"Entre las acciones que se recogen en el texto se incluye facilitar a las personas el acceso a la información pública de manera veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita"
Revista de prensa. Valencia Plaza. (EP) El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves, en el pleno ordinario de mayo, el Plan Director de Gobierno Abierto 2021-2023, un documento transversal que se asienta sobre "la representación de la cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas, y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo", como recoge el documento.
La concejala de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elisa Valía (PSPV), ha señalado que València "cuenta, desde julio de 2020, con el reglamento de transparencia más avanzado de España y uno de los más avanzados de Europa" y ha apuntado que el documento aprobado "va más allá de lo que se exige como ayuntamiento en el despliegue de herramientas y acciones que amplifiquen los principios de integridad, rendición de cuentas, transparencia y participación".
A través del citado documento, el consistorio se obliga a dar continuidad y mejorar las iniciativas de transparencia y participación iniciadas en 2105 con el primer reglamento. "Se trata de que la ciudad tenga un escudo que la proteja de personas que entienden lo público, lo de todos, como el beneficio de unos pocos", ha expuesto Valía.
Entre las acciones que se recogen en el texto se incluye dar a conocer periódicamente los datos más relevantes de la actividad municipal -con los pertinentes elementos económicos y presupuestarios-, y facilitar a las personas el acceso a la información pública de manera veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita -publicidad activa-.
El plan ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, Compromís y PSPV, y ha contado con la abstención de la oposición --PP, Cs y Vox--. El edil de Cs Narciso Estellés ha justificado la falta de apoyo de su grupo, entre otros aspectos, por la presencia de entidades "catalanistas" en el grupo impulsor del documento.
La concejala del PP María José Ferrer ha considerado la presentación del plan, que comenzó a ejecutarse en 2021, "una falta de respeto al Pleno y una pésima práctica de participación y transparencia". Ha acusado al ejecutivo local de "opaco" y ha hablado de "menosprecio a la función constitucional de la oposición".
Ferrer ha asegurado que en la práctica del equipo de gobierno se caracteriza por "las subvenciones a dedo, la prestación de servicios con contratos caducados, las irregularidades en los procesos de selección, o la celebración de actos antes de tener la autorización pertinente". Valía ha rechazado estas manifestaciones ya ha aludido a "los casos de corrupción" de ejecutivos anteriores, en alusión a la etapa del PP. Ha agregado que eso "obliga a ser tan exigentes".
"Venimos de pasados oscuros y debemos dar garantías y demostrar que todos los gobiernos no son iguales", ha declarado Elisa Valía. El nuevo plan contempla la formación de empleados públicos en datos abiertos, asignación responsabilidades, buzón de denuncias, firma de colaboración con la Agencia Antifraude, nuevo Portal de Transparencia y Gobierno Abierto. "Hemos logrado levantar la hipoteca reputacional que tenía València. Ahora somos epicentro de la honradez y la buena gestión", ha apostillado.
Hacienda
Por otro lado, el pleno ha aprobado, dentro de los temas del área de Hacienda, la tercera relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2022 y la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del Presupuesto de 2022.
Igualmente, se ha dado el visto bueno a modificaciones presupuestarias de la Mostra, el Palau de la Música, la Universidad Popular, el Consell Agrari Municipal, el Organismo Autónomo Municipal, de Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje, y Junta Central Fallera.
Por otra parte, se ha acordado solicitar la autorización de cofinanciación a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico del proyecto Rehabilitación Patrimonio Municipal Viviendas Alquiler. Sant Pere 52, en el marco del Plan Especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana. También se ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.
Respecto a esta última cuestión, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha defendido una bonificación en la factura del agua para gimnasios, peluquerías y hoteles y ha criticado que no se haya incluido dicha bonificación. El edil de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), ha asegurado que la tarifa del agua está congelada a pesar de la subida de los costes del servicio.
Desde el PP y al hablar de inversiones, Paula Llobet ha acusado al gobierno local de no planificar e ir "a bandazos". Ha comentado que el consistorio "trae dinero para amortizar deuda porque no es capaz de trabajar en el día a día" y es "incapaz de ejecutar las inversiones", tras lo que ha señalado que "de los 50 millones de modificación crediticia, solo el 3,6% va a actividad económica".
Sanjuán le ha dicho que con la modificación se pasa "de 965 millones de deuda" en la etapa del PP, "un 132% del presupuesto", a los 254 millones actuales, el 21%. Respecto a las inversiones ha afirmado que se ha pasado de 32 a 286 millones de euros -del 4,38% al 24,3%, ha dicho.
El titular de Hacienda ha explicado que la modificación crediticia aprobada prevé 2,5 millones para reconocer la carrera profesional del personal municipal; 830.000 euros para ayudas de emergencia social; 90.000 euros para atención a refugiados de Ucrania; 1 millón de euros para albergar la fase de grupos de la Copa Davis, y 500.000 de apoyo a iniciativas de emprendimiento".
PGOU
En materia de urbanismo, el pleno ha aprobado de manera definitiva la modificación puntual de las normas urbanísticas del PGOU para regular la dotación mínima de aparcamientos. Este punto ha contado con el sí del gobierno, el no de PP y Cs, y la abstención de Vox.
La vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha explicado que esto no implica quitar plazas de aparcamiento en superficie ni elimina la reserva mínima de turismos para edificios o suelos residenciales y ha detallado que da la opción, en el uso terciario (comercial, hotelero) de que no haya obligatoriamente una reserva mínima de estacionamiento en subterráneo dado que hay solares y suelos "donde resulta imposible poder construir dichos aparcamientos".
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