La Ley de Transparencia no incluye a los poderes legislativo y judicial. -No hay sanciones o consecuencias para las entidades públicas que no implementan la ley.
Access Info. Nota. 10.12.21 – En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y coincidiendo con el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Access Info renueva su petición por el completo reconocimiento del derecho a la información en España, clave para solucionar diversos problemas con el derecho en la práctica.
Con el inicio de la reforma de la ley a principios de 2022 como parte del compromiso del último Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, existe una oportunidad única de garantizar un completo derecho de acceso a la información en España como un derecho humano.
Cabe destacar el crecimiento exponencial en la cultura de la transparencia en España en la última década, en parte gracias a su incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). Sin embargo, aún es pronto para saber si el compromiso del Gobierno para que la Ley de Transparencia sea más garantista de los derechos de los solicitantes y esté en línea con la jurisprudencia y los estándares internacionales se convertirá en realidad o no.
“En el Día de los Derechos Humanos, recordamos que los tribunales internacionales de derechos humanos, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2006, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el 2009, han dejado claro que el acceso a la información es un derecho de todas las personas, con solo unas limitadas excepciones”, defiende Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.
Durante este año 2021, los debates celebrados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han demostrado cómo muchas de las personas expertas en transparencia apoyan el reconocimiento de un derecho fundamental de acceso a la información, en línea con una carta pública del 2016 donde más de 50 académicos y juristas defendían que el artículo 21.1.d de la Constitución Española que protege la libertad de expresión, también incluye el derecho a la información.
Los problemas de esta ley identificados por Access Info y por otros miembros de la sociedad civil pertenecientes a la Coalición Pro Acceso incluyen:
-Los solicitantes deben pasar por un proceso de identificación complejo, lo que en la práctica limita el acceso al 18% de la ciudadanía que utiliza sus certificados digitales;
-Las solicitudes de información considerada “auxiliar” o en preparación ni siquiera se procesan;
-La Ley de Transparencia no incluye a los poderes legislativo y judicial;
-No hay sanciones o consecuencias para las entidades públicas que no implementan la ley;
-En torno al 15% de las decisiones del Consejo de Transparencia no se cumplen;
-Otras normativas como la de archivos o secretos prevalecen sobre la Ley de Transparencia;
-Existe una compleja estructura de normativas regionales y ordenanzas municipales con múltiples órganos de supervisión, una situación muy confusa para la ciudadanía;
-El número de solicitudes es relativamente bajo (solamente unas 1.000 al mes para todo el gobierno central);
-Solo el 30% de los solicitantes son mujeres.
Remediar estos problemas, tanto a nivel normativo como en la práctica, será un requisito indispensable ya que España se prepara para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, también conocido como el Convenio de Tromsø, firmado por España el 23 de noviembre de 2021.
Access Info recuerda también que la Unión Europea reconoce un derecho fundamental de acceso a los documentos de las instituciones de la UE, y que muchos estados miembro de la UE también reconocen este derecho para todas las personas.
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