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jueves, 5 de diciembre de 2019

En busca de los datos de alto valor

 La Comisión abrió un proceso de consulta hace ya algunos años que ha servido para evaluar la opinión pública sobre la prioridad de los datos a publicar.

Por Datos.gob.es.- La nueva Directiva sobre la apertura de los datos y la reutilización de la información del sector público, que se adoptó el pasado mes de junio, vendrá a sustituir y mejorar la antigua Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. Entre los cambios más significativos dentro de esta nueva Directiva está el objetivo de especificar una lista de conjuntos de datos de alto valor de entre los que se encuentran en poder de los organismos del sector público. 

La realización de una lista como esta supone un hito muy importante porque, por primera vez en 15 años de Directiva, tendremos una guía explícita y común sobre cuáles son los conjuntos mínimos de datos que deberán siempre estar disponibles, así como las condiciones para su reutilización en toda la Unión Europea – que incluirán su reutilización de forma gratuita, a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), en un formato legible por las máquinas y, cuando proceda, incluyendo la opción de descarga masiva.

Las preguntas que todos nos hacemos inmediatamente son ¿cuáles son esos datos de alto valor a los que se refieren? ¿Y cuáles son los criterios específicos que deberíamos aplicar a la hora de identificar esos datos de alto valor? 

Definición
La Directiva define los datos de alto valor como “documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad, y al número de beneficiarios potenciales de los servicios de valor añadido y aplicaciones basados en tales conjuntos de datos” Esta definición nos ofrece varias pistas sobre la manera en la que se prevé que se identifiquen esos conjuntos de datos de alto valor a través de una serie de indicadores que incluirían:

-Su potencial para generar beneficios sociales o medioambientales significativos.

-Su potencial para generar beneficios económicos y nuevos ingresos.

-Su potencial para generar servicios innovadores.

-Su potencial en cuanto a número de usuarios beneficiados, con atención particular a las PYMEs.

-Su capacidad para ser combinados con otros conjuntos de datos

Por otro lado, la Comisión abrió un proceso de consulta hace ya algunos años que ha servido para evaluar la opinión pública sobre la prioridad de los datos a publicar. Son también varios los estudios y entidades de referencia en los que la Comisión se ha inspirado y que han venido publicando sus propias recomendaciones en cuanto a cuáles serían los conjuntos de datos de alto valor estratégico, como por ejemplo:

-Los resultados del estudio MEPSIR sobre la explotación de los recursos de información de la Unión Europea.

-El anexo técnico del G8 Open Data Charter.

-Las materias que generan negocio por parte del sector infomediario en España, según el análisis del sector realizado por el ONTSI.


-La norma UNE 178301:2015 sobre Datos Abiertos en Ciudades Inteligentes.

-Los datos analizados por el Open Data Barometer y el Global Open Data Index.

-Los conjuntos de datos a publicar propuestos por la Federación de Municipios y Provincias - FEMP.

Además, la propia Directiva nos ofrece una vez más otra pista adicional en su anexo sobre cuáles podrían ser esos conjuntos de datos finalmente seleccionados por su alto valor, a través de una serie de temáticas prioritarias que en buena medida coinciden con las propuestas realizadas por los organismos anteriormente mencionados: datos geoespaciales, observación de la tierra y medioambientales, meteorológicos, estadísticos, registros empresariales o datos sobre el transporte.

Cabe igualmente recordar que los datos relacionados con algunos de las temáticas mencionadas están también regulados por legislación sectorial específica – como por ejemplo la Directiva 2007/2/CE sobre datos espaciales (INSPIRE), la Directiva 2003/4/CE sobre información medioambiental y la Directiva 2010/40/UE sobre datos de transporte – y por lo tanto dicha legislación deberá también ser tenida en cuenta a la hora de definir el ámbito de aplicación final.

No obstante, tal y como aclara la nueva Directiva, ni la lista temática es cerrada ni los conjuntos de datos específicos están todavía definidos. Y es que la Comisión Europea ha encargado recientemente un nuevo estudio de impacto precisamente con el objetivo de definir en detalle y fundamentar cuáles deberían ser finalmente esos conjuntos de datos denominados como “de alto valor”. Sin embargo, existen también voces críticas que claman por la necesidad de una mejor definición de los criterios de análisis a la hora de decidir cuáles serán finalmente esos datos, y también por implicar al conjunto de la sociedad en el proceso. Por fortuna, tanto los críticos como la Comisión coinciden en que la solución pasa por ampliar el debate y establecer una serie de consultas públicas y con expertos – tal y como viene recogido ya en la Directiva y en el estudio de impacto previsto – como es el caso del debate que tendrá lugar en la próxima edición del Encuentro Aporta el 18 de diciembre en Madrid y cuyo lema es precisamente “Impulsando los datos de alto valor”.

