Finalizó el estado de alarma. ¿Podemos seguir celebrando sesiones telemáticas de los órganos colegiados?

 "Si el teletrabajo sigue teniendo carácter preferente es lógico pensar que, por asimilación, los plenos telemáticos también siguen teniendo carácter preferente"

Por Víctor Almonacid. Nosoloaytos blog.

¿Cuánto recorrido tiene este tenor literal?

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».

Parece que cada vez menos…

Pero ojo, porque, ante todo, sería un error identificar finalización del estado de alarma con finalización de la pandemia. Decir que ahora mismo ya no se pueden celebrar plenos telemáticos equivale a afirmar (y de hecho se afirma) que ya no se puede teletrabajar. Pero a nuestro juicio aún concurren “situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas”. 

Hay que entender bien qué es esto de la nueva normalidad. En la siempre infravalorada “cultura general”, deberíamos ir incorporando palabras como zoonosis, ecosistema, o biodiversidad. Hemos alterado el Orden Natural, y esa osadía humana no es un acto que pueda quedar sin consecuencias. Por desgracia, mucho nos tememos que la pandemia no va a ser la última desgracia planetaria que asole a nuestra generación.

Hace poco decíamos: “… la mejor arma para luchar contra todos los problemas que tenemos, todo lo malo que nos está pasando (no sólo el virus, sino también la ineficiencia, la corrupción, la crisis económica, la despoblación del mundo rural y la propia destrucción del planeta), es la actuación telemática: teletrabajar, teletramitar, tele reunirse, tele pagar, tele operar, tele comunicarse, tele formarse, tele firmar… Telecualquiercosa.” (“Telemáticos a la fuerza… Pero telemáticos“, publicado en el Diario Levante EMV el pasado 10 de junio). Bien, vemos que una de las actividades que podemos/debemos hacer a distancia es “tele reunirnos”.

En nuestras “FAQ sobre Plenos telemáticos de las Entidades Locales” ya adelantábamos algunas cuestiones post-alarma (no post COVID, por cierto, porque la COVID aún está). Incluso defendíamos una interpretación menos estricta del a priori “duro” art. 46.3 LBRL que, incluso si no se procediera a su modificación (pese a todo, necesaria), daría cobertura a los plenos telemáticos, al menos con carácter parcial. A saber:

 

Además de referir, obviamente, la literalidad del art. 46.3 señalamos como no menos interesante, y más meritoria por haberse aprobado en circunstancias de normalidad, la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León, por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. Es cierto que, sin plantearse la posibilidad de celebrar Plenos íntegramente telemáticos, la cual seguramente carecía de sentido fuera de las circunstancias extremas en las que nos encontramos, esta Ley autonómica regula el derecho de participación a distancia de los miembros de las entidades locales que se encuentren en alguna de las situaciones de baja, permiso o enfermedad que se describen. Este es el supuesto que, sí o sí, tiene que llegar para quedarse, el de la participación telemática de algunos miembros corporativos en determinadas circunstancias.

 

En este sentido, dando por buena la interpretación que vincula este modelo de sesión a la concurrencia de las circunstancias excepcionalísimas que señala el precepto vigente, sí podrían celebrarse sesiones en las que al menos uno o unos pocos concejales participen a distancia. La LBRL desde luego no lo prohíbe. Obviamente, la seguridad jurídica aconseja regular las otras situaciones en las que podrán celebrarse este tipo de Plenos, si no totalmente telemáticos, sí parcialmente en relación a uno o más de uno de los miembros de la Corporación. Lo que parece claro, en todo caso, es que fuera de las situaciones de emergencia descritas u otras similares o equiparables, no tiene razón de ser la defensa de la celebración de un Pleno íntegramente telemático, por lo que deberán definirse las circunstancias y los requisitos en los que uno o varios concejales o diputados pueden teleasistir. El ROM es el instrumento para hacerlo.

Y es que quizá el art. 46.3 no sea tan restrictivo después de todo. El «en todo caso» parece determinante, al igual que la descripción de las situaciones excepcionales, a las que relaciona con la fuerza mayor, el grave riesgo colectivo o las catástrofes públicas. Pero podemos abrir la puerta, no obstante, a una interpretación más abierta, que identificaría el «en todo caso» con dichas circunstancias tan graves y excepcionales, y un hipotético «en otros casos» a otras circunstancias menos acuciantes”. Quizá sí se puedan celebrar plenos íntegramente telemáticos, con el 46.3 LBRL como cobertura incluso después de la pandemia. Seguimos prefiriendo la seguridad jurídica que ofrece el ROM, desde luego.

