Será necesario continuar con el sistema de cita previa en los servicios de atención al público “al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”.
Revista de prensa. Cinco Días.- Más de
229.000 funcionarios de la Administración del Estado volverán a trabajar
presencialmente cuatro días semanales desde el 1 de octubre. Según informó este
miércoles CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios), esta
medida, con la que el sindicato ha mostrado su desacuerdo, sustituye al sistema
actual que contempla que estos empleados públicos trabajen el 80% de su jornada
de forma telemática. El grupo de funcionarios al que afecta esta normativa
representa el 8,4% del total de personal al servicio de las Administraciones
públicas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fuera de
este régimen quedan Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la
Administración de justicia, entre otros.
El colectivo más grande (casi el 40%) de trabajadores al que alcanza esta resolución se encuentra empleado en los ministerios, con un total de 91.553 personas. Le siguen los organismos autónomos (64.360), entre los que se encuentra por ejemplo el SEPE, y otros entes de derecho público, que emplean a 33.891 funcionarios. En este último se englobarían la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Consejo Económico Social.
Entidades
públicas empresariales tales como Adif o Enaire también se verían afectadas por
la medida (esta categoría emplea a 21.334 personas); así como las distintas
agencias estatales (14.162 trabajadores). Aquí se engloban, entre muchas otras,
la Agencia Estatal de Meteorología; la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Además,
también se incluye en la Administración del Estado a la UNED, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, que da trabajo a 2.507 personas, la única
universidad pública no transferida. Por último, también se verían afectadas por
la resolución las autoridades administrativas independientes, en las que se
incluye, entre otras, a la Agencia Española de Protección de Datos; la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia; la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, o el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta categoría emplea a un total de
1.541 funcionarios.
Distribución por regiones
La
Comunidad de Madrid es, de largo, la región que tiene a un mayor número de
trabajadores afectados por esta medida, ya que concentra al 35,4% de los
empleados de la Administración del Estado (81.134 personas), algo lógico
teniendo en cuenta que alberga la capital. En segundo lugar se encuentra
Andalucía, con el 13,7% de los funcionarios (31.399). El podio lo completa
Cataluña, con 15.193 empleados de la Administración del Estado (el 6,6% del
total).
Por el
contrario, Navarra, con 1.092 trabajadores, y La Rioja, con 1.109, son las
autonomías con menos cantidad de este tipo de funcionarios (entre las dos suman
el 1% del total). Les sigue Cantabria, con 2.674 personas afectadas por la
nueva normativa, el 1,2% de todo el país.
Desde CSIF
señalaron a este periódico que la medida incumple con el acuerdo que tenían con
el Ejecutivo, según el cual estos trabajadores desarrollarían el 60% de su
jornada de forma telemática, es decir, tres días por semana en lugar de uno.
“No se corresponde con la filosofía sobre la digitalización, la reducción de
emisiones y el ahorro energético que propugna el Gobierno”, denunció el
sindicato.
Según el
borrador de criterios generales de reincorporación de los funcionarios al que
ha tenido acceso este periódico, será necesario continuar con el sistema de cita
previa en los servicios de atención al público “al menos hasta el 31 de
diciembre de 2021”.
“Para el
servicio de registro dependiente de la Administración General del Estado no
será necesaria la misma. En todo caso se limitará el aforo de la ciudadanía en
la atención presencial en función del espacio disponible para atención al
público y se adoptarán las medidas de prevención para garantizar la seguridad y
salud, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente”, se añade en el
documento.
Inmunodeprimidos. El
borrador contempla algunas excepciones, como son el caso de las personas
inmunodeprimidas o con cáncer, que podrán realizar hasta el 100% de su jornada
laboral de forma telemática. También será así para aquellos trabajadores que se
encuentren en cuarentena por haber sido contacto estrecho de un positivo por
Covid o cuando dicha cuarentena afecte a menores o a dependientes a cargo de
esta persona.
Reuniones. A
su vez, la norma recoge que las reuniones serán presenciales o en modalidad
mixta y se levanta la prohibición de realizar viajes, aunque señala que “se
evitarán en lo posible las reuniones que impliquen desplazamientos a otra
localidad, así como los viajes de trabajo siempre que puedan utilizarse medios
tecnológicos”.
Oposición
de CSIF. El sindicato, que no ha firmado la resolución al considerar que
no reúne los requisitos para una vuelta segura, pidió al Gobierno que ponga “en valor la experiencia positiva que ha
supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático (...) y elaborar sin
dilación la norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la Administración
General del Estado que será de aplicación en condiciones normales cuando
termine la actual crisis sanitaria”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario