¿Hay transparencia en España?: récord de información denegada en 2022

La administración central, especialmente los ministerios, ha ignorado 210 resoluciones del Consejo de Transparencia que la obligan a dar información

 Revista de prensa. Por Miriam Ruiz. EPE. En la España de 2013, el tesorero del partido en el Gobierno entraba por primera vez en prisión, los escándalos salpicaban a la mismísima hija del rey, dos expresidentes andaluces acababan imputados por unos ERE fraudulentos y un expresidente de diputación era condenado por delitos fiscales. Los españoles desayunaban cada día con un nuevo escándalo de corrupción que destapaba las vergüenzas de unos dirigentes que se habían movido con demasiada soltura en la oscuridad de sus despachos. La transparencia era uno de esos asuntos a los que España llegaba tarde. Junto con Chipre y Luxemburgo, era el único país de la UE que no había legislado, pese a que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lo había prometido en su programa una década antes. Fue a finales de ese año, 2013, cuando un gobierno del PP aprobó la primera ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma que prometía prender la luz, aunque nacía con deficiencias.

Para Emilio Guichot, miembro del comité de expertos que se creó para la elaboración de la ley, ésta se aprobó “como un intento político de relegitimación después de la crisis económica y el movimiento 15M”. Tras la estatal, llegaron las normas autonómicas. Hoy Euskadi es la única comunidad sin una ley de transparencia, aunque el proyecto está ya en fase de elaboración y ello no impidió que liderara el último ranking de Transparencia Internacional como la comunidad más transparente.

Guichot es uno de los cinco expertos y expertas consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para medir el estado de salud de la transparencia de las administraciones. Todos coinciden en poner en valor el trabajo de estos diez años, pero reclaman que ya va tocando dar un paso más.

“Nuestra sensación es que estamos bastante atascados”, indica David Cabo, experto en datos abiertos y codirector de Civio. “Se ha creado toda la infraestructura, pero en la práctica nos seguimos encontrando con muchísimas resistencias”, señala. A nivel autonómico, hay organizaciones que funcionan muy bien. Pero, a juicio del experto, esto sigue dependiendo demasiado de que haya funcionarios que se lo tomen en serio y estén realmente implicados con la transparencia. Desde Access Info Europe, coordinadora de la Coalición Pro Acceso con más de cien organizaciones de la sociedad civil, la investigadora legal Patricia González destaca que “España es el país europeo con más entidades locales participando en la Alianza para el Gobierno Abierto (la Open Government Partnership)”.

Pero, tal y como señala el doctor en derecho y experto en transparencia de las Administraciones Públicas Miguel Ángel Blanes, “la falta de transparencia no entiende de ideologías”, y hay casos de mala praxis en administraciones de uno y otro signo político.

Falta de voluntd

La ley está a punto de cumplir una década y ni siquiera se ha desarrollado vía reglamento. El 'IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024', aprobado en octubre de 2020, incluía entre sus compromisos aprobarlo a finales de ese mismo año y una reforma integral de la ley para mayo de 2023. La cartera de Función Pública ha cambiado hasta tres veces de manos y, pese a las alusiones constantes a un reglamento en “avanzado estado de tramitación”, el Gobierno indicó en septiembre, en una respuesta parlamentaria, que se ha paralizado a la espera de la citada reforma.

Incluso Pedro Sánchez ha vuelto a hablar de esta reforma tras el último Consejo de ministros del año para señalar que incluirá la obligación de hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno como el que viene haciendo su Ejecutivo. Pero la abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, cree que es “más que probable que no se apruebe antes de que termine la legislatura”. “Es una prueba de la falta de prioridad que tiene el tema, pese a que a los políticos les gusta mucho hablar de él”, se queja.

Cabo recuerda que Civio ha intervenido hasta en tres procesos de consulta pública del reglamento. “Y ahora dicen que ya para qué… patada para adelante y las cosas nunca llegan”, se lamenta. González cree que la ley “necesita más que nunca una reforma”. Ella participa en el equipo encargado de su revisión y los resultados de su trabajo verán la luz en enero. Una de sus principales propuestas va en la misma línea a la que apuntan todos los expertos consultados: incluir un régimen de sanciones para los incumplimientos.

De recurrir a ignorar 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la administración en materia de transparencia. Cuando se deniega una información, el ciudadano puede acudir al CTBG para que emita una resolución. Si es estimatoria, la administración puede recurrir a la vía judicial. Es lo que hacía al principio. En 2015 acabaron en sentencia 11 de las 149 resoluciones; en 2016 fueron 29 de 255 y en 2017, 38 de 276.

Recurrir “es una forma de ganar tiempo”, como apunta De la Nuez. Porque hasta que un tribunal de justicia se pronuncia pueden pasar años. González recuerda que, cuando recurren, las Administraciones cuentan con la Abogacía del Estado. “Y el Consejo de Transparencia, sin los recursos necesarios, tiene que pagar a sus propios abogados”, explica. Al final, ambos cobran de dinero público, por lo que pagamos todos.

Ahora, el Estado ha cambiado la estrategia. “Se han dado cuenta de que es mejor simplemente no cumplirlas”, explica Blanes. En 2021, solo 22 resoluciones han acabado en un contencioso, mientras que otras 59 simplemente se han incumplido. Y en 2022, son 16 los contenciosos frente a 38 resoluciones de las que no consta cumplimiento. Lo corrobora Cabo: “La administración central ha aprendido: al principio se tomaba más en serio las resoluciones del Consejo y después descubrió que, si las ignora, no pasa nada”. De la Nuez cree que “es una resistencia pasiva”. “Cuando el derecho se incumple sin sanciones y sin disputarlo siquiera ante los tribunales, sino sencillamente no cumpliendo, llegas a un punto muerto”, añade Guichot.

