Mostrando entradas con la etiqueta Oficina Nacional de Evaluación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Oficina Nacional de Evaluación. Mostrar todas las entradas

martes, 21 de junio de 2016

La oficina de evaluación garantizará la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones públicas

 La nueva oficina podrá contar con la participación tanto del sector privado como de la AGE y de las Administraciones autonómicas y locales

Revista de prensa. El Economista.- La nueva Oficina Nacional de Evaluación garantizará la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones públicas del Estado, Corporaciones Locales y CCAA, según el informe remitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las CCAA y a la FEMP por el que se regulará su composición, organización y funcionamiento.

Esta institución es un órgano creado el pasado mes de octubre y que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, una necesidad especialmente relevante en un contexto como el actual de déficit y endeudamiento públicos.

Según Hacienda, uno de los motivos del desfase presupuestario y del exceso de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas en años anteriores fue la realización de inversiones de dudosa viabilidad y sostenibilidad financiera.

Así, controlar el gasto de las distintas administraciones para rebajar el déficit público llevó al Gobierno a aprobar, en abril de 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Eficiencia de las inversiones
El cometido de ese órgano será garantizar que los proyectos que se financian son eficientes, viables y sostenibles, en el marco de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el pasado, se han puesto en marcha muchos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la gestión del agua y sus infraestructuras, la construcción, conservación y explotación de carreteras, el transporte ferroviario, la educación o la sanidad. Sin embargo, según Hacienda, "no se ha dispuesto de una información completa y rigurosa ni de unos criterios comunes de análisis de la sostenibilidad y eficiencia de estos proyectos que permitieran acometerlos con garantías".

En el proyecto, la Oficina se configura como un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Formarán parte de la misma los ministerios más directamente implicados en este tipo de proyectos de inversión; además, podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las Administraciones autonómicas y locales

viernes, 14 de agosto de 2015

Llega la Oficina Nacional de Evaluación (ONE)

La ONE  se crea  con la finalidad de analizar e informar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos
 
Blog Fiscalización.es.- Antonio Arias.- El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que en la actualidad se debate en el Senado  (al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española, artículos 149.1 apartados 13, 14 y 18) incorporará muchas novedades normativas, con una vacatio general de un año.
 
Entre ellas, encontramos algunas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la prohibición de contratar, ajustándolo a la nueva regulación del Código Penal así como mejorando técnicamente su contenido (arts. 60, 61 LCSP y el nuevo 61 bis sobre sus efectos), además de diversos artículos relativos a las concesiones administrativas (arts. 254 y ss) que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación (Disposición final decimoctava) que se calcula en torno a la primera quincena de octubre.
 
AGE y Ayuntamientos
A los seis meses de esa misma publicación, entrará en vigor lo relativo a la Oficina Nacional de Evaluación que se crea en la página 117, con la finalidad de analizar e informar previa y preceptivamente la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales cuando se den las siguientes circunstancias: 
 
a) Se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
 
b) La tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente o el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
 
La regulación, que es bastante detallada, prevé que si la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en ese informe preceptivo, “deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto de publicación”.
 
Así que, junto a la crema solar no olvidéis llevaros a la playa el proyecto para ir ojeándolo (también como abanico) entre paella y paella como la que deconstruyó Sevach “a la bañezana”, que no sólo sabe de jurisprudencia.