"La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración"
Por Rafael Jimenez Asensio. Hay Derecho blog.- Cualquier reflexión sobre la transformación de la Administración Pública debe tener actualmente en cuenta el complejo contexto político y existencial que se ha abierto en el sector público en estos últimos meses. Frente a la innegable necesidad objetiva de transformar unas Administraciones Públicas cada vez con más focos de mala administración, en términos de desgobierno, gasto público ineficiente y de mala prestación de servicios a la ciudadanía, es necesario invertir decididamente en una Gobernanza efectiva como medio de fortalecer unas organizaciones y un sistema burocrático que muestran síntomas evidentes de agotamiento o de fatiga de materiales.
Tampoco la Nueva Gestión Pública supo resolver estos problemas, y menos aún en España donde solo se aplicaron sus aspectos más neoliberales (privatizaciones y externalizaciones), sin que fuéramos nunca capaces de articular una dirección pública profesional que actuara en un marco de responsabilidad gerencial. Así las cosas, en el sector público español el déficit organizativo y de profesionalización e imparcialidad de sus estructuras burocráticas es manifiesto. Y va a más. Si nadie lo detiene. La reciente novela de Sara Mesa (Oposición, Anagrama, 2025) es, desde una entretenida y, a veces, esperpéntica visión, una clamorosa denuncia del mal funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Aquí nuestra reseña de esta novela.
Este evidente déficit estructural de nuestro sector público, con bajas capacidades administrativas y liderazgos ejecutivos cautivos de la política, nos sitúa en una posición de marcada fragilidad frente al feroz ataque que desde el otro lado del Atlántico se está lanzando contra la burocracia estatal (la función pública o el servicio civil), acusándola de innumerables disfunciones, ineficiencias sinfín, burocratismo enfermo o de obesidad mórbida, dispendio de recursos públicos, falta de agilidad e incremento de cargas administrativas, una regulación inflacionaria y cosas por el estilo. En el caso español, resulta más complejo buscar argumentos que frenen ese discurso populista e iliberal, que bajo su simplismo aparente y también por excesos cometidos (véase al efecto el libro de Dunkelman, Why nothing works o «Por qué nada funciona»; y la magnífica entrevista en El Confidencial, realizada por Ángel Villarino), está tomando fuerza al otro lado del Atlántico. El objetivo último de la actual Administración estadounidense es, sin duda, el brutal y directo cuestionamiento de los sistemas burocráticos tradicionales por el tándem Donald Trump/ Elon Musk, mediante la creación de esa estructura atípica que se denomina Departamento de Eficiencia Gubernamental (surgida a partir del Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Obama, una agencia que ha dado cobertura a ese Caballo de Troya), cuyo fin confesado es reducir drásticamente el papel del sector público y de su burocracia en aras -se dice- a contener el déficit presupuestario en dos billones de dólares hasta mediados de 2026, el 4 de julio, cuando se conmemoren los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos; momento en el cual, se concluye, la Administración Federal Estadounidense estará ya refundada sobre bases completamente nuevas. Los motivos no confesados parecen ser otros: por un lado, eliminar el saber experto (Tom Nichols, 2025); por otro, restaurar el spoils system, sobre todo en la alta Administración y alta función pública, cuyos directivos tienen una impronta marcadamente demócrata (Noah Smith, 2025); y, en fin, ese desmantelamiento de la burocracia tradicional pretende asimismo eliminar los frenos internos al poder discrecional del ejecutivo y alimentar la externalización (debilitando los controles internos), y quién sabe sí también una introducción intensiva de la automatización y de la Inteligencia Artificial sustituyendo al trabajo humano y ofreciendo nichos de negocio a las grandes tecnológicas. Este proceso desconocemos cómo terminará; pero sí sabemos que sus primeros pasos ponen de relieve que la función pública profesional e imparcial y la dirección profesional son instrumentos a destruir o ningunear.
