Carles Ramió: Elon Musk y el desmantelamiento del Estado

La reforma administrativa impulsada por Donald Trump y Elon Musk no busca mejorar la eficiencia del Gobierno, sino debilitar la burocracia federal con recortes arbitrarios, politización del empleo público y una agenda revanchista, de acuerdo con Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra.

Por Carles Ramió. Agenda Pública blog.- Una de las iniciativas que más han llamado la atención del reciente reelegido presidente Donald Trump es su apuesta para mejorar la eficiencia gubernamental, que no es más que un eufemismo para reducir el gasto público y evitar una crisis fiscal.

Con este objetivo, ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés, también acrónimo de Dogecoin, una criptomoneda inspirada en un popular meme, de la que Elon Musk ha sido un gran inversor e impulsor de su valor), liderado por el polémico empresario.

"Los supuestos expertos externos de Musk han entrado en departamentos y agencias con funciones ejecutivas, adoptando drásticas y llamativas decisiones"

Como la mayoría de las iniciativas de Trump, todo es muy confuso: se denomina departamento cuando es solo un grupo asesor externo (como los tradicionales grupos de expertos externos que asesoran en las reformas administrativas). Pero, desde el principio del nuevo mandato presidencial, estos supuestos expertos externos han entrado en departamentos y agencias con funciones ejecutivas, adoptando drásticas y llamativas decisiones. Los tribunales de justicia tendrán que dictaminar si esta intromisión en las instituciones públicas es legal o no.

Otro elemento equívoco es que el DOGE no agrupa a expertos en mejora administrativa, sino que, todo parece indicar, que abarca a un reducido grupo de jóvenes empleados del propio Elon Musk que carecen de conocimientos y se comportan como perros de presa que solo se dedican a recortar gastos y a despedir empleados federales. Una auténtica reforma administrativa reside en mejorar la eficiencia de la Administración (fácil de decir, pero difícil de hacer, ya que no solo se trata de mejorar procesos, sino de transformar el modelo organizativo y el del empleo público) y en eliminar las regulaciones que generen más costos que beneficios (que suele denominarse simplificación normativa y administrativa). Para atender a estos dos vectores hace falta mucho conocimiento experto, tanto interno como externo.

Es evidente que la Administración federal de EE. UU. requiere de una reforma administrativa en profundidad. Se trata de un Gobierno obsoleto y sorprendentemente poco digitalizado. Ha habido, en la historia americana reciente, varios intentos de reforma que han fracasado. La comisión Hoover del presidente Harry Truman, la comisión Grace de Ronald Regan, la Asociación Nacional para la Reinvención del Gobierno liderada por Al Gore en el mandato del presidente Bill Clinton, etc.  

Vamos a hacer un análisis de urgencia sobre las primeras medidas de esta nueva reforma administrativa y a intentar predecir sus potenciales nuevos pasos y posibles consecuencias.

"Los gestores privados desconocen los entresijos de las instituciones públicas y suelen estancarse en hacer propuestas normativas imposibles de implementar"

El sector privado como protagonista de una reforma administrativa. Es recurrente la comparación entre la supuesta ineficiencia de la gestión pública y la eficiencia del sector privado. Todo un mito, con fundamentos conceptuales y empíricos muy imprecisos, que incentiva a que sean gestores privados, supuestamente exitosos, los que lideren las reformas administrativas. Esto ya sucedió antes con las comisiones Hoover y Grace y el fracaso fue rotundo. Los gestores privados desconocen los entresijos de las instituciones públicas (sus complejidades y, también, sus limitaciones) y suelen estancarse en hacer propuestas normativas imposibles de implementar. Al DOGE le va a suceder exactamente lo mismo y va a ser una quimera que logre diseñar e implementar una reforma administrativa realmente robusta.

Realmente, su objetivo no es la reforma de la administración pública, sino solo podarla para disminuir el gasto público. Este propósito es mucho más fácil de lograr. Recortar de manera acrítica está al alcance de todos y, en especial, de empresarios agresivos especializados en estas lides. Pero una Administración no es una empresa y el alcance de los recortes siempre es más limitado. Tal y como demuestran Tyson y Mendonca, en un artículo en El País del pasado 24 de diciembre de 2024, hay un 74% de los gastos federales que son intocables (pago de intereses de la deuda pública, gastos en defensa, seguridad social, Medicare, etc.). El 24% restante tampoco es fácil de recortar. Los ámbitos más susceptibles de ser cercenados son muy sensibles y delicados, como son, por ejemplo, los servicios meteorológicos o la seguridad de la aviación civil. No parece muy oportuno desfinanciar sectores estratégicos que son, en este momento, más necesarios que nunca ante nuevas, frecuentes e impredecibles catástrofes naturales. Por tanto, los objetivos de recortes en el gasto público van a ser imposibles de cumplir. Musk anunció, al principio, dos billones de dólares y, posteriormente, lo rebajó a 500.000 millones. Si alcanzan a reducir 50.000 millones, ya sería todo un logro.

