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miércoles, 9 de agosto de 2023

España alcanza récord de población con 48.345.223 habitantes (Datos INE 1 de julio)

El crecimiento de la población se atribuye principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero (inmigrantes), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gestores Públicos.- El INE anuncia en su informe provisional de la Estadística Continua de Población (ECP) que la población residente en España ha alcanzado una cifra sin precedentes, llegando a un total de 48.345.223 habitantes  el 1 de julio de 2023. Este aumento se refleja en un incremento neto de 135.186 personas durante el segundo trimestre del año.

Las personas nacidas fuera de España suman un total de 8.457.886 personas, superando a la población de nacionalidad extranjera en el país. Este fenómeno puede atribuirse en parte a los procesos de nacionalización española que han influido en este segmento de la población.

En lo que respecta a la composición de la población extranjera en España, el número de extranjeros ha aumentado en 100.394 personas durante el segundo trimestre, alcanzando un total de 6.335.419 personas al 1 de julio de 2023. Por otro lado, la población de nacionalidad española también ha experimentado un aumento, con un incremento de 34.792 personas en el mismo período.

Nacionalidades

En términos de origen de la inmigración, las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2023 han sido la colombiana, con un total de 37.700 llegadas, seguida de cerca por la marroquí, con 21.500 llegadas, y la española, con 19.900. En cuanto a las nacionalidades de los emigrantes más numerosos en el mismo período, se destacan la marroquí, con 6.700 salidas, seguida de la rumana, con 5.700, y la española, con 5.500 ciudadanos que se han ido a vivir al extranjero.

El análisis regional -CCAA- revela que, durante el segundo trimestre de 2023, todas las comunidades autónomas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han experimentado un crecimiento en su población. Los mayores incrementos relativos se han registrado en las Islas Baleares, con un 0,58%, Cataluña con un 0,51%, la Comunidad de Madrid con un 0,45% y la Comunidad Valenciana con un 0,44%. Por el contrario, el menor aumento se ha observado en Extremadura, con un 0,01%, Asturias con un 0,03%, Ceuta y Castilla y León, ambas con un 0,08%.

Este fenómeno demográfico favorable presenta un panorama más optimista para  España, donde la inmigración sigue desempeñando un papel fundamental en la evolución y el crecimiento de la población en todo el país, con importante repercusión en nuestra economía, por ahora lastrada por el envejecimiento y la escasez de mano de obra en numerosos sectores. 

lunes, 24 de febrero de 2020

Los retos de la sanidad y de los servicios sociales

"Dinamarca ha decidido recientemente prohibir la creación de nuevas residencias de ancianos por considerarla una mala opción tanto en el plano social como en el económico. Lo que desean los ancianos es vivir en sus domicilios"


Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Hay dos ámbitos de gestión pública sobre los que hay que prestar especial atención sobre el potencial impacto de la robótica en la Administración pública: sanidad y educación. Estos dos sectores van a ser los más críticos y tensionados en los próximos 20 años por el impacto del envejecimiento de la población. 

Hay pronósticos que consideran que este impacto podría impulsar en gasto adicional del 12 por ciento del PIB por el impacto en las pensiones, pero fundamentalmente por las nuevas necesidades en sanidad y en servicios sociales. Este incremento del gasto es inasumible para el sector público y difícil de absorber para el sector privado. El problema del envejecimiento de la población va implicar grandes cambios conceptuales sobre cómo se concibe tanto la sanidad como los servicios sociales. Por ejemplo, deben transformarse los roles de los hospitales y de las residencias de ancianos tal y como ahora los conocemos. Son dos tipos de infraestructuras y servicios aparentemente imprescindibles ante el envejecimiento de la población pero que son muy costosos económicamente y muy poco atractivos para los usuarios. Nadie quiere ir voluntariamente ni a un hospital o clínica ni a una residencia de ancianos. Por tanto, hay que orientar la tecnología 4.0 para cambiar los canales habituales de canalización de los futuros ancianos ante las enfermedades crónicas y o ante la situación de dependencia física y cognitiva. En primer lugar, habría que diseñar una nueva red de centros sanitarios de proximidad donde se puedan atender las enfermedades crónicas de los ancianos y también los cuidados paliativos. Estos centros podrían prestar sus servicios de manera mucho más confortable y económica a los ancianos y dejar a los hospitales (maquinarias que generan un enorme gasto y que son poco atractivos y confortables) para los traumas y las situaciones más excepcionales. 

