viernes, 8 de mayo de 2015

Andres Morey: El tiempo en la política y el tiempo en el Administración

"El tiempo político es acuciante, necesitado de resultados que generen buena imagen y ayuden cara a las elecciones futuras y que contenten a todos si es posible; las elecciones están en el fondo de toda acción y dirección"
 
Tu blog de la Administración Pública.- Andrés Morey.- En múltiples ocasiones he comentado que administrando se gobierna pero también que administrando se hace efectiva la política o las políticas públicas, de forma que se evidencia la conexión entre Política y Administración. Cuando observamos esta  conexión desde el punto de vista estructural u orgánico y la acción de los cargos políticos y la de los funcionarios se nos revelan dos tiempos distintos que implican preocupaciones o puntos de vista diferentes.
Andrés Morey
La situación  actual en Andalucía  también nos manifiesta  otro aspecto de esta diferencia y, en cierto modo, que la Administración puede permanecer sin políticas públicas superiores nuevas, pero que la actividad política no puede existir sin Administración pública, pues nunca llegaría a los ciudadanos. En el primer aspecto, el de la actividad de políticos y funcionarios en la administración pública y en su dirección de superior nivel -el político-, lo que quiero destacar es que desde este nivel lo que interesa es que las políticas públicas, los programas y decisiones se formalicen, pues su formalización como norma o decisión que se publica, digamos, es el tiempo de la acción política y la obligación que se ha cumplido, de modo que parece que a partir de ese momento el tiempo restante es administrativo y de ejecución. En este tiempo administrativo los plazos de la acción está más regulados, previstos en normas administrativas, y los funcionarios se sujetan a ellos, sin que ello signifique que no haya presiones o prisas si en el asunto hay interés político o necesidad de resultados más o menos inmediatos. El tiempo político es acuciante, necesitado de resultados que generen buena imagen y ayuden cara a las elecciones futuras y que contenten a todos si es posible; las elecciones están en el fondo de toda acción y dirección.

La rutina burocrática
En la Administración el tiempo es rutinario y formalista, con ambición de permanencia y poco propenso al cambio. En él, en su fondo, lo presente es la ley o la norma; el escrito, el informe y el documento son elementos claves. Si la función pública está bien ordenada y regulada, los funcionarios permanecen en sus puestos, ascienden por mérito y antigüedad y, en consecuencia, son neutrales, gozan de independencia técnica y constituyen la base de la experiencia, el antecedente y los informes que ayudan a decidir en eficacia y derecho. El tiempo en estos casos no es sólo algo orientado al futuro, sino dedicado al mantenimiento de lo acordado desde muchos años antes y aún vigente; la acción de mantenimiento es esencial y el conocimiento de lo que es posible también. Claro está que, como he reflejado en otras ocasiones, la Administración interviene antes de la formalización de las políticas públicas para avalar su viabilidad y la existencia o posibilidad de contar con los factores administrativos que garantizan que la eficacia de la política prevista sea realidad y aquí el tiempo político predomina.

Si en cambio consideramos la situación política de Andalucía, existiendo un problema político ante la posibilidad de no conseguir la formación de un gobierno o acabar en nuevas elecciones, hay que convenir que en la Administración, prácticamente todo deviene tiempo administrativo. Si hay Administración pública profesional y no politizada, no puede paralizarse la acción, bien sea de gobierno, bien sea de administración. Hay que mantener las políticas públicas en marcha, hay que administrar y que seguir prestando los servicios y está legalmente prevista la existencia de gobiernos provisionales y en los parlamentos de diputaciones permanentes, que garanticen la continuidad y la posibilidad de aprobar normas de urgencia y necesidad si se da el caso y se justifica adecuadamente. No puede haber parálisis, si la hay algo no funciona, los diseños legales han fallado y gobierno y administración no fueron bien configurados; en una palabra la administración pública no existe y se ve afectada por algo similar a un spoils system.
 
Sin embargo, si atendemos a lo que dicen los parlamentarios elegidos, los políticos, la prensa. etc., parece que el caos está cerca. Sin menospreciar la situación, desde la Administración, lo principal es que no se pueden diseñar políticas nuevas, al menos las que se formalicen por norma con rango de ley o que no puedan adoptarse por gobiernos provisionales o aprobarse por las diputaciones administrativas, pero el presupuesto económico persiste y se pueden proponer cambios crediticios a la diputación permanente en el parlamento. Repito no hay parálisis y el tiempo administrativo no se para. En realidad, el tiempo político lo que puede hacer es que el tiempo administrativo se vea afectado por los procesos electorales y acelere los procesos de diseños de políticas que no van a ser efectivas nunca pero que se necesita publicitar.

