Tras la Huelga General del 29-M, ... la Ley de Presupuestos

El gobierno adelanta a los representantes de UGT, CCOO y CSIF que se congelarán los sueldos de los empleados públicos durante 2012 pero con 37,5 horas semanales de trabajo

Tras el día de la Huelga General del 29-M, convocada contra la última reforma laboral, que afecta al personal laboral de todas las administraciones, los empleados públicos esperan ahora el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 al que dará luz verde el ejecutivo en su sesión del Consejo de Ministros del viernes 30 de marzo. Hasta ahora solo se sabe que los gastos previstos para el presente ejercicio serán muy restrictivos para poder cumplir los objetivos de déficit público, fijado definitivamente en el 5,3% del PIB, tras unos tiras y aflojas con Bruselas. Lo que está aún por conocer es si el Capítulo I de las distintas administraciones públicas -AGE, CCAA y AALL- se verá recortado para cuadrar las cuentas o simplemente se congelarán, tras los recortes de 2010 y 2011. Por lo que informan los sindicatos de la función pública de UGT, CCOO y CSIF, cuyos representantes se reunieron el miércoles 28 de marzo en la Mesa de la Función Pública con la directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez, la representante del Gobierno solo les confirmó la congelación salarial y la elevación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales para todos los empleados públicos, además de la reducción de la tasa de reposición de efectivos al 10%, incluidos, como novedad, los cuerpos de Policía Local y Bomberos.

Ya se conoce el articulado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

-Una web del Ministerio de la Presidencia da acceso al texto del proyecto de ley: http://www.leydetransparencia.gob.es/
-La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios garantizará el cumplimiento de la futura ley
-Hasta el martes 10 de abril se podrán hacer sugerencias. El texto del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue presentado tras el Consejo de Ministros del pasado viernes 23 de marzo, ya está disponible para su consulta y periodo de información, tras el cual el gobierno lo revisará y lo presentará en público previsiblemente el próximo el 17 de abril en Brasilia, coincidiendo con la reunión del Open Government Partnership, una iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido. Posteriormente se tramitará en el Congreso de los Diputados y Senado, trámite que durará al menos otros seis meses. La primera parte de la ley está referido a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública -arts.1 a 22-, mientras que la segunda -arts 23 hasta el 28.- se pide y exige mayor responsabilidad a los cargos públicos, a la vez que detalla las infracciones al buen gobierno. La futura Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos vigilará el cumplimiento de la ley.
Según el gobierno, "Esta norma incorpora una innovación radical en nuestro ordenamiento jurídico y una importante contribución a la calidad de nuestra democracia, ya que supone un ambicioso refuerzo de los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los gestores públicos.
Por un lado, ampliamos y garantizamos el derecho de acceso a la información pública, sometiendo toda la información relativa a la actividad administrativa al escrutinio del ciudadano y haciendo de la transparencia una exigencia activa de publicidad y permeabilidad de la gestión pública. Por otro, imponemos una mayor responsabilidad a los gestores públicos, articulando, con rango legal, una serie de exigencias éticas generales y también de obligaciones de actuación concretas para todos los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
En coherencia con el propio sentido de apertura, transparencia y lealtad democrática que anima esta Ley, abrimos este trámite de consulta pública.
Queremos que los beneficiarios de esta Ley se sientan involucrados en su gestación y les ofrecemos, de esta forma, la posibilidad de que realicen las apreciaciones, sugerencias y críticas que consideren oportunas para mejorar el texto del Anteproyecto. Damos, en todo caso, la bienvenida a la aportación de los ciudadanos y animamos a todos a participar en este trámite, con la voluntad de que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno refleje fielmente el espíritu con el que nace, que no es otro que fortalecer la confianza de los españoles". Reacciones. Unas horas después de hacerse público el contenido de la ley, varios analistas ya han hecho sus valoraciones, coincidiendo en darle la bienvenida pero, a la vez, cuestionando su alcance. Es el caso de Info Access Europa, un organización civil muy activa en asuntos de transparencia, que considera que la ley es aún muy restrictiva. Por su parte el magistrado J.R. Chaves, del blog jurídico contencioso.es, augura una eventual judicialización de la norma.

Hay que recordar que fue el gobierno Foral de Navarra el primero de España en anunciar una Ley de Transparencia, actualmente en tramitación en su Parlamento.

Manuel Arenilla Sáez, nuevo director del INAP

Su blog colaborativo con Andrés Morey es uno de los más activos y rigurosos sobre Función Pública de nuestro país

Manuel Arenilla, natural de Valencia, es Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid (1987) y Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (2005). También es excedente del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y un activo blogger junto son su colega Andrés Morey.