"Lo que realmente está intentando implementar el tándem Trump-Musk es una agenda política sectaria y revanchista bajo el argumento, a modo de impostura, de los recortes"

Pero resulta que el objetivo profundo tampoco es el recorte del gasto público, sino eliminar departamentos y programas concretos alentados por el sectarismo político. Lo que realmente está intentando implementar el tándem Trump-Musk es una agenda política sectaria y revanchista bajo el argumento, a modo de impostura, de los recortes.

De manera transversal domina una visión burófoba de la Administración que contempla a los empleados públicos como una banda de vagos y parásitos sociales. Una tesis infantil y superficial a la que es fácil encontrar ejemplos elevando las anécdotas a categorías (abuso del teletrabajo, empleados absentistas u ociosos, etc.). Cuando se dispara de manera imprecisa o con intencionalidades ocultas, el blanco fácil siempre son los empleados públicos. La denigración de los empleados públicos es siempre un recurso cómodo (pura demagogia) para lograr el apoyo social de la ciudadanía más crispada.

Pero la agenda real es claramente revanchista: cesar a aquellos funcionarios de los sectores que han molestado a Trump en su primera presidencia y, en especial, en sus cuatro años de interregno. La agenda también es político-sectaria: erradicar la cooperación internacional (USAID), suprimir la financiación a organismos internacionales, reducir las políticas sociales y educativas, etc. Se trata de aplicar de manera extrema una agenda provinciana (aislacionista) y anti bienestar público con una fuerte tradición en el país. Para maquillar estos dos grandes objetivos se anuncian, por ejemplo, también recortes en el Pentágono que seguramente no se van a producir. Es cierto que Trump es un líder caótico, difuso e imprevisible, pero en materia de reforma administrativa tiene una agenda bastante precisa que nada tiene que ver con la transformación administrativa ni tampoco con el recorte del gasto público. 

Un liderazgo chamánico que posee algunos fundamentos teóricos: hay dos maneras de analizar a Donald Trump y a Elon Musk. La primera es que se trata de dos locos bruscos y espontáneos, espíritus libres de las ataduras convencionales, que han entrado en las instituciones como elefantes en una cacharrería. La segunda es que sus planes aparentemente caóticos poseen una agenda radical pero consistente. El modelo administrativo americano se sustenta sobre unos desencuentros teóricos, nunca del todo resueltos, que se pusieron de manifiesto desde los tiempos de los padres fundadores de la nación. Por una parte, hay la visión de Jefferson (bottom-up) centrado en la importancia de la participación y de la rendición de cuentas. En contraposición, la postura de Hamilton, mucho más ejecutiva (top-down), que fortalece los poderes presidenciales y que reduce la separación entre los poderes institucionales y el equilibrio de los actores (separación defendida por Madison).

A nivel administrativo, todo parece indicar que Trump desea regresar a un modelo de spoils system, dominante en la administración americana durante la primera mitad del siglo XIX. Consiste en defender la politización de la Administración, en contra del modelo de Wilson de profesionalización de la Administración, y apostando por un control político y personal del empleo público en manos del presidente (tesis también apoyada por Hamilton).

"No se trata de una reforma administrativa, sino de una contrarreforma que va a deteriorar de manera muy peligrosa una Administración federal que ya se encuentra en un momento muy delicado"

Hay antecedentes recientes de esta posición, mostrada de forma mucho más tímida, durante el mandato del presidente G. W. Bush (hijo) y de su vicepresidente Dick Cheney. En mi opinión, la reforma administrativa que plantean Trump y Musk bebe, de manera quizás inconsciente, de estas fuentes teóricas y también de las improvisaciones y las ocurrencias inherentes a ambos personajes. Por tanto, no se trata de una reforma administrativa, sino de una contrarreforma que va a deteriorar de manera muy peligrosa una Administración federal que ya se encuentra en un momento muy delicado. Los líderes chamánicos, tal y como sustenta Víctor Lapuente, son demoledores no solo para la calidad democrática, sino también para la fortaleza y solvencia técnica de las administraciones públicas.   

En definitiva, la llamada reforma administrativa impulsada por Trump y Musk no busca modernizar la Administración federal ni mejorar su eficiencia, sino imponer un modelo de gobernanza basado en la desregulación extrema, el desmantelamiento de estructuras públicas y la politización del empleo público. Como ya ocurrió con intentos previos de intervención privada en la gestión estatal, la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la Administración y la aplicación de recetas empresariales simplistas conducirá, previsiblemente, a un nuevo fracaso. Sin embargo, el verdadero peligro de esta iniciativa no radica solo en su inviabilidad técnica, sino en su capacidad para erosionar las bases institucionales de la burocracia federal y debilitar las funciones esenciales del Estado. Con una combinación de sectarismo político, burófobia y liderazgo chamánico, Trump y Musk no están diseñando una reforma administrativa, sino una ofensiva contra la Administración pública.