Tiempo de lecturas

"Quienes estrenan despacho tendrían con modestia que leer, por ejemplo, manuales sencillos que se han editado con el fin de facilitar el conocimiento de las Administraciones locales" 

Por Mercedes fuertes. esPúblico blog.- La celebración de las elecciones locales ha conformado Diputaciones y Ayuntamientos con nuevos corporativos. Estrenan algunos sus responsabilidades con el contento de haber sido respaldados por los vecinos y el propósito de atender a tantos asuntos que motivaron su paso decidido para incorporarse a una lista electoral. También repiten otros muchos, quienes conocen ya los pasillos y las salas de reuniones, quienes han tratado con los funcionarios de habilitación nacional que frenaron irregularidades y consiguieron mantener una tesorería saneada, quienes identifican a los trabajadores que desempeñan cada tarea con dedicación de servicio… Incluso para éstos que revalidan la representación, el inicio del periodo que se abre es motivo de animoso impulso porque la campaña electoral les sirvió para hacer recuento de los problemas pendientes de las localidades y prometieron afrontarlos.

Unos y otros habrían de templar los entusiasmos de las celebraciones. El peso de la responsabilidad de la gestión pública así lo requiere. La complejidad de las situaciones y las perspectivas encontradas de los más directos interesados, las penurias económicas de las arcas locales, las dificultades materiales para solucionar algunos conflictos, las carencias de recursos de algunas familias..., entre otros aspectos, impiden atender con ligereza el espacio público.

Y, sobre todo, quienes estrenan despacho tendrían con modestia que leer, por ejemplo, manuales sencillos que se han editado con el fin de facilitar el conocimiento de las Administraciones locales.

Durante décadas se han ido precisando pautas de organización y actuación que hay que conocer para garantizar el correcto funcionamiento y gestión de los servicios locales. Por ejemplo, junto a los comentarios de esta bitácora que les ilustrarán, recuerdo también el documento que ha publicado la Federación Española de Municipios y Provincias: «100 preguntas sobre aspectos básicos de la Administración local». Bajo la batuta de Virginia Losa y Joaquín Burgar, son funcionarios locales quienes responden a ese centenar de interrogantes. Un documento que constituye una clara síntesis de conceptos elementales sobre la organización local, el estatuto del concejal, la Administración digital, los cauces de participación ciudadana…

Los nuevos corporativos probablemente se manejan con soltura a través de diversas redes sociales y buscadores, navegan con destreza por los sucesivos enlaces. No obstante, resulta indispensable que sean conscientes de la responsabilidad de su firma electrónica, de las pautas de seguridad para acceder a los expedientes digitales, de los diversos sistemas de información que se han configurado para que las redes públicas garanticen la integridad de las comunicaciones y del contenido de las decisiones.

Es este aspecto de la ciberseguridad uno de los prioritarios en los que hay que insistir. Insistencia que abarca a todos, concejales noveles y corporativos veteranos, funcionarios con trienios y recién ingresados, a todos aquellos que trabajan en las Administraciones públicas, así como a quienes contratan con ellas como establece el Esquema Nacional de Ciberseguridad. El incremento de los ataques a los sistemas informáticos de las Administraciones públicas no cesa y las amenazas son cada vez más sofisticadas. Además, hay que recordar -como reiteran técnicos especialistcocacolas-, que la mayoría de las caídas de los sistemas, la mayoría de los secuestros informáticos y daños tras un ataque (el porcentaje alcanza el setenta por ciento según algunas fuentes) deriva del desconocimiento o de un descuido de alguien que trabaja en la propia Administración.

Son estas cuestiones candentes que han de tomarse muy en serio y de las que es posible aprehender unas mínimas nociones a través de la lectura de sencillas guías, así como escuchando a los propios funcionarios y trabajadores que ya llevan tiempo en esas Administraciones desempeñando sus tareas con dedicación de servicio público.

Hay que escuchar porque es denso el entramado jurídico para la gestión de tantos asuntos que nos interesan a los vecinos: desde la correcta reducción y eliminación de residuos pasando por el adecuado abastecimiento de agua, el mantenimiento de los caminos rurales, la instalación de las nuevas redes de conexión 5G que está financiando la Unión Europea, la mejora del entorno… y tantas otras competencias propias de estas Administraciones.

Hace unas pocas semanas se ha publicado por la Administración General del Estado otro documento con el título: «código de integridad pública». Está dirigido a los altos cargos para explicar lo que es el interés público, cómo hay que cuidar la objetividad, neutralidad e imparcialidad y evitar los conflictos de intereses. Son más de 370 páginas. No entro en las causas que han llevado a divulgar este texto, ni tampoco el retraso en hacerlo. Bastantes sinsabores se hubieran evitado si al inicio de la legislatura se hubieran recordado tales pautas elementales de educación cívica a quienes se vieron nombrados. En lo que ahora me interesa, también a las autoridades locales aprovechará la lectura de este texto que podría condensarse en la máxima que está inscrita en el dintel de algunas instituciones públicas en localidades europeas: “obliti privatorum, publica curate”. Esto es, hay que olvidarse de los asuntos privados y ocuparse de los públicos. 

Viejos desafíos para un nuevo mandato: propuesta de hoja de ruta provincial para el periodo 2023 – 2027

"Los Gobiernos Locales Intermedios pueden fomentar la colaboración y establecer alianzas estratégicas con diferentes actores, incluyendo otros niveles de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, empresas y la sociedad civil"

 Por Borja Colón de Carvajal. El blog de esPúblico.com. Ahora hace tres años, en plena pandemia del COVID-19, un grupo de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares dieron un paso al frente para reclamar su protagonismo como agentes del cambio en el mundo local en un escenario tan incierto como inesperado.