Cambios sin sobresaltos
Lo expuesto hasta ahora tiene como fin el que, una vez más, quede de manifiesto la importancia de la Administración pública y de que una acción política clara y necesaria sea su configuración de acuerdo con las bases y principios constitucionales, para que sea un instrumento al servicio de cada gobierno y de cada momento, sea el que sea, que no le afecten los cambios en su función permanente y diaria y que el ciudadano no sufra por nada. Nos vale el símil de los equipos de fútbol con crisis importantes en sus directivas y en lo económico, en procesos de venta o cambios importantes, que siguen jugando cada partido sin acusar la situación y con sus aficionados gozando del juego.
 
 Cuando se hace referencia en tantas cosas a la reforma administrativa la realidad lo que nos demuestra es que la reforma real es la de cumplir con lo que la Constitución nos dice que ha de ser la administración pública. La reforma de verdad es su consolidación como tal administración pública.

jueves, 7 de mayo de 2015

El TC declara extinguida la cuestión de inconstitucionalidad sobre la paga extra suprimida a los funcionarios

La cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley que suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los funcionarios se planteó por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
 
Revista de prensa. EP. El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Audiencia Nacional contra el Real Decreto que suspendió el abono a los funcionarios de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
 
Cristóbal Montoro, Ministro de HYAP responsable
del abono de las retribuciones a los funcionarios
La decisión del Alto Tribunal, recogida en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, ha sido adoptada después de que el pasado mes de enero se hiciera efectiva la recuperación de una parte de dicha paga, tal y como se establecía en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.
 
El Constitucional ha señalado que esto determinará también, por el mismo motivo, la extinción de la mayoría de las decenas de cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por distintos órganos jurisdiccionales contra la supresión de la paga.
 
La cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley que suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los funcionarios se planteó por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el curso de un procedimiento en el que los representantes sindicales de los trabajadores de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA) solicitaban la devolución de una parte del importe que habían dejado de percibir.
 
El Constitucional explica que la previsión contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015  tiene una incidencia "innegable" tanto en ese procedimiento laboral como en la presente cuestión de inconstitucionalidad, pues la recuperación por esos trabajadores de la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga "supone la satisfacción extraprocesal de la pretensión deducida en el proceso laboral sobre la que se articulaba la presente cuestión".
 
"Esto hace perder su objeto, al ser tal satisfacción extraprocesal uno de los posibles supuestos de extinción de la cuestión de inconstitucionalidad", precisa la sentencia del Tribunal Constitucional.
 
Modalidad: Formación virtual
 

miércoles, 6 de mayo de 2015

Las elecciones del 24 de Mayo y la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos españoles

La gran mayoría de los escándalos se han producido en áreas de políticas públicas como la contratación pública y el urbanismo.
Post relacionado. ¿Hay Derecho?: ¿Debería restituir Esperanza Aguirre todo lo robado (presuntamente) por sus subordinados?

IDL.UAM.- Fernando Jiménez.- Los problemas de corrupción son mucho más frecuentes en los niveles locales y regionales de gobierno que en el nacional. Hay al menos cuatro razones diferentes que explican esta especial vulnerabilidad ante la corrupción de los niveles sub-nacionales de gobierno.
Ayuntamiento de Valdemoro desde donde actuaban
varios implicados de a Operación Púnica
En primer lugar, es fácil encontrar recursos materiales para la corrupción en estos niveles de gobierno. Las instituciones regionales y locales toman decisiones relevantes en campos tales como el planeamiento territorial y las licencias de construcción, la adjudicación de contratos públicos de bienes, obras y servicios, la distribución de subvenciones públicas para muchas
 actividades diferentes, o el empleo público. La tentación para intercambiar muchos de estos recursos públicos por apoyo social o electoral o directamente por pagos ilícitos está siempre presente.

En segundo lugar, los corruptores potenciales pueden acceder con mayor facilidad a los gobiernos locales y regionales que a las administraciones nacionales. En líneas generales, el grado de profesionalización de los empleados públicos en el nivel regional y particularmente en el nivel local es menor que en el ámbito nacional o federal y las oportunidades de formación de aquellos empleados son también menores. Como consecuencia, las administraciones públicas territoriales suelen tener un grado mayor de politización y las barreras para protegerse de corruptores potenciales son más débiles.