Arenilla asume la dirección del INAP en un momento de recortes presupuestarios pero a la vez también en un entorno de grandes retos y profundos cambios en las distintas administraciones públicas. ¡¡ Enhorabuena y muchos éxitos ¡¡. Ver video

La ONG Acces Info Europe lanza una nueva web para comprobar la eficacia de la Ley de Transpariencia que anuncia el gobierno

tuderechoasaber.es pretende replicar el éxito de la web inglesa Whatdotheyknow.com (más de 100.000 solicitudes en cuatro años)

• La nueva web se podrá usar para pedir información a cualquier institución pública española, ya sea un ente nacional, autonómico o local.
• Una de cada dos solicitudes de información en España no obtiene respuesta alguna de los organismos públicos, lo que se conoce como “silencio administrativo”.

Madrid – 22 de marzo, 2012 – Hacer peticiones de información a las instituciones públicas de una manera sencilla, centralizada y gratuita ya no es una utopía. tuderechoasaber.es se encargará desde hoy de enviar las solicitudes de sus usuarios a la administración adecuada para cada gestión, avisar al solicitante cuando se produzca una respuesta y publicarla. Esta web, pionera en España, es un proyecto conjunto de la organización de derechos humanos Access Info Europe y de la Fundación Ciudadana Civio.
“En España nuestro derecho de acceso a la información pública es muy limitado. Deberíamos poder pedir información detallada sobre temas como los recortes en los servicios públicos o la financiación y endeudamiento de los partidos políticos”, afirma Victoria Anderica, coordinadora de campañas y proyectos en Access Info Europe.“Con tuderechoasaber.es solicitar esta información será tan sencillo como mandar un e-mail”.
España está a la cola en cuanto a transparencia: es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta aún con una ley de acceso a la información. Es decir, no se reconoce por ley el derecho a solicitar información de las instituciones públicas. Una de cada dos solicitudes de información realizadas (el 54%) no obtiene respuesta alguna de los organismos públicos (“silencio administrativo”), según ha constatado Access Info Europe en su último monitoreo a las instituciones públicas españolas. Sólo el 20% recibió la información solicitada. tuderechoasaber.es nace para ayudar a reducir las barreras entre la administración y la sociedad.

Completar la Nota de Info Acces

Cristobal Montoro: "Los ayuntamientos no son oficinas de colocación"

Revista de Prensa. Europa Press. Sevilla 20.03.2012. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".
En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".
Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo". "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.
"Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

Leer infomación completa

Las medidas excepcionales también llegan a los empleados públicos de la Xunta de Galicia

Legislación. La Xunta de Galicia publicó el pasado 17 de marzo en el BOE la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia. La ley en su exposición de motivos indica que: "[...] tiene como objetivo poner a disposición de la Administración autonómica, así como de las entidades a las que sea de aplicación, una serie de instrumentos que permitan conseguir una mayor eficiencia en los recursos públicos y obtener una mayor productividad de los recursos humanos.

La grave situación presupuestaria y la necesidad de reducir el déficit público para conseguir una situación de equilibrio sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, y preservando el principio de solidaridad entre la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Galicia, hacen necesario adoptar una serie de medidas extraordinarias, urgentes y de carácter temporal en materia de contención de gastos en el capítulo I de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia. [...]".Sin entrar en mayores valoraciones, destacar que:
-Regula la jornada de 37,5 horas estándar (art. 5),
-Se ajustan los permisos de asuntos propios a la legislación básica estatal, con el consiguiente aumento de horas.

- Suspende o modifica determinados preceptos de los convenios colectivos laborales (complementos en caso de baja (art. 2) y acción social (art. 3)

- Establece un procedimiento de acceso a la prolongación del servicio activo para funcionarios (art. 4)

- Se elimina el complemento de ex-alto cargo.

-Se adecúan los órganos y directivos a la norma estatal recientemente promulgada.

-Se establecen medidas excepcionales a la provisión de puestos.

Seguramente en breve veremos otras comunidades autónomas que adoptarán medidas similares. Pero echo en falta otras medidas de ajuste que no sean tan lineales y que permitan a nuestras administraciones salir reforzadas de la crisis para seguir sirviendo a la sociedad de manera más eficaz y eficiente. El detalle de trabajar más horas no implica necesariamente más productividad, sobre todo si el producto/servicio obtenido no aumenta en mayor proporción que el aumento horas, salvo que se reparta entre menos personas.

La Generalitat convoca a los sindicatos para negociar los recortes a los interinos y la movilidad del resto de empleados públicos

Revista de Prensa. La Vanguardia. 19.03.2012. El gobierno catalán ha aceptado la petición de los sindicatos de dar más tiempo a la negociación del plan de empleo para los empleados públicos de la Generalitat y les ha convocado este próximo miércoles, día 21, a una reunión de la Mesa general de la Función Pública.