Dependencia de personas mayores
En segundo lugar, hay que redefinir las políticas sobre la dependencia de las personas mayores. Las residencias de ancianos son odiosas socialmente e inasumibles económicamente tanto para el sector público como por la vía privada para la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo, Dinamarca ha decidido recientemente prohibir la creación de nuevas residencias de ancianos por considerarla una mala opción tanto en el plano social como en el económico. Lo que desean los ancianos es vivir en sus domicilios. Por tanto, es necesario redefinir los servicios sociales para fomentar la residencia domiciliaria de las personas mayores. La inteligencia artificial y la robótica pueden y deben facilitar este proceso sin incrementar en exceso las plantillas de personal vinculadas a los servicios sociales. Hay que repensar también las ciudades para que sean habitables para los ancianos con problemas físicos y cognitivos. Reiteramos que los cambios no son solo tecnológicos, sino que deben tener nuevos marcos y referentes conceptuales. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona se ha planteado (de momento solo a nivel teórico) reordenar el parque inmobiliario de la ciudad de las plantas bajas pensadas para comercios que ahora están vacíos y en desuso (ante los cambios del modelo de consumo) para reconvertirlos en domicilios particulares o colectivos en los que puedan residir los ancianos a precios públicos. Son solo ejemplos, pero en la Administración pública del futuro será crítico e imprescindible repensar conceptualmente, aprovechando el cambio tecnológico, la sanidad y los servicios sociales para mantener o incrementar los estándares actuales de calidad, pero con unos costes económicos mucho más bajos. En esta estrategia deberíamos invertir nuestras mayores capacidades institucionales de inteligencia colectiva.

jueves, 30 de mayo de 2019

El alarmante envejecimiento de los empleados públicos de la Administración local española

"Las restricciones sostenidas durante años sin evaluar sus consecuencias han terminado por generar graves problemas en los recursos humanos de nuestras Administraciones. De forma particular cabe señalar la alarmante interinidad, la distorsión de la estructura de los recursos humanos y el aumento de la media de edad de los empleados públicos"

Por Luis Gordo González. IDLUAMblog.- Diferentes crisis económicas han afectado a nuestro país en las últimas décadas. Ello ha provocado que desde el año 1993 las Leyes de Presupuestos Generales del Estado hayan limitado, de una u otra forma, el acceso al empleo público, como fórmula para restringir el gasto público.


Fuente INE, elaboración propia.
Así, por ejemplo, durante los años 90 el legislador suspendió, como regla general, la obligación de que las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente debieran ser incluidas forzosamente en la oferta pública de empleo del año siguiente. Excepcionalmente sí podían ser convocadas plazas en algunos sectores de la Administración que se consideraban estratégicos, como, por ejemplo, las pertenecientes a las carreras judicial y fiscal, el personal de Instituciones Penitenciarias o, entre otros, el personal sanitario. Asimismo, durante estos años también se restringió la contratación de personal temporal, salvo autorización excepcional del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda.

En el año 1994, además, se contempla, por primera vez, la posibilidad de adoptar planes de empleo excepcionales, como cauce para la creación o modificación de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas. Estos planes han servido para canalizar procesos excepcionales de regularización de empleo y, en algunos casos, sobre todo en los entes locales, para adoptar cuestionables decisiones relacionadas con el empleo público (PÉREZ LUQUE, Antonio, “La selección del personal permanente de las corporaciones locales”, El consultor, 2001, p. 166.).

En el año 1995, se incorpora el concepto de la hoy famosa tasa de reposición de efectivos. No obstante, es en el año 1997 cuando el legislador avanza en su empeño en controlar la contratación de nuevos empleados públicos y, por primera vez, impone que las nuevas incorporaciones no podrán superar un porcentaje máximo de la tasa de reposición. En concreto se estipuló que el número de plazas de nuevo ingreso debía ser inferior al 25% de la tasa. Asimismo, se preveía que se podía convocar hasta un 25% adiciona de plazas para cubrir aquellos puestos o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas aprobadas conforme a la normativa de aplicación en cada ámbito, se encontraran desempeñados interina o temporalmente. Sin duda, el legislador estatal ya advertía en aquel momento la existencia de un problema que hoy se ha vuelto endémico en el sector público español, la alta interinidad, del que nos han alertado incluso hasta las instituciones europeas.

