En las administraciones públicas habría que estimular las siguientes
mejoras:
-Establecer límites a los cargos políticos en su
participación directa en los sistemas de colaboración público-privada. Los
cargos políticos poseen legitimidad democrática para definir los objetivos
políticos de estas colaboraciones, pero deberían mantenerse al margen de los
aspectos estrictamente técnicos y contractuales. Alejar a la política de los
entresijos técnicos y económicos de la contratación evita un potencial impacto
de la corrupción política. Este alejamiento de la política también atenuaría la
percepción que tienen las empresas de tratar con interlocutores institucionales
con una naturaleza esquizofrénica.
-Hay que incentivar que las administraciones públicas
refuercen sus capacidades institucionales para planificar, controlar y evaluar
las colaboraciones público privadas estándar (contratos y externalizaciones).
Hay que formar a los empleados públicos en el dominio del mercado privado, en
conocimientos materiales de cada sector, en técnicas de planificación, control
y evaluación de redes privadas complejas, etc. Un mejor conocimiento de cómo
opera el sector privado por parte de los empleados públicos va a fomentar que
las administraciones públicas puedan ejercer su rol de principal y aporten
seguridad material y jurídica a las empresas privadas. Unos objetivos claros,
unos sistemas de control rigurosos y sistemáticos contribuyen a generar mayor
confort y seguridad a las empresas privadas.
-También hay que formar a los empleados públicos en ética
pública y en formación preventiva para evitar potenciales capturas (un mejor
conocimiento del sector privado puede fomentar capturas inerciales sin que haya
mala fe).
En las empresas privadas proveedoras de servicios públicos habría que
implantar las siguientes mejoras:
-Mejorar sus capacidades organizativas para que sus
directivos y empleados conozcan mucho mejor las peculiaridades y dinámicas de
las administraciones públicas. Las empresas privadas deben conocer mucho mejor
las condiciones y condicionantes internos y externos en los que operan tanto
los políticos como los empleados públicos. El desconocimiento mutuo es la
fuente de la mayor parte de desencuentros y desconfianzas.
-Los directivos y empleados tienen que ser conscientes
que, al trabajar en empresas proveedoras de servicios públicos, deben incorporar
valores y una ética similar a las del sector público. Estas empresas
coparticipan y contribuyen, al trabajar para el sistema público, en la defensa
del bien común y del interés general que suponen una complejidad que van mucho
más allá de un negocio entre empresas. El negocio con la Administración tiene
unos componentes específicos que hay que conocer. Sirva como ejemplo, que en la
prestación de servicios públicos no interaccionan solo con clientes sino con
ciudadanos que poseen una cartera de derechos y de obligaciones que van más
allá de una simple relación prestacional.
-Las empresas proveedoras de servicios públicos deben
gestionar su sistema de recursos humanos de una manera distinta a una empresa
que opera solo en y para el sector privado. Sus empleados públicos deben poseer
también valores públicos, disfrutar de una cierta estabilidad que favorezca la
profesionalidad y la continuidad en la gestión de los servicios públicos (por
ejemplo, un problema típico del que se quejan muchas administraciones públicas
es la excesiva movilidad y rotación de los empleados privados con los que
interaccionan). En ningún caso se trata de contaminar a las empresas privadas
con el barroco y anticuado sistema de gestión de recursos humanos de carácter
público, pero deben tener presente que no pueden gestionar su personal del
mismo modo que si solo trabajaran para el sector privado.
Beneficios privados
Es legítimo que las empresas privadas proveedoras de
servicios públicos obtengan beneficios. Pero también tienen que ser conscientes
que operan en una lógica de defensa del bien común y del interés general y que
los recursos económicos que los alimentan son de todos los ciudadanos. En este
sentido estas empresas no deben operar con la misma lógica que en el sector
estrictamente privado en el que es legítimo maximizar los beneficios. En la
colaboración público privada los beneficios privados deberían ser razonables y
no ser excesivos ya que si no se rompe la lógica de confianza con las
instituciones públicas y con la sociedad en general.
Implantar estas medidas podría contribuir a restablecer los puentes, ahora
inestables, entre la gestión pública y la gestión privada. Renovar las lógicas
de colaboración pública privada va a favorecer un debate más sereno tanto a
nivel político, como funcionarial y también social sobre en qué ámbitos deben
primarse estas lógicas de colaboración y en que ámbitos deben quedar en las
exclusivas manos de la Administración. Las presiones escasamente serenas para
externalizar o para republificar de manera poco reflexiva son perversas para
fomentar la modernización de la gestión pública con o sin la colaboración del
sector privado. Por otra parte, la expectativa que el país entre en la senda de
los denominados partenariados público-privados, muy utilizados en los países
más desarrollados, va a seguir casi inédita. Si no somos capaces de colaborar
por la vía simple de los contratos y de las externalizaciones es imposible que
podamos avanzar con sistemas más profundos de colaboración público privada. Los
partenariados público-privados solo pueden funcionar con una gran complicidad y
lealtad entre el sector público y el privado y con unas reglas del juego muy
claras. Ambos sectores se relacionan en este caso de manera simétrica e implica
que comparten de manera paritaria las decisiones, los riesgos y los beneficios
(económicos y en valor público). Con el actual ambiente institucional y
empresarial estos mecanismos son actualmente una quimera.