Por último, pero no menos importante, debemos dar un criterio interpretativo en relación a las normas y debates jurídicos que han surgido últimamente y que pueden surgir ex novo como consecuencia de la impactante imposición de la tecnología en las actuaciones y trámites de la Administración por la fuerza de los hechos: «Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad» (artículo 3 del Código Civil).

¿Qué establece la citada Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León?. Precisamente su art. 16 ofrece un buen texto de referencia para reproducir, obviamente de forma adaptada, en la futura modificación de su Reglamento Orgánico Municipal que cada Entidad Local lleve a cabo. Y podría ser también un buen referente de regulación para el marco básico de la LBRL (digamos un futuro art. 46.3 o 46bis):

«1. Los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar, participando en la votación de los asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el sentido del voto y de su libertad para emitirlo.

Se excluyen de la posibilidad de participación a distancia prevista en el párrafo anterior:

a) El Pleno de constitución de la entidad local.

b) La elección de Alcalde o Alcaldesa, y de Presidente o Presidenta de la entidad local.

c) La moción de censura.

d) La cuestión de confianza.

Lo dispuesto en este apartado será obligatorio en municipios de más de 5.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, correspondiendo de forma expresa la apreciación de la causa de enfermedad a la Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en este apartado, en virtud de su desarrollo tecnológico, podrá ser de aplicación a los municipios menores o iguales a 5.000 habitantes y a las entidades locales menores cuando previamente así lo aprecie y acuerde el Pleno de la entidad local, o la Junta Vecinal, o la Asamblea vecinal en los municipios o entidades locales menores que funcionen en régimen de Concejo abierto, correspondiendo de forma expresa la apreciación de la causa de enfermedad a la Alcaldía».

Dicho todo lo anterior, volvemos a situarnos en el contexto de la pandemia. El caso es que seguimos teletrabajando (a pesar del esfuerzo de los detractores de esta modalidad de desempeño). Entonces, si el teletrabajo sigue teniendo carácter preferente es lógico pensar que, por asimilación, los plenos telemáticos también siguen teniendo carácter preferente.

Y es que el virus no está controlado. No parece conveniente celebrar una reunión que puede alcanzar tranquilamente al menos las 20 personas. Incluso en los municipios pequeños, ya que a los concejales hay que sumar otras personas (secretario, algún otro funcionario, asesores, policía, público…). Después de muchos años asistiendo a plenos doy fe, nunca mejor dicho, que algunos han supuesto verdaderos amontonamientos de personas, dentro y fuera del salón de sesiones. Y no me refiero solo a los plenos constitutivos.

En definitiva, la “nueva normalidad” nos obliga a ser mucho “más telemáticos” que antes, por así decirlo. De momento la pandemia sigue y un pleno es, por definición, una aglomeración de gente. Algo que hay que evitar hasta que se descubra la vacuna o un tratamiento eficaz. Por otro lado, afortunadamente ya muchos reconocen que un pleno puede ser presencial y permitir al mismo tiempo la comparecencia telemática de algunos concejales en supuestos tasados que pueden regularse en el ROM (hasta que, en efecto, se regulen en la LBRL), tales como “perfil de riesgo”, “enfermedad”, “embarazo”, etc… Pero precisamente por eso se debería admitir que en determinadas circunstancias el pleno sea totalmente telemático: fuerte temporal, inundación, pleno extraordinario y urgente convocado en agosto (o en sábado, o una mañana en la que los concejales sin dedicación están trabajando), una gastroenteritis que afecta a la mayoría de concejales, que están enfermos, etc… El derecho de participación democrática invita a reconocer esta participación telemática con la mayor amplitud posible, máxime una vez demostrado que existen los medios técnicos y que este tipo de sesiones no son ninguna quimera. Dicho de otra manera: si estos plenos celebrados durante la pandemia han sido válidos, ¿se puede defender que un pleno exactamente igual, celebrado con las mismas formalidades pero fuera de la pandemia, sería nulo de pleno derecho?.