Aunque no fueron exactamente esos Gobiernos Locales Intermedios quienes promovieron el conjunto de transformaciones que ahora os voy a relatar, sino más bien sus empleados públicos que, sin apoyo institucional ni respaldo político, decidieron sacar fuerzas de flaqueza para organizar un Movimiento que todavía hoy continúa y que pretende – al igual que en 2020 – posicionar al mundo local como eje transformador de la vida de las personas y de los territorios. Me refiero, cómo no, al Movimiento #DipuPower que podéis encontrar aquí http://dipupower.org

Rescatamos los puntos incorporados en el manifiesto fundacional del Movimiento #DipuPower porque considero que pueden ayudar a inspirar a los nuevos equipos de gobierno en la formulación de sus planes de mandato y en el diseño de sus políticas públicas, como una suerte de hoja de ruta provincial para el periodo 2023 – 2027.

1.- Legitimación para abanderar el liderazgo provincial.

Nadie como las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares – entendidos todos como Gobiernos Locales Intermedios – para formular políticas con verdadero impacto sobre el territorio, porque dichas instituciones son exactamente quienes conocen de primera mano la realidad de aquél, sus necesidades, sus características y su verdadera idiosincrasia. Existen otros niveles de Gobierno, sí, con más presupuesto y más músculo humano quizá para abordar cambios más profundos, pero quienes de verdad disponen de la información, el conocimiento y la capilaridad suficiente para llegar a todos los rincones del territorio provincial son los Gobiernos Locales Intermedios.

2.- Ejes vertebradores de la cohesión territorial del mundo local.

Si hay una verdad absoluta en el mundo local en España es que, desde el punto de vista del institucional, son los Gobiernos Locales Intermedios quienes se encuentran en mejor posición para promover políticas públicas sostenibles que tengan repercusión en la calidad de vida de las personas, pero también en la cohesión de territorio en el que conviven. En este sentido, son capaces de articular mecanismos concretos que, con un enfoque integrador, generen sinergias entre municipios, regiones y territorios, consiguiendo con ello una tendencia creciente de fortalecimiento del mundo local sobre la base de tejer alianzas sólida en base a proyectos comunes.

3.- Motores del cambio para lograr la eliminación de las brechas tecnológicas en el mundo rural.

A través de la promoción de las infraestructuras tecnológicas, el apoyo a la formación y a la capacitación digital, el impulso al emprendimiento y la innovación, y la colaboración con otros actores relevantes, los Gobiernos Locales Intermedios pueden facilitar el acceso a la tecnología y mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Al hacerlo, contribuyen a la reducción de las disparidades tecnológicas y promueven un desarrollo más equitativo y sostenible en todas y cada una de las partes del territorio provincial, consiguiendo con ello generar un impulso significativo de la tecnología como mecanismo catalizador de las políticas del cambio social en favor de la igualdad de oportunidades.

4.- Promover activamente un proceso de simplificación administrativa de la Administración local.

Los Gobiernos Locales Intermedios pueden promover la simplificación administrativa de manera activa a través de varias estrategias, como, por ejemplo: analizar y revisar los procedimientos existentes, eliminando trámites innecesarios y optimizando los flujos de trabajo; digitalizar trámites y servicios, ofreciendo plataformas en línea a los Ayuntamientos para que estos agilicen sus procesos y reduzcan los tiempos de espera; unificar criterios para garantizar la coherencia y eliminar confusiones; y fomentar la participación ciudadana como mecanismo de retroalimentación para alinear los esfuerzos con las necesidades reales de los municipios y de la sociedad.

5.- Afianzamiento de las infraestructuras críticas como forma de promover la accesibilidad territorial.

Los Gobiernos Locales Intermedios pueden destinar recursos y colaborar con otros actores relevantes para invertir en la mejora y expansión de las infraestructuras críticas, como carreteras, transporte público, redes eléctricas y de comunicaciones, impulsando las colaboraciones con los proveedores de servicios de telecomunicaciones para expandir la cobertura de Internet de alta velocidad y la telefonía móvil en áreas rurales. Pueden impulsar y apoyar, además, proyectos tecnológicos innovadores que mejoren la accesibilidad territorial, como el desarrollo de aplicaciones móviles o plataformas digitales que faciliten la planificación de rutas, la gestión de servicios públicos y la participación ciudadana.

6.- Apoyo técnico, económico y jurídico a los pequeños y medianos Ayuntamientos (PyMEL)

Los Gobiernos Locales Intermedios tienen que poner a disposición de todos los Ayuntamientos – y fundamentalmente a los más pequeños – su experiencia y conocimiento técnico para ayudar a los mismos a abordar los desafíos específicos que tienen en materias como la planificación urbanística, la gestión del territorio, el desarrollo económico local, la protección del medio ambiente, la gestión de servicios públicos o la promoción turística. Su apoyo económico será también fundamental para el desarrollo de las políticas públicas que las nuevas corporaciones locales quieran impulsar, ya sea a través de subvenciones y ayudas para la ejecución de proyectos y programas municipales o el acceso a otras fuentes de financiación a través de convenios con entidades bancarias.  

7.- Actores principales en la lucha contra la despoblación.

Los Gobiernos Locales Intermedios cuentan con capacidades y recursos significativos para abordar el desafío de la despoblación en el mundo rural. Tienen un conocimiento profundo de las necesidades y particularidades de su territorio, lo que les permite diseñar estrategias y políticas específicas para combatir la despoblación, como son, por ejemplo, la  planificación territorial que promueva un equilibrio entre áreas urbanas y rurales o el fomento de la actividad económica a través de incentivos fiscales, ayudas y subvenciones que impulsen la creación de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos como la agricultura sostenible, el turismo rural, las energías renovables o la industria agroalimentaria.

8-. Adoptar una posición de mejora continua en la gestión de los servicios públicos locales.

Estableciendo mecanismos internos para evaluar y mejorar constantemente sus propios procedimientos, los Gobiernos Locales Intermedios pueden promover una revisión regular de las políticas y los programas existentes, la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas para optimizar su desempeño, pudiéndose adaptar con ello rápidamente a los cambios y desafíos emergentes, y proporcionar soluciones más efectivas a las necesidades de los ciudadanos y de los municipios.

