Transparency International España presenta un vídeo explicativo sobre su plataforma Integrity Watch Spain

IW Spain ha procedido a recopilar, armonizar y poner a disposición de todos los ciudadanos el contenido de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 Diputados y 264 Senadores de la decimocuarta Legislatura en la plataforma www.integritywatch.es

Nota de prensa.- TI. Transparency International España presenta un vídeo explicativo sobre su plataforma Integrity Watch Spain La plataforma IW-Spain (un dataset interactivo online) es uno de los hitos principales del proyecto que promueve la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad parlamentaria en España. 

Transparency International España, en el marco de sus actividades dirigidas a impulsar la transparencia de las instituciones públicas, presenta un vídeo explicativo sobre la plataforma del proyecto Integrity Watch Spain, el cual forma parte de la iniciativa europea Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe1 .

Tal como explicamos en la jornada de presentación online “Avances y retos en transparencia e integridad en el Congreso de los Diputados y el Senado de España”, realizada el pasado 15 de febrero, Integrity Watch Spain tiene como principal objetivo fortalecer la integridad y transparencia del Congreso de los Diputados y el Senado de España, con el fin de contribuir al acceso de datos públicos. En este contexto, el estudio se ha centrado en las declaraciones de bienes y rentas de los Diputados y Senadores de la Legislatura XIV.

 Información pública al alcance de todos

 El proyecto descansa en dos hitos principales: por un lado, la elaboración de un Informe Nacional y, por otro lado, el desarrollo de una plataforma online que busca contribuir a la mejora del acceso de datos públicos, que a menudo se encuentran dispersos y resultan de difícil acceso.

Con el fin de optimizar el acceso a la información, el equipo responsable de IW Spain ha procedido a recopilar, armonizar y poner a disposición de todos los ciudadanos el contenido de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 Diputados y 264 Senadores de la decimocuarta Legislatura en la plataforma www.integritywatch.es. El funcionamiento de dicha plataforma es explicado en un breve vídeo que detalla, por medio de una animación, el contenido y funcionalidades de la plataforma por pestañas y secciones. De esta forma, TI España pone a disposición un recurso adicional para hacer más accesible el funcionamiento y contenido de la plataforma IW Spain para el público general. El vídeo se encuentra disponible en el canal de YouTube de TI España, así como en el resto de sus redes sociales.

 ¿Qué funciones nos permite realizar la plataforma IW-Spain?

• Los gráficos muestran la información declarada por los parlamentarios en sus declaraciones de bienes y rentas, dividiendo la información por categorías y umbrales de cantidad. Además, añaden resultados agregados de las diferentes categorías del formulario de la declaración.

• Permite filtrar por provincia, grupo parlamentario y género, así como por cada categoría del formulario.

• La plataforma cuenta con un apartado de búsqueda rápida donde tiene la posibilidad de buscar, por nombre y apellido, a cualquier parlamentario de manera individual.

 • Al pinchar en el nombre de uno de los parlamentarios, aparecerá una ventana emergente con información básica del parlamentario (foto, circunscripción, enlace a su ficha personal y cantidad pagada en IRPF, así como la información declarada en las diferentes categorías de la declaración).

• En el apartado Biografía, se puede acceder al perfil alojado en la página oficial del Congreso de los Diputados o del Senado del parlamentario que se haya seleccionado.

 • En la pestaña otras versiones, podrá acceder a las plataformas Integrity Watch de otros países.

• Finalmente, se puede descargar la base de datos completa de la plataforma, así como compartir la plataforma en redes sociales al pinchar en los botones de Twitter y Facebook. Los principales hallazgos de la investigación Una de las fuentes de información de transparencia parlamentaria más importante es la Declaración de Bienes y Rentas de Diputados y Senadores, a la que se presta gran atención al inicio de cada legislatura. Sin embargo, se ha podido constatar que este mecanismo de control presenta numerosas deficiencias: insuficiente información y especial dificultad para la accesibilidad, la interoperabilidad, la investigación y la monitorización de la información por parte de la ciudadanía.

 La dificultad para acceder a esta información tiene su origen en diversas causas: (I) las limitaciones del modelo actual del formulario de declaración; (II) el escaso cumplimiento de las instrucciones que contiene el propio formulario para su correcta cumplimentación; (III) la falta de directrices detalladas que tienen los parlamentarios para rellenar el formulario, lo cual genera heterogeneidad de las declaraciones y, a su vez, discrepancia de la información brindada y (IV) la no disponibilidad de las declaraciones en formatos reutilizables.