Lo cierto es que la Ley estatal 40/2015 es tremendamente clara al respecto, aunque no sea directamente aplicable a la administración local. Pero sí supone, como mínimo, una moderna fuente del Derecho (en relación con el criterio interpretativo fundamental del Código Civil, la realidad del momento, una realidad que es abrumadora precisamente en este momento. Estamos en el año 2020, aún en plena pandemia y a las puertas de los efectos más duros del cambio climático (¿tiene sentido celebrar un pleno de 6 horas un día de julio que alcance los 45 grados, metiendo a concejales y público en una sala cerrada con el aire acondicionado al máximo?).

Por último, en este contexto se presenta oportunamente la siguiente moción: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG PARA INSTAR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A MODIFICAR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL PARA INCLUIR LA REGULACIÓN DE PLENOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DENTRO DE LA “NUEVA NORMALIDAD”

La moción propone al Pleno de dicho Ayuntamiento instar al Gobierno de España a que modifique la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, introduciendo la posibilidad de celebración de plenos por medios telemáticos en situaciones no excepcionales.

 

Los proponentes ya saben que cuentan con todo mi apoyo para que prospere. Un apoyo que plasmamos, sin ir más lejos, aquí y ahora.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOSOLOAYTOS. WEB OFICIAL DE VÍCTOR ALMONACID LAMELAS 2020. AVISO LEGAL.

La renovación de la colaboración público privada II: Propuestas

Otro post de actualidad: Sobre la posibilidad de celebrar Plenos íntegramente  telemáticos durante el estado de alarma, y cómo hacerlo. Por Víctor Almonacid. Nosoloaytos blog

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Del diagnóstico parcial presentado en un anterior artículo se hace evidente que hay que renovar los compromisos entre las administraciones públicas y el tejido empresarial que provee servicios públicos. Hay que modificar la cultura institucional y la cultura empresarial que se ha visto condicionada negativamente por determinadas malas prácticas. Si se desea una fluida colaboración público-privada hay que definir unas bases conjuntas de carácter ético y procedimental para recuperar la complicidad entre el sector público y el sector privado. Un ejemplo de las iniciativas que habría que proponer, entre otras, son:

En las administraciones públicas habría que estimular las siguientes mejoras:

-Establecer límites a los cargos políticos en su participación directa en los sistemas de colaboración público-privada. Los cargos políticos poseen legitimidad democrática para definir los objetivos políticos de estas colaboraciones, pero deberían mantenerse al margen de los aspectos estrictamente técnicos y contractuales. Alejar a la política de los entresijos técnicos y económicos de la contratación evita un potencial impacto de la corrupción política. Este alejamiento de la política también atenuaría la percepción que tienen las empresas de tratar con interlocutores institucionales con una naturaleza esquizofrénica.

-Hay que incentivar que las administraciones públicas refuercen sus capacidades institucionales para planificar, controlar y evaluar las colaboraciones público privadas estándar (contratos y externalizaciones). Hay que formar a los empleados públicos en el dominio del mercado privado, en conocimientos materiales de cada sector, en técnicas de planificación, control y evaluación de redes privadas complejas, etc. Un mejor conocimiento de cómo opera el sector privado por parte de los empleados públicos va a fomentar que las administraciones públicas puedan ejercer su rol de principal y aporten seguridad material y jurídica a las empresas privadas. Unos objetivos claros, unos sistemas de control rigurosos y sistemáticos contribuyen a generar mayor confort y seguridad a las empresas privadas.

-También hay que formar a los empleados públicos en ética pública y en formación preventiva para evitar potenciales capturas (un mejor conocimiento del sector privado puede fomentar capturas inerciales sin que haya mala fe). 

En las empresas privadas proveedoras de servicios públicos habría que implantar las siguientes mejoras:

-Mejorar sus capacidades organizativas para que sus directivos y empleados conozcan mucho mejor las peculiaridades y dinámicas de las administraciones públicas. Las empresas privadas deben conocer mucho mejor las condiciones y condicionantes internos y externos en los que operan tanto los políticos como los empleados públicos. El desconocimiento mutuo es la fuente de la mayor parte de desencuentros y desconfianzas.

-Los directivos y empleados tienen que ser conscientes que, al trabajar en empresas proveedoras de servicios públicos, deben incorporar valores y una ética similar a las del sector público. Estas empresas coparticipan y contribuyen, al trabajar para el sistema público, en la defensa del bien común y del interés general que suponen una complejidad que van mucho más allá de un negocio entre empresas. El negocio con la Administración tiene unos componentes específicos que hay que conocer. Sirva como ejemplo, que en la prestación de servicios públicos no interaccionan solo con clientes sino con ciudadanos que poseen una cartera de derechos y de obligaciones que van más allá de una simple relación prestacional.

