“El poder siempre ha seducido, y la codicia y la estupidez se han señalado desde siempre como plagas endémicas de la sociedad” (p. 62) (Philipp Blom, El, gran teatro del mundo, Anagrama, 2023).
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Introducción. Estamos en precampaña electoral, por lo que hablar de estas cosas comporta siempre un riesgo de ser incomprendido, cuando no zarandeado. Pero no hablaré de la campaña, sino de propuestas que aún están circulando (algunas de ellas todavía muy “en bruto”, nunca mejor dicho) en la lenta conformación de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales.
Dejaré de lado, pues ya ha sido muy tratado en los medios y en el foro público, la absurda e insultante actitud de negar la violencia de género como expresión “brutal” (también nunca mejor dicho) de una realidad incontestable. Tampoco me voy a sumergir en el proceloso y binario mundo del debate político que se plantea entre las distintas fuerzas políticas en España (si es que tal debate existe en realidad, pues aquí se habla de todo menos de lo que realmente importa; como decía Gracián, “querer hablar y oírse no sale bien”). Prescindiré igualmente de ocurrencias disparatadas como las de suprimir los carriles bici para hacer más fluido el tráfico de vehículos contaminantes o la de establecer una dudosa ecuación «ad personam» entre fiesta de los toros y cultura, ninguneando la extensión de esta última, que al margen de que incluya o no a la primera (materia opinable y sobre la cual no me pronuncio), es infinitamente más rica y resulta manifiestamente absurdo pretender que aquella devore a esta. Y en todo ello prescindiré, además, de tratar “el material humano” que puebla una clase política cada día, para desgracia de todos, más mediocre.
Me fijaré telegráficamente, sin embargo, en otra cuestión que ha pasado más bien desapercibida: España –aunque algunos no se lo crean- no es una realidad aislada del mundo circundante; forma parte integrante, como es conocido, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la OCDE, por no hablar de otras muchas instituciones internacionales o “regionales”. Y los compromisos adquiridos europea e internacionalmente no se pueden orillar así como así, alegremente. Y quien lo haga, al menos si pretende gobernar, debe ser tachado directamente de irresponsable, y objeto de enmienda absoluta. La seriedad y la responsabilidad son las dos primeras premisas de un buen gobernante.
Negar la Agenda 2030 y el cambio climático
Sorprende así que, tras las aprobación en 2015, de la Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas que dio pie a la Agenda 2030, y a sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como tras el Acuerdo de París de diciembre de 2015, de compromiso de lucha contra el cambio climático, haya aún quien plantee directa o encubiertamente que la Agenda 2030 es una herramienta inútil y que el cambio climático es un invento disparatado (supongo que estos días de canícula insoportable habrá quienes ya se estén arrepintiendo de tales sandeces). Tras el largo paréntesis de la pandemia, urge reactivar la Agenda 2030, que ha dormido pacientemente olvidada por los gobernantes de turno; pero cuando más necesario es su impulso, hay señales políticas preocupantes que advierten de su ninguneo u olvido futuro. Estamos consumiendo la llamada década de la acción, sin hacer prácticamente nada. Y aún se pretender hacer menos.
Sorprende así que, tras las aprobación en 2015, de la Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas que dio pie a la Agenda 2030, y a sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como tras el Acuerdo de París de diciembre de 2015, de compromiso de lucha contra el cambio climático, haya aún quien plantee directa o encubiertamente que la Agenda 2030 es una herramienta inútil y que el cambio climático es un invento disparatado (supongo que estos días de canícula insoportable habrá quienes ya se estén arrepintiendo de tales sandeces). Tras el largo paréntesis de la pandemia, urge reactivar la Agenda 2030, que ha dormido pacientemente olvidada por los gobernantes de turno; pero cuando más necesario es su impulso, hay señales políticas preocupantes que advierten de su ninguneo u olvido futuro. Estamos consumiendo la llamada década de la acción, sin hacer prácticamente nada. Y aún se pretender hacer menos.
