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martes, 8 de mayo de 2018

El caso del master de Cifuentes reaviva la preocupación ciudadana por la corrupcíón política

Tras el paro es la corrupción y el fraude lo que genera mayor preocupación ciudadana , con un 38,3% respecto al 34,5 del mes anterior.  Sobre la clase política  llega al 27,4% de los ciudadanos consultados por el CIS.

Revista de prensa.- Expansion.- El mes pasado aumentó la preocupación de los españoles coincidiendo con la polémica del presunto falso máster de Cifuentes sin que todavía se conociera la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras el polémico vídeo del hurto en unos grandes almacenes.

La preocupación de los españoles por la corrupción y los políticos subió en abril cuatro puntos coincidiendo con el estallido del caso del máster de Cristina Cifuentes, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes pasado hecha hoy pública.

La encuesta se hizo en los 10 primeros días de abril cuando ya había saltado la polémica por las presuntas irregularidades del máster universitario de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, pero también antes de que dimitiera después de que los medios de comunicación publicaran un vídeo en el que realizaba en 2011 un supuesto hurto de unas cremas faciales en unos grandes almacenes.

El paro, como de costumbre, sigue, no obstante, como el primer problema del país percibido por los españoles, aunque se anota su menor número de menciones de los últimos años y se queda en un 62,3% y cae tres puntos y medio respecto a marzo. Le siguen la corrupción y el fraude, con un 38,3% respecto al 34,5 del mes anterior (casi cuatro puntos más), y la clase política, que sube casi un punto y medio y llega al 27,4%.

Más 'proindepes' y también más preocupación por Cataluña
El último CIS revela también que los partidarios de que el Estado reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en independientes se han incrementado casi tres puntos en un mes y alcanza el 10,4% de los españoles.

En marzo, el número de partidarios de la independencia era del 7,7% de los encuestados, el nivel más bajo en los últimos seis meses, mientras que el nivel más alto, en noviembre de 2014, alcanzó el 12,4%.

El incremento de partidarios de la independencia coincide con un aumento también de la preocupación por esta situación en Cataluña, que ha subido más de dos puntos, y con un aumento de los partidarios de un Estado más centralista.

Así, se ha incrementado el porcentaje de españoles que prefiere un Estado con un único Gobierno central sin autonomías: el 19,5% frente al 18,8% de marzo.

También han aumentado los que apuestan por que las comunidades autónomas tengan menos autonomías que en la actualidad -11,9 frente al 9,8% anterior, mientras que ha descendido el número de personas que quiere que haya una mayor autonomía que la actual -el 12,4% frente al 13,6% de abril.

Pero la mayoría sigue prefiriendo un Estado como el actual -un 37,1% del total-, aunque el porcentaje ha descendido ligeramente desde el 38,1% del mes anterior.

En cuanto a los sentimientos de pertenencia, el CIS indica que el 54,4% de los encuestados se siente tan español como de su comunidad autónoma, y únicamente español el 16,8%, frente al 15% anterior.

Solo un 5,6% se siente únicamente ciudadano de su comunidad, y un 11,1% más de su comunidad que español, frente al 6,2% que se identifica al contrario.

sábado, 7 de octubre de 2017

La Ley y el Portal de Transparencia, desconocidos por la mayoría de los españoles, según el CIS

Candidaturas hasta el 20 de Octubre. TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el IIPremio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción

Revista de prensa. La Vanguardia.- La mitad de los españoles (47,3%) no ha oído hablar de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se aprobó en diciembre de 2013, e incluso tres de cada cuatro ciudadanos (75%) admite desconocer la existencia del Portal de Transparencia donde se pueden consultar datos relativos a la Administración Pública; y de los pocos que sí lo conocen, sólo lo ha consultado el 20%.

Así se desprende del barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de septiembre y que incluye varias preguntas sobre una de las normas que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó como medida estrella para luchar contra la corrupción que lanzó durante su etapa de mayoría absoluta.

Si la norma es una desconocida para la mitad de la población, más lo es aún el órgano encargado de hacerla cumplir, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de cuya existencia sólo tiene noticia el 30,6% de los consultados. Eso sí, el 80% de los españoles considera necesario que haya un órgano que vigile el cumplimiento de esta ley por parte de la Administración.

El Portal, desconocido
Con la Ley de Transparencia se creó el denominado Portal de Transparencia, una herramienta de la que no tiene constancia el 75% de la población. Sólo lo conoce una cuarta parte, pero de ese 25% de los españoles únicamente uno de cada cinco asegura haberlo consultado alguna vez; en su mayoría (48%) para obtener información sobre retribuciones de alto cargos, subvenciones y presupuestos o sobre el funcionamiento de las instituciones (30,1%).

Entre los que navegaron por el Portal de Transparencia, el 45,5% se ha quedado "muy o bastante" satisfecho con los datos que ha encontrado, pero casi el mismo porcentaje de usuarios (44,7%) no se quedó a gusto con el resultado de su consulta.

lunes, 24 de febrero de 2014

La corrupción está en la política

"La corrupción en España, que ha saltado a la palestra de la mano del urbanismo en el ámbito local, se ha extendido rápidamente a las Comunidades Autónomas"
 
RP. Agenda Pública. Joan J. Queralt.  Este mes de febrero de 2014 se ha publicado el Informe de la Comisión Europea sobre la corrupción elaborado para el Consejo y el Parlamento europeos. Las conclusiones del Informe son en apariencia demoledoras: el 95 % de los encuestados españoles consideran que la corrupción está asentada en España mientras que el 63% se siente afectado por ella.
 
La corrupción política  abarca toda la geografía nacional
Antes de interpretar estos datos, sin embargo, es necesario advertir de que se trata de una encuesta, en cierta línea con las que efectúa Transparencia Internacional, de percepción de la corrupción, no de registro de hechos corruptos realmente acontecidos.
 
 Si la percepción se correspondiera con la realidad en el caso español, sería literalmente imposible la vida en común.
 
Afortunadamente, percepción y realidad no van de la mano. Preguntados los entrevistados si han sido ellos mismos objeto de un acto de corrupción, el porcentaje de quienes responden afirmativamente es ínfimo (entre el 1y 3%). Sea como fuere, la percepción de la corrupción en España va en aumento. Sucede con ésta algo similar a lo que sucede con la percepción de la delincuencia: se afianza la creencia popular de que la delincuencia está aumentando mientras que los hechos delictivos se mueven en la dirección opuesta.
 
La delincuencia real, no la percibida, está disminuyendo de manera constante, así como el número de los que declaran haber sido víctimas de un delito. Ello va lógicamente acompañado de un incremento en el sentimiento de seguridad. Obvio resulta, por tanto, que hay que combinar la percepción de la realidad con la cuantificación de la misma para evitar análisis sesgados que nos alejen de la situación real.
 
Disparidad entre corrupción percibida y real
La disparidad entre corrupción percibida y corrupción real no debe llevarnos a concluir que,  en las circunstancias actuales, el panorama no es tan malo como parece. Lo es y mucho. En primer lugar, se presenta un hecho significativo y, en apariencia, positivo,  como es que la corrupción no se sitúa en la esfera administrativa sino en la política. Esto no es, sin embargo, susceptible de una valoración positiva sino, muy al contrario, de una realmente escalofriante: los políticos aparecen como corruptos ante la opinión pública. La pésima fama afecta injustamente a todos, no solo a los corruptos, que existen. En España hay más de 1300 cargos públicos procesados y varias decenas de condenados. Este dato es de una enorme trascendencia si lo ponemos en relación con otros datos existentes.
 
Así, por ejemplo, según el último Barómetro del CIS

(noviembre de 2013), el paro es el primer problema en España (77,7 %), con mucha delantera respecto a los demás temas de preocupación. El segundo problema más citado es la corrupción (31,8 %), seguido por los políticos en general, los partidos y la política (29,7 %). Atendiendo a la encuesta sobre corrupción a la que nos referíamos más arriba, no resultaría ilegítima la inferencia que considerara el segundo y tercer problema como dos caras de la misma moneda, la crítica a la corrupción de los políticos (62,5%), por más que pudiera ser cuestionable metodológicamente.

 
 Fusionados los problemas segundo y tercero dentro de una misma categoría (corrupción/política), resulta que se convertiría en el segundo problema que más preocupa a los españoles, cercano, esta vez sí, al problema del paro. Aunque no puedan agregarse sin más ambos porcentajes, no deja de ser llamativo que la insatisfacción con los políticos no viene de su incompetencia para resolver problemas (los encuestados no son preguntados por las competencias resolutivas de aquellos), sino de agravar los problemas ya existentes y el de la corrupción, que no hace más que afianzarse, es altamente preocupante.
 

Es más, la relación entre corrupción y política es altamente significativa en países que, como España, y a diferencia de, por ejemplo, Italia, vinculan la corrupción no con el crimen organizado, como es el caso italiano, sino con el puro ejercicio de la política. Así se desprende con claridad del Eurobarómetro sobre corrupción de febrero de 2012. En aquellos países, que no son pocos en la Unión, que vinculan corrupción y delincuencia organizada, ésta sirve de escudo protector a los políticos. Si tal no existe, el elemento intermedio entre un ente criminal corruptor y el político corrompido deja de existir.
 
En este terreno queda aún mucho por hacer. Estaría bien implementar decididamente las medidas que el GRECO de modo reiterado recomienda a España, así como varias declaraciones e informes del Consejo Europeo para la Comisión y el Parlamento, especialmente los correspondientes a 2011. Por ahora, las medidas propuestas están siendo llevadas a cabo parcialmente y a paso de tortuga, regateando medios y esfuerzos ( España, junto a Italia, son de los grandes países con menos inspectores fiscales de la UE, por ejemplo).
 
Resulta palmario que el problema es grave y no deberíamos engañarnos por la implantación, con más desgana que otra cosa, de tal o cual medida concreta. La corrupción en España, que ha saltado a la palestra de la mano del urbanismo en el ámbito local (tal como denunció en su día el Informe Aucken -2009- del Parlamento Europeo), se ha extendido rápidamente a las Comunidades Autónomas; pocas son las que no presentan diputados y consejeros autonómicos encartados, cuando no ya condenados. 
 
Pero sería una mala opción quedarse en el ámbito territorial, tentación nada inocente por otra parte. Por la vía perversa y corrupta de la financiación de los partidos políticos se llega al Gobierno central. Ya llegó, en parte, en su día, al gobierno del PSOE en los 90, por la vía de FILESA, Roldán, Mariano Rubio,… y un larguísimo etcétera. Ahora, de la mano de Gürtel pueden verse afectados altos miembros del Partido Popular, exministros y, quizás, algún alto cargo actual. Pese a las noticias estremecedoras sobre los más de 60 encartados del Partido Popular en esta sola trama, tanto el Gobierno como el partido que le da apoyo guardan un silencio escandaloso. Ello sin contar con que la corrupción acecha a la propia Casa Real.
 
Sea como fuere, la corrupción es política y afecta a esenciales centros de decisiones de poder. El daño político, ético y económico, y a la moral social ya está hecho y nadie parece aprestarse a poner el cascabel al gato.