El legislador ha mantenido sustancialmente la misma regulación en años posteriores, con variaciones del porcentaje de la tasa de reposición o excepcionando algunos servicios de la Administración, a los que ocasionalmente se les ha permitido la contratación sin estar constreñidos por el número de bajas producidas en el ejercicio anterior. Además, también se han contemplado singularidades para la Administración local. Así, por ejemplo, en ocasiones se ha permitido que las Corporaciones locales de menos de 50.000 o 20.000 habitantes, según el ejercicio, quedaran al margen de las restricciones en la cobertura de vacantes completamente o en algunos sectores, como, por ejemplo, policía local o prevención y extinción de incendios. La medida redunda positivamente en adaptar una medida que, como se ha señalado, puede tener cabida en la Administración central, con una gran plantilla, pero que difícilmente permite una oferta pública de empleo razonable y racional en los entes locales, especialmente si son de pequeño tamaño (puede consultarse un la evolución de la regulación de las restricciones en el acceso al empleo público en GORDO GONZÁLEZ, Luis, “El acuerdo para la mejora de empleo público: ¿una oportunidad perdida para corregir las restricciones en el acceso a la función pública?”, en Información Laboral, núm. 6, 2017, pp. 189 y ss.).

Consecuencias
Las restricciones sostenidas durante años sin evaluar sus consecuencias han terminado por generar graves problemas en los recursos humanos de nuestras Administraciones. De forma particular cabe señalar la alarmante interinidad, la distorsión de la estructura de los recursos humanos y el aumento de la media de edad de los empleados públicos.

El legislador, tras reiteradas alertas de las instituciones europeas, parece haber tomado conciencia de la necesidad de limitar y reducir la interinidad en el empleo público. Así, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 incorporó un proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en algunos sectores, a desarrollar hasta el año 2020. Momento en el cual la tasa de interinidad debería situarse por debajo del 8% en los ámbitos en los que se haya puesto en marcha este plan.

La imposición de una limitación en el porcentaje de la tasa de reposición ha provocado graves distorsiones en la estructura de los recursos humanos de las Administraciones locales de menor tamaño. No puede ignorarse que la limitación de la cobertura de las bajas puede tener acomodo en la Administración central, donde las numerosas bajas anuales favorecen que la tasa de reposición pueda aplicarse dentro de cada uno de los grupos en el que estas se producen. Sin embargo, en los entes locales el reducido número de bajas, que provoca un reducido número de plazas que puedan ser dotadas, obliga a que las Corporaciones deban escoger qué grupos ven mermadas las plazas disponibles, a costa de cubrir necesidades más urgentes y perentorias en otros. Ello, en consecuencia, termina imposibilitando una política de recursos humanos coherente a largo plazo.

Las restricciones también han provocado un alarmante envejecimiento de la plantilla de la Administración. En la tabla anterior puede observarse la evolución de la misma en las Administraciones públicas locales. En ella queda patente como se está produciendo un evidente envejecimiento del personal al servicio de los entes locales. Así, los menores de 34 años han pasado de representar el 34% de los empleados públicos, en el año 2002, a suponer el 13,4%, en el primer trimestre del año 2019. En el mismo periodo, los mayores de 45 años han pasado de suponer el 30,5% al 59,1%. En esta última cohorte de edad, en la última década, el porcentaje de empleados públicos se ha incrementado en 10 puntos porcentuales.