Por tanto, deberemos todavía esperar algún tiempo hasta que se completen todos los estudios y consultas previstos para poder conocer finalmente en detalle cuáles serán esos datos de alto valor de obligada publicación en la Unión Europea, aunque con toda seguridad será con margen suficiente antes de finalizar el plazo de transposición de la Directiva en Julio de 2021.

lunes, 23 de marzo de 2015

La reutilización de datos públicos genera un negocio de 500 millones de euros y 4.500 puestos de trabajo

"Las compañías en reutilización de información pública orientan su actividad a la información geográfica (35%),  editorial (32%), la estudios de mercado (28%),  directorios (22%) y los análisis económico financieros (22%)".

Revista de prensa.- Techweek.- El sector infomediario, constituido por el conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir de la reutilización de información pública y privada, generó el pasado año un volumen de negocio en torno a los 1.000 millones de euros y cuenta con 4.500 empleos vinculados a estas actividades, según se desprende del informe “Caracterización del Sector Infomediario” . 
  
El informe "Caracterización del Sector Infomediario en España" estima que la actividad de reutilización de información pública genera un volumen de negocio anual de entre 450 y 500 millones de euros en España, aunque la cifra asciende hasta entre 1.000 y 1.200 millones de euros si se suma la información procedente de fuentes públicas y privadas. En relación a la edición anterior, la actividad global del sector ha crecido entre el 5 y el 6%. Asimismo, considera que 4.500 empleos están vinculados a la actividad infomediaria de reutilización de información pública, donde el 62% de las empresas ha contratado personal en el último año.
 
La tercera edición del estudio que realizan los Ministerios de Industria y de Hacienda a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) ha sido presentada por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo; el director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Domingo Molina; el director general de Red.es, César Miralles, y el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Miguel Ángel López.
 
En concreto, el sector infomediario aglutina al conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir de la reutilización de información pública y privada.
 
El estudio del ONTSI estima que el censo de empresas orientadas al negocio infomediario asciende a un total de 413, de las que 364 operan con información pública procedente de las instituciones y administraciones del país. Respecto a la actividad desarrollada, el 57% de la actividad infomediaria está basada en reutilización de información privada, mientras que el resto, un 43%, se fundamentaría en información pública.

El futuro en las Smart cities
En cuanto al futuro del sector, las empresas coinciden en destacar el desarrollo de servicios para las ciudades inteligentes, los proyectos relacionados con Big Data y la disponibilidad de datos en tiempo real como las grandes oportunidades de crecimiento y consolidación.
 
En la actualidad, las compañías vinculadas a la reutilización de información pública orientan su actividad a la información geográfica (35%), el universo editorial (32%), la realización de estudios de mercado (28%), la producción de directorios (22%) y los análisis económico financieros (22%).
 
En cuanto al origen de la información pública que se reutiliza, el 91% de las empresas utiliza datos procedentes de fuentes estatales, el 67% autonómicas, el 62% locales y el 32% universitarias. Las principales fuentes son el Instituto Nacional de Estadística, el Boletín Oficial del Estado, el Catastro, el Instituto Geográfico Nacional y los registros Mercantiles y el de la Propiedad. Además, el 48% de las empresas se nutre también de datos procedentes de instituciones públicas extranjeras (Unión Europea, organismos internacionales, universidades y administraciones de otros países).
 
Respecto a los clientes interesados en la reutilización de la información pública, el 85% de las empresas destina sus servicios a empresas y autónomos y el 68% son proveedores de las propias Administraciones Públicas, situándose en menor medida las Universidades (42%) y los ciudadanos (36%).
 
Esta edición del estudio incorpora por primera vez dos análisis adicionales: la reutilización de información privada por parte de empresas infomediarias y un análisis coste-beneficio piloto, sobre el valor que la reutilización de información pública tiene para las empresas privadas una vez la incorpora a sus procesos de negocio. En este último caso se analiza la reutilización de la información meteorológica, servida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por parte del sector eléctrico.
 
Datos.gob.es: el catálogo de información pública
El estudio “Caracterización del Sector Infomediario” forma parte de las políticas públicas de impulso del sector infomediario. Su principal apuesta es el portal datos.gob.es, que organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública. Constituye, por tanto, la mayor base de datos públicos que el sector infomediario tiene a su disposición. Lo impulsan los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, en una clara apuesta por la reutilización de la información y su potencial como área de crecimiento económico.

jueves, 7 de febrero de 2013

El 65,5% de los ciudadanos valora positivamente los servicios públicos, aunque el 63,2% no confía en las administraciones

Según Red.es, el 42,2% de los ciudadanos utiliza la e-Administración para realizar trámites con las administraciones como la declaración de la renta, descargar formularios o solicitar cita en el médico.