De la misma forma, los Gobiernos Locales Intermedios pueden fomentar la colaboración y establecer alianzas estratégicas con diferentes actores, incluyendo otros niveles de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, empresas y la sociedad civil. Estas sinergias permitirían compartir conocimientos, recursos y buenas prácticas, y fomentan la co-creación de soluciones más efectivas y sostenibles.  

En conclusión, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares o Gobiernos Locales Intermedios, tienen una oportunidad magnífica para volver a demostrar que, en el territorio de las provincias, ellos son los principales players para impulsar y consolidar proyectos de transformación que repercuta en la calidad de vida de las personas que viven allí y en el fortalecimiento de las instituciones que los gobiernan, debiendo para ello hacer una apuesta decidida por la innovación y la dirección pública profesional como ejes tractores del cambio.

Rafael Jiménez Asensio: El baile de los altos cargos

 “El Gobierno necesita pensar en el porvenir” (Harold J. Laski, La gramática de la política, Comares, 2002, p. 376).

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- En época electoral hay que cuidar mucho lo que se escribe. La sensibilidad está a flor de piel, más aún en un país altamente polarizado, sin espacios intermedios, que se han achicado hasta la extinción. Sin embargo, hay un tema por el que la atención mediática está pasando de puntillas, siempre más preocupada por el ruido de la política que por su (in)efectividad.

En España, tras el 28 M, se han renovado las mayorías políticas en varias de las Comunidades Autónomas que celebraron procesos electorales. Esa renovación ha alcanzado también a innumerables Ayuntamientos y, asimismo, ha llegado a Diputaciones provinciales y otros gobiernos locales intermedios. Y, donde no ha habido alteraciones de mayorías, ha habido cambios de caras y, asimismo, se advierte un apetito de las fuerzas políticas minoritarias por entrar, allí donde puedan, a morder poder; esto es, a capturar para su particular cesto político cargos públicos que repartir entre sus acólitos y responsabilidades públicas que conlleven presupuesto o permitan ser escaparate de la acción política, aunque a veces tensando la cuerda hasta lo indecible, cuando no tomando medidas estrambóticas que repugnan la más mínima cordura.

Ha llegado, por tanto, época de cambios no solo en las estructuras gubernamentales, sino también, por efecto dominó, en una amplísima nómina de altos cargos y asimilados, de personal directivo de las densas y espesas entidades del sector público autonómico y local, así como de la amplia y extensa nómina de asesores; un personal eventual que aún se sigue configurando con el oscuro e impropio manto “funcionarial”. Lo cierto es que, de ahí los nervios, hay muchísimas poltronas a repartir, sin contar las que vendrán luego de esas también múltiples entidades que cínicamente y sin ningún rubor nuestras leyes llaman “autoridades o administraciones independientes”, (casi) absolutamente colonizadas por los apetitos políticos, que los diferentes partidos utilizan (en espurios y cerrados acuerdos propios de un cártel) para desactivar de raíz un sistema de pesos y contrapesos que en este país nunca ha funcionado, y no lo hará milagrosamente de repente ni tampoco de forma fácil.  

España, con sus multiplicados gobiernos y administraciones territoriales, así como con su cultura política caciquil revestida de clientelismo, ofrece (junto a Italia, incluso superándola) una evidente singularidad europea en lo que a intensidad de la colonización de la alta administración por la política respecta. Esa categoría tan hispana, además con reflejo incluso constitucional, de los altos cargos, luego acogida con fervor por las leyes, ha ido ensanchando su perímetro y número hasta adquirir tintes de figura propia de una obesidad mórbida. Pronto la política percibió que debía ampliar su capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales y administrativas, y en línea con el spoils system aplicado castizamente penetró con descaro en el virginal cuerpo administrativo con la pretensión de llegar (casi) a sus entrañas. No lo pudo hacer del todo, porque esa voraz política colonizadora tropezó con el aparente valladar de una cada vez más desfigurada y empobrecida función pública profesional (que bien ha procurado la política siempre reducirla a cenizas; y a fuer de ser sinceros lo está casi consiguiendo). Ese pretendido dique de contención de la función pública profesional tenía de siempre agujeros negros que se han ido ampliando, tales como aquellos que toleran nombramientos discrecionales por libre designación y libre cese en la alta función pública, por mucho que se empeñen los tribunales de justicia de poner puertas al mar. También el número de tales nombramientos ha crecido sin medida. La confianza política o personal es su motor. La pérdida de esa confianza, su muerte civil. Hablar de Administración pública profesional con esos mimbres, es un insulto a la inteligencia.

Así las cosas, no cabe dudar lo más mínimo que los cambios de Gobierno comportan en España auténticos movimientos sísmicos en la sensible alta Administración y en la propia alta función pública española. Miles o decenas de miles, según los casos, de posiciones directivas se ven afectadas por esos cambios. En tal contexto, el alineamiento política y gestión es un pío deseo, seimpre incumplido. Con tales oscilaciones, la memoria institucional se borra por completo y el capital directivo, si es que ha llegado a construirse (pues en muchos casos no ha habido ni tiempo ni madera humana para asentarse) se elimina de un plumazo. Quien ha colaborado con el enemigo (nunca adversario) tiene que ser borrado, independientemente de cuál haya sido su gestión directiva y cuáles sean sus competencias profesionales; pues lo determinante no es qué se hizo o cómo, sino con quién. Excelentes profesionales de la gestión son cesados (son las reglas del juego que todos conocen) o, si son funcionarios, reconducidos a matar moscas en un despacho, cuando no recluidos al mero olvido en sus iniciales destinos. Los nuevos gobernantes comienzan, una vez más, con una página en blanco y la preceptiva limpieza política (propia de pueblos bárbaros) de lo hecho, cuando no con la más absurda y estúpida negación de lo antes impulsado y con nuevas caras. Su primera lección es fulminar de un plumazo a los que antes estaban, normalmente sin pestañear ni valorar las competencias y trayectorias de quienes mandan al depósito de cadáveres. Los colaboracionistas con el enemigo no tienen encaje en la nueva nómina del poder. Comienzan a reescribirse las políticas con otros renglones torcidos. Así hasta el infinito.