 A partir del diagnóstico de la situación, del análisis de los datos e información recabada, TI-España ha elaborado una serie de recomendaciones de lege ferenda, lege lata y para la actualización del formulario de cara a la mejora del actual sistema. Aquí podemos resaltar el top 5 de las recomendaciones:

• Modificar el formato de publicidad de las declaraciones por formatos de datos abiertos y reutilizables.

• Crear una autoridad independiente de control, seguimiento y monitoreo de las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios, con el objetivo de verificar: (i) que el formulario fue completado de la manera correcta, (ii) la veracidad de la información, y (iii) cruzar la información con los registros oficiales para poder detectar posibles conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.

 • Actualizar el marco normativo y regulatorio en materia de transparencia parlamentaria.

• Mejorar y actualizar el formulario con categorías claras, completas y detalladas y elaborar y publicar una guía detallada con directrices concretas para cumplimentar adecuadamente el modelo de declaración.

• Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la plena implementación del Código de Conducta de las Cortes Generales que se podrán recoger en un Plan Integral de Implementación para lograr un efectivo cumplimiento a lo establecido en el informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de España GRECO. Puedes conocer todos los resultados de la investigación del proyecto Integrity Watch Spain y recomendaciones de TI-España en el Informe Nacional sobre los resultados del proyecto y recomendaciones finales de Transparency International España.

1.- Proyecto “Integrity Watch: online tools for the fight against political corruption in Europe / IW Europe” cofinanciado por el European Union's Internal Security Fund — Police. IW Europe es coordinado por Transparency International E.V. (TI-S) y desarrollado, desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2021, conjuntamente por Transparency International Italia (TI-Italy), Transparency International Liaison Office to the European Union AISBL (TI-EU), Transparency International Lietuvos Skyrius (TI-Lithuania), Association Transparence-International France (TI-France), Transparency International Nederland (TI-Netherlands), Sabiedriba Par Atklatibu Delna (TI-Latvia), Transparency International Slovenia – Drustvo Integriteteta (TI-Slovenia), Diethnis Diafaneia Ellas Association (TI-Greece) y Transparency International España (TI-España). (Grant Agreement number: 823842 -IW Europe- ISFP-2017-AGCORRUPT): https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fundpolice/union-actions/docs/isfp-list-proposals-selected-for-funding-during-2018_en.pdf.

¿Códigos de conducta para parlamentarios?

"En España seguimos anclados en la periclitada idea de que el cumplimiento de la legalidad exonera de cualquier responsabilidad política"

“Es preciso estar recto, no que te pongan recto”

(Marco Aurelio, Meditaciones, Alianza Editorial, p.42)

 

Rafael Jiménez-Asensio.- Blog La Mirada Institucional.- Desde hace algún tiempo asistimos a la difusión mediática de determinadas conductas de parlamentarios que, se dicen, ajustadas a la legalidad, pero que cualquier ciudadano es plenamente consciente de que no cumplen los mínimos estándares éticos que debe acreditar quien es (o quien haya sido) un representante público. El último caso es el de Trillo y Martínez- Pujalte, bien conocido por la opinión pública.

 

Al diputado Martínez-Pujalte se le cuestionan sus actividades
como asesor a constructoras que licitan con las AA.PP

En España seguimos anclados en la periclitada idea de que el cumplimiento de la legalidad exonera de cualquier responsabilidad política. Cuando, como es obvio, el cumplimiento de la legalidad por parte de un parlamentario o de un cargo del poder ejecutivo es sencillamente una premisa inexcusable. Un responsable público puede cumplir escrupulosamente la legalidad e incurrir en conductas moralmente reprobables, de las que se deberían derivar consecuencias políticas. La dignidad de la institución y del ejercicio del cargo está directamente vinculada con la integridad, ejemplaridad, honestidad, desinterés y la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones públicas asignadas.

 

Los Códigos de Conducta de las Cámaras parlamentarias son una realidad en buena parte de las democracias avanzadas desde hace varias décadas. El fenómeno tuvo su inicio en Estados Unidos y en otros países de la órbita anglosajona (tempranamente también en Alemania, por ejemplo). La extensión de tales Códigos se produce tras el Informe “Nolan” de 1995 en el Reino Unido, donde ya se criticaban abiertamente los conflictos de intereses que eran entonces moneda corriente en las Cámaras como consecuencia de las actividades de “consultoría” de muchos parlamentarios.

