
 4.3. El Consejo de Europa
 4.4. La Unión Europea 
 4.5. Otras organizaciones intergubernamentales
 4.6. Organizaciones no gubernamentales
5. La Administración pública y los valores en España
 5.1. Una percepción social negativa
 5.2. Iniciativas gubernamentales

Capítulo II. La evolución de los discursos sobre valores en la Administración pública
1. El discurso burocrático de los valores en la Administración pública
2. La crisis del discurso ético de la burocracia
3. El discurso ético de la reforma de la gestión pública
4. Los escenarios de confrontación de valores en la Administración pública
 4.1. La relación entre política y Administración
 4.2. La relación entre la Administración pública y los ciudadanos
 4.3. La relación entre el sector público y el sector privado
 4.4. La relación entre las administraciones públicas y su personal
5. Los nuevos dilemas éticos
 5.1. Resultados vs. procedimientos
 5.2. Discrecionalidad vs. control
 5.3. Fragmentación vs. responsabilización
 5.4. Eficiencia vs. equidad
 5.5. Receptividad vs. imparcialidad
 5.6. Flexibilidad vs. mérito
 5.7. Fórmulas relacionales vs. primacía del interés público

Capítulo III. La infraestructura ética
1. Códigos éticos y de conducta
 1.1. La práctica internacional
 1.2. La práctica en España
 1.3. Algunos casos internacionales
 1.4. Utilidad y limitaciones de los códigos de conducta
2. Formación y socialización
 2.1. La práctica internacional
 2.2. La práctica en España
 2.3. Algunos casos internacionales
 2.4. Utilidad y limitaciones de los procesos de formación y de socialización
3. Sistemas de control y de sanción 
 3.1. La práctica internacional
 3.2. La práctica en España
 3.3. Algunos casos internacionales
 3.4. Utilidad y limitaciones de los sistemas de control y de sanción
4. Liderazgos
 4.1. La práctica internacional
 4.2. La práctica en España
 4.3. Algunos casos internacionales
 4.4. Utilidad y limitaciones de los liderazgos
5. Políticas de recursos humanos
 5.1. La práctica internacional
 5.2. La práctica en España
 5.3. Algunos casos internacionales
 5.4. Utilidad y limitaciones de las políticas de recursos humanos

Capítulo IV. Conclusiones y reflexiones finales
1. Los valores del servicio público
2. La infraestructura ética de las administraciones
3. Participación, evaluación y transparencia, claves para un sistema de valores institucionalizado y sostenible
4. ¿Una única ética pública o muchas?
5. Administraciones públicas y sociedades con valores
Bibliografía
Enlaces de interés

Una ocasión perdida: La Ley Reguladora del Alto Cargo (AGE)

"Provéanse los cargos de confianza en los hombres de mayor mérito (…) y todas las ramas de la Administración (serán) dirigidas con tanto acierto como lo permitan las circunstancias nacionales y el grado de cultura moral e intelectual del país” (John Stuart Mill)

Post relacionado: J.R.Chaves. Contencioso.es. Aciertos de la nueva Ley Pompeya sobre los altos cargos del Estado

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- En el marco de las aireadas medidas de “regeneración democrática” se ha publicado en el BOE de 31 de marzo la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Su ámbito de aplicación se extiende a los altos cargos y asimilados del sector público estatal de aquellas entidades que se citan, no incluyendo a los miembros de los gabinetes.

 

Su incidencia se limita, por tanto, a ese nivel de gobierno, pero por remisión (aunque no clarificada en la propia Ley) también se debe entender de aplicación a los supuestos que se prevé expresamente en la Ley de Bases de Régimen Local, que reenvía en algunos casos a la regulación de la Ley 5/2006, que esta Ley deroga expresamente. Primer problema.

 

Este nuevo marco normativo regula, en particular, tres ámbitos materiales en los que introduce novedades mayores o menores, según los casos: a) Nombramiento y ejercicio del alto cargo; b) Régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades; y c) Una nueva regulación de la Oficina de Conflicto de Intereses.

 

Por lo que afecta al nombramiento de los altos cargos las novedades son, en principio, cosméticas. No hay un ápice de profesionalización de las estructuras directivas, pues no cabe entender por tal la reserva de algunos de esos niveles a su cobertura por funcionarios del Grupo de Clasificación A1, cosa que ya hacía la LOFAGE. Cierto es que se abre una ventana de esperanza por la remisión a que, de acuerdo con al artículo 1.6, “podrá” ser otra Ley la que prevea “requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la AGE para los que sean precisas cualificaciones profesionales”. ¿Está incluida esa previsión para profesionalizar el nombramiento de las estructuras directivas? Silencio absoluto. Si no se ha hecho ahora, nada indica que se haga después. Una Ley que ya no se aprobará en esta legislatura y me temo que tampoco en la siguiente. Portugal ya ha profesionalizado esos niveles, nosotros mirando hacia otro lado.

