Revista de Prensa. El Mundo. 21.1.2013.- El gobierno conservador de Portugal quiere que los funcionarios públicos también tengan derecho a la ayuda por desempleo. Así lo ha propuesto el secretario de Estado de la Administración Pública, Hélder Rosalino, a los dirigentes del Frente Común, sindicato de los funcionarios públicos portugueses, en una reunión de dos horas en Lisboa.
Su coordinadora, Ana Avoila, entiende que las materias que han estado encima de la mesa son "innegociables" porque, según ella, el gobierno de Pedro Passos Coelho propone algo "muy peligroso": "Implementar las ayudas por desempleo para despedir a funcionarios". Desde el gobierno lo han argumentado diciendo que quieren "aproximar el sector público al sector privado en materia de protección social". Sin embargo, para Avoila se trata de una "anticonstitucionalidad" porque la Carta Magna portuguesa "no contempla los despidos en la función pública".
En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Portugal se recomienda el despido del 20% de los empleados públicos, medida con la que el gobierno de Lisboa se ahorraría unos 2.700 millones de euros al año. Otra de las recomendaciones es la reducción de los sueldos en la función pública, ya que los técnicos del FMI consideran que hay en Portugal "funcionarios con demasiados privilegios". Concretamente, "médicos, policías, profesores y jueces". Con los cortes salariales calculados por el FMI, el Ejecutivo luso podría recortar al año otros 760 millones de euros.La Troika pide recortes
En febrero, el gobierno de Lisboa tendrá que presentar a la 'Troika' una propuesta para reformar el Estado y ahorrar de forma permanente 4.000 millones de euros. Aunque el primer ministro Passos Coelho no ha confirmado de momento ninguna de las medidas que contempla, esta iniciativa presentada por el secretario de Estado de la Administración Pública da la idea de que los despidos en la función pública son una de las opciones barajadas por el Ejecutivo.
"El gobierno propone la convergencia de los regímenes de protección social, la reducción del pago por enfermedad y la aplicación de la ayuda por desempleo a la administración pública", enumeró la sindicalista Avoila, insistiendo en que actualmente esta situación no existe en Portugal. Sin embargo, el secretario de Estado, Hélder Rosalino, considera que lo único que proponen es "la regulación de la eventualidad del desempleo", algo que según él ya está previsto por ley.
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