La reunión servirá para debatir las enmiendas que presenten los sindicatos al plan anunciado el pasado viernes y que provocó su rechazo frontal, tras denunciar que la Generalitat pretendía aplicar en la administración la reforma laboral del Gobierno del PP. Los sindicatos CCOO, IAC y UGT habían emplazado este mediodía por carta a la Generalitat a convocar el miércoles la Mesa de la Función Pública para trata de negociar un plan que temían que el Govern quisiera aprobar en la reunión del ejecutivo de mañana, martes. En la carta, remitida a la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Piferré , los tres sindicatos aseguran que "la complejidad" de la propuesta sobre racionalización y optimización del personal de administración de la Generalitat obliga a contar con datos de los que no disponen ahora para poder analizar la situación.
Fuentes del Departamento de Gobernación han señalado que la aprobación del plan por parte del Consell de Govern nunca estuvo prevista para mañana y que el documento se hará llegar ahora al consejo técnico, organismo por el que deben pasar las iniciativas gubernamentales antes de ponerlas en consideración del ejecutivo.

Reducción de jornada y salario para los interinos: El plan de empleo, previsto para el período 2012-2014, contempla la aplicación a partir del 1 de abril de la reducción en un 15 % de jornada y sueldo para 6.800 interinos y abre la puerta a traslados geográficos y funcionales para un máximo de unos 45.000 funcionarios y personal laboral.
En concreto, el plan de empleo habilita a los diferentes departamentos de la Generalitat a adoptar medidas de reorganización de tareas y funciones, modificación de jornada y horarios y cambios de adscripción de puestos de trabajo para el personal funcionario y personal laboral. La Generalitat, como principio general, buscará voluntarios y priorizará la proximidad geográfica en la movilidad respecto de la localidad donde prestan servicios, aunque también prevé comisiones de servicio "forzosas", en circunstancias "urgentes y coyunturales", según reza el documento entregado a los sindicatos. El plan excluye de su aplicación al personal docente no universitario y al estatutario del Institut Català de la Salut (ICS).

Un estudio de la OCDE sobre el Informe Pisa en Canarias vuelve a cuestionar el modelo de gestión de la enseñanza pública

Revista de Prensa. Expansión. 16.03.2012. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuestiona que el actual modelo de educación pública español y la rigidez del sistema de acceso funcionarial a la docencia sea el más idóneo para que los alumnos consigan unos resultados académicos óptimos.
Así concluyen los expertos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) en el informe Orientaciones de PISA para Canarias, elaborado por la OCDE a petición de este Gobierno autonómico.
El estudio canario analiza la situación de la enseñanza primaria y secundaria en Canarias para tratar de mejorar los malos resultados obtenidos en la evaluación realizada en 2009, que detectó un rendimiento inferior a la media nacional en ciencias, matemáticas y lectura, pero los resultados se pueden extrapolar al profesorado de todas las regiones de España, aseguran los autores del trabajo.
Entre los principales temas que hay que abordar, según esta institución, se encuentran la contratación y asignación de profesores, la falta de una estructura en la carrera profesional de los docentes, las estructuras de remuneración actuales, que ofrecen muy pocos incentivos a los profesores para que mejoren el rendimiento de sus alumnos o el suyo propio y las deficiencias en la formación del profesorado, sobre todo en lo que se refiere a formación continua.

Acceso a la información completa.

El Gobierno elimina empresas públicas para racionalizar el sector público y reducir el déficit

Acuerdos del Consejo de Ministros. 16.3.2012. El Gobierno ha aprobado el Plan de restructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal para configurar un sector más reducido y acorde con actual contexto de austeridad y con la necesidad de controlar el gasto público. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que esta reorganización responde a los principios de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".
La vicepresidenta ha recordado que el plan aprobado hoy se suma a las medidas adoptadas en el sector público empresarial para limitar las retribuciones de los directivos y reducir el número de consejeros.
El Gobierno ha analizado las empresas estatales existentes y ha determinado cuáles pueden mantenerse y qué otras deben extinguirse, suprimirse, fusionarse o desinvertir en ellas.
La vicepresidenta ha detallado las propuestas de actuación del Ejecutivo en relación con las distintas sociedades estatales, y ha asegurado que se producirá la supresión, desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, se reducirán 154 consejeros y se ahorrarán más de un millón de euros en sueldos y dietas.
Asimismo, Sáenz de Santamaría, ha asegurado que con esta medida los ciudadanos conocerán con más transparencia "cómo se gastan y se gestionan los ingresos públicos".

