"La participación en la ejecución del PRTR ha supuesto para las EELL la necesidad de disponer de medidas destinadas a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés con las que la mayoría no contaban antes de la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021"
Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- El Tribunal de Cuentas de España ha hecho público un interesante y esperado informe de fiscalización (horizontal, de cumplimiento y operativa) para verificar si las entidades ejecutoras de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han dispuesto de los planes de medidas antifraude (PMA) previstos en la normativa aplicable así como valorando los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para su aprobación, implantación y seguimiento, en relación con los cuatro elementos clave del «ciclo antifraude», esto es, la prevención, la detección, la corrección y la persecución.
Esta actuación se ha realizado de forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas y sobre una muestra de 214 EELL de todo el territorio nacional adjudicatarias de recursos del MRR entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. La Administración de las CCAA tuvo ya su propio informe horizontal.
Cada órgano de control ha llevado a cabo la actuación sobre las entidades del ámbito territorial en el que desarrolla su competencia fiscalizadora y el Tribunal de Cuentas la ha efectuado sobre las de las comunidades autónomas sin órgano de control externo (Cantabria, Castilla-La Mancha1, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia), así como sobre aquéllas en las que dichos órganos no participaron en esta actuación coordinada (Andalucía y Canarias). Veamos un resumen de sus resultados.
Principales conclusiones
Ausencia de una fuente completa de información que incluyera la totalidad de las convocatorias financiadas con el MRR.
En septiembre de 2022 no existía una fuente de información completa que incluyera la totalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones con cargo al MRR para la ejecución de las medidas contenidas en el PRTR, así como las entidades beneficiarias de dichas convocatorias y los recursos asignados.
Dificultades para las EELL para determinar la obligatoriedad de aprobar un plan antifraude. En algunos casos las EELL tuvieron dificultades a la hora de considerarse o no entidades ejecutoras y, en consecuencia, estar sometidas a la obligación de aprobar un plan antifraude.
La normativa se fue clarificando durante el año 2022 hasta que el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en marzo de 2023 en su web la obligatoriedad de aprobar un PMA para todas aquellas EELL beneficiarias de alguna subvención financiada con el MRR.
Escasa implantación de una cultura de lucha contra el fraude en las EELL antes de su participación en la ejecución del PRTR.
Poco más de la mitad de las entidades había efectuado a 30 de septiembre de 2022 autoevaluaciones de sus procedimientos para valorar el grado de cumplimiento de los principios de gestión del PRTR en materia antifraude y había previsto su reiteración en el tiempo. No obstante, el 11 % de las entidades que disponían de ellas no previeron su reiteración anual, como exige la Orden HFP/1030/2021.
El elevado número de entidades que no habían llevado a cabo estas autoevaluaciones, así como la reducida puntuación obtenida (el 39 % no alcanzó la mitad de la puntuación máxima, 64 puntos), ponen de manifiesto la escasa implantación de una cultura de lucha contra el fraude en las EELL antes de su participación en la ejecución del PRTR.
La gran mayoría de las entidades aprobó un PMA
El 83 % de las entidades había aprobado un plan antifraude al cierre de los trabajos, 170 entidades, y otro 8 % lo hizo con posterioridad, 17 entidades. No obstante, 56 entidades aprobaron sus planes con retraso respecto del plazo máximo de 90 días establecido en la Orden HFP/1030/2021.
El 9 % de las entidades incumplieron la obligación de aprobar un PMA, los ayuntamientos de Alcúdia, Arapiles, Baiona, Balsareny, Banyeres del Penedés, Bárcena de Campos, Daroca de Rioja, Fuente de Santa Cruz, Fuentesaúco, Higuera la Real, Mogente, Noja, Sahagún, Solana de Rioalmar, Traspinedo y Yeste, la Comarca de Cinca Medio y el Consorci del Bages per la Gestió de Residus.
La mayor parte de las entidades elaboró internamente sus planes.
El 69 % de las entidades desarrollaron los PMA internamente, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Por su parte, el 28 % externalizó con terceros su elaboración, fundamentalmente a través de contratos menores, sin que se hubiera observado una concentración de adjudicatarios en los procedimientos de contratación, y el 3% se adhirió a los planes de otras administraciones públicas, realizando, únicamente, 1 de ellas las necesarias adaptaciones a su estructura organizativa y peculiaridades en la gestión.
