La renovación de la colaboración público privada I. Diagnóstico

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Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- El desarrollo económico, social e institucional de un país depende, entre otras variables, de sus mecanismos de colaboración público-privada. Se trata de unos sistemas de conexión cruciales para la calidad de los servicios públicos, el desarrollo y modernización de las administraciones públicas y la competitividad de una parte importante del tejido empresarial de un país. Sirva como indicador de la amplia conexión entre el ámbito público y el privado en España el dato que las administraciones públicas contratan al sector privado por un volumen de más de 200.000 millones (cerca del 18,5% del PIB). Contratos para realizar infraestructuras públicas, pero también otros tipos de contratos, como externalizaciones de servicios públicos, conciertos sanitarios y educativos, y partenariados público-privados.

Las interacciones entre el sector público y el privado van a experimentar cambios e incrementos cuantitativos y cualitativos durante la próxima década. La modernización de las administraciones públicas va a vehicularse, entre otras medidas, por una profundización en estas conexiones. La implantación de la inteligencia artificial y la robótica en el sector público solo podrá implantarse mediante la colaboración con las empresas del sector. Es evidente que para el desarrollo y competitividad de un país es necesaria la modernización de su sector público y la modernización de su sector privado mediante lógicas de colaboración y cooperación entre ambos.  

Pero en España las lógicas de colaboración público privada nunca han sido pacíficas sino más bien conflictivas. Se ha ido generando una desconfianza mutua. Sirvan como indicadores de estos desencuentros la nueva ley de contratos basada en la desconfianza y las recientes estrategias políticas de republificación de determinados servicios públicos. La colaboración público- privada es muy poco fluida, eficaz y eficiente si existe una desconfianza estructural y cultural entre el sector público y el sector privado. Además, la desconfianza impide profundizar y avanzar en sistemas de colaboración más sofisticados como los partenariados público-privados.

Cuando hay desconfianza se impone una burocracia perversa que no aporta valor ni en capacidad de planificación, ni control ni evaluación. Una burocracia que encarece los costes de transacción y de transición que dificulta la calidad de los sistemas de colaboración y corporación y, por tanto, la calidad de los servicios públicos. 

El objetivo de estos dos artículos es reflexionar y aportar un conjunto de propuestas para lograr la complicidad entre las administraciones públicas y el tejido empresarial que colabora y trabaja para las mismas. El objetivo final es la mejora de los servicios públicos y la modernización de la Administración pública basada en los aportes imprescindibles de un tejido empresarial que también deberá modificar sus mecanismos de interacción con el sistema público.

Para lograr estos objetivos se tendrán que modificar las percepciones y las prácticas tanto de los actores institucionales (políticos y empleados públicos) como de los actores privados. Sin ánimo de ser exhaustivos sirvan de ejemplo algunos problemas y déficits en las lógicas de colaboración público privada en nuestro país tanto imputables a las administraciones públicas como a las empresas privadas colaboradoras.

Déficits y problemas de las administraciones públicas:

-Las administraciones públicas recurren, en muchas ocasiones, al sector privado de manera reactiva y no proactiva. Posen un problema o la necesidad de prestación de un determinado servicio y buscan la ayuda del sector privado. Pero antes no realizan la labor de definir con rigurosidad el problema y/o las necesidades del servicio ni analizan el mercado privado susceptible de colaborar. En definitiva, ceden la agenda al proveedor privado y no ejercen la función de principal. A partir de aquí es imposible que funcione con fluidez esta relación ya que la propia Administración se siente incómoda y entra en una lógica de desconfianza al manifestarse incapaz de dirigir, controlar y evaluar la contribución de la empresa o de las empresas privadas. La paradoja es que esta situación que molesta a la Administración ha sido propiciada por ella misma.

-Las administraciones públicas se relacionan con el tejido empresarial no como una unidad sino con una lógica esquizofrénica. Los cargos políticos poseen unos objetivos y anhelan unos tiempos de gestión muy distintos a los que defienden los empleados públicos. Esta carencia de estrategia común de carácter institucional la tienen que absorber las empresas proveedoras que quedan desconcertadas y se manifiestan algo recelosas con esta colaboración tan singular.

