domingo, 6 de agosto de 2017

J.A. Garde Roca: AEVAL y su muerte anunciada

"La innovación que supone la evaluación de programas y políticas públicas a un Instituto de Evaluación, con rango de Subdirección General, que se pretende goce de independencia, lo que parece difícilmente compatible para cualquier conocedor de la Administración Pública"

Por Juan Antonio Garde Roca*. Diario Cinco Días Opinión. Como la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, podríamos titular la historia de la desaparición de la Agencia Estatal de Evaluación de Plíticas Públicas, una institución que podría haber sido clave durante sus 10 años de vida para la mejora del diseño de las políticas públicas, así como la calidad del gasto público y la mejora de la regulación. No quiere esto decir que no haya aportado en este tiempo ningún valor en dichos campos, lo ha hecho, y también de forma preeminente al desarrollo de la cultura y gestión del conocimiento del sector público español.

Pero lamentablemente, se ha convertido también, en una nueva fábula que narra las dificultades del desarrollo en España de instituciones independientes que sirvan para afianzar modelos de funcionamiento adecuados para la rendición de cuentas y la mejora de la eficacia del gasto público, a pesar del trabajo y la inteligencia invertida en el empeño por empleados públicos y también, aunque de forma insuficiente, por algunos políticos.
No pretendo hacer un análisis técnico ni institucional del proceso, tan solo una crónica desde la parcialidad, de quien ha dedicado muchas horas de su trabajo profesional y su ocio al servicio de la actividad pública y específicamente a afianzar la forma en que se toman las decisiones en el ámbito de los programas y políticas públicas.

La Agencia de Evaluación nace, según los medios de comunicación, como propuesta estrella del primer Gobierno Zapatero, para la mejora del sector público, y así aparece en el programa electoral de 2004 del partido socialista. El nombramiento como ministro de Administraciones Públicas de Jordi Sevilla enmarca el proyecto en una perspectiva tanto económica como de reformismo político, en línea con los planteamientos estratégicos de la Unión Europea y el programa nacional de reformas de España.
Diez años de vida
Tras un periodo de cerca de tres años, en los que fue necesario la construcción de consensos políticos y administrativos adecuados, y la consulta a una amplia comisión de expertos académicos y técnicos designados para asesorar su creación; superados los numerosos problemas logísticos que todo plan de cambio y/o reformas suponen en la Administración, y no solo de carácter presupuestario, por fin el 1 de enero de 2007 entra en funcionamiento Aeval, tras el refrendo de todos los grupos en el Parlamento salvo el PP de la Ley de Agencias (Ley/28/2006). En esta figura la creación de esta entidad, con un papel relevante en el desarrollo de todo el proceso de innovación que supone la propia ley.
El cese de Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas, poco tiempo después, supone un varapalo importante al conjunto del proyecto reformista, y especialmente para la Agencia de Evaluación. La nueva ministra no comparte el entusiasmo por la recién nacida institución, la evaluación, ni por la dinámica reformista de la Administración.
Adicionalmente, la segunda legislatura Zapatero, con el telón de fondo de la crisis económica, pero sobre todo con la pérdida del impulso reformista en el ámbito de la administración pública y también del impulso político inicialmente existente del proyecto, cercena buena parte de los recursos y apoyos nada excesivos con los que nació Aeval.
La primera legislatura Rajoy hizo muy patente el escoramiento del programa del sector público hacia focos más juridicistas de carácter tradicional, con olvido de los procesos gerenciales y transformadores existentes en buena parte de los países de nuestro entorno. La nueva Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público así lo constata, al regular la desaparición del modelo tipo agencia, existente en la mayoría del derecho comparado y no solo del ámbito anglosajón, sin efectuar un solo análisis sobre las ventajas e inconvenientes del modelo, ni respecto la propia experiencia administrativa y presupuestaria española en la orientación a resultados y seguimiento de objetivos.
Tras las elecciones de noviembre de 2015, el periodo del Gobierno en funciones no ofrece en este campo otra novedad que la interinidad y permanente provisionalidad de la institución que, a pesar de ello y de su muerte anunciada por todos los oráculos administrativos y políticos, continua trabajando con una gran responsabilidad y reconocimiento internacional, incluyendo a organismos internacionales como la OCDE, y la propia Unión Europea.
En ese periodo, el frustrado programa de Gobierno acordado por el partido socialista y Ciudadanos, que no sirvió para alcanzar la investidura de un presidente del Gobierno, señalaba la necesidad de dotar con más medios y más independencia a dicha institución. Paradójicamente, poco tiempo después, el acuerdo del PP con Ciudadanos abogaba por su desaparición.
El viernes 28 de julio, a las puertas de la diáspora veraniega, el decreto de Estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consuma la defunción de la entidad. Los procesos de calidad regresan al entorno existente 10 años atrás, al integrarse en la Dirección General de Gobernanza. La innovación que supone la evaluación de programas y políticas públicas a un Instituto de Evaluación, con rango de Subdirección General, que se pretende goce de independencia, lo que parece difícilmente compatible para cualquier conocedor de la Administración Pública.
No obstante hoy, todavía en mayor medida que hace 10 años, la necesidad del desarrollo de la evaluación de los resultados del sector público, con un diseño institucional adecuado, aparece como más imprescindible que nunca en nuestro país, donde paradójicamente no dejan de aparecer unidades y áreas dentro del sector público que trabajan desde esta perspectiva.
La desaparición de Aeval es considerada por muchos dentro de la Administración una muy mala decisión y una pésima noticia en relación con la gobernanza pública. Para otros, una vuelta al punto de partida de hace 13 años y la oportunidad en su caso de constituir una nueva institución de referencia, en un nuevo ámbito, dado el desgaste sufrido por la agencia, que ya consideran de difícil recuperación.
Podemos, por tanto, más allá de nuevos diseños institucionales imprescindibles, finalizar este artículo con una frase popular, que aun siendo de origen dudoso (Zorrilla, Tirso, realmente Corneille), fue aplicada por Ortega y Gasset a las instituciones: “Los dioses que vos matáis gozan de buena salud”.
*Juan Antonio Garde Roca es ex-presidente de la comisión de expertos para la creación de la Agencia de Evaluación.



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