La fundación General de la Universidad de Salamanca organiza el próximo día 14 de marzo una jornada on line sobre los planes antifraude en las Universidades Públicas
Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Hoy (3.3.2022)encontramos en el diario La Nueva España una noticia sobre la situación de los planes antifraude en las Administraciones del Principado de Asturias. Se trata de un repaso al cumplimiento en la Comunidad Autónoma de la exigencia europea para la tramitación de los millonarios fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Un goteo de planes ha venido apareciendo en la prensa nacional, tras la aprobación de la Orden HFP/1030/2021 de 30 de septiembre que requiere implantar medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Daba para ello un plazo de 90 días desde su entrada en vigor o desde su conocimiento.
No se trata de una obligación menor. De hecho, ha despertado mucho el interés de las instituciones por dominar la metodología de su elaboración, gestión y evaluación. Por ello, la fundación General de la Universidad de Salamanca organiza el próximo día 14 de marzo una jornada on line y de inscripción gratuita destinada al análisis de los planes antifraude en las Universidades y otras Administraciones Públicas.
Una actividad que codirigimos Julio García Muñoz (UCLM) y yo, con la mitad de los ponentes en remoto y un aforo limitado de asistentes en el salón de actos de la Fundación. Todo gratis al patrocinio de UNIVERSITASXXI, y se incluye dentro del programa de trabajo anual de la comisión sectorial de gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Dentro del material que manejaremos, destaca la última y generosa aportación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), divulgando su GUÍA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN LA EJECUCIÓN DEL PRTR. Ejerce así su función del coordinación general a nivel nacional de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea formulando valiosas recomendaciones en los ámbitos de prevención y detección fraude, la corrupción y los conflictos de interés y para evitar la doble financiación. También se aporta una interesante propuesta de Banderas rojas,
El propio Jorge Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) participará en el seminario salmantino hablando de la Declaración de Ausencia de Conflictos de interés (DACI) y sus implicaciones. Un tema trascendental y un territorio por explorar que ya forma parte de todas las reuniones sobre control interno o externo de los fondos públicos. También de los programas académicos sobre auditoría, donde los planes antifraude se han hecho un sitio permanente.
Recientemente, el Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Francisco Javier Martín Cabezas pudo explicar su experiencia al respecto, durante la sesión como profesor invitado en una de las clases del Master Universitario de Auditoría del sector Pública de la UCLM. Compartió la dificultad de su implantación autonómica y las características de cada una de sus partes.
Han venido para quedarse
Todos debemos estar preparados para salir airosos de la elaboración y gestión este tipo de instrumentos, que formarán parte del paisaje administrativo español de manera permanente, como curre en otras materias como los riesgos laborales o ambientales, que cuentan con sus propios instrumentos de planificación.
El problema, frecuente en las burocracias, se encuentra en los matices. Uno muy importante: es a quién se le asigna la responsabilidad del Plan. Este parte ha sido de complicada respuesta durante su elaboración, con muy poco tiempo para la tarea y la mayoría del staff económico ocupado en tareas de cierre del ejercicio. Por eso, muchos organismos debieron apurar los plazos aprovechando que eran 90 días hábiles y trasladaron ese trabajo al mes de enero.
Una vez aprobado, el siguiente reto será su gestión y seguimiento: Aquí la cuestión relevante será ¿Tienen entidad suficiente para destinar un funcionario a tiempo completo? Dependerá del tamaño de la institución. Si el Plan se ha hecho bien deberá haber previsto un calendario de acciones, una re-evaluación de riesgos y hasta acciones de formación o sensibilización. Todo eso llevará su tiempo.
Y apunta a continuación un exhaustivo catálogo de funciones a desarrollar. De todo esto hablaremos en Salamanca, aprendiendo de la experiencia de otras instituciones.
Llegan las auditorías
Aún están calentitos los planes, recién paridos y ya el Tribunal de Cuentas ha aprobado en su Programa de trabajo para 2022 algunas fiscalizaciones singulares en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos “como más destacable novedad, las fiscalizaciones de los planes de medidas antifraude aprobados en el sector público estatal”, afirma el propio texto.
También se incluyen en el ámbito local nuevas propuestas para la fiscalización de los planes antifraude aprobados por ayuntamientos y diputaciones que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El trabajo de campo se realizará en 2002 y el informe estará publicado en 2023, tal como se programa en la página 10, donde puede verse que en el sector autonómico (incluye las universidades públicas) se compromete una “Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” donde los planes antifraude tendrán un especial protagonismo. Estos trabajos serán realizados en coordinación con los OCEX respectivos, como anuncia la nota de prensa de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
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