-La mala cultura política de determinados cargos políticos y formaciones políticas con derivas corruptas inciden sobre el tejido empresarial que se siente desprotegido y con inseguridad jurídica. La corrupción política es tan dañina para la Administración como para las empresas que prestan sus servicios a la misma.

-Los empleados públicos, ante la situación anterior, se sienten desprotegidos y también con inseguridad jurídica y se defienden con una sobreactuación de carácter burocrático. Los anticuerpos de una burocracia formal excesiva no son capaces en la práctica de combatir determinadas derivas corruptas y, paradójicamente, logran incrementar los costes económicos de la colaboración público-privada y dificultan una buena prestación de los servicios públicos.

El resultado final es que es usual que las administraciones públicas culpen en exclusiva a las empresas privadas cuando una colaboración con las mismas no ha sido exitosa (no alcanza las expectativas). No suelen ser conscientes que cuando estas colaboraciones fracasan las culpas, cuando menos, suelen estar repartidas y que, en la mayoría de las ocasiones, la mayor parte del fracaso es imputable a la propia Administración pública que no ha sido capaz de planificar y controlar esta colaboración, que ha interaccionado con el sector privado de manera errática o, en algunos casos excepcionales, han participado incentivos políticos heterodoxos o corruptos.

         

Déficits y problemas de las empresas privadas que colaboran con el sector público:

Con los problemas relatados en el apartado anterior es muy difícil que las empresas proveedoras de servicios públicos puedan actuar de manera estrictamente racional y profesional. Pero algunas empresas, ante estos incentivos negativos han tenido la capacidad de adaptarse y han contribuido de manera decida al fracaso de estas colaboraciones.

-Muchas empresas proveedoras de servicios públicos han aprovechado los déficits en planificación y unidad de criterio de las administraciones públicas para imponer su propia agenda y han priorizado sus ganancias económicas por encima de unos mínimos estándares de calidad en las contraprestaciones o en los servicios públicos objeto de atención.

-Algunas empresas han caído en la trampa de las lógicas corruptas de determinados cargos políticos y formaciones políticas. Excepcionalmente algunas empresas se han especializado en estos incentivos y los han promovido.

-Algunas empresas ante la sobreactuación de burocracia formal de las administraciones públicas han respondido también con más burocracia formal y han entrado en el proceloso mundo de los litigios. Hay empresas que invierten más en asesoría jurídica que en la propia prestación del servicio público.

-Algunas empresas han estresado el sistema buscando excesivas ganancias desprofesionalizando sus aportaciones y, por tanto, yendo en detrimento de la eficacia y de la eficiencia de la colaboración.

Manuel Pimentel: Los Ayuntamientos ante la profunda crisis política e institucional por venir

"Estamos a las puertas de grandes cambios de todo tipo -desde luego políticos e institucionales -y los municipios son las entidades que con mayor solidez asientan su futuro"

Manuel Pimentel. Blog EsPúblico. Todo se mueve, nada permanece. El vendaval digital que todo lo sacude, zarandea, también, a nuestras instituciones, que se ven puestas en cuestión en cuanto dejan de responder a las demandas de sus ciudadanos. La Unión Europea, los estados nación, las comunidades autónomas, y, en menor medida, también, los propios municipios, sufren los desajustes ocasionados por una sociedad que evoluciona con mayor rapidez que las normas y los presupuestos que las regulan. Pero, curiosamente, no todos los niveles institucionales sufren de igual manera. 

En estos tiempos azarosos en los que casi todo está en entredicho, los municipios parecen gozar de cierta impunidad institucional, siendo los mejores valorados, los más respetados y los menos puestos en entredicho por sus ciudadanos.

Estamos a las puertas de grandes cambios de todo tipo -desde luego políticos e institucionales- y los municipios son las entidades que con mayor solidez asientan su futuro. Podrá desaparecer la Unión Europea, algunos de sus países miembros, las autonomías, pero los ayuntamientos seguirían existiendo. Merece la pena que analicemos someramente estas tendencias, porque nos ocuparán – y mucho – durante estos próximos años. En general, los municipios españoles se han convertido en unos eficientes prestadores de servicios públicos para sus ciudadanos, bien sea mediante gestión directa o mediante gestión externalizada. Son percibidos como instituciones gestoras, cercanas y amables. 