También llama la atención que, estando como está el Reino de España en la Unión Europea, se orille la trascendencia que esos temas tienen en nuestro espacio “comunitario”. El 1 de julio comienza la presidencia española del semestre europeo, y los compromisos medioambientales por la sostenibilidad y la transición verde son, sin duda, imprescindibles. Mal comenzamos ese reto si, junto al guirigay de convocar elecciones en tan importante momento y fraccionar la gestión política de la Agenda 2030 en un sinfín de departamentos ministeriales y niveles de gobierno (lo que ha implicado un retraso importante en su puesta en marcha), unimos su estrambótica puesta en cuestión. Buena parte de la política económica y social de la Unión, también la industrial, medioambiental, alimentaria o de salud, está atravesada por el Pacto Verde Europeo de 2019 y todas las estrategias sectoriales que le acompañan. La reducción de los combustibles fósiles, primero al objetivo del 55 por ciento en 2030 y, finalmente, a su sustitución absoluta por energías renovables en 2050, es una de las escasas posibilidades de contribuir desde Europa a que el planeta Tierra no sea en las próximas décadas un lugar inhabitable. La gestión de los fondos europeos extraordinarios o estructurales está estrechamente ligada a la transición verde.
Como expuso Bruno Latour (Dónde aterrizar) y recuerda de nuevo Philippe Blom (Lo que está en juego y El gran teatro del mundo) la idea de que el hombre vive en la Tierra es equivocada; en realidad, junto al resto de seres vivos, habita en una frágil capa o zona crítica, que si no somos incapaces de mantenerla y de construir un relato sobre la necesidad de sobrevivir en ella, la especie humana terminará por extinguirse o vivirá buena parte de ella en unas condiciones extremas. Cuando más hace en falta un relato que refuerce la necesidad de mantener lo existente, terminan algunos por negar la mayor. Deconstruir en este ámbito no es peligroso, es sencillamente un suicidio colectivo. El propio Blom lo deja muy claro en su último libro: «Las perspectivas son más bien apocalípticas». Poca broma sobre esto.
La evidencia científica es muy obvia. Frente a ello se opone una respuesta de negación inmediata, pues el cambio climático es un fenómeno imparable, pero hasta cierto punto silente. Tampoco el tecnooptimismo, como expresa Blom, ayuda nada. Que suban las temperaturas hasta los 45 grados centígrados es excepcional, lo que resulta menos es que las olas de calor inaguantable sean cada vez más intensas y extensas en el tiempo. Que los recursos hídricos sean cada vez más escasos para algunos es una cuestión cíclica; hasta que el paso del tiempo les demuestre lo contrario. Que los incendios de sexta generación o las inundaciones se multipliquen por doquier, es una señal más que evidente de que algo serio está pasando.
En cualquier caso, al margen de afirmaciones o negaciones, no sería mucho pedir que aquellos políticos que asuman responsabilidades gubernamentales cumplan al menos con los compromisos asumidos ante las instituciones europeas e internacionales de las que España forma parte. Tampoco les vamos a exigir que lean sesudos estudios científicos o ensayos solventes sobre la gravedad del problema que tenemos entre manos. Lo deberían hacer; pero comienzo a tener la convicción de que buena parte de nuestra clase política (y así lo acredita) es cada vez más ignorante. Y lo peor: se vanagloria o no se avergüenza de ello. Reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento.
Despreciar el valor de la integridad en la lucha contra la corrupción
La otra cuestión, también muy grave en sus consecuencias, si bien más intangible, es la negación del valor que la integridad institucional tiene como medio de reforzar la legitimidad del poder y la confianza de la ciudadanía en sus responsables públicos y funcionarios. También sorprende que, en un país en el cual los temas de integridad siempre han sido cínicamente apartados y cuya entrada en la agenda política es muy reciente a empuje de la Comisión y del Derecho de la Unión Europea, se quiera volver ahora a la casilla de salida. He leído recientemente dos noticias que me han llamado la atención, más cuando estamos inmersos en pleno proceso de gestión de fondos europeos; gestión que debe estar imbuida por el principio de protección de los intereses financieros de la Unión frente a la corrupción (artículo 325 TFUE), así como en pleno desarrollo de la Ley 2/2023, que transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937, de protección del denunciante. La primera de ellas tiene que ver con la pretensión de suprimir la Oficina antifraude de les Illes Balears, y la segunda, en la misma línea, aunque menos concretada aún, son algunas noticias filtradas en los medios de eliminar la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que ha sido reconocida por la Comisión Europea como una institución ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.
