Revista de prensa. Elena Calvo, ABC. Los consejeros de Sanidad del PP habían pedido que se debatiera la crisis de Muface en la reunión que ha tenido lugar este lunes del Consejo Interterritorial de Salud, pero el Ministerio de Sanidad alegó la falta de competencias para hacerlo.
Aun así, en el orden del día figuraba un punto de información en el que el departamento de Mónica García explicaría a los representantes autonómicos las implicaciones que el posible fin del convenio con Muface tendría en el sistema público. Y así se ha hecho, aunque sin ninguna conclusión relevante. La ministra ha defendido que su departamento ha analizado la situación para «tranquilizar» a los mutualistas y que sepan que su entrada en la sanidad pública no supondría ningún problema. Los consejeros, especialmente los populares, le han pedido que «dejen trabajar» al Ministerio de Función Pública, encargado de negociar el concierto, y abandonen el «sectarismo». García ha insistido en que su ministerio únicamente ha realizado un informe sobre la viabilidad de atender a los mutualistas que actualmente acuden a la sanidad privada en la pública porque así se lo pidieron algunos consejeros. «No se nos puede criticar por no hacer un trabajo y por hacerlo también», ha reprochado.
Pero se han abordado más temas durante el encuentro, entre ellos la aprobación del protocolo por el que creará el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto, que ya adelantó este medio y que establece que esa objeción de conciencia podrá ser total o parcial, o del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. En este último se contemplan las autobajas que planteó Mónica García el año pasado, aunque según ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al encuentro estas todavía están negociándose con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social. «Es una de las propuestas que traíamos de este ministerio porque consideramos que hay profesionales que tienen que dedicar el 30% de su agenda a estos trámites burocráticos y que vendría a garantizar que el tiempo de nuestros profesionales lo dediquen realmente a las tareas asistenciales, de diagnóstico, seguimiento o prevención más que a esas tareas que consideramos que tendrían que estar en otro sitio», ha explicado la ministra.
El protocolo, que Sanidad y las comunidades autónomas debatirán el próximo lunes, establece que la objeción de conciencia podrá ser total o parcial e incluye a los médicos de familia como los profesionales implicados en la práctica
En esta línea, ese plan crea la figura del «administrativo en salud», que, según el ministerio, servirá para descargar a los profesionales sanitarios de esas tareas administrativas. Además, según esta estrategia se introducirá en los equipos de Atención Primaria a otros profesionales como fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos y farmacéuticos.
Contempla también otras medidas como la elaboración de planes de recursos humanos para retener a los profesionales de la Atención Primaria o la ampliación de la cartera de servicios, por ejemplo con la atención de la salud bucodental.
Recomendaciones para la temporada de gripe
Aunque no estaba en el orden del día, la ausencia de unas medidas comunes para hacer frente a la temporada de virus respiratorios también ha generado tensiones entre ministerio y comunidades autónomas. Mónica García ha reprochado a los consejeros del PP que no aprobaran el pasado octubre su plan contra la gripe, que entre otras cosas contempla el uso de mascarilla en determinados escenarios, y que finalmente su departamento ha publicado como «recomendaciones». «Es muy preocupante y muy decepcionante«, ha sentenciado la titular de Sanidad.
«Todos los consejeros independientemente del color político hemos pedido a la ministra y a su secretario de Estado que cambien su forma de trabajar y abandonen los tuits y las informaciones en titulares y retomen el respeto constitucional», ha apuntado por su parte la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en representación de los populares, que se ha referido especialmente al plan de la gripe. Todas las comunidades, ha asegurado Matute, cuentan con planes de invierno para hacer frente al aumento de infecciones respiratorias basados en la estrategia de vacunación y en «otra serie de acciones que se van desencadenando en función de la incidencia y de la monitorización diaria que hace salud pública».
«Sin base científica»
El rechazo al plan contra la gripe de Sanidad, ha rematado la consejera madrileña, «fue evaluado por todos los representantes de salud pública de todas las comunidades y consideraron que carecía de base científica respecto a los planes ya implantados y que ni protegía a la población ni disminuía la presión asistencial».
En otro orden de cosas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas también han aprobado el cuarto plan nacional frente a la resistencia a los antimicrobianos o el calendario común de vacunación para 2025, entre otros asuntos.
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