El Gobierno confirma en el Congreso que aprobará días libres para embarazadas y ampliará las vacaciones para los más veteranos

Tras cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante

 

Revista de prensa. El Confidencial.- El Gobierno intenta congraciarse con los funcionarios después de tres ejercicios de recortes que se sumaron a los dos anteriores aplicados por el último Ejecutivo del PSOE. En los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán en octubre, además de la anunciada subida salarial del 1%, aparecen nuevos permisos remunerados para las empleadas públicas embarazadas y la recuperación de los días de vacaciones extra por antigüedad.

 

Los 2,5 millones de funcionarios son una bolsa de electores que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cuidar después de las congelaciones de sueldo, aplazamiento de pagas y supresión de días de permiso que les aplicó nada más llegar al poder para hacer frente a la crisis económica. Después de cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante y procede a compensarle mínimamente como prueba de la recuperación económica.

 

En enero del próximo año los funcionarios recibirán la mitad de la paga extra de Navidad que Hacienda “suspendió” en diciembre de 2012, con lo que completará la devolución total de la misma. A la Administración Central le costará la medida 547 millones de euros y queda a criterio de cada Comunidad autónoma aplicar o no esa medida según vayan sus cuentas. En total, les correspondería abonar otros 2.562 millones.

 

La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos de 2016 forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia.

 

Antes, al término de este mismo ejercicio y antes de las elecciones generales del otoño, los empleados públicos ya habrán percibido otro 25% pendiente de su citada paga de diciembre, lo que supondrá a las arcas públicas desembolsar 274 millones de euros.

 

Además, según explicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los funcionarios recuperarán todos los días libres (“moscosos”) que tenían antes de la crisis. “Se procederá  a la devolución del tercer y último día adicional de permiso por asuntos particulares que quedaba, toda vez que, de los 3 que se suprimieron en julio de 2012, uno fue devuelto ya en diciembre de 2013 y otro, el segundo, en septiembre de 2014”.

 
"Canosos" y reposición de efectivos

También vuelven los días adicionales por veteranía en la función pública, hasta otros tres, con la fórmula clásica: uno a partir del octavo trienio, dos con 10 trienios y tres al alcanzar los 12 trienios.

 

La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos del próximo año forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia. En concreto, se establece un permiso retribuido para las empleadas públicas en estado de gestación, “a partir de la semana 37 del embarazo”. Se garantiza así a las gestantes una etapa de reposo remunerado antes de dar a luz.

 

La subida general del 1% en los salarios en la función pública, que sí es obligado en todas las administraciones, supondrá un desembolso de 883 millones de euros para el conjunto del Estado. En materia de plantillas también hay un cambio de tendencia después de tres ejercicios de reducción al aumentarse la tasa de reposición, con carácter general, del 50 al 100%, salvo en los llamados “sectores prioritarios”, donde se garantizan todos los relevos. Es el caso de la inspección fiscal o laboral, personal docente, fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas.

Según resaltó Beteta en el Congreso, durante esta legislatura el Gobierno ha recurrido a la medida de no cubrir las bajas por jubilación para ajustar las plantillas de la Administración. Entre enero 2012 y enero 2015 el número de empleados públicos se redujo en 141.033 personas (un 5,25% menos).  Se ha pasado de los 2.685.837 funcionarios que trabajaban para el Estado en 2012 a los 2.544.804 en enero pasado.