Una tercera razón tiene que ver con lo que Andersson y Erlingsson (2012: p. 36) dicen sobre el caso sueco: “es más difícil descubrir las irregularidades en el nivel sub-nacional”, puesto que los mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas funcionan mucho peor que en el nivel nacional. El funcionamiento de los mecanismos de control es más difícil en general: a veces los controles internos se desactivan por motivos políticos, los controles externos funcionan con mayor dificultad ante tantas unidades que controlar y otros actores como los medios de comunicación prestan mucha menos atención a estos niveles que al nacional.

Por último, en muchos territorios es posible encontrar redes clientelares en acción. A veces tales redes son de tipo tradicional y se estructuran en torno a
 notables o caciques locales que tienen una gran influencia en la comunidad. Otras están formadas a partir de conexiones entre grupos de viejos amigos. Y con mucha frecuencia encontramos redes de patronazgo que giran en torno a algunas organizaciones locales o regionales de partido. Estas redes clientelares se convierten muchas veces en un canal para las influencias corruptas sobre los gobiernos locales y regionales, siendo mucho más infrecuente encontrar estas redes en ámbitos nacionales.

Al mismo tiempo, también es igualmente cierto que en estos niveles de gobierno la variabilidad de experiencias es enorme y podemos encontrar múltiples ejemplos de enorme integridad en el funcionamiento de muchos gobiernos locales.

El caso español parece confirmar esta opinión internacional generalizada. En efecto, la mayor parte de los escándalos de corrupción en los 30 años del período democrático en España han afectado principalmente al ámbito local. La gran mayoría se han producido en áreas de políticas públicas como la contratación pública y el urbanismo.

La percepción de corrupción aumenta
Durante estos últimos años los indicadores de la percepción de la corrupción y de la confianza en los gobiernos locales se han deteriorado gravemente. El Cuadro 1 muestra el empeoramiento de la percepción de la corrupción con datos del Eurobarómetro. Entre 2005 y 2013, hay un 17% más de ciudadanos españoles que creen que la corrupción está extendida en los ayuntamientos llegando a sumar el 91% de la población. Como vemos, este deterioro no ha sido tan intenso en otros países de nuestro entorno como Francia o Italia.
Cuadro 1: Evolución de la percepción de la corrupción 2005-2013
PaísAño Local RegionalNacional
España2005 74%73%74%
2009 89%90%91%
2013 91%91%95%




Comparación 2005-2013+ 17%+19%+21%
Italia200581%81%84%
200989%86%89%
201392%92%93%
Comparación 2005-2013+11%+11%+9%
Francia200571%73%81%
200979%80%83%
201375%75%76%
Comparación 2005-2013+4%+2%-5%
Fuente: Eurobarómetros 245(2005), 325 (2009), y 397 (2013)

Por lo que se refiere a la confianza que suscitan los ayuntamientos, el Gráfico 1 muestra cómo esta confianza ha sido siempre más alta para los gobiernos locales, pero se observa también el hundimiento de la misma a partir de diciembre de 2009. Lamentablemente el CIS no ha vuelto a preguntar por la confianza en el propio ayuntamiento desde esa fecha, pero cabe suponer que ha seguido desplomándose a juzgar por lo que ha ocurrido con los demás indicadores de confianza institucional en nuestro país.
Gráfico 1: Confianza en los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno central 1994-2009. Leer+

lunes, 4 de mayo de 2015

La reutilización de la información del sector público; dónde estamos y hacia dónde vamos

Nos encontramos en un proceso de cambio, el volumen de información que se genera y trata es cada vez mayor y la Administración Pública no debe quedarse atrás.

Post relacionado: Borja Adsuara. El Confidencial: ¿De quién es la información que tienen las Administraciones Públicas?

Paula Garralón. Confilegal.- En la Unión Europea, hace ya más de diez años se adoptó el primer conjunto de normas sobre Reutilización de la Información del Sector Público (RISP), que España transpuso a su legislación a través de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Diez años más tarde se promulgó la Directiva 2013/37 por la que se modificó la Directiva 2003/98 relativa a la RISP, cuyo plazo de incorporación al derecho nacional concluye el próximo 18 de julio, lo que supone que en las próximas semanas se publicará una Ley que modifique la del año 2007.
 