Madrid, 5 de febrero de 2013. Red.es. El director general de Red.es, Borja Adsuara; la  directora general de Modernización Administrativa e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y AAPP, María Ester Arizmendi ; y el director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI), Pedro Martín Jurado, han presentado dos estudios sobre Gobierno Abierto. En ellos se analiza, tanto la oferta como la demanda en España, y los modelos, estrategias e  iniciativas nacionales e internacionales desarrolladas hasta la fecha.

Según se desprende del  ‘Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España’, el 81,4% de la ciudadanía reclama canales adecuados para facilitar la participación y, aunque se mencionan el e-mail y las redes sociales como alternativas, se apuesta por la convivencia entre los medios digitales y los tradicionales. En este sentido, el 77% de la población considera que la participación ciudadana mejora la eficiencia de las instituciones y el 70% cree que aumenta la confianza en el Gobierno. Destaca, también, que el 58,6% de los encuestados considera que los canales que existen para participar en los asuntos públicos son insuficientes.

A pesar de ello, el 63,5%de los encuestados ha publicado o comentado información política en Internet o ha firmado una petición o manifiesto. El 70,3% de los ciudadanos considera que la transparencia mejoraría la eficiencia de las administraciones públicas y el 72,1%, que aumentaría la confianza en el Gobierno. En este sentido, la información principal que la población quiere conocer es en qué se gastan el dinero las administraciones y cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Modelo de Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto -según se define en el ‘Estudio Objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales sobre Gobierno Abierto’- consiste en un modelo de gobierno que, sustentado en los principios de transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, aprovecha las Tics para mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de las administraciones públicas.

La información recopilada por el ONTSI sobre Gobierno Abierto, permite construir un modelo que incluye los ámbitos en los que se materializa este concepto. Hablamos de transparencia –para ofrecer información abierta y accesible-, participación –con objeto de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la actividad de las instituciones públicas-; y colaboración, para aprovechar la información, conocimiento y experiencia colectiva para conseguir el beneficio común.  Además, a este modelo hay que añadirle la puesta en marcha de elementos habilitadores basados en las TIC; tales como la web o las redes sociales; y también, las asambleas, foros o encuentros.

 Administración Pública
Los datos revelan que el 65,5% de los ciudadanos valora positivamente los servicios públicos, aunque el 63,2% no confía en las administraciones. Quienes integran mayoritariamente el primer grupo son los jóvenes de entre 18 y 24 años, usuarios de Internet y de administración electrónica; mientras que los mayores de 55, con bajo nivel de estudios y no usuarios de Internet, conforman el segundo.

Según muestra el ‘Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España’, el 65,2% de los ciudadanos que utiliza la administración electrónica, valora positivamente la comodidad y el ahorro de tiempo y dinero; e incluye la falta de información y la desconfianza en Internet, entre sus aspectos negativos. La mayoría de los usuarios de e-Administración tiene estudios superiores o universitarios. Se trata de una población con edades comprendidas entre los 34 y 58 años, que utiliza la administración electrónica, principalmente, para realizar trámites del DNI, la declaración de la renta, para descargar formularios o para solicitar cita en el médico. En este sentido, las webs institucionales están bien valoradas. El 84% de los ciudadanos confía en ellas y el 71% las considera fáciles de utilizar. Por otra parte, mientras que un 74,5% manifiesta que tiene intención de usarlas en el futuro, el 95% de la población recomendaría a otros ciudadanos su uso.

Buena parte de las acciones de transparencia llevadas a cabo por los gobiernos se encuadran en el Open Data o implantación de portales web con datos públicos que los ciudadanos pueden consultar y procesar digitalmente. En el caso de la participación, se basan en iniciativas de consultas y peticiones ciudadanas a través de internet, siendo las actuaciones de colaboración las menos desarrolladas.

El Gobierno Abierto en España
De forma similar, las administraciones públicas españolas han mejorado su presencia en internet en los últimos años gracias a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. De esta manera, se han integrado en las redes sociales generalistas con un uso informativo, y se han llevado a cabo acciones de consulta ciudadana. Y en estas líneas se sigue trabajando para fomentar la reutilización de la información y generar la “escucha activa” acerca de las preocupaciones los ciudadanos.

A favor del desarrollo del Gobierno Abierto figura la concienciación de los responsables públicos.  En contra, la actual situación económico-financiera de las administraciones públicas. El proyecto de “Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”, que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados  y el “Plan de Acción de España en el OGP (Open Government Partnership)” sentarán las bases para facilitar el desarrollo en España del Gobierno Abierto.

Pdf. Informe completo.