¿Por qué una acreditación de Directivos Públicos?

Función Directiva: La acreditación de directivos públicos es uno de los mecanismos que garantizarán que se pongan a la cabeza de las administraciones públicas a personas capaces (porque han hecho harán o por que tienen harán) y que lideren el cambio y los retos actuales y futuros. Esta acreditación es uno de los elementos clave del desarrollo de la Dirección Pública Profesional.

Desde hace unos meses se ha intensificado el debate en torno a la profesionalización de la administración pública, sesgado por mensajes de ajuste y control del gasto público que se lanzan desde toda la opinión pública.

Si bien existe un consenso más o menos general sobre este particular: “la necesidad de ajustes” hay también un disenso generalizado sobre “como llevarlo a cabo”. Es en este punto donde cobra importancia la profesionalización de un cierto sector de la administración: los Directivos Públicos. Si entendemos que las soluciones no son sencillas (si lo fueran ya nos las habrían contado y sin duda estarían siendo aplicadas), necesitamos especialistas en la cosa pública, que son los que, una vez que los políticos responsables definan los objetivos, pongan negro sobre blanco cómo lograr los objetivos.

En el sector privado, cuando el propietario de una empresa tiene un problema de contabilidad llama a un contable, cuando un ciudadano quiere construir una casa llama a un arquitecto, sin embargo cuando se trata de gestionar los recursos públicos no parece haber nadie bueno. Atribuimos a los gestores públicos ya sean políticos o funcionarios una suerte de incompetencia genética a la que nos resignamos. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar muchas noticias malas sobre este aspecto.

Pues me gustaría informar que la norma es justo lo contrario, la mayor parte de los gestores públicos son honestos y profesionales. Si no fuese así quedaría muy poco de este país, porque ya se lo habrían llevado calentito. Sin embargo tenemos hospitales, carreteras y servicios públicos de una calidad equiparable a los países más avanzados del mundo. Por supuesto que hay malos gestores y la justicia y las urnas (si no nos resignamos a etiquetar a todos igual) se encargarán de ellos para que no sigan gestionando.

Pues bien, en gestión pública también hay personas que tienen las competencias necesarias para “ajustar” la administración a la nueva realidad y a la vez garantizar que la administración continúe sirviendo al interés general. Evitando ajustes traumáticos, lineales y por ello injustos que afectan por igual a los buenos gestores y a los malos.

Me dirán ustedes, ¿dónde están? Pues entre nosotros, dentro o fuera de la administración, tienen que ser identificados para aprovechar todo su talento. Hay que separar la paja del grano, por lo necesitamos un sistema que acredite aquellos profesionales que tengan las habilidades, conocimientos y competencias para liderar a la administración pública en los retos actuales y futuros. Esto no es algo nuevo, todos los países más avanzados del mundo cuentan con un cuerpo de administradores profesionales que sirven a la ciudadanía de acuerdo con sus respectivas constituciones.

Instrumento nuevo

La acreditación para el ejercicio no es un instrumento nuevo en España, numerosas profesiones cuentan con ellos (calidad, industria, etc…) la acreditación de los Directivos Públicos se debe realizar en base a unos criterios objetivos como es la formación directiva y de gestión (para la que contamos con un buen número de escuelas de negocios y de administración pública de primer nivel) y unos criterios basados en la experiencia demostrada de la persona en tareas de gestión.

La acreditación tiene que ser homologable en todo el territorio español para sea cual sea la administración que lo utilice, la acreditación obtenida por las personas sea válida, aunque no garantizará en ningún caso el acceso a ningún puesto.

Es necesario mientras este proceso tiene lugar que se realice un esfuerzo de comunicación para explicar en que consiste, he ahí el objetivo básico de este post.

El Govern balear quiere recortar los salarios de sus empleados públicos reduciendo la jornada laboral

Revista de Prensa. Diario de Mallorca. 13.03.2012.- ­El Govern balear quiere que sus funcionarios trabajen menos. Y que cobren menos en consonancia. O eso afirmó ayer el vicepresident del Govern. La idea de Josep Ignasi Aguiló es "flexibilizar" la jornada, concepto abstracto con el que el responsable de Economía alude a algo parecido a un ERE a la alemana, según confirmó: menos horas y menos euros para cada empleado público.

Y a partir de ahí, todo son sombras e incógnitas por despejar: el vicepresidente se negó a aclarar a quién se le aplicaría el tijeretazo, en qué proporción afectará a las nóminas de los trabajadores públicos y cuánto ahorrará o pretende ahorrar Balears con la nueva idea del Govern. Aguiló se limitó a insinuar que la aplicación de la reducción de salario y jornada será de carácter voluntario. Y nada más: "Los detalles los daremos cuando nosotros queramos", zanjó el vicepresident en un tono amable que contrasta con la crudeza de un mensaje que afecta a más 27.000 empleados autonómicos de las islas.

