Acuerdo PSOE-C´S: 38 diputaciones en el punto de mira

Los votos en las elecciones municipales sirven también para escoger las diputaciones. Cada provincia está dividida en históricos partidos jurídicos, que reúnen varios municipios

Como condición para lograr un pacto de legislatura a nivel nacional, Ciudadanos ha propuesto al PSOE suprimir las 38 diputaciones de régimen común que aún existen en España con una estructura y misión -apoyar a los pequeños ayuntamientos- que ha  venido cuestionándose desde que surgieron las comunidades  autónomas. Ahora el asunto vuelve a recobrar actualidad. ¿Son necesarias?. Veamos algún ejemplo en la prensa.

Revista de prensa. El Español: "Las Diputaciones gastan tanto en sí mismas como en servicios".  El PSOE ha aceptado las propuestas de Ciudadanos para un pacto de legislatura. Una de las condiciones es la supresión de las Diputaciones provinciales. No todas las provincias españolas tienen diputación provincial. Las tres provincias vascas y las Islas Canarias y Baleares tienen organismos similares -diputaciones forales, cabildos y consejos insulares- pero con más recursos, elección directa y otras competencias. Las comunidades autónomas uniprovinciales tampoco tienen Diputación. Sus competencias las ha asumido el gobierno autonómico.



Aspecto de un pleno de la Diputación de Salamanca

Ciudadanos propone suprimir sólo las 38 diputaciones provinciales.

 

Esto es lo que hacen, cuánto gastan, qué problemas tienen y un par de ejemplos simbólicos.

 

Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en cada provincia. Sobre todo, por tanto, del mundo rural. Los municipios pequeños no pueden encargarse de residuos, caminos rurales, carreteras provinciales y otros tipos de instalaciones o recursos. Las diputaciones hacen también otras tareas en cultura -tienen museos, bibliotecas-, derechos sociales o deportes. Esas funciones deberían seguir haciéndose.

 

Los presupuestos de las Diputaciones provienen en su gran mayoría del Estado. La gestión de IBI de Ayuntamientos pequeños o ingresos por actividades puntuales son cantidades poco significativas.

Dos problemas

1. El tamaño. El presupuesto ejecutado en 2014 de las 38 Diputaciones provinciales -el último publicado- es de algo más de 6.000 millones de euros. Las 38 Diputaciones gastaron casi lo mismo de esa cantidad en mantenerse, un 43,36%, que en dar servicios a los ciudadanos, 42,95%.

     

La Diputación que más dinero dedicó a su supervivencia fue Segovia. El presidente de cada Diputación tiene potestad para contratar a su gusto. Los funcionarios de Diputaciones tienen las mismas categorías laborales que los funcionarios del Estado, pero las oposiciones son tradicionalmente menos exigentes.

     

Durante los años de la crisis, el número de funcionarios en todas las Diputaciones -provinciales, forales e insulares- se ha mantenido en un ligerísimo descenso. El personal laboral ha bajado con más constancia, pero ha repuntado curiosamente durante el primer semestre de 2015. Las elecciones municipales fueron en mayo de 2015. (Nota: El numero de empleados públicos en las diputaciones ronda los 65.000, el 2,4% del total) 

       

2. La elección es indirecta. Las diputaciones no son elegidas por sufragio universal. Los votos en las elecciones municipales sirven también para escoger las diputaciones. Cada provincia está dividida en históricos partidos jurídicos, que reúnen varios municipios. En función de los votos de cada formación en esos partidos jurídicos se asigna un número de diputados en la Diputación.

 

Los diputados de las Diputaciones son concejales electos. El partido que tiene la mayoría escoge al presidente. Cada partido escoge a su manera a sus candidatos, con tanta opacidad como quiera: es un modo perfecto de colocar a amigos o devolver favores.

 

Las Diputaciones suelen estar en la capital de la provincia, donde la atención de los ciudadanos y la prensa se centra en el Ayuntamiento. Un impacto diluido en la sociedad -porque está más extendida geográficamente- y esa menor fiscalización hacen que las Diputaciones sean un lugar ideal para los trapicheos.

E caso de Salamanca

El presidente de la Diputación es un concejal electo, pero no tiene por qué ser el alcalde de una ciudad grande. Salamanca vivió en las últimas elecciones uno de los mejores ejemplos de cómo la elección indirecta de los presidentes de la Diputación puede ser manipulada por los partidos.

 

Javier Iglesias era el alcalde de Ciudad Rodrigo y presidente de la Diputación desde 2011. Era también el presidente del PP provincial y senador desde el 20D. Durante la última legislatura fue imputado por un caso de prevaricación en la Diputación.

 

El caso es un ejemplo de cómo funcionan las Diputaciones: Iglesias había asumido para la Diputación una feria agropecuaria, despedido a sus empleados y colocado a personas afines al partido. El tribunal ya ha declarado nulos los despidos.

 

Para evitar la derrota en Ciudad Rodrigo, Iglesias se presentó por Beleña, un pueblo de algo más de cien empadronados. La mitad vive en una residencia de ancianos. Así describe la Tribuna de Salamanca el paso de Iglesias a un feudo seguro para quedarse con la Diputación: “Esto lo había labrado el partido a lo largo de las últimas legislaturas con la sombra de la duda sobre el uso partidista de una residencia de mayores propiedad del alcalde y que obliga a empadronarse a los internos”.

 

El PP obtuvo 69 votos en Beleña. Iglesias iba de número 2 y hoy es presidente de la Diputación de Salamanca, que en 2014 tuvo un presupuesto de más de 100 millones de euros.

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