"Es previsible pensar que las medidas implementadas por el gobierno el pasado 1 de septiembre, a pesar de ser temporales, tengan un efecto positivo en el número de personas usuarias del transporte público"
Por Maria Cervini-Pla, Mariona Tomàs, Javier Vázquez-Grenno. Nada es Gratis.- El 1 de septiembre entró en vigor la reducción temporal de los precios del transporte público que el gobierno de España anunció a principio de verano. Además de la gratuidad de los abonos de RENFE (cercanías y media distancia), la política también incluye importantes reducciones en el precio del transporte (que pueden variar entre el 30 y 50%) en abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de competencia autonómica o local. Las medidas persiguen un doble objetivo: i) limitar el incremento del gasto que sufren las familias como consecuencia de la elevada inflación; ii) estimular el uso del transporte público en un contexto de aumento de las emisiones de CO2.
Es evidente que esta no es la primera vez que se produce
un abaratamiento de los precios del transporte público. En efecto, en el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB), el 1 de enero de 2019 se produjo un cambio
significativo para la movilidad de los habitantes de los 36 municipios de la
AMB, hasta entonces divididos en dos zonas tarifarias (zona 1 y zona 2). La
implantación de una tarifa plana de transporte (integración de 18 municipios ex
zona 2 en la zona 1) implicó una rebaja en el precio de los viajes en
transporte público del 50% (es importante señalar que en la zona 1 se encuentra
el municipio de Barcelona, principal destino de los viajes de la zona
metropolitana). Esta rebaja no fue gratuita para los habitantes de los
municipios afectados ya que supuso la instauración de un nuevo impuesto a los
propietarios de bienes inmuebles en aquellos municipios, llamado tributo
metropolitano.
¿Qué impacto tuvo la introducción
de la tarifa plana en los municipios de la AMB? ¿Aumentó el uso del transporte
público gracias a la reducción de las tarifas? En un trabajo reciente,
analizamos el efecto que tuvo la introducción de esta tarifa plana en la
utilización del transporte público. Para medir el uso del transporte por parte
de los residentes en los municipios analizados, utilizamos las validaciones de
tickets entre las 6 y las 12 de la mañana realizadas en las estaciones de tren
y metro de la región metropolitana de Barcelona. Así pues, contamos con una
base de datos que incluye el total de validaciones diarias, a nivel municipal,
en trenes de cercanías, ferrocarriles de la Generalitat
de Catalunya y metro, para el período 2017-2019. Los
municipios tratados fueron aquellos que experimentaron la reducción de la
tarifa el 1 de enero de 2019 y en el grupo de control incluimos tanto los
municipios que nunca experimentaron rebaja alguna en la tarifa, como los que ya
tenían la tarifa reducida desde mediados de la década de 2000 (los municipios
de la zona 1 de la AMB que ya pagaban dicho impuesto).
Comparando los municipios afectados con los no afectados por la política, antes y después de la implementación de la misma, estimamos que la entrada en vigor de la tarifa plana de transporte público tuvo un impacto positivo en el número de validaciones en 2019. Concretamente, generó un incremento del 30% en las validaciones de billetes de transporte público en los 18 municipios que pasaron a ser zona 1, en relación al resto de municipios (la Figura 1 muestra la diferencia en el logaritmo del número de validaciones semanales en los municipios tratados versus los de control; la línea roja vertical indica la introducción de la política, 1 de enero de 2019; la línea azul indica el momento de las elecciones municipales del 26 de Mayo y la línea lila indica el inicio del envío de los recibos del nuevo impuesto, el 15 de Octubre). Por tanto, el precio más atractivo de los billetes de transporte se tradujo en un incremento significativo en la utilización del transporte público.
En nuestro trabajo también analizamos si la forma de financiación y, sobre todo, el desfase entre la implementación de la política y la visualización, por parte de los ciudadanos, de que la reducción de tarifas se financiaría a través de un nuevo impuesto, impactó en el comportamiento de los usuarios del transporte público. En mayo de 2019 se realizaron elecciones municipales y la reducción de las tarifas del transporte estuvo presente en la campaña. Sin embargo, no lo estuvo la instauración del nuevo impuesto. De hecho, no fue hasta octubre de 2019 que los propietarios de bienes inmuebles en los municipios afectados comenzaron a recibir los recibos del pago del nuevo impuesto. En ese momento, es cuando la mayoría de residentes de estos municipios se dio cuenta de que este nuevo impuesto estaba vinculado a la reducción de tarifas del transporte público en vigor desde enero del mismo año. Una simple búsqueda del término “tributo metropolitano” en Google trends nos da una idea de la prominencia de este hecho en aquel momento.
En este contexto, y en línea con
las ideas planteadas en la literatura de tax
salience, nos preguntamos si la mayor visibilidad del impuesto
que financió la reducción tarifaria pudo haber tenido algún impacto en el
comportamiento de los usuarios de transporte público. La respuesta es que sí.
Como se puede ver en la Figura 1, a partir de inicios octubre (línea lila
vertical) hay un segundo salto. Más concretamente, estimamos un incremento
adicional en la utilización del transporte público (entorno al 10%) a partir
del momento en que los propietarios de inmuebles en los municipios afectados
reciben el nuevo impuesto.
Volviendo a los efectos de la implementación de la
tarifa plana a inicio del 2019, el incremento observado a lo largo de ese año
se vio alterado con una drástica reducción en el número de viajes en transporte
público a consecuencia de la pandemia. Los últimos datos de la Autoridad del
Transporte Metropolitano de Barcelona muestran que se estaría recuperando el
número de viajes previo a la pandemia (concretamente, en el primer semestre de
2022 hubo un 83,1% de la demanda que había en el primer semestre de 2019). Por
tanto, en este contexto, es previsible pensar que las medidas implementadas por
el gobierno el pasado 1 de septiembre, a pesar de ser temporales, tengan un
efecto positivo en el número de personas usuarias del transporte público. Así,
nuestras predicciones son que los ciudadanos van a hacer un mayor uso del
transporte público, con el beneficio medioambiental que ello supone. Sin
embargo, queda la duda de si la actual red de transporte público podrá absorber
este incremento de la demanda. En las próximas semanas, cuando la “vuelta al cole”
esté a pleno rendimiento, podremos valorar la capacidad de absorción de esta
mayor demanda de nuestro sistema de transporte público.
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