Se usó este procedimiento -a dedo y con mínimos controles y transparencia- en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros como mascarillas.
Por Eva Belmonte, David Cabo, Carmen Torrecillas, Miguel Ángel Gavilanes, Antoni Hernández. M Álvarez Vay y Ángela Bernardo. Fundación Civio.- El 31 de marzo de 2020, en los primeros locos días del estado de alarma, el Gobierno de Murcia adjudicó la gestión de su televisión pública a la empresa CBM, la misma que llevaba haciéndolo hasta entonces. La diferencia es que, esta vez, lo hizo utilizando la tramitación de emergencia, un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo por la vía ultrarrápida, sin abrir expediente y con muy pocos controles previos y transparencia. Este sistema, el más rápido y directo de la Ley de Contratos -permite hasta poner en marcha algo solo con hablarlo, y ya luego, si eso, redactar las condiciones- está limitado a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional.
Es evidente
que la pandemia que justo estaba arrancando por entonces era y es una
catástrofe y que suponía graves peligros, por eso se permitió el uso de este
sistema para la compra de, por ejemplo, mascarillas. Pero para entender qué
tiene que ver el coronavirus con la televisión pública de Murcia hay que
ponerse algo más imaginativos. Y lo hicieron.
En su justificación, el primer argumento es que el estado de
alarma frenó los trámites administrativos y, claro, no pudieron conceder a
tiempo el concurso abierto que habían convocado para esa concesión. Más allá de
que no llegar a tiempo no es causa suficiente para usar este sistema, lo
cierto es que sí lo tuvieron: el contrato vigente por entonces arrancó en 2015
y se había prorrogado tres veces. Finalizaba el 30 de abril. Y no fue hasta el
25 de febrero que pusieron en marcha el contrato, después de varios retrasos en
los trámites previos. Con esos plazos era casi imposible, con pandemia o sin
ella, con estado de alarma o sin él, que llegaran a tiempo.
El segundo
argumento es más etéreo: la televisión es esencial en casos de catástrofes,
dicen. Y no aprobar ese contrato a dedo por tramitación de emergencia suponía
un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”. Con estos
mimbres, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al
mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía
ordinaria. El plan era que fuera solo un parche durante dos meses, mayo y
junio, pero se prorrogó dos veces, la última ya estimaba alargarlo en 2021.
Todos los
contratos de emergencia publicados de todas las administraciones públicas
Hemos
analizado todos los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y
publicados ese año en el Portal de Contratos del Sector Público y desde las
plataformas vinculadas de las comunidades autónomas, excluyendo los menores.
Puede que algunos contratos no estén en nuestra base de datos porque o no se
habían publicado aún o no se habían vinculado con el portal estatal o están mal
clasificados.
Hemos
tenido que extraer, limpiar y estructurar y completar datos durante meses y
hemos encontrado falta de información, errores, códigos incoherentes, retrasos
y diferencias en las formas de publicar de cada organismo. Pero era la única
vía para tener una visión lo más completa posible: el Portal de Transparencia,
por ejemplo, incluye solo contratos de la Administración General del Estado -y
no todos- y mezcla emergencia con urgencia. Esta
es nuestra metodología.
El contrato
de la tele pública de Murcia es uno de los que se colaron entre mascarillas,
mamparas y test. En total, las administraciones públicas adjudicaron y
publicaron 16.589 contratos de emergencia durante 2020, que suman 6.445
millones de euros. Suponen un 15% de todos los que se firmaron ese año, un
porcentaje inédito. Para hacernos una idea: solo la Administración General del
Estado firmó 658 contratos de emergencia, más de 3.200 millones de euros,
frente a los 50 contratos de 2019 (27 millones) o los 12 de 2018 (tres
millones).
Y es
normal. Era una situación, de verdad, extraordinaria. Pero, ¿qué se compró? ¿A
quién? Y, lo más importante, ¿se cumplieron siempre las pocas reglas de la
tramitación de emergencia? ¿Hay más casos de contratos, como mínimo,
sospechosos? Spoiler: la respuesta a las dos últimas preguntas es no y sí.
Cuatro empresas acapararon uno de
cada diez euros
La crisis
sanitaria hizo que muchas empresas tuvieran que reconvertirse y que otras
vieran oportunidades en medio de la crisis. Es el caso de FCS Select
Products, una empresa dedicada al sector de las bebidas energéticas con sede en
Barcelona y una delegación en china que nunca había trabajado en el sector
sanitario. Gracias a cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad, todos
ellos firmados el 23 de marzo y que suman más de 217 millones de euros, se
convirtió en el principal importador, o intermediario, del Gobierno.
Es la
empresa que más dinero se llevó, en 2020, vía contratos de emergencia. Una de
sus administradoras había sido condenada en 2015 por estafa, según desveló El Confidencial. Tras esos cuatro contratos
(aquí, aquí, aquí y aquí), no volvió a firmar con administraciones públicas
españolas. Fue flor de un día. Pero muy, muy lucrativa. Leer más+
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