La publicación de esta nueva Directiva se explica por el aumento exponencial del volumen de datos, la capacidad de almacenamiento y la evolución permanente de las tecnologías que permiten el análisis, la explotación y el tratamiento de los datos. La legislación, por tanto, ha quedado desfasada y Europa no quiere perder las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos. ­
 
En nuestro país, el proceso de reutilización se ha visto favorecido por el impulso legislativo, por una lado desde el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica que prevé la interoperabilidad como capacidad de los sistemas de información para posibilitar el intercambio de la misma y, por otro lado, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que recoge entre los principios generales la reutilización de la información pública.
 
Como en España, durante estos años el resto de Estados miembros han adoptado políticas de reutilización hasta llegar al momento actual, en el que encontramos una dispersión de políticas de reutilización europeas que necesitan ser armonizadas para que no supongan un obstáculo en sí mismas.
 
En este momento el objetivo de la Unión Europea es determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información y así, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión y facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, en beneficio de los ciudadanos.
 
En concreto, la nueva Directiva pretende establecer la obligación inequívoca para los Estados miembros de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo excepción de aquellos cuyo acceso esté restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico nacional.
 
El OPEN DATA y su aplicación en la Administración 
Según el informe realizado por demos Europa Big and open data in Europe: A growth engine or a missed opportunity?, la economía de Unión Europea crecerá en un 1,9% adicional en 2020 gracias al Big y Open data.
 
Los datos se han convertido en el oro de nuestro siglo y por ello hay que aprender a reutilizarlos. Determinada información cumple su ciclo económico original o el fin para la que fue creada pero ello no significa que todavía no pueda ser objeto de uso y reuso por parte de la sociedad civil con fines lucrativos o no lucrativos.
 
El Open Data es una filosofía y práctica que persigue la puesta en común de determinados datos e informaciones pertenecientes a las Administraciones Públicas para que otros usuarios, bien sean ciudadanos o profesionales los aprovechen para generar nuevos productos o servicios o simplemente para ser testigos de la ejecución de las entidades.
 
El borrador del anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, recoge la definición de datos abiertos como aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de tu autoría. Por tanto este tipo de datos no requieren permisos específicos para su acceso y reutilización. No obstante, los tipos de reutilización pueden estar controlados mediante algún tipo de licencia como prevé la nueva Directiva.
 
Se excluye de esta definición la información que afecte al interés público como pueden ser las actuaciones políticas, la defensa nacional, la seguridad del Estado, la política monetaria o la investigación de delitos. Información que pueda afectar a terceros como son los datos de carácter personal o información protegida por el secreto comercial, propiedad intelectual o industrial.
 
Los partidarios de los datos abiertos argumentan que las limitaciones al acceso van en contra del bien común y que estos datos tienen que ser puestos a disposición del público sin limitaciones de acceso, dado que se trata de información que pertenece a la sociedad o que ha sido generada u obtenida por Administraciones Públicas financiadas por la ciudadanía.
 
Tener acceso a los datos de la Administración garantiza la transparencia porque se tiene acceso a datos que proceden directamente de fuentes oficiales. También se fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con la Administración y todo el mundo puede acceder a los datos en igualdad de condiciones.
 
Actualmente, los ciudadanos, las empresas y la Administración se encuentran mucho más conectados, tienen una relación directa y gran parte de las actuaciones cotidianas se llevan a cabo mediante el comercio y la administración electrónica. Esta situación es posible gracias a todas las políticas adoptadas en materia de reutilización de información, transparencia y administración electrónica.
 
Una vez se han obtenido los datos adoptando políticas de Open Data, el siguiente paso lógico es volver a utilizar esa información para otros fines.
 
El documento 2.4 de la Directiva 2003/98/CE define la reutilización como el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron. Es decir, la información de sector público se hace disponible, en bruto y en formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización tanto a particulares como a empresas para fines comerciales o no.
 
La información generada por el sector público es potencialmente reutilizable y resulta muy atractiva para su reutilización por ser completa, fiable y de calidad: la información social, económica, geográfica y estadística por ejemplo.
 
Beneficios para los ciudadanos
La posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a información del sector público permite mejorar su conocimiento acerca de las actividades de las instituciones públicas (más transparentes, abiertas y cercanas) además de facilitar la realización de las tareas más cotidianas a través de la Administración electrónica. Una sociedad mejor informada asegura un ejercicio más responsable de sus actividades de participación política, lo que en último término deriva en enriquecimiento democrático.
 
La nueva Directiva en su primer considerando dispone que los documentos elaborados por los organismos del sector público de los Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.
 