¿Cuándo sabrán los trabajadores y sus familias qué va a pasar con sus nóminas? Aguiló no lo dijo. El vicepresident apenas apuntó que, en fecha también indeterminada, presentarán un plan con el que en Economía pretenden tapar el agujero que hay en los presupuestos que ellos mismos acaban de aprobar para este año 2012.

Leer la información completa

Artur Mas anuncia una nueva rebaja salarial para los empleados públicos dependientes de la Generalitat catalana

Revista de Prensa. La Vanguardia. 12.3.2012.- El president del Govern, Artur Mas, ha confirmado que la Generalitat llevará a cabo un nuevo ajuste que conllevará una reducción salarial más allá del 3% aprobado hasta la fecha, hasta casi el 5%, y que no es nada nuevo: "El pasado 22 de noviembre del año pasado ya apunté las medidas de ajuste que íbamos a adoptar y entre ellas hablé de que el ajuste de las condiciones laborales de los funcionarios sería aproximadamente del 5%, un poco por debajo", de manera que "no es nada nuevo", ha recordado. Pero Artur Mas ha aclarado que la reducción irá en función de las decisiones que tome el Gobierno central en materia de presupuestos y estará condicionada a si el Ejecutivo de Rajoy toma medidas de ajuste sobre los trabajadores públicos. En todo caso, la nueva rebaja salarial se llevaría a cabo a final de año, probablemente en la paga extra de la próxima Navidad.
Artur Mas ha indicado que si hay una reducción en la función pública para todo el Estado, el Govern retiraría su medida y aplicaría la que aprobase el Estado. La reducción que llevará a cabo el Govern se aplicará a los complementos salariales, como las pagas de Navidad o verano, y con medidas de reducción horaria, puesto que la competencia para reducir el sueldo de los funcionarios es exclusivamente del Estado.

Leer la noticia completa

Las plantillas de las Comunidades Autónomas ascienden a 1,3 millones de empleados púlicos, la mitad del total del país

Revista de Prensa. CINCO DÍAS.-12.3.2012.-Las comunidades tienen en nómina a 1,3 millones de empleados públicos y, de estos, 288.844 son cargos de confianza o personal interino, cuyo coste asciende a 12.300 millones de euros al año. Hacienda ha instado ya a rebajar las "sobredimensionadas" plantillas de las comunidades. Los cargos de libre designación y el personal con contrato laboral (146.098) son los colectivos con más posibilidades de sufrir ajuste. "Todos los responsables autonómicos saben que de aquí a final de año deben recortar sus números rojos en15.600 millones de euros; sin embargo, no tienen claro dónde meter el gran tijeretazo. Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administración Públicas -algo así como el jefe de jefes de los funcionarios-, ya marcó el camino cuando afirmó la semana pasada que las plantillas de la Administración autonómica están sobredimensionadas. Beteta resaltó que, desde 2001, la Administración central ha reducido el número de empleados un 22%, mientras que en el mismo periodo las regiones han elevado sus plantillas un 44% y los ayuntamientos, un 39%. Los entes territoriales alegan que el aumento responde al proceso descentralizador que ha vivido España. Sin embargo, Beteta sospecha que esta razón solo explica una parte del incremento y denuncia la existencia de estructuras clientelares vinculadas al gran número de empresas públicas. De media, el 10% de los asalariados españoles son funcionarios autonómicos. Este ratio se incrementa hasta el 16% en Extremadura. Es decir, de cada 100 trabajadores extremeños, 16 están en nómina de la Junta de Extremadura". 57.377 millones de euros gastaron en 2011 las comunidades en pagar los salarios de sus plantillas, 1.000 millones más de lo que habían anotado en sus presupuestos. Leer la noticia completa.-Ver Infografia

Nueva sentencia a favor de la jubilación parcial de un funcionario

Sentencias: La jubilación parcial de un funcionario, un tema no cerrado. Sentencia del TSJ de Cataluña de 24 de noviembre de 2011, recurso de apelación 188/2010 (acceso al texto). Comentada por Josep Aldomà. Cemical. Nº 54-Marzo 2012

