¡No podemos regularizar, que una cita previa en la Administración Pública, tenga una media de espera de 45 días!

 Por Rafael Leopoldo Aguilera. esPúblico blog.- 220 operadores jurídicos como “catedral del laboralismo” se dieron cita en las XIX Jornadas de Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, con objeto de participar de forma activa en la actualización y perfeccionamiento de las diferentes normas laborales que han entrado en vigor en los dos últimos años y de aquellas sentencias judiciales del orden jurisdiccional de lo social, que tienen gran influencia en el devenir de los trabajadores y empresarios, sindicatos y confederación de empresarios, así como, en las mutuas de accidentes de trabajo y colegios profesionales

Si importante fueron las ponencias, desde el atril se puso de manifiesto, no solo este año, sino el anterior, que tras la suspensión en el 2020 por la Covid-19, en el 2021 se volvía a manifestar en el sentir generalizado, del sufrimiento, de las pérdidas, de estadísticas a la baja, de esfuerzos mortificantes, de sacrificios sin rédito alguno, de compromisos altruistas, de responsabilidad  en la praxis profesional, de cooperación con la Administración Pública, y de otros tantos estandartes que portan en su mochila los profesionales del Derecho y la Seguridad Social durante muchos meses, en los que la repentina guerra etérea que nos sobrevino, nos obligó a unir nuestras fuerzas para luchar en el frente de batalla, arrimando el hombro con pasión.

Somos conscientes de que esta guerra aún no ha terminado, y queriendo creer que sean ciertas las previsiones de la OMS de que “el fin de la pandemia está cerca” sabemos que no podemos bajar la guardia, y que es posible que nos quede aun por pelear alguna que otra batalla más, pero ahora lo haremos convencidos de que, si permanecemos unidos, ni en mil batallas podremos ser vencidos.

Tras más de dos años y medio, la impresión que tienen todos los profesionales que intervienen en el entramado de las relaciones laborales de este país, es muy distinto al que deberían de tener tras pasar a duras penas la travesía del desierto. Cuando se habla con los compañeros, sus sentimientos son de cansancio, de decepción y de desencanto, porque tenemos serios indicios para creer, que esta situación que nos sobrevino de manera excepcional, y en la que los profesionales “nos partimos la cara” para ayudar a las administraciones y a los administrados, se ha normalizado y asentado en el funcionamiento de las mismas en lo que pareciera un viaje sin retorno, sintiendo aquello que dice aquel refrán que en andaluz sería algo así como “ lo olvidado, ni agradecido, ni pagado “.

Es por ello y habiendo teniendo el privilegio de contar en estos días con las tres Administraciones: estatal, autonómica y provincial, es por lo que nos vimos con la potestad objetiva para hacerles “algunos encargos”, entendiendo que, como las agendas están recién estrenadas al comienzo del curso académico, nuestras peticiones irán en las primeras páginas, por lo que tenemos el pleno convencimiento que las mismas serán “tachadas “de la lista en próximas fechas sí los políticos olvidan sus antagonismos institucionales y reman en la misma dirección.

Vaya por delante, que los Graduados Sociales sabemos dónde manifestar nuestras quejas, y conocemos perfectamente hasta donde llegan las competencias de las Administraciones a nivel provincial, y vaya por delante que conocemos que la situación que padecemos los profesionales en Almería y en el resto de España, no depende de las direcciones provinciales con las que hemos contado de modo incondicional en todo momento, con canales de comunicación, con reuniones periódicas e instrumentando de manera doméstica en todo lo que ha estado a su alcance para mejorar el funcionamiento de los servicios que prestan, teniendo que enfrentarse ellos, igualmente, con los obstáculos del sistema en forma de jubilación de plantillas, saturación del sistema o falta de medios.

Ha llegado el momento de hacer llegar nuestra voz todos juntos, de decir que no podemos consentir que el funcionamiento de las administraciones que nos competen, dependa de la buena voluntad de sus directores y equipos provinciales, porque no se puede más “mirar hacia otro lado” y normalizar que desde el año 2020, las prestaciones más sensibles y esenciales para los ciudadanos, sean derechos en las normas que se quedan en el papel, siendo los de más difícil acceso a las personas vulnerables y sin recursos. Porque no podemos regularizar que una cita previa tenga una media de espera de 45 días y el lugar de presentación diste 100 km del domicilio del administrado. 

Porque no podemos universalizar, que la deslocalización de las pensiones, nos haga sentir perdidos e impotentes ante el Sistema y ante nuestros clientes como profesionales.

Porque no podemos tolerar como sociedad que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital se encuentren en el limbo del Sistema, sin resolver en un alto porcentaje por falta de medios.

Los profesionales estamos de acuerdo con los avances tecnológicos del sistema, con las plataformas telemáticas con el teletrabajo, la cita previa, lexnet, el sistema red, casia, siltra, acredita, certifica, notifica, apodera, prosa, java, red sara, y un largo etcétera, pero con lo que no podemos coincidir es con que el contacto del profesional con la administración haya desaparecido por completo. 

¡Ese no fue el trato!, nuestro compromiso fue colaborar con la Administración, tramitar los ertes, las ayudas y todas las prestaciones, en tiempo récord, para salvar la situación extrema que estábamos viviendo, sin embargo, sentimos que el Sistema ha aprovechado dicha situación caótica para cambiar métodos de trabajo, y ha olvidado que los profesionales somos una pieza fundamental de la cadena del bienestar social, que necesitamos medios para trabajar de manera técnica y humana.

Por ello, instamos a quienes ejercen la gobernanza y la gestión pública electa lleguen nuestras demandas desde sus respectivas competencias, pero sobre todo desde vuestra voluntad de mejora del Sistema, de las instituciones y de la vida de los ciudadanos, que es el fin que todos perseguimos, y que para ello contéis con este colectivo de operadores jurídicos, para escuchar propuestas, para proponer soluciones, en una palabra ¡colaborar! como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo.

Se precisan canales directos de las administraciones estatales en las direcciones provinciales con los colegios profesionales, que son corporaciones de derecho público, que sirvan de enlace entre el colegiado y la administración para la resolución de problemas, para controlar el intrusismo, para unificación de incidencias, para difundir las circulares, las directrices y los cambios normativos.

Necesitamos que la Tesorería General de la Seguridad Social no publique los viernes en horario extemporáneo y por norma un boletín de noticias red de carácter extraordinario, y con efectos retroactivos, que afectan a un gran volumen de cotizaciones y que implican volver a rehacer el trabajo, en tiempo récord retrotrayendo actuaciones.

Necesitamos, que el Ministerio de inclusión, la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, y la Dirección General de la Tesorería cuente con la opinión cualificada de esta Corporación de Derecho Público para acometer los cambios normativos y técnicos que se han convertido en los últimos años en la pesadilla de los profesionales, por el volumen, la complejidad y la inmediatez.

Necesitamos que se convoquen plazas para cubrir las vacantes en la Función Pública por jubilación y que se agilicen los procesos selectivos y los procesos de resoluciones administrativas.

Necesitamos en Andalucía, una plataforma telemática para la presentación y señalamiento de los actos de conciliación. 

No puede ser que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía hiciese una plataforma para los ERTES y para las ayudas de mantenimiento de empleo en tiempo récord, y que, aun nadie que tenga la competencia se haya hecho eco de las reiteradas peticiones que se han trasladado desde Consejo andaluz, y desde los Colegios provinciales a través de las delegaciones territoriales, de la necesidad de contar con esa herramienta, aumentando con ella la eficiencia de la Administración y mejorando el servicio a los profesionales y por ende a los administrados.

No puede ser que nos llenemos la boca de conciliación, de igualdad, de medidas de flexibilización laboral y haber convertido la excepcionalidad del año 2020, donde se publicaron más de 30 Reales Decretos, como si fuese una normalidad, y que este año 2022 hasta la fecha, se hayan publicado más de 10 Reales Decretos y Leyes Orgánicas de gran calado laboral y social como  la reforma laboral un 28 de diciembre para aplicarla el día 1 de enero, el Salario Mínimo Interprofesional, las medidas excepcionales por la guerra de Ucrania, el nuevo sistema de cotización de autónomos, la reforma del reglamento de la Ley de extranjería,  la reforma del sistema especial de empleadas de hogar y leyes de importancia vital para nuestro trabajo diario como la ley de garantía integral de la libertad sexual o la reforma de la ley concursal, todas ellas solapándose casi en el mismo tiempo, sin atender mínimamente al descanso más elemental y a las normas más básicas de conciliación laboral y familiar. 

Todo ello, hace, finalizando la exposición, que esta situación se haya convertido en inasumible por los profesionales en el día a día por mucha voluntad y constancia que pongamos en ello. 

Por eso pedimos que se nos escuche, desde el respeto, con argumentos, con propuestas, con soluciones, pero para ello es necesario que la el gobierno central y autonómico, tomen conciencia que no pueden dejar caer la pervivencia del sistema, a la espalda de los profesionales y las empresas, sin contar con ellos y sin prestar un mínimo de atención a las demandas y necesidades.