Sus debates y decisiones se encuentran pegadas a la realidad que viven sus ciudadanos, que las entienden porque les afectan de lleno. No es frecuente – a diferencia de otras instituciones – que los ayuntamientos se metan en grandes luchas ni contra el estado, ni contra otras ciudades, por lo que su imagen suele ser constructiva y conciliadora. Además, siempre han cumplido los marcos financieros y presupuestarios aprobados por las leyes, sin haberse adentrado en polémicas artificiales y estériles. De hecho, en la actualidad, son las instituciones más saneadas presupuestariamente y, generalmente, las que mejor pagan.

Los municipios son instituciones naturales, que surgen de manera casi espontánea. Vivimos en ciudades y sin sus servicios nuestra vida resultaría, sencillamente, imposible. Es la institución más cercana, la que percibimos cotidianamente y la primera que construimos desde la antigüedad. El resto de instituciones superiores se muestran más alejadas y complejas, por lo que, en estos tiempos de desconcierto y mudanza, sufrirán en mayor grado al estar más expuestas al huracán que nos azotará de manera inmisericorde.

Sociedad digital

La sociedad digital exigirá nuevas instituciones para su gobierno. Las que hasta ahora conocemos se demuestran insuficientes y aún lo serán más en el futuro. Por ejemplo, ya vemos como los estados se muestran incapaces de recaudar impuestos a las grandes multinacionales tecnológicas o de gestionar con prudencia y humanidad los fenómenos migratorios. La revolución tecnológica creará una nueva sociedad, nuevas formas de relacionarnos y las instituciones tendrán que adaptarse a sus requerimientos globales. Por eso, con alta probabilidad, nos veremos sometidos a fuertes crisis políticas, a la espera de que seamos capaces de construir las instituciones adecuadas a la nueva realidad, lo que, sin duda, nos llevará algún tiempo y muchos sobresaltos por aquello de la prueba y error. A día de hoy ni siquiera alcanzamos a imaginarlas, por lo que tendremos que estar abiertos a propuestas y a ideas nuevas que nos permitan avanzar hacia fórmulas de mejor gobierno.

La propia Unión Europea, una institución nacida en la buena dirección en estos tiempos en los que se hacen precisas instituciones más grandes, globales y poderosas, experimenta en estos momentos una severa crisis. El Brexit, el desafecto de sus ciudadanos, el avance de los populismos antieuropeos o la crisis soterrada del euro, hacen que, en estos momentos, la Unión Europea no ilusione a sus ciudadanos, tal y como pasara décadas atrás. Ha perdido impulso y aparece atascada en sus ininteligibles afanes burocráticos. Sin embargo, es una institución que se debería cuidar y mejorar, pues precisamos de dimensión para poder abordar las cuestiones fundamentales del siglo en el que nos toca vivir. Faltan ideas sobre la mesa que sean capaces de ilusionarnos de nuevo, ojalá pronto seamos capaces, entre todos, de engendrarlas.

Los estados naciones también sufren desajustes, incapaces de gobernar, en verdad, una realidad digital que los supera y que amenaza con hacer saltar sus costuras. Los populismos de diverso tipo los vapulean aquí y allá, impidiéndoles políticas estructurales de largo plazo. Vemos como los países miembros son dirigidos por gobiernos débiles, al albur de complejas coaliciones y de conflictos internos. Muy endeudados en su mayoría, son contestados por sus ciudadanos. Los chalecos amarillos de Francia sería la enésima muestra de ello. Las democracias nacionales tendrán que revisarse si quieren continuar siendo un actor exitoso a largo plazo. Nadie garantiza ya que lo que hasta ahora funcionó, siga sirviendo para el futuro incierto que se abre ante nosotros.

