Empieza la cuenta atrás para que empresas, Administraciones y partidos políticos se adapten a la nueva ley que protege a los denunciantes de corrupción y otras infracciones. La norma, que hoy entra en vigor, obliga a las organizaciones a implantar canales de denuncia internos y crea una nueva -y polémica- figura, la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Por Ana Muguerza.13 marzo 2023. Revista de prensa. Haz. Posiblemente, los nombres de Sherron Watkins y Cynthia Cooper no les digan nada. Si les cuento que son las denunciantes que destaparon en EE. UU. dos de los fraudes financieros más importante de la historia, los de Enron y WorldCom, respectivamente, seguro que ya saben de qué estamos hablando. Las dos mujeres, que merecieron en 2002 la portada de la revista Time, hicieron sonar las alarmas sobre las trampas contables de estas empresas, es decir, fueron lo que en el mundo anglosajón se conoce como whistleblowers o ‘tocadoras de silbato’, según la traducción literal.
El estallido de los fraudes de ambos gigantes, que hasta entonces pasaban por compañías modelo y acabaron en bancarrota, y, sobre todo, la respuesta de Enron de disparar al mensajero, hizo que el Congreso estadounidense aprobara en 2002 una ley pionera, la Sarbanes-Oxley para proteger de represalias a los denunciantes. Otra ley de 2010 reforzó esas protecciones y creó un sistema de recompensas para ‘premiar’ a los delatores.
En Europa hubo que esperar hasta 2019 para la aprobación de una norma similar (aunque sin ‘premios’), la Directiva Whistleblowing, que España -con tirón de orejas y denuncia europea incluida por el retraso- transponía recientemente en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta norma, que hoy entra en vigor en nuestro país, regula la protección de los ciudadanos que denuncien desde blanqueo de capitales, actuaciones corruptas, robos y fraudes, a situaciones de acoso laboral o discriminación. Su misión es proteger a los informantes frente a posibles represalias y establecer mecanismos que faciliten la revelación de esas irregularidades que puedan estar ocurriendo en una empresa, partido político o un municipio.
¿Es previsible que se produzca ahora un alud de denuncias? Para el abogado Enrique Remón, socio de CMS Albiñana & Suarez de Lezo, en España “falta esa tradición de proteger a los informantes y, a pesar de que los canales de denuncia se vienen imponiendo en las grandes corporaciones desde hace años, el tratamiento de los alertadores no ha estado muy definido y necesitará un poco de tiempo para que se denuncien hechos de entidad”.
Luis Rodríguez, responsable de Compliance en CE Consulting, coincide en que hay una cultura escasa de denunciar este tipo de infracciones en nuestro país, “pero, si cumplimos con esta ley, soy optimista de que haya un inicio de cambio”, afirma. En su opinión, “el problema es que, hasta ahora, el delatador ha salido ‘trasquilado’ después de denunciar. Normalmente, la gente no tiene el coraje para denunciar, ni las ganas”, pero confía en que se produzca un giro.
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