 

A raíz de ello, como medida “reactiva”, el Informe “Nolan” propuso la aprobación de Códigos de Conducta en todas las instituciones públicas y también en ambas Cámaras. Hoy en día, desde hace muchos años, tanto la Cámara de los Comunes como la de los Lores tienen sendos Códigos de Conducta con sus respectivas Guías de aplicación donde se detallan las conductas que pueden seguirse por los parlamentarios, se regulan los conflictos de interés y se establecen sistemas de seguimiento y control de tales conductas por los órganos de las Cámaras. Esos Códigos se han extendido asimismo a las Cámaras de entidades territoriales subestatales (Estados, Provincias, etc.) tanto en el Reino Unido como en Bélgica, Estados Unidos, Canadá o en Australia.

 

Como en Canadá o Parlamento Europeo

El proceso de implantación de los Códigos de conducta en sede parlamentaria se extendió por numerosos países. En Canadá, por ejemplo, se aprobaron, entre 2004 y 2005, Códigos de Conducta para la Cámara de los Comunes y para el Senado, con sistemas de seguimiento paradójicamente diferentes entre sí, pero con unos resultados satisfactorios en lo que a la mejora de la imagen de la institución y el control de los conflictos de interés se refiere.

 

El Parlamento Europeo, con más tardanza (en 2011), también aprobó un Código de conducta que regula los intereses económicos y financieros de los parlamentarios. Hasta Francia, país distante de los modelos anglosajones, aprobó en 2011 un Código deontológico para la Asamblea Nacional, así como en 2013 unas leyes orgánicas (906 y 907) que regulaban los conflictos de interés de los parlamentarios y creaban la Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública. El Informe Nadal, de enero de 2015, promueve la extensión de Códigos deontológicos en todas las instituciones, incluidas las de carácter representativo, también las locales.

 

Aquí, una vez más, ni nos hemos enterado. En un interesante Post titulado “Conducta parlamentaria” (Acceso al post) publicado hace varias semanas, Miguel Ángel Gonzalo (Archivero-Bibliotecario de las Cortes Generales), informaba que el Reino de España estaba siendo objeto en el año 2015 de una evaluación periódica que lleva a cabo el Grupo GRECO del Consejo de Europa (Grupo de Estados contra la Corrupción) y que en el marco de esa evaluación se habían propuesto una serie de recomendaciones, entre las que destacaban la necesidad de que cada Cámara de las Cortes Generales elabore un Código de Conducta e incorpore medidas prácticas de asesoramiento parlamentario que proporcione orientación sobre posibles conflictos de interés.

 

No cabe duda que en esto, como en otras tantas cosas, las Cámaras españolas siguen a años luz de lo que se está haciendo en otros países. Hay conductas que pueden ser “legales”, “reglamentarias” o cuando menos no contravenir frontalmente la legalidad, pero ser moralmente reprobables y deberían ser codificadas, así como se debería disponer de un sistema de seguimiento, orientación y control, con participación de externos a las Cámaras (pues los parlamentarios españoles han demostrado sobradamente su incapacidad para llevar a cabo la autorregulación de sus conductas y la sanción de los posibles incumplimientos).

 

En los Códigos de Conducta de las Cámaras en las democracias avanzadas se prevén detalladas regulaciones de lo que se puede o no se puede hacer por un parlamentario en lo que afecta a conflictos de intereses (especialmente económicos), actividades de “consultoría”, relaciones con los lobbies o con empresas, obtención de beneficios, regalos e invitaciones, regulación sobre los viajes que realizan los parlamentarios (recuérdese el “caso Monago”), etc. Todo eso debe ser público y ser asimismo conocido por la ciudadanía.

Extensión a CC.AA y Ayuntamientos

Convendría que las Cortes Generales y las asambleas de las Comunidades Autónomas, así como los órganos de representación de las entidades locales, se pusieran manos a la obra, antes de que la imagen pública de estas instituciones se deteriore más aún por unas conductas “ajustadas a la legalidad” de algunos de sus parlamentarios, pero escandalosamente inmorales a ojos de la ciudadanía. No vale ya con el reproche derivado de una “ética difusa”, debemos dar pasos decididos hacia una “ética codificada” en los Parlamentos. No hay otro camino.

 

Desde el mundo local ya se han dado algunos pasos importantes (Código de Conducta de EUDEL y proceso de autoevaluación con el Consejo de Europa, Diputación de Orense, etc.) o se anima a que se den (Ley 19/2014 de Transparencia de Cataluña), pero en el ámbito parlamentario las Cámaras tanto estatales como autonómicas siguen sin sumarse a esa oleada que desde hace veinte años ha penetrado las instituciones representativas y que ya no tiene marcha atrás. Convendría que se dieran por enterados “nuestros representantes”, antes que la ciudadanía cuestione su credibilidad y ponga más en la picota su falta de confianza en tales instituciones. Nos jugamos mucho en el empeño.

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