Generalmente se ha considerado que el personal funcionario no tiene derecho a la jubilación voluntaria parcialprevista en los arts. 14. n) y 67. 1. d), 2 y 4 del EBEP, con el argumento que no es un derecho perfeccionado que sepueda aplicar de forma inmediata, sino que requiere un desarrollo normativo por parte del Estado. Éste debería producirse a partir de un estudio sobre los diferentes regímenes de accesos a la jubilación de los funcionarios que tiene que presentar el Gobierno al Congreso de los Diputados, según establece la Disposición adicional sexta de la propia Ley.
La STSJ comentada admite sin paliativos la jubilación parcial de un funcionario municipal, en base a los siguientes argumentos:
1) Los artículos del EBEP citados son plenamente vigentes y reconocen el derecho a la jubilación parcial con laclaridad suficiente para no precisar de un desarrollo reglamentario, que ni está previsto por dicha ley ni podría contradecirla en caso de aprobarse. Los criterios del art. 3.1 del Código civil sobre interpretación de las normas jurídicas sostienen esta afirmación.
2) El funcionario tiene derecho a la jubilación parcial siempre que reúna los requisitos establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable; en el presente caso, el Régimen General y en concreto el art. 166 LGSS.
3) No es de aplicación la limitación del RD 1131/2002, referida a los trabajadores por cuenta ajena, porque comportaría privar a los funcionarios del derecho conferido por una ley. En este punto, rechaza el informe del INSS en sentido contrario.
4) No constituye un obstáculo para la jubilación parcial el hecho de percibir simultáneamente una pensión y la remuneración por un trabajo en el sector público, porque ambas tendrán la disminución correspondiente y no sobrepasarán los límites legales. Lo contrario comportaría dejar sin efectos el derecho legalmente reconocido.
5) La dificultad para contratar un relevista no supone ningún inconveniente para la Administración, ya que en virtud de su potestad organizativa puede adoptar las medidas necesarias para solucionarlo.
La Sala de lo contencioso administrativo del TS ha eludido, hasta ahora, pronunciarse sobre si las previsiones del EBEP son suficientes para reconocer el derecho a la jubilación parcial (auto de 7 de julio de 2011, recurso 2630/2011 entre otros y STS de 14 de julio de 2011, recurso 54/2008, ésta sobre personal estatutario). Ello ha facilitado la existencia de pronunciamientos opuestos por parte de los TSJ de las Comunidades autónomas. Con la lectura de las sentencias se comprueba que, globalmente, los fundamentos legales utilizados para reconocer o denegar la jubilación parcial son los mismos, pero la conclusión que sacan los diferentes Tribunales es opuesta. Sin entrar en los argumentos utilizados en cada caso concreto, se han pronunciado a favor del derecho a la jubilación parcial las SSTSJ de Valencia de 20 de diciembre de 2011, recurso 886/2009 y de 6 de mayo de 2010, recurso 462/09; la STSJ Baleares de 29 de abril de 2011, recurso 47/2011; la STSJ de Extremadura de 3 de octubre de 2011, recurso 1550/2009; la STSJ de Castilla y León de 11 de febrero de 2011, recurso 172/2010; la STSJ de Galicia de 26 de enero de 2011, recurso 477/2009; y las SSTSJ de Asturias de 25 de enero de 2010, recurso 374/2009 y de 18 de enero de 2010, recurso 274/2009.
Tenemos ejemplos con un pronunciamiento contrario en la STSJ de Andalucía de 8 de octubre de 2010, recurso 135/2009; la STSJ de Madrid de 6 de julio de 2011, recurso 366/2009; la STSJ de Aragón de 23 de noviembre de 2011, recurso 166/2010; la STSJ de Castilla la Mancha de 17 de diciembre de 2010, recurso 313/2009; la STSJ de Extremadura de 13 de julio de 2010, recurso 200/2009; y la STSJ de Asturias de 23 de septiembre de 2011, recurso 1962/2009.

Fijémonos en que los conflictos en esta materia, cuando se plantean por personal funcionario, se dirimen ante el orden contencioso administrativo y que los Tribunales de este orden -ahí se incluye también el TS- se consideran competentes porque la jubilación forma parte de los derechos que configuran el estatuto funcionarial, aunque tenga consecuencias con una prestación de la Seguridad Social. Así, previsiblemente, la reciente aprobación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, no cambiará la situación actual. Esto es importante porque en el orden jurisdiccional social ha habido un posicionamiento del TS en diferentes recursos en unificación de doctrina relativos a personal estatutario de las instituciones sanitarias publicas.

Bilbao acoge los días 17 y 18 de mayo el IV Congreso de Excelencia en la gestión de las Administraciones Públicas

Formación-congresos profesionales: Tras el éxito de asistencia y calidad de las presentaciones de las ediciones celebradas en 2006, 2008 y 2010, el objetivo de esta nueva edición de 2011 es posicionar este foro como un referente estatal para compartir experiencias y metodologías sobre la Excelencia en la gestión en las Administraciones Públicas.