Se pretende lograr que la reutilización y redistribución de la información pública repercuta en beneficio tanto de las administraciones públicas que sacan a la luz sus datos, como de los ciudadanos y empresas que ven cubiertas algunas de sus necesidades. Así, se establece como principio general en la nueva Directiva que los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplique la misma, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales.
 
La liberación de datos estadísticos, de turismo, de tráfico o de subvenciones constituye una base esencial para muchos productos de información digital y, por tanto, un potencial económico. Es imprescindible asegurar la reutilización eficiente de la información pública para poder aprovechar todo su potencial y desarrollar nuevos productos, servicios y mercados que logren un mayor desarrollo económico y mayor creación de puestos de trabajo. Leer+

domingo, 3 de mayo de 2015

La Seguridad Social inicia el procedimiento para regular la jubilación anticipada de los policías locales

La medida afectará a un colectivo próximo a los 70.000 profesionales locales y facilitará su rejuvenecimiento
 
Nota Mº. Empleo.- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciado el procedimiento para llevar a cabo las modificaciones normativas que permitirán regular la jubilación anticipada de los policías locales, una medida que afectará a un colectivo de unas 70.000 personas.
 
Policías locales de Ibiza en un control de tráfico
La normativa permite el anticipo de la edad mínima exigida para jubilarse a colectivos que desarrollen actividades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad, a través del establecimiento de coeficientes correctores.
 
Para ello, el ‘Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar, en su caso, la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social’ señala que es necesaria la elaboración de diversos estudios.
 
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,  ha anunciado este sábado, en el transcurso de una visita institucional a las obras del edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cádiz, que se ha dado orden al inicio de estos trabajos que permitirán en breve incluir a los policías locales en esta normativa.
 
Así, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social analizará el establecimiento de dichos coeficientes, mientras el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre siniestralidad de la tarea de los agentes locales.
 
Se trata de una medida reclamada por las asociaciones y sindicatos policiales, así como por los propios ayuntamientos, con los que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha mantenido un fluido contacto antes de dar inicio a los trabajos.

sábado, 2 de mayo de 2015

Sevilla, 7 y 8 de Mayo. Situación de la gestión de los RR.HH en la Administración Local Española

La Diputación de Sevilla sigue apostando por estas Jornadas como lugar de encuentro profesional para el análisis y debate de las cuestiones de actualidad en la gestión de los recursos humanos de las Corporaciones Locales en el ámbito nacional.

Tras diversas exposiciones teóricas por ponentes de relevancia y prestigio profesional, se dará paso, como en ediciones anteriores, al ámbito práctico a fin de dar a conocer buenas prácticas existentes en las Entidades Locales de nuestro entorno. Ver programa.

7 de mayo, Jueves
09.30-10.00 h: Inauguración oficial
-Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la  Diputación de Sevilla.
-Carmen Arciniega Bocanegra. Diputada del Área de Empleado/a Público.

 10.00-11.30 h: Conferencia inaugural: Buena Gobernanza y Transparencia. Proyección sobre la Organización y RRHH de la Admón Local. Rafael Jiménez Asensio. Profesor de la Universidad Pompeu-Fabra. Socio-Director de Estudi.Con.

 12.00-13.00 h: La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: Amenazas y Oportunidades. Francisco Velasco Caballero. Catedrático de Derecho Admvo. Director del Instituto Universitario de Derecho Local. Universidad Autónoma de Madrid.

13.00-14.00 horas: Gestión pública. Dirección y Liderazgo efectivos en la Admón Local. José Vicente Cortés Carreres. Jefe del Servicio de Asesoramiento en Recursos Humanos y Modernización de la Excma. Diputación de Valencia.

 BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
16.00-18.30 h: Diversos modelos de Planificación Estratégica y de Gestión de Recursos Humanos.
-Rafael Sánchez García. Director de RRHH, Organización y Calidad. Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga).
- María Dapena González. Jefa de Servicio de RRHH. Ayuntamiento de Vigo.
- José Vicente Herrero Cocho. Jefe del Servicio de Personal. Diputación de Valladolid.