Entre quienes llegan de nuevo y son ungidos por la púrpura y los galones del poder, el frenesí por revertir lo puesto en marcha “por los otros” se convierte en letanía. Lo cierto es que quienes son ahora llamados a asumir altos cargos y niveles asimilados deben pertenecer, sin duda, al círculo de amigos políticos o militantes de las fuerzas políticas que asumen el poder: las competencias profesionales y menos aún su acreditación, brillan por su ausencia. La captación de savia directiva en el sector público español se hace por métodos tan peregrinos como buscar a «los nuestros» en los partidos (hoy prácticamente vacíos de talento gestor) y sus aledaños (simpatizantes o no significados nunca «con los otros»), o entre vínculos familiares o de amistades, donde un grado universitario, licenciatura o máster, regalado sin apenas exigencia alguna por ese magnánimo sistema universitario español, se convierte en patente de corso para iluminar un pobre currículum, en no pocas ocasiones sin experiencia laboral previa más allá de los anchos y extensos campos de la política. Debería estar totalmente prohibido asumir cargos directivos o asesores en el sector público sin haber previamente acreditado una experiencia profesional mínima y unos conocimientos sólidos de gestión.

Pero no seamos ingenuos. No se olviden que en un sistema político de partidos atravesado de secular clientelismo esas malas prácticas se han trasladado a todos las fuerzas políticas, las de vieja o las de nueva hornada. El hecho determinante es que nada puede funcionar cabalmente en el sector público de un país que muestra semejante forma de fulminar y reclutar capital directivo en sus organizaciones públicas. Llevo muchos años trabajando y analizando el sector público español (estatal, autonómico, foral y local), particularmente la función directiva, y puedo constatar fehacientemente que, con excepciones muy contadas, el perfil de los altos cargos y del personal directivo ha ido cayendo los últimos años hasta límites casi intolerables. Personas sin ninguna experiencia profesional, con unas competencias muy discutibles o marcadamente orientados por la impronta de satisfacer al partido o partidos que gobiernan, en algunas ocasiones (lo que es peor) sin ningún sentido institucional, son aupadas a responsabilidades directivas públicas. Esa deriva solo se atenúa, en parte, con el nombramiento de altos funcionarios para tales niveles de responsabilidad, pero aún así ser funcionario por sí solo no prevé buen desempeño directivo y, además, siempre puede más el corazón político que la racionalidad gerencial. El corporativismo, que pronto lo veremos reflotar de nuevo, tampoco es la solución existencial a una función directiva desprofesionalizada. Y el funcionario que a ello se presta, será condenado al ostracismo eterno por «los otros»; marcado con una cruz en la frente. Esto va de bandas rivales, por si no se han dado cuenta.

Y, así, no es difícil concluir que nunca en España hubo tantos gobiernos y administraciones públicas, tantos altos cargos y personal directivo, así como tanto personal eventual, o tan generosas retribuciones para los clientes políticos, y nunca funcionó peor el sector público español y (salvo también excepciones muy puntuales) muy rara vez se prestaron peores servicios a la ciudadanía. Lo que a nadie importa, pues en este país, vacua retórica política aparte y más aún en período electoral, el porvenir de España y de sus gentes apenas entra en ninguna agenda política; pues sin transversalidad es imposible llegar a pactos estratégicos ni a soluciones de futuro que no cambien radicalmente con los ciclos políticos. Cuando el motor sustancial de la política (nunca confesable) es, en verdad, intentar por todos los medios mantener o, en su caso, recuperar el mayor número de poltronas que permitirán durante un tiempo vivir a sus huestes enchufadas al presupuesto público o condenadas a buscar (como diría Galdós) un comedero público donde esperar pacientemente a que las tornas vuelvan a su lugar, algo muy serio pasa en este país

Así, no se sorprendan si –según datos proporcionados por Emilio Lamo de Espinosa y Juan Díez Nicolás- casi el 90 por ciento de la ciudadanía española no tiene confianza alguna en los partidos políticos ni tampoco en la propia política. A pesar de ello, erre que erre, los partidos siguen con su grosera e intensa (también corrupta) colonización institucional y su política de vía estrecha. ¿Despertarán algún día? No lo parece; pues esto viene de lejos y no es un problema de leyes (que además deberán aprobar ellos haciéndose el harakiri) ni tampoco de cambios cosméticos, sino de transformaciones profundas. Y esas solo se pueden hacer por medio de pactos de Estado. ¿Renunciarán los actuales partidos de cargos públicos a satisfacer a sus innumerables y respectivas huestes de clientes políticos que han alimentado o tienen expectativas de alimentar con innumerables poltronas en un futuro más o menos lejano? Y si así fuera, lo cual es absolutamente improbable, ¿quién se aproximaría a ellos? Respondan ustedes.

Un caso de burocracia privada, divertido si no fuese real

 Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Cuando se critica la burocracia se está criticando a los empleados públicos, considerando que por el hecho de serlo son torpes, retardatarios o maliciosos. Una leyenda negra, porque existe lo que podría llamarse “burocracia privada”, que vuela bajo el radar de las críticas. Lo ilustraré con lo que me sucedió ayer, y que refleja que no es un problema de ser o no funcionario, sino de ser idiota o no serlo.

Veamos ese sucedido. Lo expondré en tono lúdico aunque con hechos totalmente reales. Hace tres días me telefonearon de la empresa de transportes Nacex, y con amabilidad un empleado me indicó que no habían encontrado a nadie en mi domicilio para recoger un paquete a mi nombre y que, si no me importaba, lo dejarían en un establecimiento cercano que actúa de centro suyo de recogida. Me personé ayer en el local, que era un cruce de locutorio y bazar chino, y paso a relatar fielmente lo sucedido:

– Buenos días. Vengo a retirar un paquete depositado a mi nombre por la empresa Nacex.

