Un vuelco de Gobierno provocará un baile de altos cargos, asesores y personal de confianza, asistentes y directivos de la Administración. Más de un millar de asesores y personal de confianza deberá buscar otro empleo
Revista de prensa. Francisco Núñez.- El Mundo.- Un cambio de Gobierno volverá a producir un movimiento telúrico en las cúpulas ministeriales como ya sucedió en otras legislaturas. Sobre todo en una Administración Central en la que muchos altos cargos no pertenecen a la función pública (asesores) y, si lo son, el Gobierno entrante les cesará porque no confiará en los que ha dejado el anterior. Es lo que ha ocurrido en las alternancias entre PP y PSOE. La catarsis será aún más aguda si el cambio es más radical.
De momento, muchos de ellos, sobre todo los funcionarios de carrera e incluso algún ministro, son prisioneros de su nombramiento. Tienen ofertas de empresas privadas, pero no pueden abandonar el cargo mientras el Gobierno siga en funciones y, por si fuera poco, puede retrasarse su salida su hay nuevas elecciones.
Más de 4.000 personas pueden cambiar de silla en este particular juego de tronos. A muchos de los que son funcionarios se les relegará a puestos de su nivel, pero sin desempeño alguno y sin acceso a documentación sensible. O simplemente se les facilitará un despacho para que transcurra su jornada a la espera de otra ubicación. Algo similar ocurrirá con los que han salido de las listas electorales, o que no han resultado elegidos, ya que jamás vuelven a sus anteriores ocupaciones.
Si no son funcionarios, tendrán que buscar otro empleo en el sector privado. Su situación es más complicada no sólo por el momento del mercado laboral sino porque el PP no puede recolocarles en otras administraciones donde gobierna el partido, como sucedía hasta ahora, porque ha perdido presencia. Por ejemplo, en algunos ministerios, como el de Industria, o en la Comunidad de Madrid, se ha recolocado al personal de confianza excedente (asesores) de la Comunidad Valenciana.
Asesores al paro
Ahora, si el PP deja de gobernar el país, este personal no podrá ser reubicado. Ya sucedió en las elecciones del 14-M de 2004 con el equipo del PP y en las del 20-N con el PSOE. Hubo casos de asesores que pasaron a engrosar las filas del paro.
Si hay cambio de mando en La Moncloa, el Ejecutivo, y los partidos que lo integren, decidirán el nuevo organigrama de altos cargos. Incluso, podría elevar el número de directivos en la Administración Central, organismos autónomos, administrativos, órganos colegiados y consultivos, empresas, entes y fundaciones.
¿Qué cambios realizaría un nuevo Gobierno? Más de 3.000 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) se dedican en cada legislatura a nombramientos y ceses. Según figura en los Presupuestos de 2016, el PP tiene nombrados 448 altos cargos entre secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales (con la categoría de subsecretarios) y delegados del Gobierno en las 17 autonomías, así como directores generales y secretarios generales técnicos o jefes de gabinete con la misma categoría de directores generales. Serían los cambios más inmediatos.
Todos ellos son nombrados por los ministros o en su defecto por los secretarios de Estado, así como los 494 subdirectores generales de los ministerios (Hacienda tienen casi un centenar) o los subdelegados del Gobierno en cada provincia y directores insulares. La cifra es imposible de calcular. Puede acercarse al doble de ese medio millar, ya que existen muchos cargos que no figuran con esta denominación administrativa aunque tienen la misma categoría.
Todos ellos componen los órganos directivos de la Administración y la primera y segunda línea en la cuerda del poder.
Aunque la ley establece que, de director general hacia arriba, los altos cargos deben ser nombrados de entre los funcionarios, el Gobierno ha recurrido a la salvedad que le permite contratar personas del sector privado "en atención a las características específicas" de la responsabilidad que necesite cubrir.
En este grupo hay varios secretarios de Estado, como el de Administraciones Públicas, Comunicación o Relaciones con las Cortes, y también directores generales como el de la Policía o el de Calidad y Evaluación Ambiental.
En estas líneas se encuentran los 213 embajadores y los que figuran en las organizaciones internacionales.
Y también el cúmulo de representantes en misiones, oficinas consulares o comerciales. Son funcionarios, pero suelen ser removidos, sobre todo los que están en países importantes o zonas calientes.
700 de libre designación
A todo ellos, hay que sumar los más de 700 cargos de libre designación que la Agencia Tributaria nombra entre los 1.600 inspectores. Muchos de ellos suelen ser cambiados cada vez que entra un nuevo Ejecutivo e incluso un nuevo equipo aunque no se haya cambiado de Gobierno.Es lo que ha sucedido en los últimos años. A este grupo de elegidos se les conoce en la Agencia como personal de libre destitución.
A esta ingente suma de nombramientos hay que añadir el centenar de responsables de órganos colegiados y consultivos, los de las 296 unidades públicas controladas por los ministerios (organismos y entes de toda índole) y al menos las 60 entidades públicas empresariales que acumulan varios centenares de presidentes, consejeros y directivos.
Un cambio de Gobierno también afectará a los representantes del Gobierno en empresas privadas con participación pública. Por ejemplo, en Indra. Incluso, podría mover el consejo a algunos ex políticos que a través de las puertas giratorias han aterrizado en compañías privadas.
En esta primera línea del poder se encuentra también una cohorte de al menos 819 asesores y personal de confianza, elegidos a dedo. No son funcionarios. Se trata de personal eventual contratado que cesa cuando sale del cargo quien les nombró.
Muchos de ellos provienen de los partidos y otros han sido contratados del sector privado para realizar su labor profesional. Suelen ser los grandes damnificados en estos casos, sobre todo si hay un vuelco electoral.
El Ministerio de Presidencia, con 312 asesores, es el departamento más dotado de este personal eventual. Le sigue Hacienda, con 163 y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, tiene 33. Son los que están viviendo con mayor preocupación los riesgos de un vuelco en el Gobierno. Algo similar sucede con los más de 300 asistentes que son personal de confianza de los diputados y senadores.
Aunque es posible que parte de estos últimos repitan cargo si ha resultado elegido el diputado o senador al que estaba adscrito, pueden desaparecer de la nómina pública un millar de personas nombradas a dedo. Vendrán otros tantos o más.
En realidad, el baile de cargos públicos ya ha empezado. El PP ha nombrado en el Congreso a 10 presidentes de Comisiones que de momento son provisionales.
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