Esta operación, que también se vende como transformación, nos advierte que un proceso mal diseñado y conducido de aparente eficiencia gubernamental, puede tener un alto contenido de regreso al pasado, y resultar una suerte de transformación inversa. De hecho, algunas de las tesis que alimentan esa estrategia están inspiradas en el ideario populista del presidente Andrew Jackson (1829-1837), alma máter del spoils system estadounidense que, si bien corregido por la Pendleton Act de 1883, al implantar el sistema de mérito en la función pública, no se asentó hasta bien entrado el siglo XX. Otras beben de fuentes contaminadas como retroalimentar la corrupción pública, endémica durante largos períodos de la existencia de los Estados Unidos, o de mirar hacia otro lado en los evidentes conflictos de intereses. Y hay tesis que derechamente van encaminadas a aplicar el transhumanismo también en la prestación de los servicios públicos en todo lo que sea posible. Veremos cómo evoluciona (o mejor dicho, involuciona) este proceso.
El problema central es que se ha impuesto en la agenda política estadounidense una suerte de cruzada antiburocrática, con precedente en la Argentina de Milei y su difundida imagen de «la motosierra», que puede tener letales efectos de emulación, pues ese discurso populista, libertario e iliberal, está calando en segmentos importantes de la ciudadanía que -abrazando discursos demagógicos- censuran el mal funcionamiento burocrático, que algunas veces es cierto por incompetencia, desdén o imprudencia en gestionar lo público; pero que conviene no generalizar gratuitamente, lo que requiere reforzar las estrategias de transformación del sector público en clave de gobernanza robusta, como medio de legitimar con fuerza el importante papel de una Administración pública profesional, imparcial y efectiva en el funcionamiento del Estado Liberal Democrático de Derecho, al servicio de la ciudadanía. Un reto importantísimo, puesto que Estado Liberal Democrático de Derecho y Administración profesional e imparcial van de la mano. Y el ataque al Poder Judicial es el siguiente paso.
Cabe concluir. Si ha sido siempre importante impulsar una gobernanza robusta para lograr el buen gobierno de las instituciones y de las Administraciones Públicas, la cruzada antiburocrática, de fuerte oleaje, que golpea desde hace muy poco tiempo las democracias occidentales y, particularmente, también la española, obligan necesariamente a multiplicar los esfuerzos en esta dirección, tomándose en serio ese enorme desafío. La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración.
Las Administraciones públicas y también sus sistemas burocráticos deben abandonar su zona de confort, en la que se encuentran cómodamente asentadas desde hace varias décadas. Desde hace algunos años se viene hablando de Administración defensiva, como aquella que da primacía a los intereses endogámicos del sector público y subordina en ocasiones la atención a la ciudadanía como foco central de la acción administrativa, difuminando así la razón existencial de lo público y pervirtiendo su sentido. Sus efectos son palpables. Y a ello no solo ha contribuido un corporativismo rancio, sino también un sindicalismo público voraz, que ha perdido la brújula de para qué sirve la Administración. Pero, junto a esta tendencia, también se advierte la emergencia de una Política (agresivamente) defensiva, que, entre otras cosas, ha hecho bandera de un mensaje antiburocrático, caricaturizando el papel de la función pública, así como poniendo en entredicho su papel institucional, y que rompe literalmente el ecosistema público de la democracia liberal en lo que afecta al equilibrio entre política y gestión, poniendo en peligro la función existencial de la Administración Pública.
En tal sentido, apostar por una gobernanza robusta en el ámbito del sector público, que refuerce en serio (no de mentiras) el Gobierno Abierto, el alineamiento política-gestión, supere las tradicionales estructuras divisionales o departamentales por estructuras de misión o proyectos, abogue por una dirección y una función pública íntegras, profesionales e imparciales, lleve a cabo una digitalización inclusiva y una verdadera simplificación de procedimientos y trámites, junto con una regulación inteligente, clara, diligente y efectiva, es imprescindible para apuntalar la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en Administraciones públicas que sean efectivas. La apuesta es crucial, pues hoy en día el actual ecosistema político-administrativo está amenazado por parte del populismo iliberal y por las crecientes autocracias, que solo buscan destruir la democracia y, como parte de ella, los sistemas burocráticos profesionales e imparciales, así como politizar más aún y ocupar con total descaro la alta Administración. Un asunto demasiado serio, por la vuelta atrás que todo ello implica. Construir una Administración imparcial y sometida a la legalidad fue tarea compleja. Llevó mucho tiempo. Regresar al pasado nunca es bueno. Menos a ese.
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