Un individuo de unos cuarenta años, con aspecto físico de Torrente, el de las películas, me respondió desde el interior de un mostrador, donde estaba sentado en una silla frente a un ordenador:

– Sí, este es el punto de recogida de Nacex.

En ese preciso momento, vi a sus espaldas un paquete con el formato de mi envío (una revista de El Consultor), así que le digo sonriendo:

-Creo que es ese que tiene usted a sus espaldas. Lo reconozco.

El individuo se volteó, tomó el paquete y lo miró con atención de desactivador de explosivos, para proclamar:

– José Ramón Chaves García.

-Ese soy yo. – Asentí con la cabeza.-

Torrente puso el paquete a su lado, miró el ordenador y dijo:

– Pues no puedo dárselo. No está en mi lista.

– No sé de qué lista se trata— Repuse sonriendo—, pero es mi paquete y vengo a recogerlo identificándome con el DNI, así que puede dármelo.

– No – me miró como si le hubiese apuntado con una pistola- No puedo dárselo porque su nombre no figura en la lista de los que tienen listos sus paquetes para recogerlo. No es posible.

– Oiga – Mi voz se elevaba. – La empresa NACEX me telefonea y me envía un SMS en que me indica que puedo recoger aquí mi paquete ( levanté mi móvil para enseñárselo); el paquete va a mi nombre, no suyo ni del vecino; y estoy identificado. ¿Qué problema hay?

– No puedo dárselo. No está en mi lista, y cruzó los brazos.

Sin duda ese mequetrefe no estaba en la lista de los listos. Ni que su lista fuese el censo electoral para poder votar.

– ¿Por qué? Dígame una razón.

– Porque no está en mi lista y si se lo doy, y más adelante está en mi lista, y vuelve a buscar su paquete, yo no podré dárselo y me buscaré problemas.

– Pero, ¡óigame! – intenté buscar la sutura de la lobotomía de su cerebro– ¿Tengo aspecto de ir pidiendo paquetes que ya he recibido a la misma persona que me lo ha dado?,¿Quiere que le firme una declaración jurada?…

-Lo siento. No está en mi lista.

Me debatí entre las lágrimas y el impulso homicida. Aunque ningún juez me condenaría, me contuve. Estuve a punto de decirle que él estaba en la lista de los imbéciles, en lugar destacado, pero le dije:

-¿Puede usted llamar a Nacex y aclarar la situación?

– No – Tiene que ser usted el que los llame y que ellos lo incluyan en mi lista, caballero.

Acertó en lo de “caballero”, porque las máquinas de coca-cola si no funcionan las zarandeas o golpeas como desahogo, y en cambio opté por considerar que la inescrutable justicia divina me estaba haciendo pagar por algún error del pasado. Así que Apoyado en el mostrador y mirándole airado, llamé a NACEX. Tras hablar con una computadora (Pulse 1, si desea información, etcétera; al no decirme la voz pregrabada qué número debía pulsar para alertar a la empresa de que habían contratado a un capullo, Pulsé “Cualquier otra incidencia”).

Por fin, una voz humana me escuchó el caso y me dijo: ”Basta con que usted se identifique con el DNI y se lo tiene que dar”. Le repliqué:

-Le acabó de explicar a este guardián de listas que estoy identificado y se niega.¿Por qué no habla usted con él?

El empleado de NACEX al otro lado del teléfono me dijo: “Aguarde, que voy a pasarle con un compañero”.

 ¡ Y me ponen una musiquita interminable! Mientras Torrente parecía afanarse en unos papeles (tengo fundadas razones para pensar que los barajaba pues ya tenía también razones para pensar que no sabía leer, visto lo visto).

Transcurridos quince segundos estallé:

– ¡ A tomar viento…! (Los italianos tienen una expresión muy bonita: e poi vaffanculo).

Y me fui.

Suelo ser muy tolerante, pero se ve que soy tan imperfecto que pierdo los estribos ante los imbéciles. Sacan lo peor de mí. Eso me hizo pensar en lo bonito que es mi país que tolera inútiles asumiendo responsabilidades que les quedan grandes, pero también pensé en la fortuna de que el tal Torrente no fuese funcionario, porque poco favor haría a la cosa pública. No quiero imaginarle en la sanidad pública e informando al paciente de que “aunque traiga los dientes en su mano rota, no pueden atenderle porque no está en la lista”.

En fin, quede lo dicho, para que pensemos en la gran lotería para que te atienda alguien sensato en el ámbito privado o público. Y para que pensemos en la legión de empleados públicos que calladamente, con discreción y eficacia nos atienden cada día, como reflejé en mi ensayo titulado “Ser funcionario en tiempos difíciles. Motivos de orgullo y claves de supervivencia” (Wolters Kluwer,2019). Creo que una lectura amena, cargada de citas y anécdotas… y actualidad. Pero lo auténticamente bueno, es haberme desahogado aquí de mi mala experiencia, y haber comprendido lo dicho por Einstein: «Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro».

El gobierno retira medallas del mérito en el trabajo a Franco y otros altos cargos

Se aprueba, siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, 70 años después de que se concediera.

EVA BELMONTE. Fundación Civio.- El BOE del 18 de julio recoge nueve decretos que retiran medallas del mérito en el trabajo concedidas a miembros de la dictadura franquista. La más relevante es la concedida al propio dictador, Francisco Franco. En su caso recibió una condecoración especial, creada en su honor: la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo, que hoy se le retira. Fue el 18 de julio de 1953. Hoy, mismo día pero 70 años después, llega al BOE su revocación.

También se anulan las que recibieron otros ocho altos cargos de la dictadura: Enrique Pla i Deniel, José León de Carranza y Gómez-Pablos, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romeo Gorría y José Antonio Girón de Velasco.

Esta retirada de medallas se aprueba siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que “las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”.

