El Tribunal de Cuentas alerta que 9 de cada 10 entidades locales tienen presupuestos prorrogados

Para muchos alcaldes es más fácil gestionar un consistorio con el presupuesto prorrogado en tiempos de crisis

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Revista de prensa. E.P. 28.10.2014.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, considera preocupante el excesivo número de entidades locales que trabajan con presupuestos prorrogados, un 88 por ciento en 2011 y un 87 por ciento en 2012, algo que achaca a "una cultura de la gestión municipal no escrupulosa con el cumplimiento de los principios y normas".

 

Así lo ha plasmado este martes el máximo responsable del órgano fiscalizador durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, durante la que ha presentado los informes de fiscalización del sector público local correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

 

El informe advierte de que la generalización del uso de la prórroga presupuestaria "evidencia" una "inadecuada planificación presupuestaria y económica" que "impide que el presupuesto de cada ejercicio ejerza una de sus principales funciones, ser el instrumento clave para llevar a cabo una gestión municipal ordenada y transparente".

 

Álvarez de Miranda ha reconocido que esta práctica, que afecta a casi nueve de cada diez entidades locales, es "preocupante". Y ha recordado que hace tres años, como consecuencia de una advertencia en el mismo sentido, el alcalde de una capital de provincia reconoció que era más fácil gestionar un consistorio con el presupuesto prorrogado en "tiempos de crisis".

 

"Tiene mucho que ver con una determinada cultura de la gestión municipal no escrupulosa con el cumplimiento de principios y normas", ha lamentado el presidente del Tribunal de Cuentas señalando además la responsabilidad de las Diputaciones Provinciales, a las que ha atribuido la responsabilidad de asistir a las administraciones locales en sus responsabilidades.

 

 Álvarez de Miranda cree que el elevado porcentaje prórrogas presupuestarias demuestra que las entidades locales, con carácter general, "no han utilizado el presupuesto como instrumento de planificación de su gestión económica".

 

 Este argumento ha sido apoyado por el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien cree que este hecho demuestra que los responsables locales contemplan el presupuesto más como "una obligación" que como un instrumento adecuado para dirigir su gestión. Y consecuencia de ello son gestiones poco transparentes como "las facturas en los cajones" o decisiones políticas "que se toman al margen del control municipal".

 

 También la portavoz del PSOE, María de los Ángeles Marra, ha reconocido que estas cifras evidencias una "inadecuada calificación económica y presupuestaria" por parte de las entidades locales y ha preguntado por su incidencia en la gestión municipal de servicios básicos para los ciudadanos.

 

Mientras, la senadora del PP María Jesús Ruiz ha sugerido que este retraso en la elaboración de las cuentas anuales quizá pueda estar relacionada con la tardía que sufren los ayuntamientos a la hora de recibir las transferencias de otras administraciones, que suponen alrededor de un 15 por ciento de su presupuesto total.

 

Retrasos generalizados

 El informe presentado por Álvarez de Miranda también alerta del retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador, ya que apenas el 40 por ciento de los organismos fiscalizados cumplieron la normativa en 2011 y el 65 por ciento un año más tarde.

 

Pese a estas cifras, el presidente del Tribunal de Cuentas ha reconocido que supone un notable avance respecto a ejercicios anteriores y lo ha achacado, entre otros aspectos, a la implantación de un servicio telemático de rendición de cuentas.

 

Para seguir mejorando, el informe aboga homogeneizar los plazos en todo el país y hacerlos más breves, y considera que un buen incentivo para lograrlo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones, propuesta que reitera en ambos informes, donde se señala a Andalucía como la región más incumplidora en ambos ejercicios.

 

 La representante 'popular' ha celebrado el avance en la rendición de cuentas pese a que aún no esté dentro de los parámetros "deseables", mientras que su compañero de partido José Máximo López Vilaboa ha destacado el esfuerzo de las entidades locales con menor número de habitantes, que son las que cuentan con un porcentaje mayor de cumplimiento de los plazos establecidos.

 

Por último, Álvarez de Miranda ha abordado los 1.194 organismos autónomos, 58 entidades públicas empresariales y 1.505 sociedades mercantiles que dependían de los ayuntamientos en 2012. Según ha expuesto, ese año se produjo una disminución neta del número de entidades dependientes, "en un total de 82 entidades, continuando así con la tendencia a la baja que comenzó a registrarse en el ejercicio 2011, cuya disminución neta fue de 147 entidades".

Priorizar las  inauguraciones

Según señala tras un análisis de las cuentas anuales de las empresas municipales de 975 entidades locales, la mayoría de las sociedades mercantiles tienen un importe neto de la cifra de negocios igual a cero.

 

Pese a esta inactividad, cree que su disolución, pese a estar en marcha, "tarda en producirse" por la "falta de decisión verdadera" de los responsables municipales. "Tiene prioridad la inauguración de cualquier obra que la decisión de la adopción de medidas de esta naturaleza que difícilmente generan un respaldo público muy grande", ha lamentado reivindicando la necesidad de racionalización del sector público municipal.

 

En este sentido, la 'popular' María Jesús Ruiz ha planteado la posibilidad de que el retraso en las liquidaciones se deba a la dificultad de los trámites administrativos desde que se toma la decisión de su desaparición. "Puede deberse a problemas procedimentales, pero seguro que se debe a la falta de decisión verdadera de las autoridades municipales", ha respondido Álvarez de Miranda.

 

Mientras, el portavoz de IU ha recordado que para su partido la gestión pública de los servicios municipales "fundamental", pero ha reconocido la importancia de adecuar la estructura de las sociedades mercantiles para evitar que permanezcan como "cadáveres o esqueletos de lo que fueron en otro tiempo".

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