El aumento de la edad media de nuestros empleados municipales pone en riesgo la prestación futura de los servicios públicos. No puede obviarse que el dominio de los procesos y rutinas administrativas se adquiere y perfecciona con el tiempo. El buen saber hacer o know-howes patrimonio de nuestros empleados públicos de mayor edad, los cuales deben transmitir sus conocimientos a los empleados públicos de menor edad. Para ello, es necesario articular, cuanto antes, mecanismos que aceleren la entrada de nuevo personal, que pueda aprender esos conocimientos de los empleados de mayor edad y sustituir al personal que se jubilará durante la próxima década. Asimismo, es necesario flexibilizar el retiro de los empleados públicos en los entes locales y volver a incorporar y desarrollar mecanismos flexibles y parciales de jubilación que garanticen esa correcta transmisión.

sábado, 11 de marzo de 2017

La remuneración de los funcionarios españoles, por encima de la media de países de la OCDE

"El estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público es que no dispone de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad  de los cargos de alta dirección"

Revista de prensa. Expansión.- Entre 1999 y 2008 los salarios de los empleados públicos crecieron sensiblemente por encima de las del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de éstos,según el último estudio del Esade.

Los empleados públicos españoles se encuentra, en relación con el PIB, ligeramente por encima de la media OCDE. Así lo señala el último estudio de Esade titulado "El empleo público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz".

Del mismo se desprende que entre los años 1999 y 2008 los salarios de este sector crecieron sensiblemente por encima de los del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de los mismos.

Si se analiza por categorías, este diferencial es inversamente proporcional a la cualificación del trabajo: favorece a los segmentos de inferior cualificación, pero sitúa, en cambio, muy por debajo de las retribuciones del sector privado a las categorías técnicas de alta cualificación y a los puestos de carácter directivo.

El número de trabajadores públicos se duplica en la crisis
El estudio también refleja que el número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 25 años. "Incluso en plena crisis, en 2008, cuando el país ya destruía masivamente empleo, los tres niveles de Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos", ha dicho Francisco Longo, director general adjunto de Esade.

El responsable explica que la recesión impuso dos años de reducción, "pero se trató de un paréntesis" y la recuperación económica,ha supuesto un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008. "La peculiaridad apunta, por tanto, más que a un tamaño hipertrofiado, a una fuerte tendencia expansiva, difícil de controlar por las Administraciones", dice Longo.

Más de la mitad del coste de producción del Gobierno
De hecho, el empleo público en España representa más de la mitad de los costes de producción del Gobierno central, proporción sensiblemente superior a la de los países centrales de la Unión. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos, es decir, externalizaciones, es considerablemente inferior al de estos países.

"Este dato hace pensar que el desarrollo de la colaboración público-privada podría permitir, a condición de diseñarse con rigor, equilibrar los riesgos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", ha sugerido Longo.

Bajo índice de cualificación
En cuanto a las características del capital humano del sector público, el estudio destaca ciertas deficiencias respecto al resto de países de la OCDE. Así, estos trabajadores en España presentan un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, circunstancia que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno.

En la Administración General del Estado (AGE), cuyas funciones son básicamente reguladoras y planificadoras, los puestos para los que no se exige titulación superior rondan el 70%. En cambio, las posiciones directivas ocupan a un número de personas claramente inferior al de la media de la UE. "Paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria", ha dicho Longo.

Este fenómeno de excesiva cualificación (nivel de educación formal que sobrepasa la exigida para la tarea) "implica, entre otros problemas, un serio desperdicio de talento", apunta el director general de Esade.

Envejecimiento y la temporalidad
"El déficit de cualificación del capital humano del sector público, preocupante en un contexto de complejidad creciente, se ve agravado por dos factores: el envejecimiento y la temporalidad", ha señalado Longo. En 2014 el número de empleados de más de 60 años superó al de los menores de 30. Y en dos años, el diferencial ha aumentado ya tres puntos porcentuales.

El empleo público temporal presenta en España las cifras más altas entre los países de la UE, con la única excepción de Polonia. En este sentido, el informe presentado hoy subraya que, en general, el acceso al empleo temporal presenta en las administraciones españolas requerimientos de mérito y capacidad inferiores a los del empleo estable.

Una función directiva desregulada
"La uniformidad y la rigidez son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español", dice Francisco Longo. El estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican funciones de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios (ciencia, I+D+i, educación, salud, servicios sociales, etc.) que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público.

En este contexto, desde Esade creen que habría que desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos.

Además, el estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público español es que no dispone, ni en la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o a escala local, de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección.