España lleva cayendo una década y ocupa el puesto 38. Aprueba con un penoso 6.1, detrás de Portugal (6.2).
Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Cada año, durante el mes de enero, la organización Transparencia Internacional hace pública la clasificación por Estados de la corrupción mundial. Se trata de un prestigioso y cuidadoso estudio denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que clasifica 180 países según el grado de integridad. Se hace atribuyendo una puntuación (como los resultados de un examen académico) que mide la percepción ciudadana de la corrupción en el sector público, asignando una puntuación de 0 (corrupción muy elevada) a 10 (integridad y transparencia muy elevadas). En la sede central de Berlín se agregan los datos y el resultado final se presenta simultáneamente en todas las capitales del mundo.
La nota de cada país se obtiene combinando tres fuentes de datos, extraídas tras realizar anualmente, en cada país, las mismas 13 encuestas y evaluaciones de corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones. Se miden una serie de comportamientos corruptos en la Administración, tales como los sobornos, el nepotismo, el desvío de fondos públicos o el uso privado de bienes públicos. Se obtiene así un interesante y útil indicador, comparable a nivel mundial, que proporciona una imagen muy completa de la situación relativa de cada nación.
No faltan campañas electorales en todo el mundo donde la promesa de los partidos políticos, para mejorar la clasificación, esté presente en los programas. Una eventualidad que requiere esfuerzos institucionales, normativos y jurisdiccionales relevantes.
Los resultados correspondientes al año 2021 fueron presentados ayer en una reunión virtual a través de la plataforma zoom donde intervinieron los directivos del capítulo español, Silvina Bacigalupo (presidenta) junto a Manuel Villoria (tesorero) y Jesús S. Lombás (secretario).
Los Estados “más honestos” de esta particular competición mundial vienen siendo los mismos esta entrada de 2007) desde su creación en 1995; sólo se aprecian algunas leves oscilaciones en el orden de ese honor. Así, al igual que en el anterior informe, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda ocupan el pódium, con un 8.8. Le siguen Noruega, Singapur y Suecia, todos con un 8.5.
España lleva cayendo una década y ocupa el puesto 38. Aprueba con un penoso 6.1, detrás de Portugal (6.2), Chile y Estados Unidos (ambos 6.7) y, sobre todo, Uruguay con todo un notable: ¡7.3! Produce enorme tristeza observar como Venezuela, gracias a la corrupción generalizada, cierra la tabla junto a los estados fallidos de Siria, Somalia y Sudan del Sur. Asimismo, Rusia tiene el puesto 142, con un 2.9, peor que el 129 de Ucrania, con un 3.2, aunque eso no le dará ninguna ventaja frente a su inminente invasión.
El caso de Singapur
Todos los años, cuando llega la clasificación, observo con mucho interés el caso de Singapur que parece abonado a la cuarta posición. Lleva varios lustros con ese diploma olímpico y poniendo a los analistas en el difícil brete de destacar ese logro en un país de cultura autoritaria, que es un paraíso fiscal con unos estándares democráticos que no son homologables en nuestra cultura europea, por ejemplo en libertad de prensa. Amnistía Internacional difunde frecuentes alertas (¡la última de esta misma semana!) por el ahorcamiento (obligatorio) para cualquier condenado por un delito relacionado con drogas, a partir de 200 gramos de hachís.
Un elemento determinante en la desaparición de la corrupción fue elevar considerablemente el sueldo de los funcionarios.
Esa ciudad-Estado de seis millones de habitantes y de pulcras calles (escupir un chicle acarrea una multa de 1000 dólares) mantiene una tremenda exigencia sobre sus funcionarios. La buena noticia es que uno de los instrumentos determinantes para erradicar la corrupción fue elevarles considerablemente su sueldo. Empezando por la retribución del presidente (¡un millón de dólares!) y de ahí, para abajo.
Como contrapartida, los auditores de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Singapur fiscalizan rutinariamente las cuentas bancarias o las propiedades de los empleados públicos y de sus familiares. Deben demostrar su legítima procedencia, invirtiendo la carga de la prueba de la inocencia.
Con todo este escenario, la Administración no cree necesitar unas leyes administrativas detalladas o esos minuciosos reglamentos que caracterizan la garantista burocracia europea. Quizás por ello, Singapur lidera (con Nueva Zelanda, otra coincidencia que ya destacamos hace 15 años) el ranking de países en facilidad de creación de empresas y de inversión; algo que les permite hacer gala de una de las mayores rentas per cápita del mundo (60.000 euros) así como unos resultados en esperanza de vida, educación y sanidad que rivalizan con cualquier país occidental.
Seguro que la comunidad fiscalizadora también ha quedado pensativa de ese resultado que, no por reiterado cada año, deja de ser menos sorprendente.
Publicado en La Nueva España
