"Se reactivará la conferencia sectorial de fondos europeos, con las comunidades y ciudades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero"
Revista de prensa. La Vanguardia.- Una auténtica revolución administrativa”. Y con un impacto adicional en el PIB de 2,5 puntos anuales, según las previsiones de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar durante el próximo mes de diciembre un real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
La iniciativa, según explica en su preámbulo uno de los últimos borradores, defiende “la necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión, y reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, una simplificación de los procedimientos manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, y una mayor eficiencia en el gasto público”.
Este decreto ley contempla la creación de nuevos órganos de gobernanza “que garantizan un proceso participativo para incorporar las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y los necesarios mecanismos de coordinación con los distintos niveles de administración”. No obstante, el propio Sánchez ha introducido correcciones respecto al principal órgano de control de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Así, y pese a que inicialmente estaba previsto crear una comisión ministerial, que presidiría el propio Sánchez y en el que participarían los ministros de las áreas de gobierno con mayor vinculación con la ejecución del instrumento europeo de recuperación, finalmente será el Consejo de Ministros en pleno el que asumirá esta labor. Tras desvelarse el borrador del decreto, que excluía al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de esta comisión ministerial, Unidas Podemos trasladó su malestar. Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el propio Sánchez ha dado ya hace días “la instrucción expresa” de que sea el Consejo de Ministros el encargado del control de los fondos, lo que evita la exclusión de Iglesias.
En todo caso, también participará la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, y según el borrador del proyecto igualmente se constituirá una unidad de seguimiento del plan de recuperación en la Presidencia del Gobierno. Esta unidad, que proporcionará información continua a Sánchez, realizará un seguimiento político y estratégico del plan “para impulsar que todos los actores trabajen para una absorción eficaz de los fondos europeos y un uso completo de los mismos, en coherencia con las reformas estructurales que sustentan”. “La colaboración entre el Gobierno y el resto de los actores implicados en la ejecución del plan será fluida y regular. Para ello se crearán o activarán foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados en el plan. Dichos foros servirán de espacios de debate, información, asesoramiento y seguimiento de los programas y proyectos en los que participarán los departamentos ministeriales al más alto nivel, junto a representantes del sector privado, agentes sociales, colectivos y sociedad civil”, asegura la iniciativa.
Igualmente, se reactivará la conferencia sectorial de fondos europeos, con las comunidades y ciudades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “con el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del plan”.
Las comunidades tendrán “un papel determinante” en la ejecución directa de proyectos y programas
“España es un país muy descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen amplias competencias en áreas clave de ejecución del Plan de Recuperación, tales como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo, medioambiente. En estas áreas, las comunidades tendrán un papel determinante en la ejecución directa de los proyectos y programas. Para eso, se acordarán Convenios Marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas”, asegura el borrador. Además, la implementación del Plan y los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación se incluirá en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. En este proceso de gobernanza participarán también las entidades locales.
En su gira autonómica para explicar el plan de recuperación económica diseñado por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, Sánchez está defendiendo la importancia de absorber los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para España en los próximos seis años, además de vehicularlos a través de los presupuestos generales del Estado. Para ello, Sánchez ha anunciado que ya está “prácticamente ultimada” la elaboración del real decreto ley, compuesto por más de 80 artículos y que se aprobará definitivamente en diciembre, cuyo objetivo es preparar toda la normativa “para absorber de manera eficaz” estos fondos. “Será una gran reforma de la administración pública, vamos a ser testigos de una auténtica revolución de nuestra administración pública, que se va a materializar con un decreto ley que vamos a aprobar en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año”, ha adelantado el presidente.
“Vamos a empezar ya el próximo año con una auténtica revolución administrativa puesta en marcha”, ha asegurado Sánchez. El presidente del Gobierno ha resaltado el trabajo que se ha realizado durante los últimos meses, sobre todo a través de la oficina económica de la Moncloa que dirige Manuel de la Rocha, “en detectar cuáles con los cuellos de botella, en ver cuáles son los problemas que se han encontrado muchas empresas y también las propias administraciones a la hora de poder gestionar recursos públicos”.
Así, el presidente ha anunciado las modificaciones de la ley de contratos del sector público, de la ley general de subvenciones y de algunos elementos de gestión presupuestaria, además de agilizar los trámites en los procedimientos de evaluación medioambiental y la introducción de un nuevo instrumento de colaboración público-privada. “Todo ello, manteniendo las garantías y los controles necesarios ante las instituciones europeas”, ha advertido.
Sánchez ha instado a los gobiernos autónomos y municipales a emprender similares reformas en sus áreas de competencia, para dar “el máximo dinamismo al proceso de aprobación de los proyectos y de concesión de fondos durante los próximos años”. “Siempre, conforme a la normativa europea, pero desde un principio inequívoco y es que frente a las dificultades necesitamos más flexibilidad en este momento tan complejo pero también que abre tantas oportunidades para nuestra economía”, ha señalado. A juicio del presidente, es una iniciativa “de enorme alcance” y que, traducida en términos económicos, “si vehiculamos bien todos estos recursos el impacto adicional en términos de PIB será de 2,5 puntos anuales más para nuestro país”.
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