Los profesionales que trabajan con niños sufren largas colas ante el registro de antecedentes penales en Barcelona

Todo profesional o voluntario que trabaje con menores debe certificar que no tiene antecedentes de delitos sexuales

 

Revista de prensa. La Vanguardia.- Resignación y mucha paciencia. Son las recetas que tienen que aplicarse profesionales con trabajos relacionados con menores que desde el pasado verano están obligados por ley a demostrar, con un certificado de penales, que no tienen ningún antecedente por delitos sexuales. Una disposición que pocos discuten (en otros países europeos ese control ya se aplica desde hace años) pero que en España se atisba precipitada al no haber calculado el Gobierno el calvario que el cumplimiento de esa norma podía causar entre los afectados



Los monitores deportivos tb necesitan el certificado

Colas de hasta siete horas se han creado en el registro de antecedentes penales de la calle Garcilaso 123 de Barcelona, la única oficina que existe en Catalunya, que abre de 9 a 14 horas. Miles de profesionales como maestros, monitores, tutores o enfermeros, se han acercado a buscar el certificado de penales que solicita la empresa para la que trabajan debido a las dificultades de obtenerlo a tiempo de otros modo. Catalunya parece ser la principal afectada por este lío burocrático que en realidad afecta a todo el Estado español.

 

La Ley 26/2015 aprobada por el Gobierno español a finales de julio del pasado año es muy clara: todo profesional o voluntario que trabaje con menores debe certificar que no tiene antecedentes de delitos sexuales. Esto atañe a todos los trabajadores en activo y de cualquier colectivo siempre que estén en contacto con niños. Desde el pasado mes de septiembre todas las empresas en esta situación deberían poder declarar que sus empleados están libres de este tipo de cargas. Para hacerlo, los empleados deben presentar a su compañía un certificado de confirmación. En España, el documento que certifica que no se ha cometido delito sexual son los antecedentes penales. Las organizaciones sindicales protestaron señalando que la presentación de estos papeles inculcaba la privacidad del trabajador al poder conocer la empresa todas las infracciones que hubiere cometido el empleado.

 

La Administración se comprometió a crear un registro central de delincuentes sexuales que facilitara la expedición de un “certificado negativo de delito sexuales” que sería de fácil expedición y gratuito. Pero el Boletín Oficial del Estado no lo anunció hasta el pasado 30 de diciembre y se concedió dos meses de plazo para su creación. Es decir, el mencionado registro no se activará hasta el mes de marzo. Mientras tanto, sigue vigente la norma de que las empresas tengan en su poder el certificado de sus trabajadores lo que está creando gran nerviosismo en muchas entidades afectadas, especialmente aquellas cuyo objeto social es el trabajo con niños. Algunas están intentando negociar con la administración la petición del certificado del colectivo de todos sus empleados (aquellos que consientan). De este modo se hará con la función pública catalana.

 

La necesidad de tener los papeles en regla existe desde el pasado septiembre, pero el caos en Catalunya ha surgido esta semana pasada cuando los departamentos de Salut y Benestar Social han recordado a las empresas que obtienen subvenciones que estén preparadas para presentar la declaración de que tienen los antecedentes de sus empleados. En esta situación de legalidad, nadie quiere tener un pederasta en su organización. En conjunto, los trabajadores catalanes afectados deben contarse en miles de millares, una cifra difícil de calcular. A la llamada de atención de las consellerias mencionadas, se añadió el departament de Ensenyament que el lunes abrió la bolsa de trabajo de interinos, los profesores que se ofrecen para sustituciones, a los que se les exigía estos antecedentes. El plazo de solicitud se establece del 18 de enero al 8 de febrero. Ante el caos producido, ayer hubo de prorrogar dicho plazo, únicamente en lo que atañe al certificado, hasta el 23 de marzo , “atendiendo a los problemas derivados para tramitar las solicitudes al Ministerio de Justicia”.