La otra cuestión, también muy grave en sus consecuencias, si bien más intangible, es la negación del valor que la integridad institucional tiene como medio de reforzar la legitimidad del poder y la confianza de la ciudadanía en sus responsables públicos y funcionarios. También sorprende que, en un país en el cual los temas de integridad siempre han sido cínicamente apartados y cuya entrada en la agenda política es muy reciente a empuje de la Comisión y del Derecho de la Unión Europea, se quiera volver ahora a la casilla de salida. He leído recientemente dos noticias que me han llamado la atención, más cuando estamos inmersos en pleno proceso de gestión de fondos europeos; gestión que debe estar imbuida por el principio de protección de los intereses financieros de la Unión frente a la corrupción (artículo 325 TFUE), así como en pleno desarrollo de la Ley 2/2023, que transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937, de protección del denunciante. La primera de ellas tiene que ver con la pretensión de suprimir la Oficina antifraude de les Illes Balears, y la segunda, en la misma línea, aunque menos concretada aún, son algunas noticias filtradas en los medios de eliminar la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que ha sido reconocida por la Comisión Europea como una institución ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.
No deja de resultar paradójico que, frente a la proliferación en épocas pretéritas de casos de corrupción en esos territorios, la creación de tales Agencias, junto con otras soluciones institucionales adoptadas (especialmente en la Comunidad Valenciana), haya actuado como medio de reducción de la percepción ciudadana sobre el ítem de corrupción, tal como puso de relieve el importante Índice de Calidad Institucional de los gobiernos regionales elaborado por la Universidad de Gotemburgo en 2021, frente a la situación existente en el Índice anterior de 2017, momento en el que ambas Comunidades Autónomas estaban por debajo de la media europea, umbral que superaron, en el conjunto de ítems (bien es cierto) en ese último análisis. Además, es significativo resaltar que, ello se produce cuando en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el partido central en esos pactos se habían impulsado políticas de integridad institucional, ya fuera mediante la creación de una Oficina Antifraude (Andalucía) o a través del fortalecimiento del control de la integridad institucional del sector público por parte del órgano de control externo o Consello de Contas (Galicia). Todo ello, paradójicamente, contrasta con esa vuelta atrás que se anuncia o se pretende predicar en esas Comunidades Autónomas mediterráneas antes citadas. Incomprensible, más aún cuando la protección del denunciante exigida por el Derecho de la Unión Europea requiere autoridades independientes territoriales, algunas como la valenciana con amplia experiencia en este ámbito, que superen las innumerables deficiencias planteadas por los Sistemas Internos de Información (mal) regulados en la Ley 2/2023 y la aún non nata Autoridad independiente nacional de protección del informante, cuya puesta en marcha está prevista para el año 2024. Todavía se está a tiempo de enmendar o evitar que tales dislates se concreten. Quien lidera un gobierno, sea este el que fuere, debe dar muestras de firmeza o el «Gran barullo» galdosiano carcomerá sus frágiles cimientos.
El Consejo de Europa, a través del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha sacado reiteradamente los colores al Reino de España por la inexistencia o baja calidad de los sistemas de integridad institucional en las instituciones centrales y en la Administración General del Estado. Todavía no se ha sumergido el GRECO, en sus análisis o chequeos periódicos, en el proceloso mundo de las Comunidades Autónomas, quizás olvidando que son las que gestionan una buena parte de los servicios públicos, un 35 por ciento del presupuesto nacional (aunque si eliminamos el sistema de pensiones ese porcentaje se dispara) y el 60 por ciento del empleo público. Los enormes riesgos de incurrir en prácticas irregulares, de fraude o corrupción, son muy elevados, más aún cuando se gestionan ingentes cantidades de recursos financieros extraordinarios y ordinarios procedentes de la UE. Por eso, cualquier debilitamiento, por pequeño que sea, de los mecanismos de integridad institucional, es un incumplimiento grave de nuestros compromisos europeos e internacionales. Y cualquier medida que se adopte en esa dirección sería completamente injustificable a ojos de la Comisión Europea.
En todo caso, no deja de ser muy triste que este país llamado España deba estar siempre siendo supervisado o fiscalizado por organismos europeos o internacionales para garantizar, así, que cumple con los compromisos adquiridos o salvaguardar que lleva a cabo el mantenimiento, mejora o reforma de sus instituciones. En eso, como en tantas otras cosas, sigue siendo España un país preñado de infantilismo y de irresponsabilidad evidente, particularmente en su forma de hacer política. Y ello viene de lejos (*).
(*) Permítanme la licencia de reenviar al lector interesado, en relación con las causas de tal forma de hacer política y a los políticos “menudos” que tuvimos siempre en suerte, a mi reciente libro El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su “cuarto oscuro” en España, Catarata, 2023.
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