-Las empresas proveedoras de servicios públicos deben gestionar su sistema de recursos humanos de una manera distinta a una empresa que opera solo en y para el sector privado. Sus empleados públicos deben poseer también valores públicos, disfrutar de una cierta estabilidad que favorezca la profesionalidad y la continuidad en la gestión de los servicios públicos (por ejemplo, un problema típico del que se quejan muchas administraciones públicas es la excesiva movilidad y rotación de los empleados privados con los que interaccionan). En ningún caso se trata de contaminar a las empresas privadas con el barroco y anticuado sistema de gestión de recursos humanos de carácter público, pero deben tener presente que no pueden gestionar su personal del mismo modo que si solo trabajaran para el sector privado.

Beneficios privados

Es legítimo que las empresas privadas proveedoras de servicios públicos obtengan beneficios. Pero también tienen que ser conscientes que operan en una lógica de defensa del bien común y del interés general y que los recursos económicos que los alimentan son de todos los ciudadanos. En este sentido estas empresas no deben operar con la misma lógica que en el sector estrictamente privado en el que es legítimo maximizar los beneficios. En la colaboración público privada los beneficios privados deberían ser razonables y no ser excesivos ya que si no se rompe la lógica de confianza con las instituciones públicas y con la sociedad en general.

Implantar estas medidas podría contribuir a restablecer los puentes, ahora inestables, entre la gestión pública y la gestión privada. Renovar las lógicas de colaboración pública privada va a favorecer un debate más sereno tanto a nivel político, como funcionarial y también social sobre en qué ámbitos deben primarse estas lógicas de colaboración y en que ámbitos deben quedar en las exclusivas manos de la Administración. Las presiones escasamente serenas para externalizar o para republificar de manera poco reflexiva son perversas para fomentar la modernización de la gestión pública con o sin la colaboración del sector privado. Por otra parte, la expectativa que el país entre en la senda de los denominados partenariados público-privados, muy utilizados en los países más desarrollados, va a seguir casi inédita. Si no somos capaces de colaborar por la vía simple de los contratos y de las externalizaciones es imposible que podamos avanzar con sistemas más profundos de colaboración público privada. Los partenariados público-privados solo pueden funcionar con una gran complicidad y lealtad entre el sector público y el privado y con unas reglas del juego muy claras. Ambos sectores se relacionan en este caso de manera simétrica e implica que comparten de manera paritaria las decisiones, los riesgos y los beneficios (económicos y en valor público). Con el actual ambiente institucional y empresarial estos mecanismos son actualmente una quimera.

¿Puede el Alcalde asumir excepcionalmente competencias del Pleno durante el estado de alarma?

Otro post relacionado: 10 claves para comunicar desde las AA.PP durante el coronavirus. Por Amalia López Acera blog

Por Víctor Almonacid.-Nosoloaytos blog.- Sobre la cuestión indicada, me ha parecido oportuno compartir mis reflexiones personales (con las que evidentemente se puede discrepar), sobre todo a partir del debate generado al respecto en las RRSS. Bien, hoy es domingo 22 de marzo y acabamos de confirmar lo que era un secreto a voces: el estado de alarma se prorroga, al menos, hasta el 12 de abril (otros 15 días), por lo que habrá que ir planteándose esta y otras cuestiones, sobre todo porque aunque los plazos están suspendidos/interrumpidos (el RDAE se hace un poco de lío con esto), nadie duda de que debemos mantener al menos un mínimo de gestión ordinaria, quizá acompañada de alguna que otra medida extraordinaria.

España se encuentra en estado de alarma. 

Fuente de la imagen: el Diario Vasco (diariovasco.com)

Ante todo queríamos retomar alguna de las reflexiones que apuntábamos el otro día, para comenzar a partir de ahí:

-Más allá de la suspensión de los plazos de los procedimientos, que en todo caso supone la eliminación de cualquier perjuicio que pudiera derivar de una reducción de la capacidad de tramitación administrativa, en este momento no parece razonable mantener la celebración de las sesiones de los órganos colegiados públicos en los que exista la posibilidad de que se congregue un cierto número de personas, especialmente el Pleno en los municipios de tamaño mediano y grande, o el mismo Concejo Abierto en los pequeños municipios acogidos a dicho régimen.