 

Quien esté en contacto con niños está obligado a acreditar que no ha cometido delito sexual”

Esto explicaría la avalancha reciente en la única oficina, para toda Catalunya, que el Ministerio de Justicia tiene en el barrio de la Sagrera de Barcelona que, desde las pasadas Navidades, ha registrado un fuerte aumento de peticiones, pasando de las cuatrocientas por jornada a casi un millar de solicitudes. El servicio se ha reforzado con dos funcionarios más que las evidencias muestran que son aún insuficientes. Algunos trabajadores se han quejado de que en el periodo de vacaciones navideñas la oficina permaneció cerrada los días hábiles del 24,31 y 7 de enero.

 

Esperar 3-4 meses

Además de la presencial, existen otras dos formas de obtener esta certificación. En primer lugar, mediante la web del Ministerio de Justicia, para lo que se requiere el documento nacional de identidad digital. También se puede exigir por correo postal por lo que debe compulsarse el DNI. En este caso cabe esperar entre tres o cuatro meses hasta la recepción.

 

Algunas empresas optan por esperar instrucciones de la administración y considerar la posibilidad de pedir de forma colectiva los antecedentes de sus trabajadores si lo consienten. Incluso algunos colegios profesionales han valorado esta acción para sus colegiados. La Fundació Pere Tarrés, organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación en el tiempo libre que atiende a 17.000 niños y jóvenes en total, ha optado por esta opción. En otras organizaciones, como Fundesplai, se ha decidido ampliar a principios de marzo el plazo que había dado a sus trabajadores para presentar los documentos y recomiendan el correo postal pese a la incertidumbre de la entrega. “Aquellos que lo pidieron en noviembre aún no les ha llegado”, sostiene Jordi Roman, responsable de recursos humanos de la agrupación de la educación en el tiempo libro y del tercer sector, “por lo que todos los afectados, administración, empresas y trabajadores debemos ser flexibles”. De los 2.000 empleados de plantilla, cuentan con 300 expedientes.

 

La pregunta que las empresas afectadas se hacen es cómo la Administración exige una medida para la que ella misma no pone las condiciones necesarias para cumplirla. En este sentido, una portavoz del Ministerio de Justicia justifica el hecho de que esa ley se aprobara meses antes de tener activo el registro de delincuentes sexuales “por las presiones de la Unión Europea y las leyes internacionales en la adopción de medidas para la protección de los menores”.

Las mismas fuentes aseguran que las largas colas registradas en Barcelona “son un hecho puntual, que no se está repitiendo en ninguna otra comunidad de España”. Augura que esa situación ha podido producirse “al coincidir en Catalunya la nueva ley con diferentes procesos de selección de personal para trabajos relacionados con niños”.

 

Una situación que nadie parece haber previsto y que ha colapsado esas oficinas.

 

Los papeles, en resumen

Qué es. La ley orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la ley 26/2015 y la ley 45/2015, de voluntariado, establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

 

A quién afecta. El Gobierno no ha detallado los trabajadores que deben presentarlo, sólo especifica que se requiere a aquellos “cuyas profesiones, oficios y actividades implican contacto habitual con menores”.

 

Funcionarios. Las personas que trabajan con menores en el ámbito de una relación laboral con una administración pública, no es necesario que lo soliciten de forma personal e individualizada, siendo suficiente con autorizar a la administración para la que trabajan a que acceda a su información penal a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 

Empresas. Los trabajadores que actualmente tengan en vigor un contrato con una empresa u organismo que trabaja con menores deberán autorizar a un representante de su organización para tramitar de manera agrupada todos los certificados del personal de dicha empresa.

 

Duración. El certificado de penales tiene una vigencia de tres meses. Se desconoce la duración del certificado negativo que expedirá el nuevo registro previsto para febrero que sí se sabe que será de carácter gratuito, a diferencia de los antecedentes penales que valen 3,70 euros y que quedan a cargo del trabajador.