El abuso de la dedocracia con la libre designación

"Hablando en plata, estamos en presencia de una auténtica “dedocracia” que pone en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los funcionarios públicos"

 

Elisa de la Nuez. Blog ¿Hay Derecho?.- Recientemente he dado una charla en un curso organizado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sobre el tema de los nombramientos de libre designación en la Fiscalía, y la posibilidad de su control judicial o/y de su control “preventivo” mediante un procedimiento de designación transparente y riguroso.

 

Más allá de las cuestiones técnicas, sobre las que habrá ocasión de volver en este blog, lo que más me sorprendió fue los casos concretos que me plantearon los fiscales asistentes.

 

Perfiles al gusto 

 Según me comentaron, no había nunca ninguna motivación ni justificación razonada de por qué se daba una plaza de libre designación a un candidato y no a otro, e incluso a veces se habían dejando puestos de trabajo sin cubrir porque el perfil del candidato, pese a reunir todos los requisitos legales, no le gustaba demasiado al Fiscal general del Estado. Otras veces lo que ocurría es que se felicitaba por adelantado a uno de los candidatos pese a que todavía no se había dictado resolución alguna respecto a la plaza. Otras, se advertía a los candidatos interesados de que la plaza publicada “no es para tí”. Por no hablar de que en los casos en que los responsables se dignaban dar explicaciones la justificación de la elección se basaba en méritos tales como la capacidad de crear buen ambiente.

 

En fin, con esta pequeña introducción simplemente lo que quiero poner de relieve es que el problema de los nombramientos de libre designación, o para ser más exactos, el problema de la total falta de control de este tipo de nombramientos está absolutamente generalizado en las Administraciones Públicas españolas, incluida la Administración General del Estado.

 

Conviene recordar que estamos hablando de los nombramientos de los puestos de trabajo de mayor nivel dentro de las Administraciones Públicas, ya se trate de los que ocupan Fiscales, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo, Técnicos de la Administración Civil, Técnicos Comerciales o funcionarios cualquier otro Cuerpo. El hecho de que el candidato tenga que ser funcionario incluso normalmente de una determinada categoría no es un obstáculo para considerar que la total discrecionalidad -que muchas veces linda con la pura y simple arbitrariedad- con la que se realizan este tipo de nombramientos es un problema grave. Hablando en plata, estamos en presencia de una auténtica “dedocracia” que pone en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los funcionarios públicos.

 

 Es un problema muy analizado en otros países -de nuevo hay que hacer referencia al Instituto sobre calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia- que es el de la politización de la carrera del funcionario público que se refiere a la cuestión como  ”el dilema del techo de cristal del funcionario neutral”. Esto quiere decir pura y simplemente que hoy en España un funcionario neutral tiene un “techo de cristal”, o pocas posibilidades de ascender a un puesto de libre designación, dado que se van a primar méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate de la afinidad ideológica, la confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores.

 

Voz de alarma

Afortunadamente, son los propios funcionarios, en este caso de la Administración General del Estado, los que han empezado a dar la voz de alarma sobre este estado de cosas. En ese sentido la Junta de Personal del extinto Ministerio de Economía y Hacienda, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 40.1 (letras a y e) de la Ley 7/2007, que regula el Estatuto Básico del empleado público comunica que se ha visto en la necesidad de elaborar y aprobar, por unanimidad (en las reuniones del Pleno de 28 de mayo y 25 de junio) el informe y comunicado que acompañamos más abajo, en reacción a una política de personal basada en la “dedocracia”  que consideran tiene secuestradas la independencia, la objetividad y la imparcialidad de la función pública.

 

Como pueden ustedes comprender no se trata de un problema corporativo, sino de un problema muy grave que nos afecta a todos los ciudadanos porque si buena parte de  nuestros funcionarios se sienten presionados por este sistema de cobertura de puestos de trabajo y no pueden actuar con profesionalidad, objetividad e independencia tal y como exige nuestra Constitución corremos el riesgo de que nuestras instituciones no sirvan a los intereses generales, sino simplemente a los intereses particulares, ya sean los de un partido, un grupo de interés o incluso los de personas concretas que tienen la capacidad de influir en la designación de los funcionarios que ocupan estos puestos.

 

Por esa razón recomiendo la lectura del informe  INFORME PROV PTOS TRABAJO – TRABAJADORES  que me han hecho llegar desde la propia Junta para su difusión a través del blog ya que en las deliberaciones del Pleno los vocales han entendido que para que la denuncia sirva realmente para algo se le debe dar la mayor difusión posible. A mi juicio correctamente consideran que “hay que denunciar que la función pública, con estas cartas (marcadas), sirve para poco, y debemos ser los propios funcionarios quienes se defiendan (en aras a ganarnos la credibilidad y la legitimidad frente a la ciudadanía), sorteando las zancadillas de los funcionarios de estómago agradecido (que también los hay)” .De hecho CCOO ya tiene publicado en su web el comunicado. También es recomendable la lectura del criterio de la Junta sobre la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario que pueden encontrar aquí  OCTAVILLA- POVISION PTOS TRABAJO

 

Sistema corrompido

La denuncia en definitiva es muy clara. El sistema actual de cobertura de puestos por el sistema de libre designación está claramente corrompido. Urge cambiarlo y urge controlarlo en primer lugar  mediante medidas preventivas exigiendo procedimientos internos transparentes y rigurosos, donde se conozcan bien los méritos de cada uno de los candidatos y se justifique la selección. No debemos tampoco olvidar que un control fundamental es el de la presión de la opinión pública que debe exigir el cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la neutralidad de la función pública.  

 

Por supuesto existe también la posibilidad del control judicial de estos nombramientos, de la que  hablaremos en otro post, pero ya les adelantamos que hay muchas posibilidades de ganar esta batalla también en vía judicial, aunque siempre resulta un procedimiento más largo y ahora, gracias a las tasas, también más caro.  Porque afortunadamente aunque a nuestros gobernantes se les olvide cada vez con mayor frecuencia España es todavía un Estado de Derecho, gracias, entre otras cosas, a funcionarios como los que han elaborado estos informes y que nos devuelven la confianza en la dignidad de la función pública y nos recuerdan que muchos funcionarios conservan intacta una vocación de servicio a los intereses generales en estos tiempos complicados. A todos ellos nuestro agradecimiento como ciudadanos