LA JUVENTUD ATRACADA (O EL FRACASO DEL PACTO INTERGENERACIONAL)

 "Al final, detrás de este populismo fiscal, se esconde la realidad, que no es otra que el atraco fiscal a los jóvenes (…) Los déficits recurrentes (…) unido al aumento de los gastos asociados a la edad, constituyen un atraco perfecto a los jóvenes” (Conde-Ruíz/Conde Gasca, p. 115)

“La generación de mayor edad (…) tendrá que sostener a la generación más numerosa de personas de edad avanzada que jamás haya existido” (Minouche Shafik, p. 215).

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- En mi visita solidaria (aún haré más) a la Librería LAGUN, de la que era (aún soy) cliente habitual, antes de su inminente cierre como consecuencia continuada del descenso implacable de las ventas, un espacio cultural que desaparece de una ciudad que en tales cosas (y en otras tantas), dentro de su aparente éxito y glamour, declina a ojos de quien esto escribe, adquirí –entre otros- el libro recientemente aparecido en el mercado editorial La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península, junio, 2023). Sus autores son José Ignacio Conde-Ruiz, reconocido economista, y su hija Carlotta Conde Gasta, estudiante de Físicas. Como es obvio, el peso principal de la primera redacción corrió a cargo del padre y la adaptación (relativa, como cuando se escribe sobre un tema tan prosaico como es la economía) fue obra de la inteligente mano correctora de su hija para hacerlo legible por las personas de su edad, que también redactó el capítulo relativo a “¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes”, un tema trascendental del que se ha ocupado incisivamente el historiador Philipp Blom en sus dos últimas obras traducidas en España (Lo que está en juego y El gran teatro del mundo), siguiendo las tesis y predicciones sobre el Apocalipsis climático expuestas en su día por el maestro Bruno Latour (¿Dónde aterrizar?).

La juventud atracada es un libro que desde su dedicatoria a sus constantes llamadas en el texto va dirigido a los jóvenes, a los que cabe recomendar encarecidamente se sumerjan en sus interesantísimas páginas, pues a partir de ellas podrán conocer cabalmente cómo a su generación (ya sea a los millennials más jóvenes o a los de la generación Z) se les está hurtando su presente y futuro existencial. Aunque, en verdad, tendrían que leerlo también los mayores o viejos, llámesenos como se quiera, así como todos aquellos que se aproximan o se acercan a la jubilación, pues este trabajo pone de relieve el fracaso más absoluto en España a la hora de establecer un pacto intergeneracional, cuyas causas son innumerables, pero que los autores sitúan principalmente en lo que denomina “la demografía política”, cuyo datos actuales y los que vendrán son sencillamente letales para los jóvenes, pues las capacidades de imponer su agenda sobre las de los mayores o viejos es, hoy por hoy, imposible.

Una política cada vez más populista (siempre me ha gustado por su acierto la expresión del profesor Conde-Ruiz de populismo fiscal, que rememora las expresiones galdosianas de “la olla presupuestaria” o del “presupuesto como restaurante nacional”) sabe donde tiene sus nichos electorales, y el más importante cuantitativamente hablando es el de los jubilados, que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Tampoco cabe olvidar al nicho de los empleados públicos que también se computa por millones (aunque menos), si bien este no se aborda en el libro, aunque condiciona una parte importante del gasto público con no pocas medidas (algunas muy recientes también) de populismo fiscal. El peso de los votantes mayores de 65 años, en efecto, irá creciendo desde el 25 por ciento actual (frente al 21 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años), hasta situarse en el 37 por ciento en 2050, con lo cual nuestra tradicional política arrugada y “menuda” (concepto también galdosiano) seguirá haciendo esos juegos malabares con la pretendida reforma del sistema de pensiones para seguir haciendo esas reformas que tanto nos gustan propias de “El gatopardo: cambiar todo para que no cambie nada”.

El argumento central de los viejos está bien recogido en las primeras páginas del libro: “Ahora también somos muchos votantes. ¿Qué político de turno va a proponer algo que nos incomode? Estamos tranquilos: ya pueden llegar nuevos partidos políticos que aquel al que se le ocurra cambiar las cosas para perjudicar al estrato más numeroso no saldrá elegido”. Y esta es, en efecto, una de las claves del problema tratado. No la única ni mucho menos, pues el libro es muy rico al abordar aquellos temas que hipotecan a los jóvenes y condicionan su existencia futura en este país llamado España. Así, el dato ya citado de la letal demografía política, con un índice actual de fecundidad de 1,13 hijos, de las más bajas del mundo (lo que conllevará que en 2050 haya tres personas trabajando para sostener, algo imposible, a dos pensionistas), pasando por un capítulo como es el relativo a cómo se reparte el gasto público, o poniendo el foco en el gasto en pensiones que hipoteca (e hipotecará, de no corregirse) el margen fiscal para invertir en políticas palanca de inversión (educación, crisis climática, vivienda, etc.), absolutamente desatendidas o con una dedicación fiscal infinitamente más baja que no equilibra ni de lejos el brutal crecimiento del gasto en pensiones.

No cabe duda que frente a los cantos de sirena de la necesaria reconfiguración de un nuevo pacto social que tome como uno de sus ejes el pacto intergeneracional (tal como describió magistralmente Minnouche Shafik, en su imprescindible obra Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social, Paidós, 2021: ), en España la justicia intergeneracional la estamos olvidando por completo ahogada –como señalan los autores- en un “egoísmo generacional” y en un populismo fiscal (por unos y por otros) de vía estrecha incapaz de ir más allá de sus narices, endosando a las generaciones de jóvenes y a las venideras el relativo bienestar presente de los actuales ciudadanos, mayores o viejos (y de los funcionarios), por el que los actuales jóvenes deberán pagar una elevada factura, que se añadirá a la que hoy ya pagan por la baja inversión en educación y en vivienda, lo que hace materialmente imposible en muchos casos su emancipación y los condena a la precariedad existencial, sin apenas empleos fijos (de verdad) y cobrando menos que sus familiares jubilados.

