Alcaldes de todos los partidos denuncian que se les está dejando al margen de la estrategia de recuperación europea
Entre el estruendo de la disputa por el poder en la comunidad de Madrid y el inacabable duelo catalán apenas llega a hacerse oír el debate sobre qué, cómo y quién va a gastar la extraordinaria cifra de 140.000 millones del programa Next Generation que recibirá España a partir del verano.
Pero muchos alcaldes, de todos los partidos, temen que el dinero llueva en paracaídas -con su habitual imprecisión– y solo alcance a las grandes corporaciones y a los proyectos institucionales. Cómo mínimo los ayuntamientos piden poder presentar sus propios planes. Que no se les descarte de antemano.
El sistema de gestión de los 140.000 millones diseñado en la Moncloa excluye por ahora a los municipios
La estructura diseñada por el Gobierno central para la gestión de los Pertes -habrá que ir familiarizándose con esta palabra que es el acrónimo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica- configura una gestión centralizada de estos recursos y habilita exclusivamente una comisión de coordinación con las administraciones autonómicas. A priori, al poder local no está ni se le espera en esa mesa.
La experiencia del pasado no juega a favor de los municipios. Con una dimensión económica mucho menor, todo el mundo recuerda en España el plan Zapatero, la inyección de más de 10.000 millones de euros que en 2010 y con apremio, debieron gestionar los ayuntamientos con el objetivo de impulsar una recuperación que no llegó. El país está lleno de rotondas absurdas que deben su vida a aquel intento fracasado.
Sin embargo, en esta crisis los ayuntamientos han demostrado su capacidad desarrollando durante la pandemia un trabajo en primera línea de calle –las ciudades han sido los más afectados por la pandemia– para mantener los servicios públicos –el transporte, la limpieza, el apoyo social, la actividad comercial– al tiempo que apoyaban las estrategias de contención y ahora de vacunación que ordenan primero el Gobierno central y luego los gobiernos autonómicos.
El debate, si fuera posible plantearlo con la suficiente serenidad, es si los remiendos que necesita el país tras la pandemia deben hacerse con hilo grueso o hilo fino. En definitiva por qué circuitos llegará el dinero a la gente que lo necesita.
Los ayuntamientos no quieren tener el papel subalterno que les ha tocado en la pandemia
“Mucho me temo que en esta cuestión solo podremos ejercer de influencers” admite un alto responsable del Ayuntamiento de Barcelona. A sabiendas de que la región metropolitana tiene la musculatura suficiente para beneficiarse de estos fondos está ultimando un informe –con un ojo puesto en lo que está haciendo bien el gobierno vasco– sobre qué proyectos metropolitanos encajan en los famosos Pertes. Por intentarlo que no quede. Está por ver cuántos de ellos coinciden con los 27 que defiende la Generalitat catalana.
Este mes pasado, en un inusual ejercicio de cooperación política, los alcaldes de once ciudades, Madrid y Zaragoza, gobernadas por el Partido Popular; Cádiz con un alcalde de Adelante Cádiz; Valencia, presidida por Compromís; Girona y Reus donde gobierna Junts per Catalunya; Granada, por Ciudadanos; Lleida, con ERC al frente; Torrelavega del Partido Regionalista de Cantabria; Pamplona, de Unión del Pueblo Navarro y Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria, firmaron un comunicado conjunto reclamando una mayor intervención del poder local en la toma de decisiones sobre los planes de recuperación.
Los alcaldes piden gestionar unos 20.000 millones de los 140.000 asignados a España. Por el momento el Gobierno solo ha adelantado una aportación de 1.800 millones a los municipios.
Con más discreción, la misma reivindicación fue planteada también por algunos alcaldes socialistas en una reunión celebrada en la Moncloa hace algún tiempo.
El debate no es exclusivo de nuestro país. Cuando el Parlamento Europeo dio luz verde a la creación de este fondo extraordinario aprobó una proposición, impulsada por el grupo de Los verdes/ Alianza libre, en la que instaba a los países a tener en cuenta al poder local.
Ya en octubre del 2020 nueve alcaldes de aglomeraciones europeas entre los que figuraba la alcaldesa de Barcelona Ada Colau firmaron una carta conjunta para reclamar la gestión de parte de estos fondos. La misiva fue suscrita además por los alcaldes de Milán, París, Lisboa, Budapest, Praga, Varsovia, Bratislava y Hannover y pedían gestionar el 10% de los 1,8 billones asignados a este plan de estímulos.
También la Alianza por la Cohesión, que integra a 140 regiones y 137 ciudades europeas ha mostrado su preocupación porque “a medida que los Estados miembros preparan sus planes nacionales de recuperación, ha quedado claro que en muchos países nuestras regiones, ciudades y municipios no participan de manera significativa en el proceso de planificación”.
Pero depende de los gobiernos centrales el modo en que se gestionen los recursos y no parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté por embarcarse en una negociación directa con la administración local.
Llueve sobre mojado. El modelo autonómico español, embarrancado en el conflicto territorial hace años que dejó de ver a los gobiernos locales como un interlocutor relevante. Francia, Italia e incluso la Alemania federal empiezan a comprender que sus grandes ciudades son un factor de competitividad y de estabilidad política y social. A España, esa ola aún no ha llegado.
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