Sanciones "necearias"

La ley estatal considera que el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo y de las obligaciones de publicidad activa son infracciones graves para sus responsables, pero no recoge ninguna sanción en consecuencia. Algunas de las normas autonómicas sí prevén un sistema completo de sanciones, pero “son los propios incumplidores los que tienen que sancionar a su autoridad o funcionario responsable del incumplimiento; es poner al zorro al cuidado de las gallinas”, explica Guichot. “No conozco ninguna sanción en ninguna administración por este tipo de incumplimientos de la ley, y eso es suficientemente elocuente”.

“Es fundamental un sistema efectivo de sanciones”, insiste Guichot. Y el órgano adecuado, a su juicio, es el Consejo de Transparencia. “Otra cosa es que a ellos les parezca deseable, puesto que sus nombramientos tienen un componente político muy fuerte y sancionar siempre es ingrato”.

“Las facultades del Consejo de Transparencia se quedan muy cortas si no puede velar por la ejecución de sus propias resoluciones”, recuerda De la Nuez, que insiste en que se convierten en papel mojado. Blanes apunta también a que el Consejo necesita más medios: su trabajo ha crecido exponencialmente en estos siete años, pero no lo ha hecho la plantilla y su presupuesto incluso ha menguado.

Récord de sanciones

Las peticiones de información se han duplicado en los últimos cinco años, pero las que el Gobierno rechaza han crecido mucho más: ha denegado total o parcialmente hasta 435 peticiones de información en 2022, a falta de los datos del tercer trimestre. En todo 2021 fueron 420, 283 en 2020 y 228 en 2019. En 2017, el último año del PP en el Gobierno, fueron 170 peticiones rechazadas, y en 2016, 106.

Blanes cree que las causas de inadmisión que recoge la ley “son muy genéricas y se aplican con muchísima amplitud”. “Se hace un uso abusivo”, asegura. Uno de los puntos que tenía que clarificar el reglamento son los motivos por los que un organismo público puede negarse a dar información. Las excusas de los ministerios son muchas y muy variopintas, pero la preferida es proteger la seguridad nacional. “Hemos notado que incluso con solicitudes sobre ciertos temas que en el pasado nos habían dado, ahora nos ponen problemas. Es una especie de muerte por los mil cortes”, dice Cabo.

Cultura de la Transparencia

Cuando el Congreso dio a luz a la ley de Transparencia de 2013, acceder a la información pública se convirtió en un derecho y no una mera concesión del sector público a la ciudadanía. No es un derecho fundamental, como habrían querido las asociaciones que coordina Access Info o recogen legislaciones como la de México o Chile. Pero hay un avance indudable: “Se ha creado, al menos para la administración y sus responsables, una cierta cultura de la transparencia que antes de la ley no había calado”, sostiene Guichot. Blanes coincide en que “la transparencia está en la agenda de los políticos y de los medios de comunicación y los ciudadanos son cada vez más exigentes y más críticos”. “No les gustan los gobiernos que son opacos y esto, por primera vez, puede tener un coste electoral”, asegura el experto.

En estos ocho años se han formulado casi 58.000 solicitudes. Para González, no son muchas. “En Reino Unido son unas 100.000 al año, pero aquí el ciudadano cree que no le van a contestar, tiene dudas de que vaya a obtener la información y es algo en lo que tenemos que trabajar”, sentencia.

Para De la Nuez, el gran reto es cambiar la cultura de las organizaciones públicas. Las hay que tienen muy claro que hay que rendir cuentas, pero también hay resistencias, “y se localizan siempre en los ámbitos donde es más incómodo para un organismo público dar información”. “El poder no se siente cómodo con el control y tiende a ser opaco”, dice Blanes, que lamenta que “no hay voluntad de mejorar la ley de transparencia e incluso de aplicar la que ya existe”.

Aunque más despacio de lo deseable, la prioridad es seguir dando pasos para hacer a las administraciones cada vez más transparentes. Y vigilar que no haya retrocesos ni para tomar impulso.

Los expertos ponen nota

David Cabo. Codirector de Civio. “A nivel central, no aprueba. Ahora mismo le daría un 3. Hay mucha infraestructura y mucho discurso, pero en la práctica deja mucho que desear y es deficiente” 

Elisa de la Nuez. Abogada del Estado. Fundación Hay Derecho. “Calificar de forma global es un poco injusto. Hay personas y organismos que están suspendidos y otros que son de sobresaliente. De media, les daría un 6”

 Emilio Guichot. Catedrático de Derecho Administrativo. “No pondría una nota numérica. Sí diría que se inició con fuerza, pero se está constatando aquello de que al poder no le gusta ser contemplado en la falta de recursos de los consejos de transparencia. Tenemos una aceptable teoría y una más bien pobre realidad”

Patricia González. Investigadora Legal en Access Info Europe. “Hay sobresalientes en algunas comunidades autónomas, pero a nivel global, tal vez pondría un 7. Hace falta mejorar”

Miguel Ángel Blanes. Doctor en Derecho y experto en Transparencia de las Administraciones Públicas. “Pondría una nota de 5. Vamos progresando pero quizás no al ritmo adecuado. Desde 2013 hay necesidades que se han ido aplazando”