Al igual que en las anteriores ocasiones, el congreso contará con la presencia de responsables de administraciones con buenas prácticas de gestión concretas y contrastadas en diferentes áreas de la administración local, foral, autonómica, estatal e internacional, con la presencia de otros expertos externos que nos hagan reflexionar sobre los retos de gestión de la Administración Pública.
Para que los asistentes puedan elegir sus preferencias el Congreso tendrá sesiones plenarias y un acto conjunto de presentación de experiencias avanzadas de gestión que optarán al Premio de Buenas Prácticas, así como sesiones paralelas.

Q-epea
Q-epea, organizador del congreso, está formado por un grupo de entidades públicas del País Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas con la búsqueda de la Excelencia en la gestión. En 2002, con el apoyo de EUSKALIT - Fundación Vasca para la Excelencia, comenzaron sus actividades conjuntas para compartir y difundir buenas prácticas de gestión, intercambiar documentaciones de trabajo de forma abierta, invitar a directivos de otras organizaciones avanzadas, públicas y privadas, para compartir experiencias y organizar actos públicos de difusión de esos avances a otras organizaciones públicas.

*MISIÓN Q-epea está constituido por un grupo de entidades públicas del País Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas con la búsqueda de la excelencia en la gestión con un doble objetivo:
-Avanzar en la mejora de la gestión de nuestras organizaciones a través del aprendizaje compartido
-Promover la cultura de la calidad en el sector público vasco .
*VISIÓN Q-EPEA quiere ser reconocido dentro y fuera del País Vasco como un grupo de organizaciones públicas de referencia por lo avanzado de su gestión, contribuyendo al impulso en la modernización de la gestión de las entidades públicas del País Vasco.VALORESPara llevar a cabo nuestra Misión nos basaremos en los valores siguientes:APRENDIZAJE COMPARTIDO: voluntad de compartir información y conocimiento de forma activa, pero a la vez con responsabilidad sobre la información disponible
*MIEMBROS DE Q-epea:
-Agencia Vasca de Protección de Datos-Ayuntamiento de Bilbao-Ayuntamiento de Durango
-Ayuntamiento de Ermua-Ayuntamiento de Getxo-Ayunt amiento de Vitoria-Gasteiz-Bermeoko Udala-Dirección de Oficina Judicial y Fiscal-Diputación Foral de Álava-Diputación Foral de Bizkaia: Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS)-Diputación Foral de Bizkaia: Lantik-Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección de Innovación y Administración Electrónica del Gobierno Vasco-EiTB-ELIKA- Itelazpi, S.A.-IVAP-Osakidetza-Osatek, S.A.-Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián-Parlamento Vasco-Parque Tecnológico de Bizkaia-Sestao Berri 2010-Spri, S.A.-Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea-Visesa
EUSKALIT (Secretaria Técnica de Q-Epea).

Ver programa completo

Una sentencia establece que debe computar el periodo de excedencia por cuidado por hijos como tiempo en activo a efectos de promoción

Sentencias: Según Europa Press en un despacho de 10 de marzo, "la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que por primera vez da la razón a una funcionaria y permite que compute el tiempo que permaneció en excedencia por cuidado de hijos como un mérito para ascender en su carrera administrativa.

El Juzgado Central de Instrucción número 11 de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso que interpuso una funcionaria adscrita a la división de personal de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil contra la desestimación de una demanda anterior que presentó contra la resolución del Ministerio de Interior del 9 de junio de 2010.
La resolución de Interior resolvía un concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía y, según la demandante, valoró su puntuación de forma "errónea" al no tener en cuenta el periodo durante el que permaneció en situación de excedencia por cuidado de hijos.
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Conde respalda a la funcionaria al anular la resolución por la que se convocó el concurso y ordenar la retroacción de este procedimiento. A su juicio, el no cómputo, por parte de la Administración, del tiempo que la recurrente pasó en situación de excedencia por cuidado de hijos "perjudica" su carrera administrativa.

Excedencia entre 2007 y 2009

Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2007 cuando la funcionaria tomó posesión de su actual puesto. El 12 de noviembre se le concedió la excedencia voluntaria por cuidado de hijos hasta que se incorporó de nuevo a su lugar de trabajo el 3 de abril de 2009. En el concurso, Interior estableció como toma de posesión en su puesto el 3 de abril de 2009. Ella adujo que llevaba en el mismo desde septiembre de 2007 y que se había vulnerado el Estatuto Básico del Empleado Público que establece el derecho de los funcionarios en excedencia por cuidado de hijos y determina que se compute a efectos de trienios, carrera y derechos.
En su resolución, la Audiencia Nacional reconoce que la doctrina jurisprudencial ha sido contraria a que se considere en los concursos el tiempo transcurrido en esta situación en la valoración del trabajo desarrollado.
Sin embargo, defiende que la Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres entiende que debe computarse en la valoración del trabajo desarrollado este periodo con el fin de "proteger la maternidad".
Aunque la Abogacía del Estado se opuso a las pretensiones de la demandante, no prevé recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, según informaron fuentes jurídicas, permite que compute el tiempo que permaneció en excedencia por cuidado de hijos como un mérito para ascender en su carrera administrativa".