El libro está plagado de interesantes reflexiones, muchas de ellas ya recogidas en las innumerables contribuciones académicas del profesor Conde-Ruiz. Entre ellas cabe destacar, un tanto aleatoriamente, las siguientes: “El estado del bienestar es una gran familia: si los jóvenes no están bien preparados y además no son suficientes, no van a poder hacerse cargo de pagar las pensiones de todos los mayores” (…); “La emisión de deuda debería usarse para momentos de recesión o para afrontar situaciones excepcionales, y no para pagar los gastos corrientes que las generaciones actuales no quieren pagar” (…); “Los jóvenes no se están beneficiando de este gasto que van a tener que pagar en el futuro, pues el déficit actual se explica porque los mayores no quieren pagar los impuestos necesarios para hacer frente a los gastos que demandan del Estado” (…); “En estos momentos, casi el 50 por ciento del gasto total se destina a programas que favorecen a los mayores y, si nos centramos en la protección social, el 82 por ciento de las transferencias va a la edad o a los mayores; “Sabemos que la gerontocracia es creciente y cada vez tendrá más peso en las elecciones: o bien conseguimos que miren más allá de su ombligo, o acabarán por extraer todo el margen fiscal disponible a través de un gasto en pensiones cada vez mayor (en el año 2023, el gasto social ha aumentado 26.000 millones, de los cuales más de 20.000 constituyen un incremento en la partida de pensiones)”. Y cierro esta serie con esta sensata reflexión sobre una sociedad aclimatada al Carpe diem e ignorante del futuro: “Si no parece importarnos el bienestar de los jóvenes actuales, que al fin y al cabo son nuestros hijos o nietos, ¿cómo nos va a preocupar el de las generaciones que aún no han nacido?”

El libro concluye con una batería de soluciones (“Cómo podemos ayudar a los jóvenes”) entre las que cabe destacar la propuesta de aumentar el altavoz político de los jóvenes, la introducción de reglas fiscales a favor de la equidad intergeneracional y potenciar que el plan europeo Next Generation EU no se termine convirtiendo (el riesgo es evidente) en un Old Generation, pues de no adoptarse medidas inmediatas y efectivas los jóvenes (con mayor talento, que son muchos) terminarán “votando con los pies”, y marchándose a otros países, para que mientras tanto esta pobre España y su inútil política intente resolver vanamente sus problemas (en verdad, seculares) de su imposibilidad de reformar absolutamente nada, y donde (casi) nadie mira al largo plazo y la vulgar política que nos invade menos.

En fin, lean este libro que, aun siendo formalmente de divulgación, es una excelente puerta de entrada a los problemas económico-financieros de España y sobre todo cómo tales (malas) decisiones políticas y fiscales salpican en la cara de nuestros jóvenes, a los que los gobiernos, la sociedad, y la legislación, los están maltratando y, peor aún, ofreciéndoles un futuro encadenado a pagar la fiesta que sin ningún pudor ahora nos estamos dando a cuenta suya.

ADENDA. ELOGIO A LAS LIBRERÍAS: Y eso sí, cuando lo compren, si lo hacen en formato de papel (y no en e-book), acudan a las librerías más próximas para adquirirlo. Es la única forma de salvar esa destrucción aparentemente intangible de los espacios de cultura ciudadana que son las librerías y sus libreros. Nada como interactuar con ellos y ver con nuestros propios ojos, amén de tocarlos, los propios libros; abrirlos, acariciarlos, hojear sus contenidos … Cuando tales librerías desaparezcan de verdad, los ciudadanos seremos más estúpidos y menos cultos, más ensimismados y con menor capacidad de comprensión, por mucha digitalización que tengamos “tan a mano”.

En palabras de Dante, recogidas por Roberto Casati (Elogio del papel. Contra el colonialismo digital, Ariel, 2015, p.110): “No fuisteis creados para vivir dispersos”.

Elisa de la Nuez: Pactos posibles y pactos necesarios

"Parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos" 

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Hay Derecho blog.- El pequeño revuelo organizado en torno a las declaraciones de Felipe González sobre la conveniencia de los pactos entre los grandes partidos en la presentación del muy interesante monográfico sobre pactos de la Nueva Revista pone de relieve, una vez más, la enorme distancia que media entre las reflexiones de expertos, ex políticos y ciudadanos de a pie sobre la necesidad  o incluso la urgencia de pactos transversales sobre lo que podríamos llamar “cuestiones de Estado” o más modestamente reformas estructurales y la realidad del debate político actual, y más en tiempos de campaña electoral.

Efectivamente, parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos -incluidos los partidos que impugnan directamente el consenso constitucional- y que tienden al ruido incesante y a una gestión ideologizada y profundamente inoperante particularmente en torno a las banderas de las guerras culturales o identitarias. Esto no sólo lo hemos vivido en esta última legislatura en el gobierno de coalición, con ejemplos clamorosos de incompetencia técnica e ideologización extrema en el Ministerio de Igualdad, sino que ha sido y es la tónica en los gobiernos independentistas catalanes. Y también ha hecho su aparición también en otros gobiernos autonómicos de la mano de Vox. Es la amenaza que se cierne ahora mismo sobre varios gobiernos regionales tras las elecciones del 28M a la vista de la imposibilidad de pactos más transversales no ya sólo formar Gobierno sino, sencillamente, para abordar temas complejos puntualmente.

Por último, es el marco casi por defecto de los debates políticos en nuestros medios de comunicación, hasta el punto que decir algo tan obvio como que otro tipo de pactos son mucho más necesarios y más deseables para salir de la inercia y del estancamiento y abordar las reformas estructurales pendientes en España desde ya más de dos décadas parece una excentricidad.  Algo que parece de un elemental sentido común cuando todos los indicadores apuntan a un estancamiento (cuando no a un empeoramiento) en muchos ámbitos, desde el económico hasta el institucional, pasando por la educación o la sanidad.

