La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya la apertura de procedimiento de infracción para España
CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
-20 organizaciones de la Coalición Pro Acceso y 5 organizaciones
internacionales envían al Gobierno y a grupos parlamentarios un DECÁLOGO DE MEJORAS para
la futura Ley que debe proteger a quienes informan de infracciones normativas
para evitar que el texto final de la Ley pueda resultar en
perjuicio de los propios informantes. El decálogo incluye la
necesidad de eliminar sesgos respecto a la motivación de quien informa y los
requisitos para demostrar quién puede ser amparado por la Ley. También exigen
mayor concreción en las definiciones como la de “represalia”, con el fin de
limitar la posibilidad de interpretaciones restrictivas o contraproducentes
para el informante, a la vez que pide eliminar cualquier limitación temporal ya
que los informantes a menudo sufren represalias mucho tiempo después de haber
comunicado los hechos.
-En el Decálogo también se solicita que se garantice
el anonimato del informante y la posibilidad de elegir el canal para informar
que considere más seguro sin ningún tipo de perjuicio. Además,
pide proveer medidas contundentes de protección al informante como apoyo
económico y asistencia legal y psicológica de forma general y no en casos
excepcionales.
Access info.- Madrid, 14 de
septiembre de 2022 – Aprobado por parte del Consejo de Ministros el
Proyecto de Ley de protección de informantes de infracciones normativas y de
lucha contra la corrupción, 25 asociaciones de la sociedad civil solicitan
mejoras cruciales del texto en el proceso de aprobación final.
El decálogo se suma a las
alegaciones y comentarios al texto normativo que estas cuatro organizaciones
enviaron en la consulta abierta por el Ministerio de Justicia en marzo de este
año, con el fin de mejorar la norma que proteja a las personas informantes.
El Proyecto de Ley ha
sido aprobado en segunda discusión el 13 de septiembre por el Consejo de
ministros. La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para
la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea
2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo
ha supuesto ya la apertura de procedimiento de infracción para España.
Para los promotores del
Decálogo, la Ley llega tarde, pero, además, con importantes lagunas e
imprecisiones.
En este sentido, el
decálogo elaborado por miembros de la sociedad civil con amplia experiencia en
casos de informantes de corrupción y otros abusos, solicita mejoras en el texto
definitivo como:
La necesidad de eliminar
cualquier condicionalidad con respecto a la motivación de quien informa y
ampliar la inversión de la carga.
Definir los conceptos de
interés público y, en especial, el de represalia para evitar interpretaciones
restrictivas, incluyendo situaciones como tratamiento injusto, coerción,
intimidación o discriminación y eliminar cualquier limitación temporal ya que
los informantes a menudo sufren represalias por la información que han revelado
a lo largo de muchos años.
Que el informante entre
en el ámbito de protección de la Ley independientemente de si mantiene o no una
relación laboral o profesional con la organización sobre la que informa e
independientemente de sus motivaciones, es decir, que se le aplique el principio
de “creencia razonable en la veracidad de la información” tal y como establece
la Directiva Europea.
Garantizar el anonimato y
la seguridad de la persona informante, estableciendo características técnicas
obligatorias para los canales y permitiendo, además, que elija, sin
condicionantes, si informa a través de los canales internos de la organización
sobre la que informa o por vía externa, como, por ejemplo, a través de la
futura Autoridad Independiente de protección al informante.
Asimismo, el decálogo pide
garantizar que los informantes tengan acceso a asistencia jurídica
especializada y gratuita, apoyo psicológico, cobertura médica, y apoyo
económico y material como regla general y no de forma excepcional.
Además, solicita que se implanten mecanismos que garanticen la imparcialidad y la independencia de la futura Autoridad Independiente de protección al informante, como evitar que la Presidencia del organismo sea nombrada a propuesta del Ministerio de Justicia, y que rinda cuentas ante el Parlamento.
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