Recomendaciones

-Ahora bien, en caso de ser absolutamente imprescindible su celebración, nuestras recomendaciones son:

1.- A puerta cerrada (pero manteniendo el principio de publicidad a través de la retransmisión en vídeo o audio), ya que los ciudadanos no pueden salir de sus casas igualmente. Abogamos por la posibilidad de ejercer el voto telemático por parte de los concejales aislados en cuarentena.

2.-Sin perjuicio de la no presencia física de los concejales que, estando en cuarentena, obviamente no pueden comparecer, nuestra mayor recomendación es que se celebren las reuniones de todos los órganos colegiados por medios exclusivamente electrónicos y telemáticos. Más sobre Plenos telemáticos aquí.

-Aunque es indiscutible que debemos celebrar el menor número de sesiones posible, quizá ninguna, no es menos cierto que, por un lado, los Ayuntamientos deben dictar medidas de urgencia de cara a la gestión de las cuestiones extraordinarias que se plantean en relación a la gestión del estado de alarma, y, por otro, que se han interrumpido los plazos de los procedimientos, pero no los procedimientos en sí, ni sus trámites (aquí se puede generar otro debate), por lo que, salvo que el Ayuntamiento declare expresamente, con buen criterio, que no se celebrará ningún Pleno hasta que finalice el estado de alarma, ninguna de las normas dictadas estos días por el Gobierno impide su celebración.

-En resumen, se podrán dictar actos, resoluciones, acuerdos y “otras medidas” de tipo:

1.-Ordinario. Según el art. 6 RDEA (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), le corresponde a los Ayuntamientos la “gestión ordinaria de sus servicios”, a lo que se une que no están suspendidos los procedimientos (aquí como decimos hay distintas opiniones) y, de forma concreta, no están suspendidos los procedimientos tributarios (en este caso es indiscutible, y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo se decanta por la ampliación de plazos).

2.-Extraordinario. Lo extraordinario se identifica más con las medidas que con los procedimientos, y el ejemplo que mejor lo ilustra es el recurso al procedimiento de emergencia del art. 120 LCSP (que en realidad no es ningún procedimiento), muy de moda estos días, para proceder a la contratación de los bienes y servicios que sean inmediatamente necesarios. En la LBRL, el art. 21.1.m habilita al Alcalde a “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.”. 

Volveremos con el análisis de este precepto.

3.-Neutro. Aquí hablamos de la continuación de los procedimientos que pudieran estar paralizados para evitar perjuicios graves al interesado, o por razones relacionadas con el interés general o el mantenimiento de los servicios), en los supuestos recogidos en la D.A.3ª del RDEA, la ya famosa disposición que inicialmente suspendió los plazos. Podrían considerarse medidas extraordinarias, pero ciertamente, vista la prolongada duración del estado de alarma, pueden acabar convirtiéndose en relativamente frecuentes. En este sentido “El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo”. Además, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, incorpora un epígrafe en la D.A.3ª del RDEA, indicando que “las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.”.

-Y seguimos. ¿Cómo interpretar el citado art. 21.1.m LBRL? Procedemos a trocearlo para su mejor compresión:

-El Alcalde puede “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad” una serie de medidas. Insistimos en separar conceptualmente los términos “medida” de “acto administrativo”. Es cierto que el cauce natural del ejercicio de las competencias de Alcaldía es el Decreto o Resolución de Alcaldía (véase este ejemplo del Ayuntamiento de Callosa de Segura), pero quizá en un momento circunstancial extraordinario se justifica el dictado de este tipo de medidas mediante Bando (véase el ejemplo de Sagunto), o incluso por la vía de hecho (no lo recomendamos, salvo circunstancias realmente muy excepcionales).

-Este tipo de medidas se podrán tomar únicamente “en caso de catástrofe o de infortunios públicos”. Entendemos que la situación actual podría ser catalogada de catástrofe, si bien al estar al amparo de los dictados del Gobierno seguramente debería acreditarse otra catástrofe más “local”, digamos más concreta en el espacio y el tiempo, muy probablemente derivada en este caso de la catástrofe principal (hemos visto hace unos días Bandos “verbales” desalojando playas). Como muy bien matiza Miguel Ángel Blanes: “La catástrofe o el infortunio tienen en común que se trata de un hecho aislado que causa gran daño. El estado de alarma no es un hecho aislado sino una situación continuada”. Por su parte, la expresión “o grave riesgo de los mismos” puede ser defectuosa, pero la lógica invita a pensar que se refiere a un grave riesgo que podría amenazar el funcionamiento de los servicios o la seguridad de las personas.