 

Por lo demás, exigir “honorabilidad” y “debida formación y experiencia en la materia” para nombrar a un alto cargo es pura retórica. No hay ningún medio de acreditación de las competencias requeridas para el desempeño de tales puestos, ni siquiera se habla en ningún momento de “competencias”. Lenguaje viejo, soluciones caducas. Todo lo más se indica que se valorarán la formación y la experiencia (¿cómo?, ¿por quién?), así como se determinan (de forma más precisa) cuáles son las causas en las que no concurre la exigida honorabilidad.

 

Todo el sistema de nombramiento se cierra con la exigencia de que el alto cargo deba suscribir una declaración responsable en la que manifieste que cumple los criterios de idoneidad y que no incurre en ninguna causa que afecte a su honorabilidad. Si no fuera porque está en la Ley, cabría pensar que es una broma. Quien es nombrado dice que lo es de acuerdo con las exigencias del puesto que nadie especifica. Solo el posible incumplimiento de las causas de no honorabilidad podría tener algún sentido vinculado con el régimen disciplinario que se prevé.

Oficina de Conflictos de Intereses

En la regulación del ejercicio del alto cargo tampoco mejoran las cosas. Aparte de un reenvío a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, en lo que afecta al buen gobierno, así como de derogar expresamente el Código de Buen Gobierno de 2005, los principios en los que se enmarca el ejercicio de esa actividad de alto cargo no se articulan con ningún Sistema de Integridad Institucional, salvo en lo que concierne a las actividades de seguimiento y control de una Oficina de Conflicto de Intereses que, si bien se eleva de rango y se establece un procedimiento de nombramiento de su titular, sigue careciendo del carácter de órgano independiente y está lejos de configurarse como una pieza de un inexistente Marco de Integridad Institucional, que el legislador estatal ha sido incapaz de construir.

 

Los promotores de esta Ley (altos cuerpos del Estado) siguen fiándolo todo al “BOE” y al régimen disciplinario, desconociendo que muchas de las actuaciones públicas de los denominados altos cargos deben encuadrarse más bien en un marco de Integridad Institucional del que es una pieza sustantiva un Código Ético y de Conducta, como así se acredita en los países más avanzados de nuestro entorno. Tal vez, debían abrir un poco las ventanas al exterior. Aquí, en cambio, “la solución” es derogar el Código que ya existía (aunque de carácter “decorativo”) y fiarlo todo a una Ley y a unas sanciones, que nunca se aplican.

 

Esta Ley sigue anclada en los viejos esquemas del sistema de incompatibilidades, remozado con las nuevas exigencias de regular más detalladamente los conflictos de intereses. En este último punto la Ley mejora algunos aspectos del régimen anterior (definición más depurada de lo que es un conflicto de intereses, inclusión de un impracticable sistema de alerta temprana, algunas exigencias procedimentales, etc.), pero toda esa regulación no deja de apuntalar un edificio antiguo que amenaza ruina. Soluciones viejas para problemas nuevos.

 

Ciertamente, se ha perdido una magnífica oportunidad para establecer un conjunto de reglas que articularan un procedimiento profesionalizado en la designación de los altos cargos de perfil nítidamente directivo en la AGE y en las entidades de su sector público, así como para construir de forma efectiva un Sistema de Integridad Institucional coherente y completo (ahondado la línea que inició el Gobierno Vasco), que previera la aprobación de Códigos Éticos y de Conducta con un modelo de seguimiento real por medio de un órgano dotado de independencia funcional real y alejado de las “garras” del Gobierno o de cualquiera de sus Ministerios.

 

La confianza de los ciudadanos en sus instituciones no se logra con ejercicios de cosmética vía Boletín Oficial del Estado. Una vez perdida aquella recuperarla requiere mucho tiempo, medidas creíbles y coraje, así como una institucionalidad coherente y efectiva. Todo esto, desgraciadamente, falta en el modelo que recoge la Ley 3/2015. ¿Tendrán que pasar otros nueve años para que la próxima reforma de los altos cargos nos homologue a las democracias avanzadas en este punto? No creo que la sociedad aguante tanta distracción. La argucia de “marear la perdiz” ya no funciona.