Efectivamente, en productividad y renta per cápita no hemos mejorado absolutamente nada desde finales del siglo pasado. En calidad institucional y lucha contra la corrupción empeoramos empeorando lentamente año tras año, como constatan los estudios internacionales. Lo mismo ocurre con la desigualdad. Nos estamos alejando de los países más prósperos y avanzados de Europa e incluso nos superan países que se han incorporado mucho más tarde a la Unión Europea, como los países bálticos y algunos del este de Europa. Los indicadores de Portugal mejoran, los nuestros no. Como ya dijo Carlos Sebastián hace muchos años en su libro del mismo título, España se encuentra estancada. O, puesto en palabras del reciente estudio de Funcas dirigido por Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez después de un primer impulso la sociedad civil española ha entrado en una larga pausa o, si se prefiere, en una relativa decadencia.

Miremos donde miremos es fácil ver los síntomas, ya hablemos de educación, de sanidad, o de unas Administraciones Públicas que empiezan a hacer aguas, acumulando problemas de gestión y de capacidad muy evidentes que empiezan a impactar en la ciudadanía de manera muy directa, ya se trate de tramitar las pensiones, el ingreso mínimo vital, la simple homologación un título, o cualquier otra gestión relativamente sencilla y vital para un ciudadano, por no hablar de la imposición de una cita previa abiertamente para realizar muchos de estos trámites que es abiertamente ilegal. Por lo demás, es un secreto a voces que los empleados públicos no han vuelto a los niveles de actividad previos a la pandemia, por decirlo elegantemente. También hay que recordar las plantillas están muy envejecidas y que no dispone de muchos perfiles que serían críticos para prestar servicios con eficiencia, como los analistas de datos. A cambio, eso sí, seguimos reclutando auxiliares administrativos como en 1980.

En mi opinión lo más importante, aunque quizás es menos vistoso, es la incapacidad creciente por parte de cualquier gobierno de gestionar con una mínima competencia y de afrontar políticas públicas transformadoras que, inevitablemente, exigen amplios consensos, capacidad suficiente y plazos más o menos largos para dar frutos. Ya hablemos de sostenibilidad de pensiones, de cambio de modelo productivo, cambio climático, reforma de las Administraciones Públicas, de justicia, de educación, de brecha generacional, de la España vacía, de igualdad -o de lo que cada lector prefiera- ninguno de estos grandes problemas estructurales se puede abordar con unas mínimas garantías de éxito por un solo partido, o por un solo bloque ni a golpe de legislación improvisada y con falta de calidad técnica. Es imprescindible el consenso, el manejo sosegado de los tiempos -esto no va de una legislatura–y la voluntad de aunar todo el talento disponible. Desgraciadamente, no parece que ni nuestra clase política ni nuestros medios de comunicación estén en esa pantalla, como se dice ahora.

Precisamente lo que vemos es todo lo contrario; griterío, frivolidad, incompetencia y un debate público profundamente viciado. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a la situación que no nos damos cuenta de que no es normal que la campaña electoral (y ya todo es campaña electoral) se desenvuelva en torno a comparecencias del presidente del Gobierno en medios que él mismo califica de “hostiles” (suponemos que los demás serán “afines”) para reivindicar no ya su gestión sino su persona. O que el líder de la oposición rehúya los debates electorales o sobre políticas públicas. Tampoco que las entrevistas a uno y otro se hagan en programas de entretenimiento con un formato muy poco adecuado para el discurso político serio. No podemos sorprendernos, por tanto, que la conversación pública gire en torno al último tuit ocurrente o disparatado lanzado muchas veces por los propios partidos. La democracia sentimental (por usar la terminología de Arias Maldonado) consiste, al parecer, en impedir la existencia de un debate público debate mínimamente racional e informado sobre las cosas que de verdad importan.

En ese sentido, el debate electoral se parece más a una especie de combate existencial, donde sólo hay blancos y negros, sin matices. El adversario político es el enemigo a batir o incluso a veces el Mal (así con mayúsculas) con el que hay que acabar como sea, dado que su posible victoria se percibe agónicamente como una amenaza ontológica. De ahí que se actúe en consecuencia: todo vale cuando la propia supervivencia (política, se entiende) está en juego, incluida la instrumentalización de las instituciones de todas puestas descaradamente al servicio de intereses de partido. Proliferan los discursos reduccionistas y profundamente irracionales, fundados en el miedo, una de las emociones más primarias y más destructivas de los seres humanos. La polarización afectiva es un terreno abonado para las guerras culturales y dificulta los pactos y acuerdos transversales, que pueden verse como “traiciones” por parte de un electorado convenientemente enfervorizado.

No obstante, conviene advertir que la polarización en España es un fenómeno “top-down”, es decir, viene de arriba abajo y es una estrategia esencialmente partidista, que ha sido frecuente épocas electorales pero que ahora se ha enquistado. La realidad es muy diferente: en España existen grandes consensos sociales, por ejemplo, sobre el Estado del bienestar, la necesidad de hacer frente al cambio climático, la conveniencia de mejorar la sanidad y la educación públicas, la igualdad de género, etc, etc. En este sentido, los datos que pone de relieve Juan José Toharía en el ejemplar de la Nueva Revista dedicado a los pactos al que me he referido al principio son muy impactantes. No sólo el 84% de los ciudadanos consideran que los actuales políticos y los partidos son un problema, sino que la mayoría son muy favorables a los acuerdos y pactos entre partidos, poniéndose de manifiesto una más que notable discrepancia entre lo que la clase política cree que piensan sus electores y lo que éstos realmente piensan y desean.

En ese sentido, según los datos que ofrece su empresa Metroscopia, la ciudadanía considera que la propensión a dialogar y negociar debe ser permanente y generalizada, no circunstancial y puntual. El 65% piensa, además, que es un signo de madurez política y de responsabilidad. Dicho de otra forma, la ciudadanía no comparte la actitud profundamente antidemocrática de sus representantes de estigmatizar al adversario político como enemigo con el que no se puede llegar a acuerdo alguno. La sociedad está por los pactos, los políticos no. La conclusión, ante unas elecciones generales, es bastante sencilla: nos corresponde a los ciudadanos hacer ver que los pactos transversales sobre cuestiones sobre las que existe un amplio consenso, no sólo son necesarios, sino que deben de ser posibles.