-Las medidas que se adopten deben ser “las necesarias y adecuadas”. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que encierra un indudable margen de discrecionalidad, algo que ya asume el propio precepto cuando indica ab initio que el Alcalde actúa “bajo su responsabilidad”.

-Se debe dar cuenta inmediata al Pleno. Dar cuenta, evidentemente, no equivale a “ratificar”, por lo que en principio parece que el precepto no está pensado para que el Alcalde ejerza por esta vía competencias del Pleno. Además, evidentemente, no parece que en este momento resulte sencillo de dicha dación de cuenta sea inmediata, especialmente en los Ayuntamientos en los que la celebración del Pleno se encuentra suspendida.

Téngase en cuenta además:

-En las grandes ciudades (Título X LBRL) también corresponde al Alcalde “Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno”. (art. 124.4.h). Como puede observarse, el precepto no es idéntico. Desaparece el plus de responsabilidad (teórica al menos) que deriva de la expresión “personalmente, y bajo su responsabilidad”, y se rebaja, por así decirlo, el nivel de gravedad, de “catástrofe o infortunios públicos” a  “extraordinaria y urgente necesidad”. Pese a todo ello, a fin de no hilar tan fino, vamos a considerar equivalentes ambos preceptos.

-Estamos hablando de un supuesto excepcional incluso dentro de las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Dicho de otro modo: la declaración del estado de alarma no altera per se el régimen legal de distribución de competencias establecido en la legislación de régimen local.

-En consecuencia con el punto anterior:

1.-No es una alternativa a la celebración de Plenos, los cuales, tal y como indicábamos, pueden celebrarse por los medios telemáticos con una celeridad similar al dictado de medidas del órgano unipersonal, sobre todo si se articulan como extraordinarios y urgentes, el tipo de convocatoria que obviamente más se ajusta a estos casos.

2.-No es en absoluto una vía para el ejercicio de las competencias ordinarias, ni del Pleno ni del propio Alcalde. La regla general sigue siendo que los actos administrativos se dictarán por el procedimiento legalmente establecido.

-El sistema de distribución de competencias ya es sumamente presidencialista, y de hecho las competencias de tipo ejecutivo ya recaen, de ordinario, sobre la figura del Alcalde. Sin negar ni la existencia ni la posible utilización de la figura estudiada, debemos acotar todo lo posible su uso, a fin de impedir su abuso (como corresponde a una prerrogativa exorbitante)

-Un apunte importante es entender que, de alguna forma, la autonomía local queda limitada por la declaración del estado de alarma, dejando la Constitución, la Ley Orgánica reguladora, y el propio RDEA muy claro que el Gobierno de la nación toma las riendas. Por poner un ejemplo concreto, la policía local actúa bajo el mando del Ministerio del Interior. No negamos la posibilidad de que se produzca alguna situación extraordinaria a nivel local en la que el Ayuntamiento, y en concreto el Alcalde, deba responder, pero la consigna general es la del acatamiento a las normas y restricciones gubernamentales. No parece el momento de sacarse medidas extraordinarias de la chistera, sino de cumplir con las medidas ya establecidas por el Gobierno.

-Por último, no olvidemos que el Alcalde ya dispone de la figura de la avocación respecto de las competencias delegadas a la Junta de Gobierno. En grandes ciudades se están delegando competencias (delegables) de la Junta de Gobierno, que sí tiene competencias propias, en los concejales delegados o en el propio Alcalde.

AGRADECIMIENTOS: DIEGO GÓMEZ, ASCEN MORO, JOSÉ LUIS SERRANO, CARMEN RODRÍGUEZ, JOEL MAÑAS, JON MIKEL, MERITXEL VARGAS, CONSUELO D.R., ÁNGEL ZURITA, ANTONIO JESÚS GARCÍA Y MIGUEL ÁNGEL BLANES, Y EL RESTO DE PERSONAS QUE DE UNA U OTRA FORMA HAN PODIDO CONTRIBUIR AL DEBATE.