Los ayuntamientos españoles recaudaron 13.000 millones por este impuesto. En Madrid el recibo medio asciende a 564 euros.
Revista de prensa. Cinco Días .- La campaña electoral para los comicios municipales del pasado domingo puso en el foco a los candidatos que prometieron reducir en sus localidades el tipo efectivo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A priori, estas propuestas de relajación fiscal serían arriesgadas para las cuentas de los consistorios, ya que el IBI es la figura impositiva que sustenta con creces la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque rebajen los tipos, por lo que pueden permitirse estas promesas sin correr grandes peligros. Sin ir más lejos, en 2022 los ingresos por este tributo doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera.
Las localidades españolas recaudaron el pasado año más de 13.170 millones de euros gracias al IBI urbano. Si a esta cantidad se le unen los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE), la recaudación total superó los 14.000 millones, un máximo en la serie actualizada ayer por la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.
Todas estas cifras, detallan fuentes conocedoras del sector, se explican no tanto por un aumento de la fiscalidad directa –es decir, de los tipos efectivos–, sino por la subida consolidada de las bases imponibles, que vienen a ser el valor de los inmuebles.
La factura final del IBI, es decir, la cuota líquida, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta, a su vez, se obtiene tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda. Es decir, mientras las revisiones catastrales sigan aumentando los valores, los consistorios pueden rebajar los tipos sin minorar drásticamente sus ingresos.
En España, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI será del 0,4%, llegando el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Los gobiernos locales, por ello, tienen un margen relativamente amplio para establecer un tipo de gravamen u otro, así como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.
La ciudad de Madrid, por ejemplo, tiene en vigor desde 2023 el tipo municipal al mínimo permitido. El programa marco para el 28M del PP, el gran ganador de las elecciones, propone a su vez una “reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva”, a la par que promete impulsar “la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética”, añade el documento.
La realidad que muestran los datos oficiales del Catastro refleja que los ayuntamientos de toda España han ido aumentando año tras año los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas que se han visto en varios de ellos. Los más de 13.000 millones de euros registrados en 2022 en el IBI urbano, de hecho, multiplican por dos a los 6.500 millones que se recaudaban en los años del pico del boom inmobiliario, cuando los precios de la vivienda eran notablemente superiores a la media con la que cerró el pasado ejercicio. Según los datos del Consejo General del Notariado, el precio del metro cuadrado de las casas cerró en España en los 1.615 euros en 2022, frente a los 1.790 euros del año 2007. Desde Tinsa, por su parte, recuerdan que el precio de la vivienda acumula una caída del 20% desde los valores máximos alcanzados hace 15 años.
Según los datos del Catastro, los ayuntamientos de la provincia de Madrid fueron los que más ingresos obtuvieron con este impuesto, superando los 2.500 millones de euros en conjunto. Teniendo en cuenta que se registraron unos 4,5 millones de recibos, el pago medio ascendió a los 564 euros. En plazas como la propia capital la cifra se explica por el valor catastral medio de las viviendas, de los más elevados del país. A continuación, se situó el abono medio de 514 euros de la provincia de Barcelona, con ingresos conjuntos que superaron los 2.000 millones. El podio lo completó Girona, con 431 euros, seguida de Baleares y Málaga (429 y 417 euros).
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