viernes, 2 de noviembre de 2012

Los empleados públicos podrían quedar excluidos en el futuro de las jubilaciones voluntarias anticipadas

 El Gobierno remite a la comisión del Pacto de Toledo una propuesta  para endurecer las condiciones de acceso a la jubilación parcial y anticipada.

Revista de Prensa. MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -  El Gobierno pedirá al Pacto de Toledo que valore si, en el momento actual de dificultades económicas, habría que permitir que los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de manera voluntaria, máxime ante el coste que supondría para la Seguridad Social autorizar esta medida, según consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento.

Actualmente, los empleados públicos no pueden jubilarse anticipadamente de manera voluntaria, salvo los de clases pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado y que ascienden a cerca de un millón.

La figura de la jubilación anticipada y parcial para los empleados públicos viene reconocida en su Estatuto Básico, aprobado hace cinco años, pero lleva casi el mismo tiempo esperando un reglamento que permita que éstas sean posibles entre los empleados públicos que no pertenecen a clases pasivas.

 Desde el 1 de enero de 2011, los empleados públicos ya no pueden inscribirse en el régimen de clases pasivas, sino que están obligados a hacerlo en el Régimen General.

Documento

"Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social en anticipar pagos (máxime en unos momentos de dificultades económicas), la incidencia de jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de aplicación de fórmulas de anticipación a la jubilación, respecto de otras figuras como la jubilación parcial", reza el documento.

   Esta propuesta forma parte de un conjunto de ideas que el Gobierno quiere discutir en el marco del Pacto de Toledo para frenar las jubilaciones anticipadas y parciales en el sistema, con el consiguiente ahorro de costes que ello supondría para las arcas de la Seguridad Social.

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