Son los ministros y secretarios de Estado quienes designan libremente a las personas que van a desempeñar estos cargos
La libre designación ha desembocado en casos tan extravagantes como el de la asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad que el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero han utilizado como niñera de su hija pequeña, según un informe que fue remitido por la abogada de Podemos Mónica Carmona al juez del caso Neurona y al que tuvo acceso El Confidencial.
Su propia idiosincrasia hace que el nivel 30 esté muy politizado. "Es un sistema de libre designación y, como consecuencia, depende de a quién conozcas", explica el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria. Tanto es así que no es necesario haber trabajado durante un tiempo mínimo en el sector público para alcanzar el escalón más alto. "Puedes encontrar a gente que ha aprobado la oposición y al año siguiente ya era subdirector general, mientras que otros a lomejor se han tirado entre 15 y 20 años", apunta Villoria.
El cargo de los asesores es el más politizado de todos, porque son personal eventual y cesan cuando finaliza la etapa del ministro o secretario de Estado que les ha nombrado. Entre el presidente, los cuatro vicepresidentes, los 18 ministros y los 33 secretarios de Estado suman un total de 198 asesores de nivel 30 activos. En concreto, hay 221 plazas para estos trabajadores, pero 23 de ellas estaban vacantes a fecha 1 de diciembre de 2020, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Portal de Transparencia realizó la última actualización antes del baile de carteras que se produjo tras la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad, con lo que las cifras pueden haber sufrido un ligero cambio, ya que, como personal eventual, los asesores cesan cuando se marcha su ministro.
De acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, en el que se establece la estructura orgánica de los departamentos ministeriales, el gabinete de un vicepresidente puede estar integrado por "un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de director general y los demás con nivel orgánico de subdirector general". Por su parte, los ministros pueden nombrar a un máximo de cinco y los secretarios de Estado solo a tres, todos ellos con nivel orgánico de subdirector general. Para el presidente, en esta normativa no se estipula ningún tope. Las funciones concretas que deben realizar todos estos asesores no están recogidas en ninguna ley.
Pero no solo hay asesores. En la Administración del Estado hay un total de 2.929 puestos de nivel 30, de los que 298 se encontraban vacantes a fecha 1 de diciembre de 2020, según la RPT. Entre estos 2.631 funcionarios activos, es imposible distinguir cuántos han hecho carrera en el sector público y cuántos forman parte del personal eventual –aquellos sin una oposición– porque en la RPT se los engloba dentro de la misma categoría.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han realizado una propuesta a los grupos parlamentarios sobre el nombramiento de los directores generales porque entienden que, puesto que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, debe regularse el acceso a estos puestos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad de los trabajadores públicos. Es decir, que se atienda al currículum de los funcionarios y no se elijan a dedo. Por el momento, en el Congreso de los Diputados no se ha puesto sobre la mesa esta cuestión.
Los funcionarios de nivel 30 están incluidos en el grupo A1, el más alto de la Administración, por lo que su sueldo también es el más elevado. Todos reciben el mismo salario base, que asciende a 16.071,44 euros anuales tras la subida del 0,9% que han observado para 2021. Además, ingresan 618,58 euros por cada trienio trabajado en el sector público. A todo esto hay que añadir un complemento específico que no es igual para todos y genera notables disparidades salariales. "Hay diferencias enormes porque algunos subdirectores generales pueden ganar bastante más que ministros y secretarios de Estado, esencialmente en la Agencia Tributaria", señala Villoria.
¿Cuántos funcionarios de nivel 30 hay en cada ministerio?
La presidencia de Pedro Sánchez cuenta con 134 empleados de nivel 30 activos, sin incluir los datos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. No obstante, es el Ministerio de Hacienda, junto a sus organismos adscritos (AEAT y AIReF), el que cuenta con un mayor número de estos trabajadores, con un total de 480. Le sigue el Ministerio del Exterior (273), el de Política Territorial y Función Pública (215) y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital (183).
Por el contrario, el Ministerio de Defensa es el que menos tiene, con apenas 17 empleados públicos del más alto nivel activos, aunque es cierto que cuenta con 68 vacantes. A continuación se sitúan el Ministerio de Universidades y el de Consumo, con 24 y 27 empleados públicos, respectivamente. Por debajo de los 50 también se encuentran dos carteras de Unidas Podemos, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 (43) y el Ministerio de Igualdad (30).
Además, por encima de 100 están los ministerios de Industria, Comercio y Turismo (158), Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (136), Transición Ecológica y el Reto Demográfico (131), Justicia (121) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (101). Y por debajo, los ministerios de Ciencia e Innovación (93), Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (79), Agricultura (76), Cultura y Deporte (76), Trabajo y Economía Social (67), Sanidad (58), Interior (56) y Educación y Formación profesional (53).
Funcionarios nivel 30 en la Administración General
Puestos vacantes / Puestos activos
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