La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie que proporciona a sus ciudadanos
Daniel Iborra. Blog ¿Hay Derecho?.- En los países democráticamente desarrollados, los ciudadanos tienen dos salarios: Un salario que resta después de pagar impuestos y un salario en especie, en cuya financiación participa toda la población.
Este salario en especie está compuesto por el conjunto de servicios que la totalidad de ciudadanos recibe del Estado: educación, justicia, sanidad, seguridad ciudadana y defensa, infraestructuras.
Hay tres etapas que merecen la misma atención social y la misma responsabilidad.
La etapa primera, la contribución social, suele ser discriminatoria, aportando más recursos los que obtienen más ingresos. Para que esta discriminación no perjudique la creación de riqueza y empleo ha de ser equilibrada porque, si los ciudadanos la consideran excesiva, la desmotivación reducirá su aportación al desarrollo de la economía. Si esta reducción fuera compensada por la actividad económica de los que claman por el incremento de la presión fiscal, el nivel de renta social se mantendría pero no siempre sucede este fenómeno.
La manera de incrementar los ingresos públicos que se ha revelado más eficaz y permanente, es la de crear las condiciones legales y financieras para la germinación de actividades empresariales que generen empleo y riqueza, lo que proporcionaría más base imponible, nuevos contribuyentes a la arcas públicas y a la seguridad social y reduciría las cargas sociales.
Desde nuestros primeros artículos, hemos reiterado que la economía es la base de los derechos sociales y que , para tener un alto nivel de vida un país, su sistema productivo ha de alcanzar un nivel similar de competitividad.
No son de las promesas de los políticos sino del éxito de los productos y de los servicios nacionales en los mercados, de lo que derivan el nivel de renta de la población, la remuneración, la seguridad y la cantidad del empleo, la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales y en definitiva, la calidad del Estado del bienestar.
Es, pues, la competitividad del sistema productivo el motor del desarrollo de los pueblos .
Sin tener en la sangre estas bases los pueblos están condenados a repetir sus crisis y al riesgo de quedar seducidos por estafadores políticos que aprovechándose de la buena fe de la ciudadanía ofrecen soluciones “sin esfuerzo” y “ sin acreditar su financiación “ para los problemas sociales. Son como los vendedores de productos tóxicos o fraudulentos que llevaron a la ruina a amplias capas sociales que se dieron cuenta , demasiado tarde, que la inversión , como la política, sólo ofreció beneficios a quien les estafó .
La crisis ha evidenciado la indefensión del consumidor frente a la gestión pública. Es de las pocas actividades que no se juzga la incompetencia como responsable directa de la ruina social.
En la segunda etapa, es fundamental que el Estado racionalice sus costos para que la atención de los ciudadanos cuente con la máxima financiación.
Es lógico que los responsable políticos, una vez instalados, sientan la preocupación de lograr su permanencia. Un modo de ampliar el número de votantes es el de utilizar los ingresos de todos, durante su mandato, de una manera partidista, con el objeto de asegurarse su reelección.
Los pueblos con poca madurez democrática se ven perjudicados, por su desidia en el control de la gestión pública, por un proceso de trasvase de recursos hacia finalidades o sectores sociales en función, no del interés general del país, sino de la opción política que lo dirige, dando lugar a un incremento del control social, cultural e informativo progresivo y a la creación de grandes bolsas de beneficiarios en estos sectores.
Esta fase es especialmente peligrosa para la población, porque reduce , si la extracción es importante, el flujo de recursos que van destinados a financiar el Estado de bienestar y porque, al favorecer el control de la información, contribuye a ocultar la malversación de los ingresos públicos y la incompetencia del gestor político, haciendo que los problemas económicos internos no sean detectados y corregidos, lo que incrementa la ineficiencia y la improductividad del sistema en todas las fases.
En estas circunstancias, el incremento de la presión fiscal de la primera fase quedará reducido en la segunda, sin que nunca vean los ciudadanos recompensa para su esfuerzo fiscal.
En las sociedades desarrolladas es muy difícil que los ciudadanos admitan una reducción importante de ingresos para verlos evaporados en una función tan insolidaria.
El nivel educativo y la madurez democrática de la Sociedad es básico en el cambio de comportamiento de la clase política.
También es importante la tercera fase, pues es la que determina la calidad del salario en especie. Como en una empresa con una administración competente, el Estado tiene la obligación de lograr una profesionalización de la función publica de manera que, a través de procedimientos de incentivación y reconocimiento de méritos, se encuentren los funcionarios mejores en los puestos de mayor responsabilidad y la prestación de obras y servicios públicos en manos de las empresas mas competitivas en precio y de mayor calidad.
Es de gran rentabilidad para la ciudadanía el que el Estado utilice cuantas técnicas de gestión mejoren las prestaciones sociales y reduzcan el coste de las mismas. Serian practicas contrarias, por ejemplo, las adjudicaciones politizadas de obras y servicios en favor de ofertas publicas o privadas, inferiores en precio o calidad a sus alternativas, ya que redundaría en un encarecimiento o en un deterioro de las retribuciones sociales de los ciudadanos y la politización de la función publica en beneficio de funcionarios afines. En ambos casos se produciría, igualmente, un fraude a la Sociedad.
Y finalmente, es fundamental la competencia del gestor público, la calidad técnica de su equipo y la elaboración de un programa serio y solvente, dirigido al bien común y no a ganar las elecciones. Un Estado no puede ser eficiente si sus dirigentes no lo son.
Un gestor diligente, cuya única preocupación sea el bienestar ciudadano, estará atento a los éxitos de otros gestores públicos, en relación a los temas que más preocupan a la ciudadanía ( ejm en relación al paro o a calidad de los servicios públicos), para aplicarlos en su propio país de la manera más inmediata y con ello, intentar su rápida solución.
La competitividad del Estado dependerá de la relación entre el coste fiscal y la calidad del salario en especie que proporciona a sus ciudadanos.
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