Post relacionado: Francisco Longo. La Galaxia Pública. El dedo democrático

Antonio Muñoz Molina: Comisarios políticos vs funcionarios de carrera. "La corrupción y el mérito"

"En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen labores más o menos explícitas de comisariado político"

El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible.

A. Muñoz Molina. El País. 9.11.2014.- El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones.

Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.

Este libro profundiza en las
causas y efectos de la crisis
y de la situación de las insti
tuciones públicas españolas.

Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.

Vuelco administrativo y deterioro de los servicios públicos

El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo acabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.

 Administración profesional vs administración clientelar

En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.

Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.

El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.

Mediocres 

Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.

Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes -es decir, milagrosas-, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.

Opinión relacionada: Juan Luis Cebrián. El País. 8.11.2014.- Las corrupciones. (Nos hallamos ante una auténtica ´tangentópolis´ a la española, en donde la corrupción es sistémica, por lo que solo podrá ser atajada con medidas que reformen en profundidad el sistema.)

-Libro relacionado: Mérito y Flexibilidad. La gestión de las personas en la los organizaciones del sector público.  Francisco Longo. Paidós 2004. Leer reseña.

Franciso Longo: Transparencia sin "masterchef"

"En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica"

 

El Periódico. Francisco Longo. Esade. Dos fenómenos de nuestro tiempo están ejerciendo sobre las administraciones públicas una presión desacostumbrada. Por una parte, la tecnología las impulsa a producir y manejar voluminosos conjuntos de datos cuyo procesamiento adquiere un interés social creciente. Por otra, una sociedad crítica y enojada con los comportamientos políticos desconfía cada vez más de quienes la gobiernan. La confluencia de ambos fenómenos ha hecho crecer la oposición a las prácticas opacas y la demanda de transparencia.

 

Nunca antes los poderes públicos habían manejado tanta información, y nunca se habían visto tan urgidos a ponerla a disposición de los ciudadanos. Leyes de transparencia de última generación y consejos independientes de supervisión han aparecido en diversos países. Académicos, think tanks y organismos internacionales como la ONU o la OCDE han extendido los enfoques de gobierno abierto. Diversos rankings miden los avances en esta dirección.

 

La transparencia no es ya solo -siendo esto muchísimo- cuestión de calidad democrática. En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica. La aparición de ecosistemas de programadores, desarrolladores y aplicadores de esa información permite la creación de productos con alto valor potencial de mercado. El éxito de la llamada economía colaborativa se asienta en parte sobre el acceso a esos datos y la posibilidad de su procesamiento y explotación. Por otra parte, de la interacción público-privada construida sobre esos recursos pueden desprenderse importantes mejoras de calidad y eficiencia de los mismos servicios públicos. Son escenarios propicios a la coproducción. El portal Data.gouv.fr del Gobierno francés anima a los usuarios a enriquecer y mejorar los datos disponibles e incluso a introducir datos nuevos.

 

Retórica

La primera reacción de las instituciones ante estas nuevas expectativas sociales es, aparentemente, positiva. Todos los partidos incluyen en sus programas las iniciativas de transparencia y los gobiernos multiplican sus anuncios en ese sentido. No es oro, sin embargo, todo lo que reluce. Con frecuencia, las proclamas se quedan en mera retórica. El programa del PSOE en el 2004 contenía ya la promesa de una ley de transparencia homologable con nuestro entorno europeo que nunca llegó a promulgarse, y la aprobada hace pocos meses a iniciativa del Gobierno del PP ha recibido serias críticas de insuficiencia.

 

 El cambio se hace incómodo para unas administraciones acostumbradas a disponer de la información como si fuera propia. Recientemente saltaba a los medios que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha había hecho desaparecer de su «portal de transparencia», probablemente para maquillar sus listas de espera, miles de citas de resonancias magnéticas pendientes.

 

Y es que la tentación de cocinar los datos sigue asaltando a los gobiernos. Tanto el temor a mostrar la realidad como sus tradiciones de opacidad y hasta la misma obsesión por los rankings les incitan a producir PDF previamente condimentados según el interés de quien manda, o según las preferencias de algunos comensales con acceso a los medios. En este contexto, sorprende la audacia de una experiencia local próxima y reciente.

 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Gavá puso en marcha su nuevo portal de datos abiertos (Gavaobert.gavaciutat.cat). Soportado por una plataforma Socrata, similar a las de algunas de las principales ciudades norteamericanas, su filosofía es que cualquiera con conocimientos básicos de ofimática pueda trabajar por su cuenta los datos y compartir con quien desee los resultados.

