La Agencia Antifraude de Valencia ofrecerá atención psicológica a quienes denuncien corrupción

Revista de Prensa. VALÈNCIA PLAZA (EFE). La Agencia Valenciana Antifraude ofrecerá un servicio de apoyo y atención psicológica profesionalizado a las personas denunciantes de corrupción, ya que en muchas ocasiones necesitan un tratamiento psicológico por la presión que sufren como consecuencia de la interposición de la denuncia.

La Agencia, que fue la primera autoridad en España en tener un Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción y actualmente cuenta con 35 personas bajo protección, ha publicado una consulta preliminar de mercado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el fin de licitar próximamente un contrato de atención y apoyo psicológico a estas personas.

Desde su creación, la Agencia acumula "una amplia" experiencia en la atención a las personas denunciantes, que a raíz de denunciar viven "difíciles situaciones", pues la presión que reciben en muchas ocasiones en el ámbito profesional transciende al ámbito personal y familiar, afectando a distintas áreas de su vida privada, como la familia y las amistades.

Con el objetivo de poder ofrecer este servicio de apoyo y atención psicológica profesionalizado, la institución valenciana lanza esta consulta preliminar, en la que pueden participar personas o entidades expertas, autoridades independientes o colegios profesionales relacionados con los servicios de asistencia psicológica, según fuentes de la Agencia.

Hasta el 4 de octubre se podrán remitir respuestas a esta consulta, que permitirá posteriormente elaborar los pliegos para la contratación de un servicio de atención psicológica destinado a las personas que han alertado de hechos o conductas presumiblemente fraudulentos o corruptos y que como consecuencia de ello sufren represalias que afectan a su vida laboral e incluso personal y familiar.

La reciente aprobación de la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción, como consecuencia de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 1937/2019 -más conocida como Directiva Whistleblower-, recoge que una de las medidas de apoyo a las personas denunciantes será el derecho a la asistencia y a la ayuda psicológica.