Las Comunidades Autónomas están también en entredicho. Nacieron al calor de la constitución del 78 que, con tan buena intención como poco tino, entendió que era la mejor manera de resolver el secular problema territorial jaleado por los diversos nacionalismos. Después de una serie de idas y venidas entre autonomías del artículo 151 y del 143, al final terminó aplicándose el criterio del “café con leche”, o sea autonomía casi igual para todas las regiones. Desde entonces, ya lo sabemos, nada se ha arreglado. Y ahí tenemos los sucesos de Cataluña como buena muestra de que para nada sirvieron las buenas intenciones de los padres de la constitución. La dinámica política tampoco ayudó. Los nacionalistas fueron forzando más y más cesiones, competencias y presupuestos a un gobierno central siempre necesitado de sus apoyos para gobernar. Al final, las autonomías, aún habiendo realizado una excelente tarea en la prestación de múltiples servicios, se han convertido en pequeños estados, con ribetes soberanistas, reivindicación permanente, egoísmo crónico, y reiteración ineficiente de competencias y servicios. Como ciudadanos, a veces, tenemos la impresión de que trabajamos para mantener el entramado autonómico en vez de que las autonomías trabajen para nosotros. El fraccionamiento de la sanidad, la educación o de la carrera de los funcionarios, por ejemplo, no redundan en un mejor servicio a los ciudadanos, sino que, por el contrario, nos complican la vida, con cartillas, legislaciones o licencias diferentes para cada comunidad autónoma.

Garantizar la igualdad

Tampoco hemos conseguido mejorar la igualdad entre los españoles, que resultan favorecidos o perjudicados fiscalmente en función de su lugar de residencia. En estos momentos en los que deberíamos caminar hacia la convergencia fiscal con toda Europa, nosotros la fraccionamos sin que terminemos de vislumbrar las ventajas que estas desigualdades suponen para el ciudadano de a pie.

Al final, el artefacto autonómico que creamos -a pesar de algunos elementos positivos- no ha funcionado. Ni ha apaciguado a los nacionalismos, ni ha hecho a los españoles más iguales entre sí, ni ha mejorado la igualdad de oportunidades. Este entramado autonómico, pues, tarde o temprano, tendrá que ser sometido a revisión y ya son muchas voces -y no sólo las radicales de VOX- las que claman por racionalizar un artefacto que se nos fue de las manos en gasto y se nos quedó corto en servicios y eficacia. La descentralización es buena, los elementos diferenciales positivos, pero todo ello debe servir para mejorar la calidad de vida y no para perjudicarla. Ya veremos como vamos encauzando este debate fundamental, que exigirá de grandes consensos, hoy por hoy, desgraciadamente, inimaginables.

Los vientos de la historia agitan nuestras instituciones, que sufrirán bajo el huracán digital que se barrunta. Ninguna de ellas se verá libre de tensiones y de cambios, pero las municipales serán las mejores asentadas y preparadas para abordarlos. Pero que no se duerman, no vaya a ser que el tornado de los tiempos también termine por arrastrarlas al lodazal del desconcierto.

El sueldo nominal de los funcionarios sube tres veces más que el privado desde 2012

Según el INE, el salario público real subió un 4,39% en el lustro 2012-2017; en el sector privado cayó el 0,7%

Revista de prensa.- Por José Antonio Vega. Cinco Días.- La estructura de los salarios extraída de la encuesta de población activa revela un balance de la crisis en el que solo los asalariados del sector público ganan poder de compra, mientras que lo pierden los del sector privado.

Los datos difundidos por Estadística constatan que los sueldos medios del empleo principal en el sector público suben un 6,89% desde 2012 hasta 2017, para llegar a 2.598,4 euros brutos por 12 pagas; entretanto, la remuneración media del empleo principal en el sector privado sube solo un 1,75% en el mismo periodo, para quedar en 1.719,7 euros brutos por 12 pagas. Si las remuneraciones se deflactan en un 2,5%, que es la tasa de inflación generada desde 2012 a 2017, los sueldos del sector privado han perdido el 0,75% de su poder de compra; los funcionarios, por su parte, han ganado en los cinco años un 4,39% de sueldo real.

