"Una Función Pública limitada en su impronta profesional por la inteligencia artificial, que no da la formación correcta y adecuada, pondrá en tela de juicio los sentires constitucionales y democráticos inherentes a toda la ciudadanía de este país"
Rafael Leopoldo Aguilera.-esPúblico blog.- Vivimos unas circunstancias inciertas tras la dramática pandemia sanitaria. El presidente del Gobierno en el debate televisivo electoral, dijo literalmente la palabra: que estamos en guerra en Europa, y es cierto; nosotros formamos parte de esa guerra, de ese drama humano, el cual no está afectando a muchos niveles, especialmente, a nivel económico, de esto lo saben muy bien quienes tienen hipoteca. Pero nos están haciendo llegar modificaciones en todos los ámbitos tecnológicos que nos da miedo por la intensidad y extensión que no permiten su asimilación y que están relacionados con la aplicación normativa de la inteligencia artificial, que va a modificar muchas de nuestras actuaciones administrativas, conductas y comportamientos en el ámbito de la Función Pública.
Por lo que, necesitamos políticos que entiendan estas circunstancias, pero en estos debates televisivos o radiofónicos manipulados, nadie ha hablado de ello, más bien con pronunciamientos decimonónicos de otros temas cansinos, cuando estamos en una realidad distinta en este primer tercio del siglo XXI, un mundo que se transforma por segundos, y en cambio, no se habla de ello ni por los propios periodistas, y que avanza con un potencial de velocidad de difícil impregnación en la sapiencia y sabiduría del empleado público.
Tampoco hablaron los políticos en las elecciones generales de este mundo, del mundo exterior, de nuestro exterior, de toda la globalización que está marcando, no solo el país, sino nuestras vidas, las profesionales y las domésticas, y hasta el ocio productivo, y sí no entendemos el concierto internacional en el que estamos como floreros o palmeros no se puede hacer una buena política nacional en el sector tan amplio como el de la Función Pública.
Muchas de las cosas que han prometido electoralmente no se podrán cumplir, porque de implementarse será el exterior quienes nos lo digan sobre sí o no de su operatividad, sobre todo a un país, como el nuestro, que está quebrado con una deuda de cuarenta mil euros por cada habitante que tiene España. ¿Quién va a pagar esa deuda? Pues mientras no la paguemos serán los acreedores quienes nos dominarán y nos marcarán las pautas, y, por otro lado, la Unión Europea con las limosnas que nos dan para en ocasiones gastarlo disparatadamente y con poca o nula transparencia.
Los funcionarios, los empleados públicos, deberíamos de exigir a nuestros políticos que aborden estos problemas, que las políticas que se quieren aplicar en las relaciones laborales de la Función Pública, lo analicen y valoren de forma adecuada, desde la praxis profesional, y no se apliquen normas o conductas perjudiciales, a pesar de estar en un mundo tan complicado, de inseguridad jurídica, sobre todo ante la inteligencia artificial por orden y mandato de las élites tecnológicas que nos han hecho en un breve espacio de tiempo a un acusado mecanismo de digitalización y automatización, y no se sabe en qué va acabar o degenerar este nuevo mundo informático sobre todo, en la Función Pública como garantes del ordenamiento jurídico en la parte de responsabilidad que nos toca ejercer reglamentariamente.
Ahora, en las relaciones laborales tenemos una “nobleza” o “aristocracia” tecnológica que se nos hace más difícil acceder quienes con mucho esfuerzo y sacrificio escogimos otras vías alternativas de vocación humanística de servicio público, dejándonos a un elevado número de empleados en el rescoldo de la tibiezas para que trabajar en un sentido de vasallaje hacia la “nobleza tecnológica política” y los demás no signifiquemos nada, especialmente, sí somos sexagenarios y nos queda la espera con resignación del “sacramento del adiós”, sino, incluso, que no molestemos con las disciplinas del Derecho, Ciencias del Trabajo, Económicas, Graduados Sociales, Psicología y otras más, que son valedoras de la Justicia Social y Administrativa.
Pues con esta robotización, las relaciones laborales no podrán ser las mismas a nivel de resilencia, empatía, sociabilidad y socialización, porque el lenguaje administrativo a utilizar será reducido a lo que las entrañas algorítmicas del ordenador nos mande hacer, no precisando el estatus jurídico funcionarial, porque serán estos instrumentos mecánicos etéreos, como venidos de la nada o el limbo, quienes nos dirán con conducta caciquil cómo proceder y actuar ante cualquier cuestión u hecho suscitado por las personas que se dirijan a la Administración Pública.
En conclusión, es difícil de esta forma “enlatada”, que los funcionarios en concordancia con la clase política podamos seguir luchando por garantizar nuestros derechos, nuestras necesidades e intereses como empleados públicos y ciudadanos, todo ello, con rectitud y concordancia en dar respuesta humana a las demandas e inquietudes de la ciudadanía, de nuestro prójimo, personas, mujeres y hombres, y solo la clase política, por ser “primus interpares”, desde su posicionamiento en el vértice, establecer válvulas constitucionales y democráticas, que nos permitan informar de forma fidedigna, de verdad, y tramitar los procedimientos y expedientes administrativos, desde los principios y valores deontológicos recogidos en el actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Una Función Pública limitada en su impronta profesional por la inteligencia artificial, que no da la formación correcta y adecuada, pondrá en tela de juicio los sentires constitucionales y democráticos inherentes a toda la ciudadanía de este país.