 

 Quien lo visite comprobará que le resulta fácil, por ejemplo, acceder a datos de ejecución del presupuesto hasta el nivel de gasto más desagregado (factura), saber quiénes son los proveedores del ayuntamiento, o lo que se paga por IBI o cualquier otro tributo municipal. En definitiva, puede disponer de la misma información económico-financiera que cualquier concejal. Pero lo más importante no es el contenido sino el origen de los datos: es información en crudo, extraída de modo automático del aplicativo municipal de contabilidad, sin intervención humana alguna.

Acto académico de Esade-Barcelona: Una agenda para la reforma de la administración"

El lunes 2 de diciembre en Barcelona, la escuela de negocios Esade organiza un acto académico bajo el  titulo "Una agenda para la reforma de la administración" con motivo de la celebración del 10º aniversario del Máster en Dirección Pública (EMPA), del 20º aniversario del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP) y del 30º aniversario del Programa de Gestión Pública de ESADE.

 El programa del acto será el siguiente:

 

*El sector público en ESADE. Eugenia Bieto, directora general de ESADE              

*La administración pública del futuro. Francisco Longo, secretario general de ESADE

*La contribución de ESADE a los retos de la gobernanza y la dirección pública. Albert Serra, director del IGDP y del EMPA
 

Conferencia: "La agenda del Gobierno para la reforma de la administración"

A cargo de Joana Ortega,  vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat y titular del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales

Celebración de aniversarios

Al finalizar el acto se llevará a cabo una celebración con el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni y la colaboración del EMPA Street Band, la Orquestra Simfònica del Vallès y Petit Comité.

 Es preciso confirmar la asistencia aquí

 Lugar de realización
  ESADEFORUM. Av. Pedralbes, 60-62. Barcelona
 
Para más información:
Relaciones Públicas de ESADE · Fina Planas · 934 952 064 · 932 806 162, ext. 2410
A/e:fina.planas@esade.edu

Debate sobre GP en ESADE : Del recorte a la innovación

“Tenemos que superar la lógica del recorte y apostar por la innovación, que hoy está en vía muerta, y que exige reconciliarse  con la complejidad y la asunción de riesgos descentralizados” (Franciso Longo. ESADE)

Para Eduardo Zapico, asesor de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y AA.PP: “la Administración no puede recortar a lo loco, debe explicarlo y ser coherente con una estrategia”.

Francisco Longo. ESADE

ESADE Press Room: “La Administración Pública tiene muchas fortalezas, pero está sumamente oxidada por el tiempo y la falta de inversión”, comentó Francisco Longo, experto en Gobernanza y Dirección Pública y secretario general de ESADE , durante la mesa redonda “Más allá de la nueva gestión pública”, celebrada  en la sede de Esade-Madrid el pasado miércoles día 23 y que contó con la presencia de distintos expertos en la materia. Para Longo, “España no la ha prestado atención durante décadas y ahora tiene que mejorar sus pautas”.

Dichas pautas apelan a “superar la lógica del recorte y a apostar por la innovación, que hoy está en vía muerta, y que exige reconciliarse con la complejidad y la asunción de riesgos descentralizados”.

 Otro de los asistentes, Eduardo Zapico, asesor de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, reconoció que para acabar con esta situación es importante evolucionar hacia el concepto de ‘opengovernment’  [administración abierta]  e “impulsar la coordinación, basada en una hipótesis global, mucho más realista que la que hemos tenido hasta ahora, centrada en unidades”. De ahí que la Administración, como la empresa, “no pueda recortar a lo loco, deba explicarlo y ser coherente con una estrategia”.

 En esa misma línea, Manuel Villoria, del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, indicó que cualquier reforma “no es cuestión de más, sino de mejor y, sobre todo, de legitimidad”: “Gran parte de la Administración trabaja sin objetivos y, aunque la ley de transparencia es un avance,  tememos que ser eficientes, producir impacto en la sociedad y solucionar problemas de integridad, corrupción y parcialidad”.

 Gestión y función pública

Uno de los problemas en el que los tres ponentes coincidieron fue en la falta de aplicación de técnicas de gestión en la Administración Pública. Así, y mientras que Francisco Longo reconocía que sus alumnos en el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE “tienen la sensación de que cuando vuelven se incorporan a la guerra; para administrar, no para gestionar”,  Eduardo Zapico añadía que “hay una cultura generalizada  de rechazo al management, aunque utilicen sus ideas a menudo”. “La gestión siempre se ha tomado como un peligro”,concluyó Manuel Villoria.