Además, la brecha entre los funcionarios y los asalariados del sector privado es de 878,7 euros al mes (de 2.598,4 a 1.719,7), una cantidad superior a la que percibieron en 2017 nada menos que el 14% de los trabajadores por cuenta ajena. En definitiva: los funcionarios ganan de media un 51% más que los trabajadores privados, además de que aquellos han mantenido el nivel de ocupación durante la crisis, mientras que estos han perdido 3,5 millones de empleos.

Si descendemos al detalle de las ramas de actividad, la que agrupa a la Administración pública y defensa experimenta un incremento en sus remuneraciones en los cinco años analizados del 8,1% nominal. Y la de educación, en la que se encuentra todo el personal docente, mayoritariamente funcionarios, el sueldo nominal avanza en el periodo citado un 6,33%. Solo es equiparable a esta subida la de los sueldos del empleo principal en la actividad financiera y de seguros, con un 7,98% en los cinco años, y que además acapara la remuneración más elevada, con 3.371,8 euros por 12 pagas.

Una exploración más analítica de la remuneración por ocupación en las empresas proporcionada por el INE sitúa a los directores y gerentes con el incremento nominal más elevado en el periodo de 2012 a 2017, con un 6,57%, hasta llegar también a los sueldos más elevados del país, con 4.155,2 euros por 12 pagas. Si tenemos en cuenta que la franja de remuneración más baja ha retrocedido en el periodo un 0,7% (donde se encuentran empleados de hogar), se constata que la brecha entre sueldos más bajos y más elevados se ha agrandado durante los últimos años de la crisis y los primeros de la recuperación.

Caída del salario real en el sector privado

En términos generales el salario medio de los 15,68 millones de asalariados españoles fue de 1.889 euros por 12 pagas en 2017, con un avance nominal del 0,6% en el último año, y de un 2,09% (o 36,7 euros mensuales) desde 2012. Pero en términos reales esa remuneración media habría perdido poder de compra, ya que el deflactor del consumo medido como IPC ha sido del 2% en 2017 y del 2,5% en los cinco años transcurridos desde diciembre de 2012.

Los hombres tuvieron en 2012 un sueldo medio de 2.090,6 euros, solo un 0,33% nominal superior al de 2012, lo que supone un estancamiento que en términos reales representa un retroceso del 2%. Las mujeres, por contra, ganan en media solo 1.668,7 euros mensuales y el incremento en el periplo de cinco años es del 4,58% nominal (2,08% real). Aunque la brecha de género se ha reducido, sigue siendo abultada: de 422 euros al mes.

Del informe del decil de salarios elaborado por Estadística se desprende también que el 40% de los asalariados percibió en 2017 entre 1.231 y 2.136 euros al mes, mientras que un 30% ganó una cantidad superior a esta última, y otro 30% ingresó menos de 1.231. Aproximadamente un 13,5% percibió menos que el salario mínimo de ese año (825,5 euros por 12 pagas), con una mayor concentración entre las mujeres. Pero de forma muy mayoritaria, más del 70% de esos asalariados trabajaron con una jornada parcial.

Como en años anteriores, las remuneraciones más altas se concentran en trabajadores de más edad, mayor antigüedad en la empresa y mayores niveles formativos.

La remuneración a tiempo parcial crece un 10% entre 2012-2017 

Es inferior al SMI. La remuneración de los asalariados que trabajan con jornada reducida fue en media de 731,4 euros brutos al mes por 12 pagas en 2017, notablemente inferior al salario mínimo interprofesional del ejercicio, que era de 825,5 euros expresado también en 12 pagas. Pero el incremento experimentado por los sueldos en esta modalidad de empleo ha sido del 10% en el periodo 2012-2017. La subida de la remuneración de quien trabajó a jornada completa en 2017 fue de solo un 2,14%, pero llegó a 2.120,8 euros brutos al mes.

Brecha por tipo de contrato. Los asalariados con relación laboral indefinida cobraron una media de 2.086,7 euros brutos al mes, mientras que quienes tenían contrato temporal solo cobraron 1.343,4 euros mensuales. La brecha es de 743 euros mensuales.

Edad y formación, determinantes. El 60% de los trabajadores que se encuentran en los tres deciles de menos remuneración tienen menos de 25 años. Además, el 60% de los que tienen educación superior se concentran en los cuatro deciles de renta salarial más elevada.