Viernes, 8 de mayo
9.00-11.00 h: Los planteamientos de la Comisión de Función Pública y RRHH ante la situación actual. El Grupo de Trabajo de RRHH de la Federación Española de Municipios y Provincias.-
-José Antonio Frutos Páez y  Alejandro Rivera Cerro. Miembros de la Comisión de Función Pública y RRHH.
Mesa Redonda
Modera: Andrés Bojollo Gavilán. Subdirector del Área del Empleado/a Público de la Diputación de Sevilla. Grupo de RRHH de la FEMP.
Intervienen algunos miembros del Grupo de RRHH de la FEMP:
- Javier Gonzalo Muñoz. (Coordinador del Grupo de RRHH de la FEMP)
- Bernardino Martín Funes. (Ayuntamiento de Granada)
- Diego González Mansilla. (Ayuntamiento de Alcobendas)
- Manuel Ferreira Recio. (Junta de Castilla-León)
- José Antonio Camacho Olmedo. (Ayuntamiento de Almería)
- Luis Barbado San Martín. (Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes)

11.30-12.30 h: Asociación de Técnicos de Personal de Admón Local de la Comunidad Valenciana: Una formula colaborativa de compartir conocimiento.
- Amparo Mateu Cerdá. (Directora del Área de Régimen Interior Ayto de Xátiva)
- Mila Ortiz Torremocha. (Jefa de Servicio de RRHH y Organización. Ayto de Alzira)
12.30-13.30 h: El Plan de Carrera Profesional de la Diputación de Jaén.
-Rafael Redondo Ramírez. Jefe de Servicio de RRHH. Diputación de Jaén.
 13.30-14.30 h: “Ecosistema social y de conocimiento del INAP”.
-Juan Carlos González González. Subdirector General de Formación del INAP.

viernes, 1 de mayo de 2015

FSP-UGT: "Las administraciones públicas han perdido 374.000 empleos entre 2011 y 2013"

 La FSP-UGT considera que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) no resuelve los verdaderos problemas, sino que los "acentúa".

RRHH Digital.- Las Administraciones Públicas han reducido en 374.000 el número de empleados entre el primer trimestre de 2011 y el segundo de 2013, según ha denunciado este miércoles UGT citando datos de la Encuesta de Población Activa.
 
En la presentación  de un informe que analiza la evolución de los servicios públicos de 2011 a 2015, el secretario general de la FSP, Julio Lacuerda, indica que la gestión del Gobierno se ha limitado a "reducir la inversión pública para combatir el déficit" y a suprimir empleos públicos.
 
De los cerca de 400.000 empleos perdidos, la mayoría han afectado a los ámbitos de la Educación y la Sanidad, con una reducción de 6.184 y 27.848 empleos, respectivamente, durante enero de 2012 y julio de 2014.
 
En este sentido, para la FSP la externalización de funciones y actividades ha alcanzado cuotas "alarmantes", con un coste para las Administraciones Públicas que supera los 24.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda referentes al año 2012. Así, se han externalizado 45.916 contratos en el sector servicios, "como ocurre con la Sanidad en Madrid", ha señalado el responsable del gabinete técnico de la FPS, Francisco Casado y lo que ha supuesto un coste de más de 9.000 millones de euros.

Cándido Méndez y Julio Lapuerta, de FSP-UGT
 Además, Lacuerda ha señalado que esta reducción de empleos se ha llevado a cabo mediante ERES de "extinción". Es decir, para el representante de la FSP las acciones del Gobierno han ido encaminadas a producir un "cambio de modelo", mediante leyes, ya que no se trata de "meras decisiones políticas".
 
Menos gasto público
El informe de la FSP refleja que el gasto en servicios públicos ha registrado una pérdida acumulada en cada uno de ellos muy elevada, salvo en el caso de las pensiones, ya que es la única partida que crece, "pero por el aumento de pensionistas que se ha producido de 2012 a 2015", ha indicado Lacuerda.
 
Así, el fomento del empleo ha sido la partida más perjudicada, con una reducción del 31,5%, seguida de Cultura (-31,1%) y Educación (-21,20%). Además, destacan los descensos en Sanidad y Justicia, con caídas del 9,1% y 11,9%, respectivamente.
 
De esta manera, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos ha sufrido un descenso aproximado del 12% durante esta legislatura, con lo que, en términos generales, los empleados públicos perciben salarios propios del año 2007.
 
En este contexto, la FSP considera que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) no resuelve los verdaderos problemas, sino que los "acentúa". Así, el informe muestra que entre sus consecuencias destaca la supresión de estructuras y la venta a precio de saldo del Patrimonio Público. En esta línea, se han puesto en venta más de 15.000 inmuebles y fincas de la Administración General del Estado, de los que se han "malvendido" 6.579, por un importe de 462 millones de euros.
 
Además, la federación ha criticado la supresión por parte de esta organización de organismos como los Consejos Económicos y Sociales y los Defensores del Pueblo de algunas comunidades autónomas, el Consejo de Juventud de España o la Dirección General de la Mujer.