"La transparencia sólo relegitima al gobierno y reduce la corrupción si, al tiempo, se mejora la rendición de cuentas"
Blog Idl. Manuel Villoria.- La transparencia se ha convertido en uno de los valores retóricamente dominantes en las políticas públicas y en el discurso político de nuestro país. En el nivel de gobierno local esta preferencia está generando algunos instrumentos y prácticas muy interesantes, que van más allá del marketing electoral y de las proclamas anti-corrupción. En el ámbito local numerosos gobiernos se han tomado muy en serio estas políticas de transparencia y configurado unas prácticas dignas de análisis y, muchas, veces, elogio.
Blog Idl. Manuel Villoria.- La transparencia se ha convertido en uno de los valores retóricamente dominantes en las políticas públicas y en el discurso político de nuestro país. En el nivel de gobierno local esta preferencia está generando algunos instrumentos y prácticas muy interesantes, que van más allá del marketing electoral y de las proclamas anti-corrupción. En el ámbito local numerosos gobiernos se han tomado muy en serio estas políticas de transparencia y configurado unas prácticas dignas de análisis y, muchas, veces, elogio.
Es sorprendente ver cómo mientras la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno , establece en su Disposición Final Novena que la regulación referida a transparencia y derecho de acceso tiene una vacatio legis de dos años para los gobiernos locales (y Comunidades Autónomas) y un año para la Administración General del Estado (AGE), en este último nivel de gobierno el retraso ha sido el rasgo esencial de su trabajo, mientras que numerosos gobiernos locales tienen plenamente aplicada la norma en lo relativo a publicidad activa y gestionan ya de forma normalizada bajo tal paradigma, desde hace más de un año; por ejemplo, si vemos el Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (ITA), de Transparencia Internacional, en 2012 varios ayuntamientos obtuvieron la puntuación máxima (100), lo cual quiere decir que ya tenían incorporadas a sus páginas web ¡en 2012! incluso los datos que requeriría un año más tarde la Ley de Transparencia. En concreto, Alcobendas, Bilbao, Gandia, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent ya cumplían en 2012 con los 15 indicadores que la ley requeriría un año más tarde, además de con los otros 65 que la organización especificaba en su cuestionario.
Evolución de indicadores
También es reseñable que en la edición del ITA 2012 las puntuaciones medias alcanzadas por el conjunto de los Ayuntamientos evaluados fueron ligeramente más altas a las de la edición precedente (2010), que a su vez había sido superior a la de los años anteriores (2009 y 2008). Así, la puntuación media general de los 110 Ayuntamientos en 2012 alcanzó 70´9 puntos (sobre 100), frente a la de 70´2 alcanzada en 2010, y de 64´0 y 52´1, en 2009 y 2008 respectivamente. Además, en tres de las Áreas de transparencia analizadas, las puntuaciones medias del conjunto de Ayuntamientos fueron superiores a las del año anterior, destacando esta mejora en dos áreas: En Transparencia Económico financiera, el incremento fue superior a siete puntos: 71´2 en 2012, y 63´8 en 2010 (49´1 en 2009 y 29´1 en 2008); también fue el incremento en el nivel de Información sobre la Corporación municipal. Pues bien, en la edición de 2014 el incremento ha continuado y ha sido espectacular, como se puede ver en el Cuadro que sigue.
En cuanto a la evolución de las puntuaciones a lo largo de las distintas ediciones del ITA, en el Cuadro 2 se recoge esta progresión temporal.
Cuadro 2. Puntuaciones medias de los Ayuntamientos por áreas de transparencia.
En todo caso, no olvidemos que la transparencia no es un fin en sí mismo. Se promueven políticas de transparencia para que se reduzca la corrupción, se mejore la rendición de cuentas, se incremente la calidad de la democracia, se refuerce la eficiencia del sistema económico y, en última instancia, tengamos todas y todos una vida mejor. La transparencia activa a través de la red es el primer paso; ahora habrá que incidir en factores como la interoperabilidad, la apertura de datos o la reutilización. También habrá que ver cómo, poco a poco, se implementa el derecho de acceso a documentos. Además, los resultados de la investigación internacional sobre open data son reveladores de algunos de los problemas que se van a tener para conseguir los objetivos antes citados si no se desarrolla una estrategia más holística.
En cuanto a la evolución de las puntuaciones a lo largo de las distintas ediciones del ITA, en el Cuadro 2 se recoge esta progresión temporal.
Cuadro 2. Puntuaciones medias de los Ayuntamientos por áreas de transparencia.
En todo caso, no olvidemos que la transparencia no es un fin en sí mismo. Se promueven políticas de transparencia para que se reduzca la corrupción, se mejore la rendición de cuentas, se incremente la calidad de la democracia, se refuerce la eficiencia del sistema económico y, en última instancia, tengamos todas y todos una vida mejor. La transparencia activa a través de la red es el primer paso; ahora habrá que incidir en factores como la interoperabilidad, la apertura de datos o la reutilización. También habrá que ver cómo, poco a poco, se implementa el derecho de acceso a documentos. Además, los resultados de la investigación internacional sobre open data son reveladores de algunos de los problemas que se van a tener para conseguir los objetivos antes citados si no se desarrolla una estrategia más holística.
Para empezar, se ha demostrado que la transparencia sólo relegitima al gobierno y reduce la corrupción si, al tiempo, se mejora la rendición de cuentas; esto está en línea con el célebre modelo de Klitgaard que postula que la mejora del control reduce la corrupción. Si se incrementa la transparencia y se permite la reutilización, probablemente la sociedad civil encontrará ineficiencias y actos no muy honestos; si, ante ello, la Administración no da la explicación adecuada y asume las responsabilidades correspondientes, entonces no se avanzará mucho en la legitimación del gobierno, sino todo lo contrario. A su vez, Heald ha resaltado que no todos los datos que se publicitan son iguales en la lucha contra la corrupción; de ahí que sea importante separar los datos importantes a tal fin de los que no lo son. Finalmente, Worthy , basándose en la experiencia del Reino Unido en la implementación del open government defiende que el impacto del open data depende de la existencia de una sociedad civil fuerte y del uso sostenido que hace esta de las posibilidades que le otorga la reutilización y la publicidad. También, depende de la existencia de una auténtica separación de poderes y de los controles y chequeos mutuos.
En suma, el camino está abierto y las posibilidades son enormes; tenemos buenas prácticas de publicidad activa de las que aprender y una oportunidad, con las próximas elecciones, de establecer compromisos firmes con el electorado en la materia, ahora hay que implantar y aprender, a través de la evaluación, qué funciona mejor y qué es más irrelevante de cara a la recuperación de la dañada legitimidad de los poderes públicos de nuestro país
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