Primera Ley de Transparencia y Gobierno Abierto en Navarra

Legislación: El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión del miércoles 7 de marzo el proyecto de Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, una norma que basa la relación entre la ciudadanía y la Administración en tres pilares: "Transparencia sobre la actividad de la Administración, derecho de la ciudadanía a la información, y participación y colaboración ciudadana".
Con esta ley, el Gobierno se obliga a informar en su portal web sobre las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración Pública (miembros de los gabinetes de los miembros del Gobierno, salvo administrativos, directores generales y asimilados en organismos públicos, sociedades públicas o fundaciones públicas). También informará sobre las cesantías. Esta Ley de Transparencia es la primera de España en tramitarse en un parlamento, a la espera que el Gobierno español haga lo propio, como vienen reclamando desde hace años grupos sociales como la ONG Tranparencia Internacional.

Leer información completa.

Acceso al texto completo del proyecto de ley

Antonio Beteta considera que las Administraciones Públicas están sobredimensionadas de personal y tendrán que reducirse

Revista de Prensa: El diario económico Cinco Días recoge hoy 6 de marzo la intervención del secretario de Estado de Aministraciones Públicas, Antonio Beteta, en el Encuentro de Financiero Internacional celebrado en MADRID los días 5 y 6 de marzo organizado por Bankia y El País. Beteta ha criticado que mientras la Administración General del Estado (AGE) reducía su personal desde 2001 en un 22%, las distintas comunidades autónomas, que acumulan una plantilla de más de 1,5 millones de empleados públicos aumentaban su plantilla en un 44% y los ayuntamientos en un 39%. "Tenemos que asumirlo: estamos sobredimensionados. En solo 10 años se incrementó en más de 440.000 el número de empleados que trabajan en las administraciones públicas. Esto viene de un tiempo de bonanza y de ofertas públicas que no estaban justificadas", ha lamentado. "Se han multiplicado las empresas, entes y organismos públicos", ha asegurado el secretario de Estado. Leer la noticia completa.

Limitación de retribuciones para los directivos públicos

Legislación: El pasado 5 de marzo se publicó el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. En el decreto se detalla el ámbito de aplicación y se fijan el número de miembros de los consejos de administración y el salario base tope de los máximos responsables. También se indican diversas incompatibilidades con las dietas de asistencia a órganos y se incluye como retribución la percibida en especie. Interesante la clasificación de entidades en función de diversos criterios objetivos y otros que fijara el ministerio. Tenemos tres tipos de organizaciones. Ahora falta que se desarrolle y se establezcan los porcentajes de retribución variable. ¿ Podría aplicarse un criterio similar con el resto del sector público ?

Seminario de Esade sobre liderazgo para el cambio en el sector público

Formación: El Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP) de ESADE organiza un seminario sobre liderar el cambio en el sector público a cargo de Steve Kelman, uno de los profesores más destacados de la John F. Kennedy School of Government de la Harvard University, institución líder en el conocimiento sobre gestión pública. El seminario tendrá doble sesión, una en Madrid el próximo 11 de abril (miércoles) y otra en Barcelona, el día siguiente 12 de abril de 2012.

+ info. contactar con Alba Villamor, program manager (alba.villamor@esade.edu).

Todos los empleados públicos tendrán una jornada laboral de 37,5 horas semanales una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado

Según informa la agencia Europa Press, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la "intención y voluntad" del Gobierno es que la extensión de la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas que aprobó el Gobierno para la AGE en el primer decreto de medias para reducir el déficit público -RDL 20/2011, del 30 de diciembre 2011- se aplique en todas las administraciones públicas.

Durante su intervención en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro explicó que esto quedará clarificado en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales (PGE) que el Gobierno está elaborando y tiene previsto presentar a las Cortes el próximo 30 de marzo.

La medida vendrá a clarificar el alcance de los nuevos horarios ya que el decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre impedía que afectase a las entidades locales si los representantes sindicales se oponían a ello. Por otro lado, solo algunas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia y Castilla-León han ampliado el horario laboral de sus plantillas. Conscientes de esta limitación, el gobierno ha optado por modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, fijando con carácter general las 37,5 horas semanales como jornada para todos los empleados públicos y así evitar agravios de todo tipo que se han venido produciendo entre las distintas administraciones.