Recta final de la Reforma Local: Expectación por el nuevo texto que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 19

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La  FEMP no ha podido consensuar la nueva ley de la reforma local

-El PSOE-A, dispuesto a ir al Constitucional contra la reforma local. Leer + Andalucía Información.es

-Opinión: El Periódico. ¿ Qué reforma Local ?

Por Juan Ignacio Soto Valle, patrón de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

 

"La reforma que impulsa el gobierno central bajo el pretencioso título de 'Anteproyecto de Ley para la racionalización y modernización de la administración local' (ALRSAL) tiene un precepto constitucional por delante --el artículo 135 CE, que nos dirige 'manu militari' hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria-- y otro precepto constitucional por detrás: el artículo 140, el de la autonomía local, que comparte con el resto del capítulo VII de la Constitución --dedicado a la organización territorial-- una resistencia inusual frente cualquier iniciativa de reforma, por recomendable que sea.        

Esta prioridad marca a las claras el tipo de reforma que el ALRSAL quiere para los gobiernos locales y explica bien nítidamente el contenido del dictamen que el pasado día 26 de mayo aprobó el Consejo de Estado sobre este anteproyecto, cuando utiliza la expresión "ablación de competencias" para describir el 'modus operandi' de la nueva delimitación competencial local. No estamos ante una reforma local impulsada para reforzar la autonomía local. No. Ni para asegurar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias municipales bien definidas, como reclaman los alcaldes desde hace casi 35 años. La reforma está hecha para cerrar y reforzar el círculo del artículo 135 CE, el de la estabilidad presupuestaria.

 

Contra la autonomía municipal

Y a partir de ahí se explica otro elemento que aún debilita más la posición del principio de autonomía local, su garantía institucional --alejada en las prioridades de la reforma-- y el marco que protege el ejercicio de las competencias municipales en los términos que determina taxativamente la Carta Europea de Autonomía Local: "La regulación de la noción coste estándar de los servicios públicos municipales", que el Consejo de Estado critica también duramente por cuanto supone un cheque en blanco --"una remisión amplia y carente de Parámetros legales", dice textualmente-- en manos del gobierno central para dibujar un nuevo mapa de competencias locales que escapa al principio de reserva de Ley y, por tanto, a la propia Constitución.

 

Hay otros aspectos que nos indican ante qué reforma local nos encontramos. Aquí está la revitalizada posición de las diputaciones provinciales de régimen común que desmonta la prioridad política y constitucional de construcción del Estado Autonómico de 1978 y que, en el caso de Catalunya, degrada de forma engorrosa el Estatut.

 

Uno de los puntos más positivos de la reforma, que persigue "redimensionar" el sector público local --nos referimos a la eliminación de empresas, consorcios, fundaciones y otros entes instrumentales que han adquirido en los últimos 15 años un peso insoportable gracias a la negativa influencia de la llamada nueva gestión pública-- necesitaría abordarse de forma prioritaria en términos de cooperación con otras administraciones públicas, antes de herir la estructura territorial municipal. Del resto tenemos que ver cómo terminan las cosas. Demasiados cambios en el proceso aconsejan revisar la iniciativa. No lo decimos nosotros. Lo ha dicho el Consejo de Estado.