Se incurrió en un gasto de casi 750.000 euros para el cumplimiento de las obligaciones en materia antifraude.
El 39 % de las 170 entidades que tenían aprobado un PMA al cierre de los trabajos incurrieron en gastos por importe de 740.960,39 euros, derivados de las contrataciones realizadas y otros instrumentos formalizados tanto para la elaboración de los planes como para el cumplimiento del resto de obligaciones de la Orden HFP/1030/2021.
Escasa implantación de las medidas antifraude contenidas en los planes.
En líneas generales, los PMA aprobados se articularon en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude, esto es, la prevención, la detección, la corrección y la persecución.
Sin embargo, la aplicación efectiva de los planes no fue completa, puesto que únicamente el 13 % de las entidades que los habían aprobado había desarrollado al cierre de los trabajos la totalidad de las medidas analizadas en ellos contenidas, los ayuntamientos de Alicante, Ávila, Bilbao, Castelló de la Plana, Donostia-San Sebastián, Ermua, Gijón, Girona, Lalín, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torrelavega, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zumarraga; las diputaciones provinciales de Burgos, Cádiz, Palencia, Pontevedra y Valladolid, y la Comarca del Ripollés.
Prevención del fraude: menos de la cuarta parte de las entidades disponía de todas las medidas analizadas.
Únicamente el 20 % de las entidades contaba con todas las medidas de prevención analizadas: habían suscrito declaraciones institucionales que sentaban las bases de sus políticas antifraude, habían constituido comités antifraude, contaban con códigos éticos, habían realizado evaluaciones del riesgo de fraude, disponían de medidas para prevenir los conflictos de interés, habían establecido procedimientos para evitar la doble financiación y se había recibido formación en la materia.
Las medidas más extendidas en las entidades, de mayor a menor grado, fueron:
Detección del fraude: menos de la mitad de las entidades contaba con todas las medidas analizadas.
El 41 % de las entidades contaba con todas las medidas de detección analizadas: consultaban información relevante contenida en bases de datos con el objetivo de poner de relieve potenciales fraudes y conductas irregulares que a priori puedan pasar inadvertidas, habían desarrollado catálogos de indicadores de riesgo de fraude y habían establecido canales de denuncia para informar de las posibles sospechas de fraude por quienes los hubiesen detectado.
Las medidas más extendidas en las entidades, de mayor a menor grado, eran:
10. Corrección y persecución del fraude
El 87 % de las entidades había establecido procedimientos que se activarían con esta finalidad en el supuesto de detectarse un posible fraude o su sospecha fundada.
11. Cumplimiento generalizado en materia de transparencia.
Con carácter general, era en los propios planes donde se establecía la necesidad de que las entidades los publicaran, si bien tres de los ayuntamientos no realizaron tal difusión.
Se observaron algunas deficiencias en relación con la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y de las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables.
Valoración global
El resumen elaborado por el Gabinete de Comunicación del Tribunal destaca del informe que la participación en la ejecución del PRTR ha supuesto para las EELL la necesidad de disponer de medidas destinadas a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés con las que la mayoría no contaban antes de la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021.
Aunque la adaptación a estos requerimientos ha entrañado un importante esfuerzo para la mayoría de las entidades −agravado por las dificultades iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas antifraude−, los avances en esta materia se han limitado, con carácter general, a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude. Esto se ha debido, en parte, a la premura con la que las entidades tuvieron que aprobar los planes, no habiendo transcurrido, todavía, tiempo suficiente para interiorizar un cambio tan sustancial en las organizaciones.
Palencia: capital del control interno local
Os recuerdo que el tercer Congreso del Control Interno Local (CCIL 2023) destinará uno de sus primeros paneles paralelos al control sobre los planes antifraude “Alcance y forma de controlar su aplicación efectiva” donde podremos escuchar a Rafael López Sánchez, Jefe de Unidad en la Dirección de auditoría para la cohesión de la Comisión Europea y a Javier Font Miret, Jefe de división de control de fondos europeos II de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE. En poco más de un mes, Palencia será la capital del control interno local, con cientos de asistentes previstos para participar en los diversos paneles y mesas redondas ofrecidos. Una confluencia planetaria que sólo se produce cada dos años y donde se percibe el mejor ambiente profesional.
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